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  • Minorías antisociales

    Minorías antisociales

    A pesar de las evidencias el PAN todavía no entiende que el pueblo no lo apoya. Es la segunda fuerza electoral porque su candidata absorbió el descontento pero no porque haya tenido simpatizantes su organización.

    Esto tan sencillo de entender la cúpula del PAN lo desconoce y si ignora que el apoyo de la sociedad es nulo, es que deben dedicarse a otra actividad. Los resultados electorales ni siquiera son un punto de referencia para preocuparse, siguen mintiendo, diciendo que millones de personas los siguen, incluso los idolatran.

    El asunto de la reforma al Poder Judicial no es un asunto de mayorías, la ley nunca estuvo de lado de quienes viven injustamente, porque son producto de la ilegalidad. Nunca tomaron en cuenta al pueblo y ahora sus jueces corruptos piden su apoyo, porque el simple hecho de darle la espalda a la población cuando se trata de implantar la justicia y hacer respetar la ley es un acto de corrupción.

    En algún momento de delirio a los diputados panistas Federico Döring y Héctor Saúl Téllez, se les ocurrió convocar a la población a defender como propio lo que siempre estuvo alejado; los intérpretes y ejecutores de la justicia. Invitaron a una concentración a la que no asistieron ni los supuestos afectados por la reforma.

    La idea consistía en mantener un plantón a las afueras de la Suprema Corte, mientras se discutía la reforma al Poder judicial, en la víspera sucedieron algunas cosas oscuras, como el anunció de que la ministra Farjat y Gutiérrez Ortiz, quien nunca tuvo carrera judicial, de que votaría a favor de la reforma, lo cual cambiaba la perspectiva de la discusión. Tuvieron que llevar acarreados.

    En esta convocatoria confluyen dos grupos que no sólo fueron indiferentes con el pueblo sino repudiados por éste. El PAN y el Poder Judicial ahora quieren apoyo en su agonía. El primero ve próxima su muerte, el segundo una expulsión a la que obliga su refundación, porque sus integrantes no resisten la prueba de la honestidad.

    La incapacidad de conocer la realidad social de una sociedad unió a dos grupos que se distanciaron de la población para esconderse de ella, pero aseguraban, en su discurso contribuir en beneficio. El Poder Judicial tradicional y el PAN están del lado de la minoría. El partido más alejado de la población, desde su fundación es el PAN; el Poder de la Unión más distante de la población es el Judicial. Nadie puede negarlo.

    Las dos entidades pertenecen más al pasado que al presente, su vida se ha alargado con amparos y concesiones, que se otorgaban unos a otros, el PAN solicitaba amparos contra obras y decisiones del gobierno, mientras el Poder Judicial estaba blindado en el Poder Legislativo y Ejecutivo para no ser tocado ni con el pétalo de una reforma.

    Para poder desactivar la reforma, los interesados en alargar la agonía del viejo sistema judicial, no se dan cuenta que su reforma quedó concluida el sexenio pasado. Entre berrinches, remedos de amparos, debates trasnochados y discusiones en los medios, se trató de darle respiración artificial al rancio estilo de administrar la justicia en México.

    Por su parte, el PAN debió, por lo menos refundarse en el año 2000, cuando tuvo el poder, pero nunca aprendió ni de sus errores ni pudo asimilar el poder otorgado. En lugar de ejercerlo, se adhirió a los lineamientos administrativos del PRI, concedió espacios que crearon el PRIAN, fusión que hasta el momento desconocemos dónde empieza y dónde termina. Sus integrantes son seres híbridos mentalmente hablando, que ni se identifican con las cúpulas de ambos partidos, ni son incompatibles, los une el enemigo común.

    La alianza opositora recibió 16 millones de votos, más de la mitad eran producto del descontento, natural en cualquier democracia, expresión de un segmento de la población que se identifica con la incertidumbre que nunca ocurrió. Es decir, los votos, en tres partidos quedan 8 millones de votos, que, divididos generosamente, al PAN les corresponderían 5 millones, como seguidores natos de esa derecha que surge como contrapeso al miedo que, a futuro, podía implantar el régimen de Lázaro Cárdenas. Es decir, el PAN es el gran beneficiario del miedo de la sociedad conservadora.

    Los conservadores en México nunca han sido mayoría, desde la víspera de la Guerra de Reforma, mantienen el poder, gracias, principalmente al Poder Judicial.

    Por otro lado, los medios insisten en llamar polémica a la reforma al Poder Judicial, no es preciso el término, simplemente hay una reforma que tiene descontentos a una minoría que no llega a tres mil personas, acompañados de una oposición decadente, ávida de banderas para sobrevivir. Ni siquiera llega a ser polémica, a pesar de los espacios que le regalan los medios como parte de su estrategia violenta contra el gobierno, producto del retiro de un subsidio que habían pronosticado vitalicio.

    Benito Juárez, en 1858 fue presidente magistrado, así se le denominaba a los ahora ministros, de la suprema Corte, electo por el voto popular, eso no llevó a la dictadura sino a crear las Leyes de Reforma que eran urgentemente necesarias ante los exceso de un clero que era dueño de todo y de todos.

    Ahora que los excesos vuelven a ser parte de la condición mexicana, la resistencia de los integrantes del Poder Judicial quiere convertir en debate no sólo las leyes, la Constitución sino la historia misma.

  • ¡Larga vida el nepotismo!

    ¡Larga vida el nepotismo!

