Mientras la Organización de las Naciones Unidas critica con información desactualizada a México por la crisis de desapariciones, más de 180 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo en apenas días sin un señalamiento igual de contundente por parte de dicho organismo.
La postura de la Organización de las Naciones Unidas ha sido clara en los últimos meses: México enfrenta una crisis estructural de desapariciones que exige presión internacional. Sin embargo, esa misma firmeza no se refleja frente a tragedias recientes en Europa y el norte de África, donde, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, más de 180 personas han muerto o desaparecido desde el 28 de marzo tras múltiples naufragios en el Mediterráneo, en una de las rutas migratorias más letales del mundo.
El contraste resulta inevitable. La propia Organización Internacional para las Migraciones reconoce que 2026 perfila como uno de los inicios de año más mortíferos desde 2014, con cerca de mil fallecimientos acumulados. A pesar de ello, el discurso institucional se ha limitado a llamados generales: “salvar vidas” y combatir a traficantes, sin el mismo tono de exigencia política o señalamientos directos que sí se observan en el caso mexicano. No hay acusaciones de responsabilidades estructurales ni advertencias de crisis sistémicas comparables.
La ONU, tal parece, aplica estándares distintos dependiendo del territorio. Mientras en México se subrayan omisiones del Estado, en el Mediterráneo se diluyen responsabilidades entre factores globales, evitando apuntar con la misma claridad a gobiernos o bloques regionales.
El veto en el Consejo de Seguridad bloquea medidas para proteger la navegación comercial y evitar ataques a infraestructura clave en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
China y Rusia vetaron en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución impulsada por Bahréin que buscaba coordinar acciones internacionales para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético global.
La propuesta recibió el respaldo de 11 de los 15 miembros del Consejo, pero el voto en contra de ambas potencias —miembros permanentes con derecho a veto— impidió su aprobación. La resolución también registró dos abstenciones, reflejando divisiones en torno a la estrategia para atender la crisis.
El proyecto planteaba detener ataques contra infraestructura civil, incluyendo plantas de desalinización, instalaciones hídricas y complejos petroleros, además de promover acciones coordinadas para proteger la navegación comercial ante el aumento de tensiones en la zona.
Asimismo, proponía que los Estados implementaran medidas defensivas proporcionales, como la escolta de buques mercantes, con el objetivo de evitar incidentes en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, clave para el flujo global de petróleo.
El canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, confirmó que la iniciativa no prosperó debido al voto negativo de un miembro permanente, lo que evidenció el peso geopolítico de las potencias en decisiones críticas del organismo.
El veto de China y Rusia ocurre en un contexto de creciente tensión internacional y deja en suspenso posibles acciones multilaterales para proteger la estabilidad energética mundial, en una región estratégica para el comercio global.
La presidenta denunció que el documento internacional ignora información reciente y se basa en cifras de apenas cuatro estados entre 2009 y 2017, distorsionando la realidad actual del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada, al señalar que carece de rigor, omite datos oficiales y se construye con información desactualizada, lo que distorsiona la realidad actual del país. Desde Palacio Nacional, sostuvo que la documentación enviada por México no fue considerada, evidenciando inconsistencias en el análisis.
La mandataria explicó que el informe extrapola datos de apenas cuatro estados entre 2009 y 2017 para generalizar la situación nacional en 2026, lo que calificó como una metodología incorrecta. Estos estados son Veracruz, Jalisco, Coahuila y Nayarit; PAN y PRI gobernaron en dichas entidades. Además, subrayó que no refleja los avances implementados desde 2019 ni el trabajo con colectivos de búsqueda, por lo que su contenido resulta parcial.
