Los Reporteros Mx

Etiqueta: opinión

  • Colectivos ambientales: aliados estratégicos frente a la emergencia climática

    Colectivos ambientales: aliados estratégicos frente a la emergencia climática

    Durante años, los colectivos ambientales han sido vistos por ciertos sectores gubernamentales y, especialmente empresariales como actores incómodos. Sin embargo, al menos para el gobierno, la realidad demuestra lo contrario pues en un contexto de cambio climático acelerado, las organizaciones ciudadanas constituyen uno de los aliados más valiosos para construir respuestas sostenibles y con arraigo territorial.

    El Informe sobre el Riesgo Climático de la Infancia 2026 de UNICEF advierte que prácticamente todos los niños y niñas del planeta están expuestos al menos un riesgo climático, y que alrededor de 1,100 millones enfrentan simultáneamente tres o más amenazas: sequías, inundaciones, calor extremo, tormentas e incendios.

    En ese mismo informe, el organismo subraya que estos fenómenos no solo deterioran el entorno natural, sino que comprometen la salud, la alimentación, el acceso al agua y la educación de las comunidades más vulnerables. En pocas palabras, son las infancias quienes pagan el costo más alto de una crisis que no generaron.

    Por supuesto que México no es ajeno a esta realidad dado que las sequías prolongadas, la sobreexplotación de acuíferos, los incendios forestales y la pérdida de cobertura vegetal son apenas algunos de los desafíos más urgentes. Ante ellos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad histórica para consolidar una política ambiental que articule capacidad institucional, rigor científico y participación social efectiva, sobre todo porque la mandataria, conoce bien el tema ambiental desde su experiencia científica como de gobierno.

    Pero lo cierto es que la experiencia de nuestro país, así como la de muchos otros, muestra que varias alertas tempranas sobre daños ambientales no provienen de oficinas gubernamentales, sino de comunidades organizadas, ejidatarios, pueblos originarios y colectivos ciudadanos. En ese sentido, desde la defensa de los humedales de Tláhuac hasta las luchas por el agua en distintas regiones del país, la organización social ha permitido identificar riesgos, documentar afectaciones y exigir soluciones donde las instituciones, especialmente en el periodo neoliberal, han resultado insuficientes. Por esa razón, ignorar esa experiencia acumulada sería un error estratégico.

    En la actualidad, el gobierno federal debe abandonar el espíritu neoliberal que se ha empeñado en tratar a los colectivos ambientales como adversarios o como obstáculos al desarrollo. Hoy resulta indispensable establecer mecanismos permanentes de diálogo, consulta y participación con incidencia real en las dz<ecisiones, especialmente porque la protección de los recursos naturales, la restauración de cuencas y la adaptación climática exigen más que nunca una corresponsabilidad genuina entre Estado y sociedad, una corresponsabilidad donde las organizaciones se conviertan en un puente que permita transitar del conocimiento del territorio y vínculo comunitario a la capacidad de acción concreta.

    La Cuarta Transformación ha colocado la justicia social como eje de gobierno y como se ha dejado en evidencia, no puede haber justicia social sin justicia ambiental, así que el cambio climático no sólo debe ser enfrentado desde los gobiernos ni desde los organismos internacionales sino que se debe erigir como una construcción colectiva. La emergencia ya está aquí y el verdadero reto es si tendremos la voluntad política de construir a tiempo las alianzas que esa acción requiere.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH

  • México y sus contradicciones

    México y sus contradicciones

    Querida Denise Dresser, leí tu columna de opinión titulada, “¡Sonrían, buscadoras!”. Y si, ya conocemos tu postura y francamente, tampoco sorprende el tono de tu opinión, para ti, si algo sale bien, es propaganda, si los mexicanos celebran, están manipulados y si el gobierno organiza un evento exitoso, entonces todo es un montaje para esconder la realidad. El guión es conocido y el desenlace también, para ti México es un país condenado al fracaso y leyéndote, da la impresión de que atribuyes a Claudia Sheinbaum prácticamente todos los males nacionales, como si la historia y las responsabilidades acumuladas de décadas comenzaran y terminaran con ella.

    El dolor de las madres buscadoras merece respeto, empatía y el compromiso absoluto del Estado, ninguna celebración, ningún mundial y ningún triunfo deportivo pueden borrar la tragedia de más de 130 mil personas desaparecidas ni el sufrimiento de sus familias. Las madres buscadoras no son enemigas de México, ni aguafiestas, ni adversarias de nadie, son mujeres que han hecho lo que jamás debieron haber tenido que hacer, salir a buscar donde las instituciones fallaron.