    Desechó la Suprema Corte el desechable desecho que buscaba invalidar parcialmente la reforma judicial. En pocas y reaccionarias palabras, se jugó el futuro del país y se perdió, el “juicio final” llegó a su fin en unas cuantas horas y no pasó nada, ni el Ejecutivo tuvo que ignorar el proyecto de González Alcántara Carrancá (ese que ni siquiera se discutió), ni el Legislativo tuvo que archivar la resolución, y aparentemente, “las consecuencias de cambiar, de la noche a la mañana toda la forma en que se van a elegir a jueces y magistrados”, como decía el magistrado autor del mentado proyecto, no ha repercutido en el vida diaria de los mexicanos de a pie que no saben que desconocen aquello que los conservas afirman que los mexicanos de a pie no saben que desconocen. Sin embargo, debemos asumir que , así lo dicta lo que queda del PRIAN, el vox populi de la comentocrácia al servicio de la iniciativa privada y el mismo Juan Luis González Alcántara Carrancá, Norma Piña y cia., el Estado de Derecho ha desaparecido gracias al siempre culpable actuar de las ministras Lenia Batres, Jasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf que, junto con Alberto Pérez Dayán votaron en contra de la humilde propuesta de propuestas que buscaba salvar nuestra democracia, nuestras libertades, el país y el nepotismo al interior del Poder Judicial.

    El fondo de la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la nación propuesto, en una terna, por Andrés Manuel López Obrador, era preservar la independiente independencia del Poder Judicial que no debe rendirle cuentas a nadie más que a sí mismo y los intereses de sus miembros. Si alguien sabe lo que significa tener que rendir cuentas y estar maniatado a voluntades ajenas a la inviolable lectura del espíritu constitucional, es él. Él, que creyó en el proyecto cuatrero de los cuatroteros y pronto se dio cuenta que se había equivocado al hacerlo. Él, que se convirtió en ministro por propuesta de Morena y ahora tiene la libertad de defender causas opuestas a las que defiende Morena, sabe lo peligroso que es tener ministros que tengan que rendirle cuentas a quienes los pusieron donde están. Si él, propuesto por López Obrador, puede realizar su trabajo de acuerdo con sus convicciones e intereses, resulta impensable que un ministro pueda mantenerse imparcial si llega a donde llegue electo por la ciudadanía. Seamos serios. Que la gente pueda elegir a sus jueces obliga a los jueces a someterse a un concurso de popularidad en el que su quehacer se verá trastocado por la necesidad de ganar la simpatía del electorado, exactamente como le sucede a legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, a todos los niveles, que solo actúan pensando en su popularidad y nunca, jamás de los jamases, toman decisiones que no son populares. Y si los jueces se ven sometidos a la presión de un concurso de popularidad, la independencia judicial desaparecerá, el Poder Judicial dejará de ser un contrapeso libre y se verá obligado a la terrible y muy baja realidad lumpemproletariada de rendir cuentas al pueblo y trabajar dando la cara al mismo ¡¿De verdad?! ¡¿Dónde quedará la pompa de formar parte del Poder Judicial?!

    Lo que González Alcántara Carrancá proponía iba más allá del tendido de puentes entre los Poderes de la Unión, el hombre le tendió la mano al Poder Ejecutivo para abrir las puertas de una negociación que permitiera salvaguardar lo salvaguardable, mantener intacta la estructura nepotista del Poder Judicial y el negocio de la impartición de justicia y la preservación de la desigualdad en México. La reforma judicial, aprobada —no gracias al voto de más de 35 millones de mexicanos que decidieron apoyar un proyecto, el voto popular no importa nada, lo que importa es el voto de dos congresistas aislados— gracias a Yunes y Daniel Barreda, “no genera —de acuerdo con la sabia sabiduría magistrada del ministro González Alcántara Carrancá —las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”, la ciudadanía no va a contar con la información suficiente para emitir un informado voto informado, y eso es peor a que la ciudadanía no vote en absoluto y la decisión de quienes son jueces, magistrados y ministros, quede en manos del mismo Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Legislativo, controlado y sin sorpresas. Elegirlos democráticamente corrompe, en palabras del ministro obradorista antiobradorista, los fundamentos de una nación representativa y democrática. Porque nada corrompe más los fundamentos de una nación representativa y democrática que elegir democráticamente a quienes habrán de representar a la ciudadanía.

    Entrados en gastos

    En esa misma línea se ha mantenido la campaña de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que está en campaña a pesar de oponerse a la elección popular de los miembros del Poder Judicial, que busca que la Constitución se escriba en piedra y no sufra ni una sola modificación, quien lamenta que ese “inmenso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y de unión entre los mexicanos” que es la Constitución, no se confundan con el manto guadalupano, haya sufrido desde su promulgación más de 800 modificaciones. El Poder Judicial es el más conservador de los tres poderes y debe preservar la viabilidad de una sociedad anquilosada y rancia, cuyas leyes no respondan a las necesidades y circunstancias de la sociedad. Modificar la constitución, dice Piña, es erosionar “su legitimidad, vulnerando sus atributos como este manto protector de certeza”. Y nadie quiere quedarse descubierto de un manto que permite arroparte bien, arropar a tus hijos, sobrinos, nietos y a los nietos de tus nietos. Lamentablemente, lo que sucedió hoy en la SCJN genera “inseguridad y la seguridad jurídica es un valor indispensable para vivir en una sociedad medianamente organizada, sin ella no pueden existir otros valores básicos, no habría Derecho estable”. Adiós estado de derecho, adiós valores básicos nepotistas, adiós impartición de justicia como la conocíamos, será una pena que de nada sirva ser el mejor postor si con ello no se puede comprar la justicia en este país.