Pero el señalamiento ocurre en un contexto mayor: la propia Organización de las Naciones Unidas atraviesa una crisis profunda. A 80 años de su creación, el organismo enfrenta recortes presupuestales, tensiones geopolíticas y una creciente pérdida de legitimidad internacional, agravada tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Incluso, el secretario general António Guterres ha advertido que la ONU se encuentra en una “carrera hacia la quiebra”, tras el congelamiento de contribuciones de potencias y una crisis financiera sin precedentes. A esto se suma una parálisis política del Consejo de Seguridad, incapaz de frenar conflictos internacionales, lo que ha erosionado su autoridad moral.
En este escenario, la ONU intenta emitir juicios sobre México mientras arrastra problemas estructurales, desde su dependencia histórica de potencias como Estados Unidos hasta su incapacidad actual para responder a crisis globales. De hecho, el multilateralismo que la sostenía se encuentra en declive, con países priorizando intereses unilaterales sobre la cooperación internacional.
Sheinbaum también recordó que la crisis de desapariciones en México tiene raíces claras en el sexenio de Felipe Calderón, cuando la llamada guerra contra el narcotráfico disparó los casos de forma exponencial. Este contexto, clave para entender el fenómeno, no es abordado de manera integral por el informe, que opta por una visión limitada y desfasada.
Finalmente, la presidenta reiteró que su gobierno mantiene coordinación con familias y colectivos, así como estrategias para combatir este delito ligado principalmente al crimen organizado. En contraste, el informe internacional ignora estos esfuerzos y se sustenta en una lectura incompleta, lo que refuerza las críticas sobre la falta de credibilidad de la ONU en la actualidad.
El Gobierno capitalino acusa omisiones graves en el reporte internacional y defiende avances históricos en la atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas.
El Gobierno de la Ciudad de México respaldó de manera firme la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU presenta omisiones relevantes y conclusiones cuestionables al basarse principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, sin reflejar la realidad actual del país.
En su posicionamiento, la administración capitalina subrayó que no se reconocen los avances significativos implementados desde 2019, especialmente en materia de seguridad y atención a víctimas. Además, criticó que el informe no distingue adecuadamente entre desapariciones cometidas por el Estado y las perpetradas por grupos criminales, lo que distorsiona el análisis del fenómeno en México.
El documento también recuerda que durante gobiernos anteriores se registró una represión sistemática que derivó en miles de casos de desaparición forzada, en un contexto marcado por la llamada “guerra contra el narcotráfico”. En contraste, se afirma que el actual gobierno no reprime ni desaparece, sino que impulsa una política integral centrada en los derechos humanos.
Posicionamiento del Gobierno de la Ciudad de México ante el informe del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. pic.twitter.com/yC7Cknhe3V
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 6, 2026
Asimismo, se destacaron acciones como la creación de comisiones de búsqueda en todo el país, el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana y el incremento sustancial del presupuesto destinado a localizar personas. También se resaltó la transparencia en los registros y la implementación de protocolos homologados de búsqueda.
A nivel local, la Ciudad de México ha priorizado la atención a víctimas mediante la instalación de un gabinete permanente, la creación de un centro de atención integral y un centro de resguardo temporal para personas fallecidas no identificadas, además de duplicar los recursos destinados a estas tareas.
Finalmente, el gobierno capitalino rechazó lo que calificó como narrativas infundadas que buscan vincular al Estado con el crimen organizado, y reiteró su compromiso de acompañar a las familias, escuchar a las víctimas y fortalecer una política pública más humana, eficaz e integral.
Legisladores y la SRE acusan que el documento es parcial, omite avances recientes y pretende escalar el tema a la Asamblea General.
El Senado mexicano y el Gobierno federal arremetieron contra un informe del Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en México, al considerar que el documento es tendencioso, carece de rigor y abre la puerta a injerencias externas en asuntos internos del país.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, cuestionó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU omitiera información actualizada y avances institucionales recientes, pese a reconocer que no existen indicios de una política de Estado en esta materia.
Además, criticó que, aun sin pruebas concluyentes, el organismo haya solicitado llevar el caso de México ante la Asamblea General, lo que calificó como una acción que no contribuye a la cooperación internacional ni al fortalecimiento institucional.