    Pero también es importante recordar que esta herida no nació con Claudia Sheinbaum ni con la Cuarta Transformación. Mucho de lo que hoy viven miles de familias es consecuencia de décadas de corrupción, impunidad y, en demasiados casos, de autoridades coludidas con el crimen organizado durante gobiernos del PRI y del PAN. Fue en esos años cuando las desapariciones se dispararon y cuando surgieron los primeros colectivos de madres buscadoras, obligadas a suplir las ausencias del Estado.

    Por eso, reducir esta tragedia a una sola persona o insinuar que la presidenta se burla de las víctimas, resulta una interpretación más cercana a tu activismo político que al análisis equilibrado. La crítica es legítima, pero también lo es exigir contexto y memoria.

    México es un país de profundas contradicciones, es verdad que puede haber una inauguración mundialista, desfiles y alegría popular, y al mismo tiempo familias viviendo una tragedia insoportable. Ambas realidades coexisten. Celebrar no es traicionar a quienes sufren, y protestar tampoco significa apostar contra México.

    Por eso me parece un error plantear que quien expresa entusiasmo por un evento deportivo es insensible, o que quien levanta una fotografía de un desaparecido busca arruinar la fiesta. Ni una cosa ni la otra. México es suficientemente grande para abrazar la alegría y, al mismo tiempo, mirar de frente sus heridas.

    Tampoco ayuda convertir cada declaración presidencial en una prueba definitiva de autoritarismo, ni utilizar el dolor de las víctimas como munición política. La indignación es legítima, pero la responsabilidad intelectual exige reconocer matices. El sufrimiento de más de 130 mil familias merece algo más que discursos incendiarios.

    Dicho esto, tampoco comparto tu idea de reducir a México a una confrontación entre “el país de la fiesta y el país de las fosas”, porque así como ningún gobernante es dueño de la nación, ninguna columnista es propietaria del dolor de las víctimas.

    Las madres buscadoras merecen ser cobijadas por todos, sin distinción política, merecen verdad, justicia y resultados, no convertirse en trofeos de una batalla ideológica. Merecen un país unido en torno a su causa y no una sociedad atrapada en trincheras partidistas.

    La pregunta que ellas hacen desde hace años sigue siendo la misma y debería estar por encima de cualquier disputa. ¿Dónde están?

    Y esa pregunta exige mucho más que columnas incendiarias, discursos partidistas o narrativas apocalípticas. Exige memoria, responsabilidad y un compromiso nacional que trascienda gobiernos, partidos y diferencias ideológicas.

    Porque México no se honra ocultando sus heridas, pero tampoco negándose el derecho a la esperanza y las madres buscadoras merecen algo mejor que ser ignoradas por unos o utilizadas por otros. Merecen verdad, justicia y el abrazo solidario de toda la nación.

    Les mando un abrazo fraterno.

  • Oposición, intento fallido

    Oposición, intento fallido

    Quienes detentaron el poder en el pasado no se adaptan a ser minoría y siguen intentando engañar a los mexicanos diciendo que son millones. La fuerza de los partidos la otorgan los votos, la solidez de los medios la determina el público y de las asociaciones, el número de miembros.

    El PAN, por ejemplo, que hace todavía algunos meses era la segunda fuerza electoral del país, no rebasa los 20 militantes que dan la cara a los medios a declarar sus críticas contra acciones de gobierno, decisiones nombramientos sin trascendencia, pero aquí lo importante no es lo que digan sino los espacios que ocupan, sobre todo, dentro de los noticieros de los medios tradicionales que tampoco se resignan reconocer que cada día tienen menos público.

    Desde meses atrás, los cuestionamientos de los líderes y personajes del PRIAN y MC se han limitado a criticas sin sentido. Cuestionaron el mundial futbol a cuya inauguración finalmente asistieron; también las obras de cuya comodidad disfrutaron, y en medio de aparentes contradicciones sólo queda el eco de la desinformación en el ambiente político. Surge la duda la causa real por la que asistieron al estadio.

    El caso es emerger del anonimato de una reducida militancia para dar la impresión de que son muchos. Esta vez de la oscuridad del PAN surge la figura de una diputada federal del PAN, de los 72 que son para señalar que Laura Itzel Castillo, carece de experiencia, como titular de la Secretaría de Mujeres. Ningún cargo público ocupado por panistas tuvo un titular con experiencia, y los resultados lo comprueban. La experiencia no sólo son años acumulados en la misma actividad sino conocimiento.

    El PAN ha mostrado que tiene mucha gente que ocupa las plurinominales desde hace muchos años y no por ello conocen el cargo. Uno d }e esos casos es el de la actual presidenta de la mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, cuyos errores, han mostrado innumerables veces.