    • Carlos Bortoni es escritor. Su última novela es Historia mínima del desempleo.
  • La Cuarta Transformación sigue hacia el cambio de régimen 

    La Cuarta Transformación sigue hacia el cambio de régimen 


    “… Estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón. La cordura frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados va, el primero de junio del 2025. La transformación del país es profunda para bien de todas y todos los mexicanos …”.

    Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta de la República.
    Conferencia Mañanera del Pueblo. 6 de noviembre de 2024.
    https://youtu.be/sgtz_wKK9Cc

    En los principios de la Cuarta Transformación (4T) el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue muy claro al fundamentar la misma a partir de aspectos de alta relevancia tales como: la lucha contra la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la injusticia. Sin embargo, puso especial énfasis, como gran estratega político, que el gobierno transformador requería, para un cambio de régimen, la recuperación del Estado. 

    Recordemos que el Estado mexicano sufrió modificaciones sustanciales con la finalidad de permitir el establecimiento del modelo neoliberal en México. De amplia gama fueron los ámbitos en los que la estructura estatal se reformó durante por lo menos seis sexenios. Los cambios dirigidos por las élites políticas y económicas se dirigieron sobre todo a la implantación de un régimen oligárquico.

    En su momento López Obrador fue muy claro y expuso al pueblo mexicano que la transformación desarrollada no implicaba simplemente llegar al gobierno, sino tomar el poder a partir de promover, impulsar y trabajar denodadamente en la construcción de un régimen basado en principios. En ese afán colocó todo el capital político reunido a lo largo de varias décadas.

    En 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México1, López Obrador refería diversas acciones requeridas para que la 4T se consolidara en el poder. Destaco una esencial: el rescate del Estado. En su libro, escrito en 2017, claramente identificó el contexto imperante afirmando lo siguiente: 

    Al apoderarse de las instituciones públicas y controlar los Poderes de la Unión. “El Estado se encuentra secuestrado por una minoría… en nuestro país existe una República simulada, falsa… debemos recuperarlo y convertirlo en promotor del desarrollo político, económico y social… Hay que desechar el engaño de que para crecer el Estado debe diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado. El estado no puede eludir su responsabilidad pública, económica y social”.

    Efectivamente, a lo largo de los seis años de su gobierno se dedicó a construir las nuevas bases del Estado mexicano. El renacimiento económico y social de nuestro país contó con voluntades sin las cuales las transformaciones no hubieran sido posibles. En torno a ese renacimiento AMLO sumó a la mayoría del pueblo mexicano y a dos de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, como su titular, y a los representantes populares en el constituyente permanente. 

    Sin duda se logró sentar las bases de un nuevo país. Sin embargo, la tarea constructiva apenas comenzaba. Importante tener presente a las oposiciones desde los partidos políticos conservadores, los poderes fácticos y la anquilosada estructura de un poder judicial que en momentos determinantes del cambio se pusieron al frente del conservadurismo más feroz. Este abanderamiento de las causas reaccionarias se tradujo en el boicot a reformas sustanciales para la 4T utilizando una lluvia de recursos legales y/o legaloides de todo tipo.

    Así, el poder judicial y las élites enquistadas en el mismo identificaron la custodia de los intereses, opositores a la 4T, con la conservación de sus propios privilegios conseguidos a lo largo de décadas en las que han prevalecido el nepotismo y la corrupción. 

    Por lo tanto, se hacía necesaria o mejor dicho urgente una reforma al tercero de los poderes de la Unión. Intentos se promovieron con la presidencia de la Suprema Corte, a cargo del ministro Arturo Saldívar, poco se pudo hacer. El titular del ejecutivo decide entonces presentar la iniciativa de reforma al poder judicial el 5 de febrero del 2024. 

    Con la visión que lo caracteriza esperó el resultado del proceso electoral del 2 de junio, aunque como recordarán previamente había llamado al pueblo a llevar a cabo el Plan C. Esperó a que la legislatura elegida por la población, mediante la puesta en marcha de esa estrategia electoral, se instalara en el Congreso el 1 de septiembre del año en curso y tras la aprobación de la reforma al poder judicial, en los términos constitucionales requeridos, el día 15 del mismo mes el presidente la publica en el Diario Oficial de la Nación.

    Durante la confrontación dirigida contra la 4T por las élites corruptas del poder judicial, primero para impedir la aprobación de la reforma y después para bloquear su puesta en marcha se recurrió a toda clase de recursos. Hubo momentos en que la escalada en contra de la reforma fue muy intensa personalizándose en López Obrador y después en Claudia Sheinbaum. Parecía que el cambio de régimen sería aplazado impidiendo la continuidad de nuevos espacios de transformación en el país.

    En ese contexto, la Suprema Corte se reunió el martes 5 de noviembre para discutir un proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá cuyo objetivo era invalidar parcialmente la reforma que ya es Constitución en México. De manera inesperada, desde dentro del grupo de allegados a la presidenta Norma Piña surgió el punto de quiebre: el ministro Alberto Pérez Dayan retomó los criterios con los que con anterioridad había considerado casos similares de intentos de modificar, desde la suprema corte, el texto constitucional, dejando solo a siete de los ocho votos necesarios para avalar la propuesta de González Alcántara. Las ministras Batres, Esquivel y Ortiz se sumarían a la negativa.

    El resultado de todo lo ocurrido, hasta el desenlace del martes pasado, apunta a la continuidad del proceso para la elección popular de jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros en junio del año próximo. Pero creo que debemos de estar plenamente conscientes de que la reforma al poder judicial y los cambios en leyes secundarias que podrían incluir incluso modificaciones a nivel constitucional nuevamente, le darán la oportunidad, le abrirán otros espacios al Segundo Piso de la 4T para consolidar el rescate del Estado, es decir hacer realidad el necesario cambio de régimen, una vez que a los poderes ejecutivo y legislativo se sumará, gradualmente, un poder judicial saneado afín a la continuidad con cambio.