En la misma línea, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, calificó el informe como “inaceptable, tendencioso e injerencista”, y acusó a la ONU de actuar con doble rasero, al señalar su silencio frente a conflictos internacionales como Gaza, Ucrania y Líbano.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el documento al considerar que no refleja la realidad actual del país, además de cuestionar su sustento jurídico y posibles conflictos de interés dentro del Comité.
El gobierno mexicano reiteró que no tolera ni promueve desapariciones forzadas, y destacó las reformas implementadas desde 2025 para combatir este delito, subrayando su disposición a colaborar con organismos internacionales, siempre que exista objetividad y apego a la información verificable.
La ex presidenta chilena mantiene su candidatura para liderar Naciones Unidas y busca convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo.
La ex mandataria chilena Michelle Bachelet confirmó que mantendrá su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2027-2031, pese a que el gobierno de José Antonio Kast decidió retirar su patrocinio oficial. La decisión, aseguró, no frena su aspiración gracias al respaldo internacional que ha logrado consolidar.
Bachelet destacó que cuenta con el apoyo de países clave como México y Brasil, lo que fortalece su postulación en el escenario global. “Vale la pena dar la pelea por ser la primera mujer secretaria general”, afirmó, al subrayar que existe una creciente voluntad internacional para que una mujer encabece la ONU.
La retirada del respaldo por parte del gobierno chileno generó críticas en el ámbito diplomático, donde ex cancilleres calificaron la decisión como un “bochorno internacional”, al tratarse de una figura con amplia trayectoria y respaldo regional. La medida tomó por sorpresa a aliados estratégicos y abrió tensiones en la política exterior chilena.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo, al considerar que Bachelet es una líder con experiencia y compromiso con la paz. En la misma línea, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva respaldó su perfil, destacando su capacidad para fortalecer el multilateralismo y colocar el desarrollo sostenible en la agenda global.
La trayectoria de Bachelet incluye dos periodos como presidenta de Chile, así como cargos clave en la ONU, entre ellos Alta Comisionada para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres, consolidando un perfil con peso internacional.
En la contienda también figuran perfiles como Rebeca Grynspan, Rafael Grossi y Macky Sall, mientras se prevé que los aspirantes sean evaluados en audiencias internacionales en las próximas semanas.
Unidades militares chechenas se preparan para apoyar a Irán en caso de una invasión terrestre. La guerra entre Estados Unidos e Irán se sigue intensificando, mientras las tensiones globales aumentan.
Según informes recientes, las fuerzas militares chechenas están listas para desplegarse en Irán. Este apoyo podría ocurrir si Estados Unidos lanza una invasión terrestre. Los combatientes leales a Ramzan Kadyrov, líder de Chechenia, ven el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán como una guerra religiosa.
Los chechenos consideran su posible intervención como una yihad. Para ellos, se trata de una lucha entre el bien y el mal, en defensa de Irán. Esta situación se da en un momento crítico, ya que el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifica rápidamente.
La guerra comenzó el 28 de febrero, en medio de conversaciones nucleares entre Teherán y Washington. Un ataque devastador llevó a la muerte del líder religioso de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, y a muchos otros, incluidos 170 escolares en Minab.
Desde entonces, Irán respondió con fuerza. Sus fuerzas armadas han llevado a cabo 86 ataques con misiles y drones. Estos ataques se han dirigido a instalaciones militares israelíes y a bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.
Además, fuerzas ucranianas expresaron su apoyo a Estados Unidos e Israel. Su participación añade una capa de complejidad al conflicto, creando tensión con Rusia, que está inmersa en su propia guerra con Ucrania.
Recientemente, Irán envió una carta al Secretario General de la ONU, António Guterres. En la misiva, sin ambigüedades, denunciaron el envío de “cientos de expertos” ucranianos a la región. Este hecho resalta cómo Ucrania se ha involucrado en la agresión liderada por Estados Unidos e Israel.