    Los gobiernos del PAN no están fuera de las críticas, el discurso de su actual y anterior líderes, nacionales, tienen fallas imperdonables, producto de la ignorancia y la falta de ejercicio político, pero ahora salen en defensa de la experiencia previa en cargos.

    Esto por desgracia para México, también afecta a los medios, los cuales, antes de aceptar su poca audiencia, responsabilizan al gobierno de cooptar la libertad de expresión, porque son incapaces de aceptar que su estilo de ofrecer información no solo es viejo sino falso. Atribuyen su falta de credibilidad a una censura inexistente y piden apoyo económico a su público que es cada vez más reducido.

    Hay medios que se autodenominan disidentes, más cercanos a la comedia que a la verdad, cuyos directivos aseguran que el gobierno presionó a los empresarios para no anunciarse con ellos, cuando lo que sucede es que a nadie les conviene comprar espacios en medios que nadie ve.

    Los partidos de oposición sin votos y los medios sin auditorio, tienen la costumbre de anunciar millones de mexicanos como apoyo sin tenerlo, y sobre esa representación inexistente intentan hacer valer sus juicios sobre la realidad del país.

  • Colombia decide su futuro

    Colombia decide su futuro

    La segunda vuelta presidencial de Colombia, que se celebrará el próximo 21 de junio, no solo definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años; también marcará el rumbo de uno de los debates políticos más importantes de América Latina: ¿profundizar un proyecto de transformación social o regresar a un modelo de gobierno más conservador?

    Tras una primera vuelta sumamente competida, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, enfrentará a Abelardo de la Espriella en una elección que refleja la intensa polarización política que vive el país. Sin embargo, más allá de los porcentajes obtenidos en las urnas, esta contienda enfrenta dos formas distintas de entender el papel del Estado, la economía, la seguridad y la democracia.

    La candidatura de Iván Cepeda representa la continuidad de un proyecto político que apuesta por fortalecer los derechos sociales, reducir las desigualdades históricas y consolidar la paz como un elemento indispensable para el desarrollo nacional. En un país donde el conflicto armado dejó profundas heridas durante décadas, hablar de reconciliación no es un simple discurso de campaña, sino una necesidad para construir un futuro más justo e incluyente.

    Uno de los principales atributos de Cepeda ha sido su trayectoria como defensor de los derechos humanos y de las víctimas de la violencia política. Esa experiencia ha convertido a su candidatura en un símbolo para quienes consideran que Colombia necesita fortalecer sus instituciones democráticas desde una perspectiva de justicia social y respeto a la dignidad humana.

    Su propuesta de gobierno busca impulsar una economía que combine crecimiento con redistribución de la riqueza, mediante una mayor inversión en educación, salud, infraestructura y protección social. La idea central consiste en que el desarrollo económico solo puede ser sostenible cuando sus beneficios alcanzan a la mayoría de la población y no permanecen concentrados en unos cuantos sectores.

    Al mismo tiempo, la campaña ha procurado ampliar sus alianzas políticas hacia sectores moderados e independientes, entendiendo que gobernar un país tan diverso como Colombia exige construir acuerdos amplios y fortalecer el diálogo democrático.

    Del otro lado, la candidatura de Abelardo de la Espriella plantea un modelo con mayor énfasis en el libre mercado, la reducción del tamaño del Estado y una estrategia de seguridad más estricta.

    Desde una mirada progresista, la candidatura de Iván Cepeda representa la posibilidad de consolidar un Estado más cercano a las necesidades de la población, donde la lucha contra la desigualdad, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de los derechos sociales ocupen un lugar central en la agenda pública.

    La elección del próximo domingo no solo decidirá quién gobernará Colombia; también enviará un mensaje sobre el tipo de sociedad que sus ciudadanos desean construir en los próximos años. Sea cual sea el resultado, la segunda vuelta presidencial confirma que Colombia vive uno de los momentos más decisivos de su historia reciente.

  • El impuesto que terminó protegiendo a México

    El impuesto que terminó protegiendo a México

    Donald Trump asegura que la guerra está cerca de terminar. Irán responde que todavía no. Israel mantiene la presión militar. Los mercados reaccionan antes que los diplomáticos y el precio internacional del petróleo comienza a descender. Mientras Washington, Teherán y Tel Aviv negocian el futuro del Estrecho de Ormuz, en México podría estar concluyendo una prueba silenciosa: la demostración de que un impuesto ampliamente cuestionado terminó convirtiéndose en uno de los principales mecanismos de protección económica del Estado.