    • 1López Obrador, Andrés Manuel. 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México. México 2017 Editorial Planeta. Pp. 10.
  • EL SUPREMO MINISTRO CONTRA EL ESTADO DE DERECHO

    EL SUPREMO MINISTRO CONTRA EL ESTADO DE DERECHO

    El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de sentencia para ser discutida por los once ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el cual analizarán y votaráan la aprobación o rechazo de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada y promulgada la noche del 15 de septiembre del 2024 y después aprobada por las mayorías calificadas en las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión. El ministro pretende darle facultades a la Corte Suprema para declarar improcedente una reforma constitucional que establece la elección por voto directo de los ciudadanos de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que tiene un plan en caso de que la Suprema Corte apruebe el proyecto sobre la reforma judicial. 

    No hay olvidemos que además de ser uno de los principales opositores a las políticas de la Cuarta Transformación, el Ministro Alcántara Carrancá fue el anfitrión de la escandalosa cena en la que Norma Piña Hernández, Ministra Presidenta de la SCJN, reunió a los magistrados electorales con Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para mantener en el puesto a Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

    Tras la revelación de esta reunión a través de un reportaje realizado por Salvador Frausto, periodista de Milenio, González Alcántara aceptó dicha reunión bajo el argumento de “evitar un rompimiento de las funciones del Tribunal”, aunque no haya estado presente. No obstante, Gerardo Fernández Noroña, demandó que Norma Piña explicara por qué invitó a Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, a una cena con los magistrados electorales. “Qué hacía ahí el presidente del PRI, qué hacía de invitado el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, es delicadísimo, gravísimo; los medios lo están olvidando, pero nosotros no debemos soltar que la presidenta de la Corte. Norma Piña, debe decir por qué invitó a esos dos personajes y qué acuerdos pretendía tomar o tomó porque es gravísimo porque hay una estrategia de la oposición para anular la elección”, expuso Noroña en una entrevista para SinEmbargoAlAire.

    Desde el día que fue aprobada la Reforma al Poder Judicial de la Federación, hemos sido testigo de la actuación rebelde de jueces, magistrados y los mismos ministros de la Suprema Corte para invalidar la reforma constitucional y así conservar sus exorbitantes privilegios. Además, los medios masivos de comunicación han envenenado a la opinión pública con sus campañas mediáticas poniéndose en favor de los jueces.  

    Por otro lado, ocho de los ministros y ministras del pleno de la Suprema Corte, identificados como parte del bloque conservador: la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y el mismo Alcántara Carrancá, presentaron su renuncia y declinación para participar en las elecciones de juzgadores que se llevarán a cabo el próximo 1° de junio del 2025, en las que serán renovadas la mitad de los cargos disponibles, así lo informó el máximo tribunal en un comunicado.

    Además de crear una crisis constitucional y acceder los millonarios haberes de retiro, la pretensión de las renuncias consiste en convertir a estos ministros en mártires para propiciar acciones de rechazo o incluso intervenciones por parte de agencias o potencias extranjeras que violenta nuestra soberanía nacional.   

    No obstante, la presidenta Sheinbaum Pardo reveló los nombres de los integrantes del Comité de Evaluación para la elección judicial, el ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, Mary Cruz Cortés Ornelas, Isabel Inés Romero Cruz, Javier Quijano Baz y Vanessa Romero Rocha, una de las voces más interesantes y más profundas en materia judicial. Las principales funciones del Comité de Evaluación se encuentra la recepción de los expedientes de las personas aspirantes a los cargos judiciales, el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificar los perfiles que cuenten con los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, entre aquellos que someterán sus perfiles como aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están, Eduardo Andrade, abogado constitucionalista; César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional; y el panista Roberto Gil Zuarth. 

    La reforma constitucional busca democratizar el Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público obligando a sus titulares a responder al interés general. Y así crear un mecanismo de control para garantizar la rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadores. Porque cualquier reforma que se apruebe, tiene que servir para que se cumpla su misión de garantizar el acceso a la justicia, libre de los poderes fácticos o de las maniobras politiqueras.

  • Nuestra pobre derecha subordinada

    Nuestra pobre derecha subordinada

    ¿Cómo olvidar cuando los presidentes del PRI, PAN y PRD se reunieron en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para acusar al Estado mexicano de llevar a cabo una “narcoelección”? ¿Es acaso posible no recordar también cuando representantes del PAN se encontraron con el presidente del partido hispanista Vox para firmar la Carta de Madrid? ¿Algún mexicano ya no tiene en la memoria la reciente visita de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos durante su campaña presidencial, donde también abordó temas internos del país?

    Cada nación define sus posiciones dentro de la brújula política en función de la historia nacional y las condiciones materiales que preceden a su contemporaneidad; un ejemplo claro sería que, mientras en países como Estados Unidos, España o Francia el “nacionalismo” tiende a ubicarse en la derecha, en repúblicas como México, Guatemala o Perú se posiciona del lado izquierdo. Sin embargo, existen ideas cuya diferencia entre izquierda y derecha es comprensible a nivel global; ejemplificando esto podríamos ver la postura frente a la igualdad, mientras la derecha se inclina hacia una visión individualista, la izquierda persiste en la búsqueda de la paridad. 