La situación en el Medio Oriente es dinámica y preocupante. Las decisiones tomadas ahora pueden tener un impacto significativo en la estabilidad de la región y en el equilibrio de poder global.
La ONU alertó que el acceso humanitario al sur del Líbano se redujo drásticamente en medio de la escalada entre Israel y Hizbulá, dejando a más de un millón de desplazados y agravando una crisis marcada por ataques a civiles y falta de recursos.
El coordinador humanitario de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) para el Líbano, Imran Riza, lanzó una advertencia contundente sobre el deterioro de la asistencia en el sur del país, en medio de la intensificación del conflicto entre Israel y Hizbulá. De acuerdo con el funcionario, en los últimos diez días el acceso a comunidades vulnerables se ha reducido considerablemente, dejando a miles de civiles en condiciones cada vez más críticas.
En entrevista desde Beirut, Riza explicó que las organizaciones humanitarias enfrentan un escenario más adverso que durante la guerra de 2024, debido a recortes globales en los fondos de ayuda. Señaló que, aunque se intenta canalizar asistencia a través de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, en los últimos días han recibido múltiples negativas que han obstaculizado el paso seguro hacia las zonas más afectadas.
La crisis se agravó tras el incremento de operaciones militares israelíes, incluyendo bombardeos a puentes sobre el río Litani, infraestructura clave para la conexión del sur con el resto del país. Riza advirtió que los ataques contra infraestructura civil y centros médicos constituyen violaciones al derecho internacional humanitario, destacando que en menos de un mes se han documentado 70 agresiones contra objetivos sanitarios. A ello se suma el impacto directo en la población, con al menos 120 niños fallecidos.
El desplazamiento forzado también alcanza niveles alarmantes. Más de un millón de personas han abandonado sus hogares, muchas de ellas por segunda ocasión en poco más de un año. De acuerdo con estimaciones de la ONU, cerca de una quinta parte de la población libanesa se encuentra actualmente desplazada, mientras que entre el 14 y 15% del territorio permanece bajo órdenes de evacuación emitidas por Israel.
Ante este panorama, el llamamiento urgente de 308 millones de dólares lanzado el pasado 13 de marzo ha logrado reunir casi un tercio de los recursos necesarios; sin embargo, Riza advirtió que será insuficiente si el conflicto se prolonga. El funcionario subrayó la incertidumbre que enfrentan miles de familias desplazadas: el regreso a sus hogares sigue siendo incierto, al igual que las condiciones que encontrarán cuando la violencia cese.
Con 123 votos a favor, la ONU reconoció la esclavitud africana como crimen de lesa humanidad, mientras Estados Unidos, Argentina e Israel votaron en contra y varios países europeos, históricamente implicados, optaron por abstenerse.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con 123 votos a favor, la resolución que califica la esclavitud africana como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. Sin embargo, Argentina, Israel y Estados Unidos votaron directamente en contra, mientras que hubo 52 abstenciones, donde se encuentran gran parte de los países históricamente implicados en la esclavitud.
La iniciativa fue presentada por 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, y la votación se dio este miércoles, en el marco del Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos; y los 25 años de la Declaración y Programa de Acción de Durban, que proclama la esclavitud de personas africanas como “injusticia inhumana”, pues se trató de un sistema de explotación que se prolongó durante más de cuatro siglos y afectó a millones, donde a día de hoy se pueden ver sus consecuencias, como el racismo.
🔴 La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que califica la trata de esclavos y la esclavitud como "el crimen de lesa humanidad más grave" de la historia.
A favor: 123 En contra: 3 (Argentina, Estados Unidos, Israel) Abstenciones: 52 pic.twitter.com/KSGJpROvlg
La esclavitud de africanos no fue un accidente histórico ni una simple respuesta a la demanda de mano de obra, fue un sistema consciente, construido sobre una jerarquía racial que colocó a las personas negras, por su color de piel, al final.