    La expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán concentra la atención mundial porque el Estrecho de Ormuz no es un punto cualquiera del mapa. Por esa franja marítima circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el planeta. Cualquier amenaza de cierre altera los mercados, presiona la inflación y modifica el costo de los combustibles en cuestión de horas. Bastó la posibilidad de una reapertura para que el West Texas Intermediate descendiera hasta 84.88 dólares por barril, incluso antes de un acuerdo definitivo. Los diplomáticos seguían negociando; los mercados ya comenzaban a ponerle precio a la paz.

    La historia, sin embargo, dista mucho de estar resuelta. Trump sostiene que el entendimiento está prácticamente concluido. Irán responde con cautela y evita fijar una fecha para la firma. Israel mantiene operaciones militares en Líbano y las diferencias con Washington han quedado expuestas. Pakistán y otros actores regionales intentan mantener abiertas las negociaciones mientras cada declaración modifica las expectativas de los mercados internacionales.

    Ese es el punto donde comienza la historia que realmente nos involucra. Mientras la atención mundial permanecía sobre bombardeos, misiles y negociaciones, la Secretaría de Hacienda ajustó semanalmente los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Para la semana del 13 al 19 de junio el apoyo quedó establecido en 1.02 pesos por litro para la gasolina Magna, cero para la Premium y 2.88 pesos para el diésel. Detrás de esas cifras existe una decisión de política pública cuya relevancia apenas comienza a dimensionarse.

    Durante décadas discutimos el IEPS casi exclusivamente como un impuesto que incrementaba el precio de las gasolinas. Esta crisis obligó a formular una pregunta distinta: ¿para qué puede servir realmente un impuesto? En los momentos de mayor presión internacional, el Gobierno decidió renunciar temporalmente a una parte de esa recaudación para evitar que una guerra ocurrida a miles de kilómetros terminara pagándose en el tanque de gasolina, en el transporte, en los alimentos y, finalmente, en el bolsillo de millones de mexicanas y mexicanos. El IEPS dejó de ser únicamente una fuente de ingresos públicos. Demostró que también puede funcionar como un instrumento de estabilización económica.

    Esa es la verdadera enseñanza de esta coyuntura. La mayor lección quizá no sea militar ni diplomática. Podría ser fiscal. Descubrimos que un instrumento diseñado para recaudar también puede utilizarse para absorber parte del impacto económico de una crisis internacional. Diversos análisis estimaron que, de prolongarse el conflicto durante todo el año, la menor recaudación por estímulos al IEPS podría superar los 220 mil millones de pesos. No fue una pérdida provocada por ineficiencia; fue una decisión deliberada para proteger la estabilidad económica del país.

    Si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán finalmente se consolidara, México no recibiría recursos extraordinarios. Lo que ocurriría sería algo distinto: el Estado dejaría de renunciar gradualmente a una parte de la recaudación utilizada para amortiguar la crisis. Ese espacio fiscal recuperado abriría una discusión mucho más importante que el simple restablecimiento del impuesto. La experiencia podría aprovecharse para fortalecer fondos de estabilización, perfeccionar coberturas financieras, consolidar una planeación energética más estratégica y establecer reglas claras para utilizar el IEPS como un instrumento anticíclico cuando el entorno internacional vuelva a poner a prueba la economía nacional.

    Si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán logra consolidarse, el mundo hablará de paz, de petróleo y de geopolítica. México también debería hablar de las lecciones que una crisis internacional deja para el diseño de sus instituciones. Durante estos meses, el IEPS demostró que puede ser mucho más que un impuesto: puede convertirse en un mecanismo de estabilización económica cuando las tensiones globales amenazan el bienestar de las familias. La mayor aportación de esta experiencia no será haber contenido una coyuntura, sino haber demostrado que la política fiscal también puede ser una herramienta de resiliencia.

  • Las perritas de Trump

    Las perritas de Trump

    Antes de que alguien se ofenda por el título, aclaremos algo. Cuando hablamos de las “perritas” o los “cachorros de Trump” no nos referimos a una condición personal, sino a una conducta política: la de aquellos personajes que repiten obedientemente los discursos, intereses y obsesiones de Donald Trump y de la ultraderecha estadounidense, incluso cuando éstos chocan frontalmente con los intereses de México. Son quienes ladran las mismas consignas sobre migración, programas sociales, soberanía energética o seguridad; quienes justifican presiones extranjeras contra su propio país y quienes parecen más preocupados por agradar a Washington que por defender la dignidad nacional. No es una cuestión de simpatías personales, sino de subordinación política. Y en México, por desgracia, cada vez abundan más los aspirantes a cachorro del trumpismo.

    No es un fenómeno nuevo. Ha existido desde el siglo XIX, cuando sectores conservadores apoyaron intervenciones extranjeras contra su propio país. Lo vimos durante las invasiones, durante el porfiriato dependiente del capital extranjero y durante buena parte del periodo neoliberal, cuando la soberanía nacional parecía un concepto incómodo para las élites económicas.