    En el caso específico de la derecha mexicana, esta siempre ha mostrado una posición de escaso patriotismo y nulo nacionalismo. A lo largo de la historia, nuestros conservadores han intentado imponer intereses extranjeros en el país, demostrando una ausencia de compromiso en la lucha por una soberanía efectiva y por la independencia en diversos ámbitos. Al hacer un breve recorrido por la historia nacional y el papel de las derechas en ella, encontramos lo siguiente.

    Desde la época de la Independencia, los conservadores criollos, representados por Agustín de Iturbide, al percatarse de que era imposible mantener el dominio colonial, decidieron unirse a la causa independentista, aunque bajo una condición esencial: al finalizar la lucha, se ofrecería el trono a Fernando VII (entonces rey de España) o, en su defecto, a un miembro de la familia Borbón. Esta postura reflejaba el interés de los conservadores por mantener un vínculo con la monarquía española, limitando así la independencia total y asegurando su influencia dentro del nuevo orden político. No obstante, no logran traer a un monarca europeo y deciden hacer el primer imperio mexicano. 

    Mas adelante, durante la Guerra de Reforma, la derecha mexicana volvió a mostrar su inclinación hacia poderes extranjeros. Los conservadores se opusieron a las reformas liberales que buscaban limitar los privilegios eclesiásticos y fortalecer el poder civil. En su lugar, buscaron apoyo en Francia, promoviendo la intervención europea que culminaría en la instauración del Segundo Imperio Mexicano bajo el emperador Maximiliano de Habsburgo.

    En el Porfiriato, la derecha continuó fortaleciendo sus lazos con intereses extranjeros. Porfirio Díaz, aunque en sus inicios se posicionó como liberal, rápidamente adoptó una política favorable a las inversiones extranjeras, especialmente estadounidenses y europeas, permitiendo que empresas extranjeras controlaran gran parte de los recursos y servicios nacionales. Esta subordinación de la economía mexicana al capital extranjero trajo consigo un crecimiento económico desigual, beneficiando a unos pocos y despojando a las clases trabajadoras y campesinas de sus tierras y derechos.

    Ya en el siglo XX, la derecha mexicana se alineó inicialmente con posturas pronazis e hispanistas en vísperas de la Segunda Guerra Mundial; además, se opuso a las políticas populares impulsadas por el presidente Lázaro Cárdenas, quien promovió la expropiación petrolera y defendió la soberanía económica (en esta época y con estas mismas causas nació el Partido Acción Nacional). 

    A partir de estas posturas, la derecha mexicana mantuvo su oposición a los proyectos de desarrollo nacionalista que buscaban fortalecer la economía interna. Durante la época del Milagro Mexicano, mientras el Estado fomentaba la industrialización a través de políticas de sustitución de importaciones, la derecha seguía promoviendo un modelo económico orientado hacia el exterior, que favorecía la inversión extranjera directa y mantenía fuertes lazos con empresas transnacionales.

    A partir de 1982, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandonó su ideología de nacionalismo revolucionario, la misma que lo identificaba como el “partido emanado de la Revolución”, y dio un giro hacia la derecha. Con el inicio del periodo neoliberal, se implementaron políticas que beneficiaban a una minoría privilegiada y a empresas transnacionales, mientras que las clases populares y sectores nacionales enfrentaron un perjuicio considerable. Este cambio ideológico se tradujo en reformas que priorizaban la inversión extranjera, la privatización de empresas estatales y la apertura económica, consolidando una estructura económica que favorecía a los grandes capitales sobre los intereses de la mayoría del pueblo mexicano.

    A lo largo de nuestra historia, hemos tenido una derecha subordinada a intereses extranjeros, carente de una conciencia y práctica nacionalista. Esta postura, lejos de contribuir a la construcción de una nación soberana, ha perpetuado una dependencia que favorece a élites y capitales foráneos, relegando el bienestar de la mayoría del pueblo mexicano. Mientras que en otros países las derechas, llevadas al extremo, caen en un nacionalismo exacerbado, en México, si lleváramos a sus últimas consecuencias las posturas de nuestros conservadores, nos convertiríamos en apátridas.

  • El peso de la historia cayó sobre la Suprema Corte

    El peso de la historia cayó sobre la Suprema Corte

    ¿Alguna vez han escuchado hablar de “el peso de la historia”? Este concepto hace alusión a la influencia de hechos, decisiones y acontecimientos que, aunque ya ocurrieron, siguen dejando una huella significativa en la sociedad, las instituciones o la cultura de un país.

    El mejor ejemplo de esto fue lo ocurrido ayer, 5 de noviembre, un evento que marca un parteaguas en la política y la justicia mexicana, luego de que los ministros afines a intereses de poder no pudieran frenar la reforma del Poder Judicial.

    La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, lo expresó con claridad: “Sea cual sea la decisión que se tome hoy, se estará hablando en los libros de historia de nuestro país”. A pesar de los intentos anticonstitucionales, el peso de la historia es tan grande que ni todo el dinero logra comprar una sentencia a conveniencia.

    Parecía que la SCJN tenía los ocho votos suficientes para echar atrás una reforma constitucional (de manera ilegal), pero ante los ojos y oídos de propios y extraños, el ministro Alberto Pérez Dayán dejó claro que no acompañaría la propuesta, pues la Corte jamás podría declarar inconstitucional a la Constitución.

    Ante esto, y el evidente enojo de siete ministros, la presidenta Piña discutió si seis votos eran suficientes, argumentando que la reforma, ya vigente, establece que con seis votos se puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Es decir, estaban dispuestos a jugar con las reglas que no les gustan, pero que les convienen, para invalidar esas mismas reglas.

