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En México, la lucha contra la corrupción no puede quedarse en el discurso. Tiene que verse reflejada con claridad en uno de los sectores más sensibles del país: la obra pública. Es ahí donde realmente se mide la congruencia de cualquier gobierno, porque no hay espacio para simulaciones cuando están en juego recursos públicos y el desarrollo de millones de personas.

Durante años, los procesos de contratación estuvieron marcados por prácticas que todos conocemos: compadrazgos, compromisos políticos, acuerdos previos y redes de poder que definían ganadores antes siquiera de que existiera una convocatoria. Ese modelo no solo cerró las puertas a miles de empresas capaces, también debilitó la confianza en las instituciones. Por eso, cuando se plantea una transformación del país basada en la honestidad, la expectativa es clara: que esos vicios desaparezcan.

Sin embargo, la pregunta que hoy muchos se hacen y con razón es si realmente estamos frente a un cambio de fondo o simplemente frente a una evolución más sofisticada de las mismas prácticas. Porque en el papel, México tiene leyes claras en materia de obra pública y adquisiciones. El marco normativo existe y establece principios correctos: transparencia, competencia y legalidad. El problema no está en la ley, está en su aplicación.

Hoy vemos procesos que cumplen con las formas, pero no con el fondo. Licitaciones que se publican, propuestas que se reciben, evaluaciones que se documentan… pero donde el resultado parece estar definido desde el inicio. Se diseñan requisitos a la medida, se establecen condiciones técnicas que limitan la participación, se manejan tiempos que excluyen a la mayoría y se toman decisiones que, aunque legales en apariencia, no siempre son justificables en términos de competencia real. Eso no es transparencia. Eso es simulación.

Y cuando la simulación se vuelve sistema, el problema deja de ser técnico y se vuelve político. Porque las dependencias en los tres niveles de gobierno no solo administran recursos, administran confianza pública. Y esa confianza se erosiona cuando los mismos actores se repiten, cuando los procesos no son claros y cuando participar en una licitación parece más un trámite sin sentido que una verdadera oportunidad.

A esto se suma una realidad que la ciudadanía percibe todos los días: funcionarios con ingresos que no corresponden con el nivel de vida que proyectan. No se trata de prejuzgar, pero sí de exigir congruencia.

No es sostenible hablar de austeridad mientras existen señales evidentes de que algo no cuadra. Y frente a eso, el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza, no solo en el discurso, sino en los hechos, con investigaciones reales, con separación de funciones cuando sea necesario y con transparencia total.

El impacto de todo esto no es menor. Mientras los procesos se distorsionan, el país avanza, sí, pero no de manera uniforme. Aún existen comunidades sin servicios básicos de calidad, zonas con rezagos urbanos evidentes y proyectos que no cumplen con los estándares que deberían garantizar. Y eso no es un tema de falta de recursos, es un tema de cómo se asignan y cómo se ejecutan.

La obra pública no es solamente concreto, es calidad de vida. Es la diferencia entre una comunidad con oportunidades y una que sigue esperando. Por eso, si el proyecto de transformación del país busca consolidarse, este es uno de los espacios donde más debe notarse.

México está en un momento clave. El discurso ya está sobre la mesa. Ahora toca demostrar que ese cambio es real. Que las licitaciones son verdaderamente abiertas, que las evaluaciones son auditables y que las decisiones pueden sostenerse de cara a la sociedad. No se trata de debilitar al gobierno, al contrario, se trata de fortalecerlo desde la exigencia.

Porque al final, más allá de ideologías o narrativas, la pregunta es muy sencilla: si de verdad queremos un país distinto, ¿vamos a garantizar que gane el más capaz… o vamos a seguir permitiendo que gane el de siempre?