    Hoy esa tradición tiene nuevos rostros. Uno de los más visibles es Ricardo Salinas Pliego (a quien le gritaron perrita de Trump jaja), empresario que se ha convertido en una de las voces más estridentes de la derecha mexicana. Su discurso suele coincidir con los argumentos de la ultraderecha internacional: ataques permanentes a los programas sociales, desprecio por el papel del Estado, defensa irrestricta de las élites económicas y una narrativa donde cualquier política redistributiva es presentada como una amenaza.

    Pero lo más llamativo no es su posición ideológica. Lo verdaderamente revelador es la facilidad con la que reproduce discursos importados directamente de Estados Unidos.

    Cuando sectores vinculados al trumpismo atacan a México, cuestionan su soberanía o promueven visiones intervencionistas, rara vez encuentran resistencia en estos grupos. Por el contrario, muchas veces encuentran eco.

    Es la paradoja de una oposición que se envuelve en la bandera cuando habla de política interna, pero guarda silencio cuando desde el extranjero se cuestiona la capacidad de México para decidir su propio destino.

    La misma lógica puede observarse en otros personajes de la oposición. Algunos exfuncionarios, exdirigentes partidistas y comentaristas mediáticos han convertido la política nacional en una especie de sucursal de las guerras culturales estadounidenses. Hablan más de los debates del trumpismo que de los problemas reales de las comunidades mexicanas.

    Repiten consignas contra el “socialismo”, aunque ni siquiera puedan definirlo.

    Denuncian supuestas dictaduras mientras participan libremente en medios, redes y espacios públicos.

    Defienden la libertad de mercado, pero pocas veces hablan de la libertad de millones de mexicanos para vivir sin pobreza.

    Y cuando Washington presiona, amenaza o intenta influir en decisiones internas de México, suelen encontrar argumentos para justificarlo.

    Ahí aparece la verdadera diferencia política. Desde una visión soberanista, la relación con Estados Unidos debe construirse desde el respeto mutuo entre naciones. Cooperación, sí. Subordinación, no.

    Porque México puede tener diferencias internas profundas y legítimas. Puede haber debates intensos sobre economía, seguridad o democracia. Lo que no debería existir es una disposición permanente a colocar intereses extranjeros por encima de los nacionales.

    La historia mexicana está llena de personajes que entendieron esa diferencia. Desde Benito Juárez hasta Lázaro Cárdenas del Río, la defensa de la soberanía fue un principio fundamental de la vida pública.

    La pregunta de fondo es sencilla: cuando los intereses de México y los intereses de Washington entren en tensión, ¿de qué lado se colocará cada actor político?

    Algunos ya dieron su respuesta hace tiempo. Y no precisamente del lado de México.

    Redes sociales

  • El chayote produce amnesia

    El chayote produce amnesia

    En México ha hecho más daño un periodista corrupto que un narcotraficante, luego de que saquearon el sector Salud en beneficio personal y ahora aseguran que el narcotráfico es el gran problema de México, y, todavía, tienen el cinismo de que es el peor servicio del mundo. Son mercenarios que, inexplicablemente, tienen un público cautivo, desarrollan la idea para coincidir con la oposición y convertir la mentira en verdad. No se trata sólo de hacer de la mentira una verdad luego de repetirla mil veces sino de ofrecer al ciudadanos común, poco ilustrado y peor informado la noticia que ellos quieren escuchar.

    Cuando los cheques del IMSS para los columnistas consentidos por el viejo sistema, éstos nunca se quejaron del servicio que dejaban sin presupuesto, pero dejaron de recibir sus cheques y, en ese momento reclamaron que el sistema de salud era deficiente en México, incluso aseguran todavía que es el peor servicio del mundo. Y entonces, todo conservador tiene una queja por el mal servicio, que no hay sillas, si hay sillas están rotas, no hay medicamentos, no hay buena atención. Llegan a sus clínicas no sólo por un dolor de cabeza sino para tener tema de plática de su aburrida vida clase mediera.

    Esta práctica de sangrar el presupuesto de salud se llevó a cabo por muchos años, ocasionando alargar enfermedades y provocar muertes, tal vez más que el crimen organizado, porque fueron muchos años de saqueo y los chayoteros no eran pocos.

    Incluso más de uno de los muy famosos columnistas de la derecha no sólo mantiene adicciones de drogas sino que tiene buena relación con capos.