    Afortunadamente, tampoco lograron imponer su voluntad, y ante la impotencia, prefirieron terminar la sesión.

    Las cosas fuera del recinto judicial se tornaron bastante agresivas, pues el grupo de trabajadores que buscan mantener sus privilegios acusaron a Dayán de ser traidor e incluso agresor sexual, una acusación grave que, de ser cierta, los convierte en cómplices por encubrirlo cuando les convenía. Esta situación no solo es inmoral, sino ilegal.

    Sin embargo, sus amenazas subieron de tono al advertir que tomarán la justicia en sus propias manos, asegurando que todo aquel que esté a favor de la reforma judicial “la pagará”.

    Estas amenazas podrían desestimarse, entendiendo que están perdiendo privilegios que ni el Presidente de la República tiene. Pero cuando figuras como el presidente del PAN, el senador Marco Cortés, sugieren la posibilidad de un golpe de Estado militar y llaman a un levantamiento de la sociedad civil, estas amenazas se tornan peligrosamente serias.

    La historia se encargará de juzgar a quienes hoy amenazan el estado de derecho, pues la verdadera justicia no responde a intereses de unos cuantos. No podemos permitir que el odio y el miedo nublen la razón; México ha llegado demasiado lejos como para volver atrás. La Constitución no es un juguete político, y los intereses particulares jamás deberían estar por encima de la voluntad de un pueblo decidido a seguir avanzando hacia un país más justo y democrático.

  • Zedillo, descaro, mentiras e intereses de fondo

    Zedillo, descaro, mentiras e intereses de fondo

    Ernesto Zedillo arremetió contra el naciente gobierno de la presidenta Claudia Shienbaum, justo el mismo día que cumplió su primer mes, por supuestamente fomentar “crisis constitucional” y tener “pobre desempeño”; razonamiento que supera el máximo nivel de descaro, mentiras, además que da para pensar cuál es la verdadera intención. 

    Primero, el expresidente de México (1994-2000) en el The Washington Post asegura que la aprobación de la enmienda constitucional “se completó en apenas unos días”. Con ello, ignora que la iniciativa se presentó desde febrero, fue discutida en cinco foros de diálogos nacionales- integrado por legisladores, representantes de los togados- y que ha sido un tema sumamente discutido en la agenda pública antes de llegar al 15 de septiembre que fue promulgada. 

    En el descaro total afirma que esta reforma se presenta como un proceso democrático “absurdo” porque las listas de candidatos para jueces, magistrados y ministros serán determinadas por el “partido Gobernante”. Como si durante su gestión él hubiera dado ejemplo de fomentar que los juzgadores fueran independientes. 

    Quien ahora se asume con la calidad moral para juzgar a la presidenta sobre qué es lo correcto, cerró durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, mediante jubilación inmediata, se renovaran 26 ministros. La renovación sería con base propuestas del presidente de la República y aprobados por mayoría calificada de la Cámara de Senadores. 

    En 26 días, Zedillo firmó la iniciativa, la promulgó con reformas a 20 artículos aprobadas también por la mayoría en al Cámara Alta, diputados y congresos locales. En pocas palabras, fue cuestión de trámite. 

    Los sexenios morenistas, tanto el pasado como el presente, han vivido múltiples expresiones en contra de la reciente enmienda judicial, presentada en febrero de 2024 por el ex presidente López Obrador. ¿Acaso algún contingente mínimo de trabajadores protestó ante la reforma a raja tabla del “reconocido” doctor en economía? 

    Por el contrario, el proyecto de 1994 fue ampliamente respaldado por el PRIAN y de la misma cúpula judicial, sin discusión previa, con exorbitantes jubilaciones y sin considerar la opinión de la SCJN. 

    Se aplicó a raja tabla y sin reclamos porque, como deducen el politólogo Guillermo Ruiz Morales y el abogado Alberto Rocha, “el nuevo presidente no estaba dispuesto a convivir con una serie de ministros que habían sido designados por su predecesor (Carlos Salinas) y quería influir ampliamente en las decisiones de la Corte”.

    Ahora, el priísta juzga a la ligera un supuesto “pobre desempeño” de la primera presidenta de México, cuando todas las encuestas de aprobación le dan un promedio del 72 por ciento de aceptación. Es decir, en los hechos, dos terceras partes de los mexicanos confían en ella y valoran positivo el arranque de su sexenio. 

    Situación contrastante con Ponce de León que arribó al poder tras suplir al fallecido Luis Donaldo Colosio,  y que, para el 3 de enero de 1995 tenía solo el 24 por ciento de aprobación. Todo ello ante el el error de diciembre, la pérdida de empleos, quiebra de bancos y una devaluación del peso nunca vista del 50 por ciento frente al dólar. 

    Por otra parte, el “respetado” economista no emite dicha opinión alarmista sobre la situación política y judicial en México sin un interés claro más que alarmar con base en un prejuicio ideológico y carente de sustento. Como ya  dedujo en respuesta la presidenta Sheinbaum, lo hace en un medio internacional y no en un medio nacional, por lo que se dirige “pues a los estadunidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos”.

    Desde su estancia en aquel país, Zedillo parece estar preocupado por los intereses de las empresas extranjeras, mismos a los que sirve desde que entregó los ferrocarriles a los privados durante el cierre de su sexenio y banqueros que buscó rescatar en 1995 con el Fobaproa. 

    Esto no es un dicho, pues en casi diez años, Zedillo acumuló acciones en CitiGroup, grupo al que vendió Banamex, por más de 2 y 4 millones de dólares, razón por la que se dijo en 2022 que su sueldo acumulado ya era 10 veces más grande que lo que ganó siento titular del Ejecutivo en México. 