A partir del siglo XV, las grandes potencias europeas convirtieron cuerpos africanos en mercancía, articulando una economía global cuyo crecimiento dependió directamente del sufrimiento y la violencia normalizada. Un sistema que se consolidó a través del llamado comercio triangular, entre Europa, África y América.
Según datos de la ONU, fueron hasta 15 millones los africanos que fueron arrancados de sus territorios, sometidos a condiciones brutales y forzados a trabajar en plantaciones, minas y con particulares.
La bodega de un buque negrero, representada por el pintor alemán Johann Moritz Rugendas
Entre los países implicados en la esclavitud africana están Portugal, que encabezó el proceso y mantuvo durante siglos el control del tráfico hacia Brasil; España, que utilizó el sistema para abastecer sus colonias; Inglaterra, que se convirtió en el mayor transportista de esclavos en el siglo XVIII; Francia, que desarrolló economías esclavistas en Haití y otras colonias; y Países Bajos, que participaron activamente mediante sus compañías comerciales.
A estos se suman Dinamarca, que operó en el Caribe; Estados Unidos, que heredó y expandió el sistema esclavista tras su independencia; y Bélgica, cuyo dominio en el Congo implicó formas extremas de explotación forzada, aunque claro, otros actores internacionales formaron parte del sistema.
No obstante, la votación de la ONU, dejo en claro que estos países se muestran reacios de aceptar su pasado y la deuda histórica que mantienen no sólo con los africanos, sino con la humanidad y los derechos humanos, pues además de las votaciones en contra, en especial de Estados Unidos, cuyo sistema condonó por muchos años la esclavitud en su territorio, fueron los países europeos, quienes hicieron uso de la abstención, una forma pasiva de mostrarse en contra.
Entre las abstenciones, se encuentran las naciones antes mencionadas, que fueron potencia en la esclavitud. Esta es la lista de los países que se abstuvieron: Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Camboya, Canadá, Croacia, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Palaos, Paraguay, Polonia, Portugal, Moldova, Rumania, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania y Reino Unido.
Durante la décima cumbre de Celac con la Unión Africana, los presidentes de Colombia y Brasil exigen un alto al fuego y una urgente cooperación internacional.
En un llamado apasionado por la paz, el presidente colombiano Gustavo Petro abogó ayer por un cese inmediato de las guerras en el mundo. Sus palabras resonaron durante la apertura de la décima Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la Unión Africana en Bogotá.
Petro criticó la ONU, señalando su incapacidad para enfrentar los conflictos que aquejan a la humanidad. “Ya no sirve”, afirmó, enfatizando la necesidad de un diálogo serio para evitar una guerra mundial. Así, solicitó un cese del fuego que impulse esfuerzos por la paz en regiones como Medio Oriente.
El mandatario no se contuvo al cuestionar la cooperación con gobiernos involucrados en conflictos, describiendo las acciones bélicas en Gaza como genocidio. “¿Qué hacemos juntándonos con genocidas?”, preguntó, resaltando que Latinoamérica debe ser un puente hacia la paz.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también expresó su preocupación por la situación global. Denunció la “pasividad” de la ONU y advirtió sobre posibles invasiones extranjeras. Lula subrayó que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que deben mantener la paz, son los que están llevando a cabo guerras.
La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, subrayó los avances en cooperación entre Colombia y el continente africano. Anunció la firma de un acuerdo con Ghana para establecer una ruta de transporte marítimo entre sus puertos, promoviendo así el comercio y la inversión.
La cumbre también fue el espacio donde Petro traspasó la presidencia pro tempore de la Celac al mandatario uruguayo Yamandú Orsi, quien se comprometió a fortalecer la integración regional y la voz del Sur Global en foros internacionales.
Este encuentro refleja el deseo de los líderes latinoamericanos de buscar soluciones pacíficas y una mayor colaboración en un mundo que enfrenta desafíos complejos. Con la vista puesta en la cooperación, la esperanza de un futuro más pacífico se mantiene viva.