    La relación de complicidad con los funcionarios públicos fue permanente con los columnistas quienes recibían información de primera mano para atacar a otros políticos, incluso del mismo partido, y lo exhibían como producto de una investigación periodística que todos adoptaban como veraz. Esta guerra por posiciones políticas tuvo como campo de batalla los medios, y como armas la ingenuidad de los mexicanos que aceptaban, como hechos consumados, lo que decían estos personajes más cercanos al enriquecimiento ilícito que a la verdad.

    Los delitos se miden por sus consecuencias y no por la clasificación que los medios hacen de ellos, porque de ser así, sería un delito repartir programas sociales, a juzgar por la posición de los medios convencionales en México.

    No se trata de hacer del narcotráfico un delito menor, pero sí de vincular las consecuencias de pagos ilegales a los periodistas con dinero del presupuesto público, principalmente en el rubro de la salud, para que los “líderes de opinión” vivan con lujos, una vida muy similar a la de los capos de la droga.

    Si las consecuencias son las muertes, el número de muertos por falta de presupuesto ocasionado por sangrar el presupuesto del sector salud, otorgado por más de medio siglo, destinado a los columnistas es un número desconocido, pero no será una cantidad muy lejana al número de muertos en la lucha por el narcotráfico, ocasionada por los capos, quienes arriesgan sus vidas en el sucio negocio que practican, mientras sus compañeros de lujos y canonjías, sólo arriesgan la credibilidad.

  • El fútbol no nació para unos cuantos

    El fútbol no nació para unos cuantos

    Hay algo profundamente contradictorio en el Mundial que hoy se juega en México. Mientras nuestras calles se llenan de aficionados de todo el mundo, los estadios reciben a miles de personas y las cámaras muestran al planeta la alegría de nuestro país, millones de mexicanas y mexicanos observan esa misma fiesta desde afuera. El torneo está aquí, se juega en nuestras ciudades, moviliza nuestros servicios públicos y presume la calidez de nuestra gente, pero para una enorme parte de la población entrar a un estadio es, simplemente, imposible. Esa es la otra cara del Mundial de la que casi no se habla.

    La FIFA celebra cifras históricas de ingresos, los patrocinadores convierten cada partido en un escaparate global y el futbol confirma que es una de las industrias más rentables del planeta. Sin embargo, detrás del espectáculo también existe una pregunta incómoda: ¿de qué sirve organizar la mayor fiesta del futbol si quienes sostienen este deporte con su pasión quedan excluidos de ella?

    La respuesta está en la forma en que el futbol ha cambiado en las últimas décadas. Lo que nació en los barrios, en las colonias y en las canchas públicas hoy se encuentra cada vez más condicionado por la lógica del mercado. Los boletos alcanzan precios inaccesibles para la mayoría, la reventa multiplica su costo hasta volverlos inalcanzables y las experiencias “premium” parecen importar más que la posibilidad de que una familia trabajadora pueda asistir a un partido.

    No se trata de negar que un Mundial genere riqueza o impulse el turismo. México recibe visitantes, crea empleos temporales y fortalece su imagen ante el mundo. El problema aparece cuando el éxito del torneo comienza a medirse únicamente por los ingresos que produce y deja de preguntarse quién puede disfrutar realmente de esa riqueza. Cuando la capacidad económica se convierte en el principal filtro para acceder al espectáculo, el futbol deja de ser un espacio de encuentro y empieza a reflejar las mismas desigualdades que existen fuera del estadio.

    Esa contradicción resulta especialmente preocupante porque la propia FIFA insiste en presentar al futbol como un lenguaje universal, un instrumento de inclusión y una herramienta para acercar a los pueblos. Pero ningún discurso sobre la inclusión puede sostenerse si millones de personas quedan excluidas por razones económicas. La universalidad del futbol pierde sentido cuando la mayor parte de la afición solo puede participar desde una pantalla.

    Por eso es momento de poner sobre la mesa un tema que durante años ha permanecido en segundo plano: los derechos de las y los aficionados.

    Con demasiada frecuencia se habla de ellos únicamente como consumidores. Se les ofrecen productos, experiencias y paquetes turísticos, pero rara vez se les reconoce como el verdadero corazón del espectáculo. Sin embargo, sin su pasión cotidiana no existirían los contratos de televisión, las marcas globales ni las ganancias históricas que hoy presume la FIFA. El futbol es una industria porque antes fue una comunidad.

    Reconocer los derechos de las y los aficionados significa entender que merecen mucho más que un asiento en la tribuna. Significa exigir procesos transparentes para la venta de boletos, mecanismos eficaces para combatir la reventa que lucra con la ilusión de miles de personas y políticas que garanticen localidades accesibles para la población del país anfitrión. Significa también que reciban información clara sobre precios, condiciones de compra y servicios, sin abusos ni prácticas que favorezcan únicamente a intermediarios o plataformas de especulación.