    Tal parece que la “preocupación” del repudiado ex mandatario, hasta por mismos priístas y su antecesor, realmente siente que el modelo judicial que instauró de un plumazo, finalmente tendrá una reestructura. Quizá, con la emergencia de togados electos por el pueblo, su todavía influencia y comparsas en el Poder Judicial se ven derrumbadas. 

    Pensándolo bien, ¡qué siga por allá mejor!

  • EL ESCENARIO ESTÁ PUESTO PARA LOS MINISTROS

    EL ESCENARIO ESTÁ PUESTO PARA LOS MINISTROS

    Una Corte que no responde a los cambios sociales se niega a reconocer la transformación política y social de un país, esa Corte se enfrenta a protestas y demandas; sin embargo, cuando aquel Poder en un ensayo de 366 páginas pretende justificar bajo “una nueva reflexión” que sus atribuciones están por encima de la Constitución y del soberano, el peso de la Traición a la Patria se hace visible. 

    El mismo día que se publica este artículo, la Corte votará el proyecto de sentencia del ministro en renuncia Alcántara Carrancá, con el que se invalida parte del texto constitucional de la entonces reforma judicial, para el cual se requieren 8 votos. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha encargado de visibilizar desde “Las mañaneras del pueblo”, esta situación aclarando que ya se tiene un plan; es decir, como diría el expresidente López Obrador, se tiene un plan B. Lo que la derecha llama “crisis constitucional” y reclama que desde Palacio se ha generado y alimentado, se trata de una narrativa que encubre la extralimitación de facultades de los integrantes del Poder Judicial. 

    La posible crisis constitucional sería en todo caso, provocada en consecuencia de la votación de la corte o específicamente, por la decisión de 8 ministras y ministros en caso de un fallo a favor del proyecto de sentencia. Incluso si profundizamos más, no solo es por el simple voto, también por haber admitido las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos del PRI, PAN y MC. 

    El escenario está puesto y la función será el día de mañana. Al ser oficial la reforma de supremacía constitucional se agregó una protección extra al texto constitucional. Por lo que, vale la pena recordar el carácter de juicio político. A pesar de las anteriores declaraciones de la presidenta al descartar este recurso, ¿de qué forma se actúa ante una guerra judicial o golpe blando?

    Así pues, queda claro que el actuar de los jueces será en dos vías: condicionado por intereses y conservadurismo en aferrarse a un status quo que ya no se mantiene, o será apegado a los tiempos que vive el país en acuerdo a la innovación en el cambio de la correlación de fuerzas al interior del Poder judicial. Sea cual fuere el caso, ya se tiene un plan, como anunció la presidenta.

  • MÉXICO EN LA COP16: LA VISIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM HACIA LA CONSERVACIÓN

    MÉXICO EN LA COP16: LA VISIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM HACIA LA CONSERVACIÓN

    En la reciente COP16 sobre biodiversidad celebrada en Colombia, México presentó un ambicioso proyecto bajo la dirección de Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La iniciativa MEx30x30 busca conservar el 30% del territorio nacional para el año 2030, alineándose con el Marco Mundial de Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica. Este compromiso marca una nueva era en la política ambiental de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la sostenibilidad como eje central de su gobierno.

    El objetivo de la COP16 fue consolidar acuerdos que permitan a los países proteger al menos el 30% de sus superficies terrestres y marinas para finales de la década. En este contexto, la participación de México resaltó por la presentación de MEx30x30, una estrategia que no sólo apunta a la conservación de áreas protegidas, sino que busca involucrar a comunidades locales y pueblos indígenas, cuyo conocimiento y prácticas son fundamentales para el cuidado de los ecosistemas.

    La iniciativa MEx30x30 incluye zonas emblemáticas como la Selva Lacandona y el Desierto de Sonora, lugares que son hogar de especies únicas y que han sido testigos del paso del tiempo y la resiliencia. Estas áreas albergan una biodiversidad invaluable y comunidades que han aprendido a convivir con la naturaleza en una relación de mutuo respeto. Claudia Sheinbaum, desde su toma de posesión, ha subrayado que la conservación debe incluir a las personas, especialmente a aquellas que durante mucho tiempo han sido invisibilizadas en los debates ambientales.

    El enfoque de Sheinbaum y Bárcena es revolucionario: incluir a las comunidades como protagonistas del cambio. En la presentación, la secretaria compartió historias de pueblos indígenas que, por generaciones, han cuidado los bosques y los ríos, entendiendo que son parte de un todo. No es casualidad que esta iniciativa se base en la justicia social, porque proteger la biodiversidad sin incluir a los guardianes originales es un error que México no está dispuesto a repetir.

    La comunidad internacional, conmovida por esta perspectiva humana, mostró su apoyo. El embajador de Estados Unidos en México, quien participó en la cumbre, resaltó la importancia de la cooperación bilateral para enfrentar estos desafíos globales. “Es un camino que debemos recorrer juntos”, dijo, recordando que la conservación no entiende de fronteras ni de nacionalidades, sino de un esfuerzo compartido por el bien común.

    A pesar de la inspiración, los desafíos son evidentes. La implementación de MEx30x30 necesita además de compromiso, recursos y una estructura sólida. Bárcena no esquivó este hecho. Con sinceridad, mencionó la importancia de fortalecer a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), un organismo que durante años ha trabajado con dedicación, pero que ahora enfrenta la oportunidad de ampliar su capacidad de acción. Sin duda, se necesita una inversión significativa, y aquí es donde Sheinbaum tiene la tarea de seguir conquistando alianzas tanto dentro como fuera del país.

    Los desafíos financieros y estructurales no restan mérito a la visión ambiciosa de MEx30x30. En un mundo donde los efectos del cambio climático ya no son una predicción sino una realidad, México ha decidido no esperar. Proteger un 30% del territorio es también proteger a sus habitantes, sus fuentes de agua, sus bosques que capturan carbono, y sus paisajes que inspiran tanto a visitantes, como a los propios mexicanos que crecen rodeados de esta riqueza natural.

    El enfoque de Sheinbaum busca unir dos mundos que muchas veces han sido tratados como separados: el ambiental y el social. Ella ha repetido en más de una ocasión que proteger la tierra sin pensar en las personas es un proyecto incompleto. Por eso, MEx30x30 incluye programas que van desde la capacitación en empleos verdes hasta la promoción de proyectos de ecoturismo sostenible. La idea es simple, pero poderosa: que la conservación beneficie directamente a las comunidades que la hacen posible.

    Y no se trata solo de idealismo. En Colombia, los delegados escucharon sobre historias de campesinos que encontraron en la conservación una vía para mejorar su calidad de vida, de jóvenes que se están formando como guardabosques, y de mujeres que, gracias a programas de inclusión, ahora participan activamente en la toma de decisiones sobre sus territorios. Son ejemplos de que el compromiso de México con la conservación es, ante todo, un compromiso con su gente.

    La participación de México en la COP16 y la iniciativa MEx30x30 muestran una clara voluntad de liderazgo en la protección ambiental bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Con la dirección de Alicia Bárcena y el apoyo de la comunidad internacional, México se posiciona como un referente en la región, enfrentando desafíos con una visión integral que combina conservación, equidad y desarrollo. Los pasos hacia un futuro más verde han comenzado, y el compromiso es avanzar juntos en la preservación de nuestro patrimonio natural.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • Parálisis legislativa, objetivo de medios

    Parálisis legislativa, objetivo de medios

    Los medios convencionales hablan de la oposición como si tuviera fuerza. La voz de los opositores tiene reservados espacios destacados en los medios, como si en realidad pudieran cambiar algo de la realidad del país.

    Al quedarse la oposición sin votos y sin fuerza en el legislativo, gobernando sólo 9 estados de 32, equivalente al 28 por ciento del país, sin representación real en las cámaras y perdiendo su registro en algunos estados, uno a uno. La oposición carece de futuro en forma de partidos; sin embargo, los medios para informar no parten de esa base para informar, así la palabra de un diputado de la oposición pareciera tener el mismo valor que el de la Presidenta y los fallos de una jueza, tienen el peso suficiente para destituir a la Jefa del Ejecutivo.

    Ese es el panorama que presentan algunos medios que parten de una realidad inexistente y de una fuerza política que se extinguió. Esto afecta principalmente a la oposición, que acostumbra leer esos medios y vive en un mundo ficticio.

    Los medios reviven cadáveres políticos en detrimento de su propio público que sabe que hay muchos políticos del pasado sin presente y sin futuro, pero ocupan espacios que deberían llenar los integrantes del gobierno o del partido en el poder, para los cuales sólo hay pequeños espacios y páginas interiores.

    Para los medios activistas de derecha hasta los mensajes de X son noticia, los difunden como declaraciones formales, sin verificar su origen; todo lo que dicen los miembros de la oposición parecieran convertirse en iniciativas de ley para los viejos medios y cada denuncia que realizan tan sólo para sumar denuncian sobre los casos que intentan tumbar, son juicios ganados por la oposición. Los medios dan por hecho propuestas, hacen de la especulación hechos consumados y de las declaraciones juicios legales.

    Para el sentido común, la lógica y la verdad resulta difícil tomar en serio a estos medios; sin embargo, y a pesar de todo, siguen teniendo público. Un público que quiere escuchar lo que desea pero no lo que existe.

    Para mostrar su acercamiento a la oposición que de donde viene el dinero por borbotones, los medios se alejan de la verdad.

    Si los medios fueran producto de la voluntad popular hubieran desparecido algunos; sin embargo, se trata de empresas que buscan ganancias, teniendo como base la frase: El fin justifica los medios. Es decir, El dinero sacrifica a los medios, hasta desvanecerlos en su propia práctica.

    Los medios son incapaces de reconocer la verdadera fuerza de la oposición, la presentan ante su público como si gozaran de buena salud y, al mismo tiempo, contaran con un número importante de legisladores y seguidores. Es decir, como si fueran capaces de cambiar la realidad del país, cuando en realidad sus declaraciones forman parte de una presión mínima. Magnificar la fuerza de una oposición frágil sólo distorsiona la realidad política de un país que decidió quién debería contar con la fuerza necesaria para transformar México.

    La idea que tratan de infundir los medios de información es que debe haber un Congreso equitativo, con un número muy similar de legisladores la democracia camina porque hay igualdad de circunstancias, cuando en realidad nada se mueve con partidos con igual número de curules en las cámaras.

    Al contrario, un Congreso con numero iguales entre las partes impide la legislación. El cabildeo, la negociación, los acuerdos y los pactos o alianzas no son práctica común en el Poder Legislativo, de tal manera que para los conservadores los equilibrios en las cámaras es la condición ideal para que nada cambie.

    De ahí su intención de otorgarle a la oposición una fuerza que no tiene y a sus líderes una influencia sin eco.

    Para que el país se mueva debe haber actividad real en las cámaras, no debates sin conclusión ni mayoriteos, sin debate de altura como sucedía antes. Mientras los medios no otorguen a cada fuerza política la dimensión exacta de su fuerza no habrá democracia.