    Pero esos derechos no terminan al cruzar la puerta del estadio. También incluyen el derecho a disfrutar del evento en condiciones dignas de seguridad, movilidad y accesibilidad; a contar con transporte público suficiente, espacios seguros para las familias, infraestructura incluyente para personas con discapacidad y servicios que respondan a la enorme concentración de personas que genera un torneo de esta magnitud. La experiencia mundialista no debería convertirse en una carrera de obstáculos económicos y logísticos.

    Hablar de derechos de los aficionados también implica reconocer que las ciudades anfitrionas y sus habitantes hacen posible el Mundial. Son las comunidades las que reciben a millones de visitantes, las que adaptan su movilidad, las que aportan recursos públicos y las que convierten sus calles en una auténtica celebración. Resulta razonable, entonces, exigir que el legado del torneo no quede únicamente en balances financieros, sino también en mejores espacios públicos, infraestructura útil para la población y políticas que fortalezcan el acceso al deporte una vez que el último partido haya terminado.

    México está demostrando una vez más que su mayor riqueza no son únicamente sus estadios, sino su gente. Son las miles de personas que reciben con alegría a quienes nos visitan, las que llenan las calles de música y celebración y las que hacen del futbol una expresión popular antes que un producto comercial. Sería profundamente injusto que muchos de esos mexicanos solo pudieran contemplar desde afuera una fiesta organizada en su propio país.

    Porque el verdadero éxito de un Mundial no debería medirse únicamente por la derrama económica, las ganancias de la FIFA o los récords de audiencia. También debería medirse por la cantidad de niñas que entraron por primera vez a un estadio, por las familias trabajadoras que pudieron compartir esa experiencia y por los jóvenes que descubrieron que el futbol también les pertenece.

    México ya le está demostrando al mundo que sabe organizar una Copa del Mundo. Ahora hace falta demostrar algo todavía más importante: que somos capaces de defender la esencia de este deporte frente a quienes pretenden convertirlo únicamente en un negocio.

    El fútbol nació del pueblo y siempre le pertenecerá. Los patrocinadores cambian, los contratos terminan y las directivas se van. Pero la afición permanece todos los días. Porque ningún patrocinador canta un gol, ninguna corporación hace vibrar una tribuna y ningún contrato millonario hace latir un estadio. El alma del fútbol tiene un solo nombre: su gente.

    Jueza Amarande Riojas Orozco

  • MUNDIAL IMPERIAL

    MUNDIAL IMPERIAL

    Más allá de la competencia futbolística que cada cuatro años genera una gran fiesta a nivel mundial, la derrama económica que produce es cada vez más impresionante, por lo que es lógica la intervención de personajes que solo buscan el beneficio económico, como es el caso del presidente de Estados Unidos, quien, sin tener idea de lo que significa la práctica del deporte más popular del mundo, se encuentra involucrado buscando sacar el mayor beneficio económico y una distracción para tapar sus absurdas decisiones.

    Los decesos, los desplazados y los invadidos están quedando en segundo plano. Al parecer, el Mundial de Fútbol ha beneficiado al país más violento, el más corrupto, el más injusto, el que se dice país de las libertades: libertad para corromper, para consumir, para robar, para abusar, para violentar, para invadir… En fin, la realidad ha superado la ficción.

    Asimismo, en nuestro país los corruptos opositores tratan de aprovechar la fiesta para beneficiarse y presentarse de manera descarada como parte de la élite, de los pocos que pueden asistir a un evento tan popular en otro tiempo. El caso del misógino y evasor Ricardo Salinas Pliego ha quedado como una muestra de lo que significa el poder del pueblo, cuando, en unos segundos y en una frase, un joven puntualizó lo que significa este personaje para la mayoría del pueblo.

    El mote dirigido al dueño de la televisora del Ajusco le quedará enmarcado para toda su vida… ¡Ahí va, la perrita de Trump!

  • Obedecer o resistir: México ante el Imperio que llama ‘democracia’ a su jaula

    Obedecer o resistir: México ante el Imperio que llama ‘democracia’ a su jaula

    Hay una incomodidad que los gobiernos latinoamericanos raras veces se atreven a nombrar en voz alta: que la democracia liberal, tal como la promueve y exige Estados Unidos, no es un ideal político desinteresado, sino un mecanismo de administración del poder ajeno. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha adoptado una postura que, sin declararlo con esa crudeza, apunta precisamente en esa dirección: la soberanía nacional no se negocia, la cooperación bilateral debe ser entre iguales, y ninguna presión externa justifica la subordinación de un Estado a los intereses de otro. Es una posición elemental en teoría, y subversiva en la práctica.

    Desde mediados del siglo XX, Washington ha tenido una preferencia consistente por los regímenes democrático-liberales en su esfera de influencia, no porque la democracia sea intrínsecamente buena para los pueblos —la historia de las intervenciones estadounidenses en América Latina desmiente esa narrativa con una brutalidad documentada—, sino porque ese modelo ofrece canales institucionalizados, élites locales funcionalmente dependientes del capital transnacional, medios de comunicación susceptibles de financiamiento externo, y una oposición siempre disponible para ser activada cuando el gobierno en turno deja de ser conveniente. La democracia liberal, en este contexto, no es el gobierno del pueblo: es el gobierno del pueblo administrado desde afuera.

    México no escapa a esa lógica estructural. Es una economía profundamente integrada a la de Estados Unidos a través del TMEC, con una frontera compartida de más de tres mil kilómetros, una diáspora de millones de ciudadanos en territorio norteamericano, y una dependencia histórica del capital estadounidense en sectores estratégicos. Eso no convierte a México en una colonia, pero sí en un Estado cuya soberanía opera en márgenes que el vecino del norte ha contribuido a definir. Reconocer esa realidad no es derrotismo: es el punto de partida honesto para cualquier política exterior digna.

    Lo que hace notable la postura de Sheinbaum es precisamente que no finge que esos márgenes no existen, pero tampoco los acepta como inmutables. Su insistencia en que la relación con Washington debe basarse en el respeto mutuo y la cooperación institucional —no en la subordinación— es una forma de reclamar el espacio soberano posible dentro de una asimetría innegable. No es el maximalismo retórico del antiimperialismo de trinchera, sino algo más difícil: la gestión cotidiana de una independencia relativa frente a un poder absoluto. Y eso, en el contexto geopolítico actual, tiene un costo real.

    Porque el Imperio no acepta bien la insubordinación moderada. Las presiones sobre México en materia de seguridad, migración, política de drogas y relaciones con China no son solicitudes de cooperación técnica: son formas de recordarle a Ciudad de México dónde está el límite de su autonomía. Cada vez que un funcionario estadounidense amenaza con aranceles, cada vez que un senador republicano pide designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para tener pretexto de intervención, cada vez que se condiciona la asistencia a reformas que convengan a intereses corporativos del norte, se está ejerciendo una forma de soberanía vicaria: la idea de que México puede gobernarse, siempre que no gobierne demasiado.

    En ese escenario, defender la no injerencia en asuntos internos no es una posición arcaica heredada del nacionalismo revolucionario del siglo pasado. Es una necesidad estratégica para cualquier proyecto político que aspire a algo distinto del continuismo neoliberal. Si el Estado mexicano no puede definir su política energética, su modelo de seguridad, su relación con los recursos naturales o su posición ante conflictos internacionales sin pedir permiso en Washington, entonces la soberanía es un ornamento constitucional y no una realidad operativa.

    La presidenta Sheinbaum hereda una doctrina —la del Presidente López Obrador— que hizo de la no intervención un eje de política exterior, con sus virtudes y sus contradicciones. Las virtudes son evidentes: México recuperó en esos años una voz propia en foros internacionales, se negó a ser arrastrado a consensos automáticos, y mantuvo relaciones funcionales con gobiernos de distintos signos ideológicos sin alinearse subordinadamente con ningún bloque. Las contradicciones también lo son: la soberanía proclamada coexistió con una violencia interna que el Estado no supo o no quiso contener, y con una economía que siguió siendo estructuralmente dependiente.

    Ese es el nudo que ninguna retórica antiimperialista resuelve sola: la soberanía formal no basta si no va acompañada de soberanía material, es decir, de capacidad real del Estado para proteger a su población, redistribuir la riqueza, y controlar su territorio. México puede declarar su independencia de Washington todos los días y seguir siendo rehén de sus propias élites extractivas, de la corrupción institucionalizada y de la economía criminal que en muchas regiones ha sustituido al Estado. El antiimperialismo que no mira hacia adentro es una ideología incompleta.

    Y sin embargo, frente a la alternativa —la integración subordinada, la aceptación de que ser vecino de Estados Unidos implica ser su extensión administrativa—, la postura de Sheinbaum representa un mínimo ético y político irrenunciable. No injerencia, cooperación sin subordinación, respeto a la autodeterminación: estos no son principios ingenuos. Son, en el mejor de los casos, las condiciones mínimas para que un país de cien millones de personas pueda seguir siendo algo más que un mercado cautivo y una zona de amortiguamiento geopolítica. Defenderlos, en el México de 2025, no es un gesto heroico. Es, apenas, lo menos que se puede hacer.