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  • Minorías antisociales

    Minorías antisociales

    A pesar de las evidencias el PAN todavía no entiende que el pueblo no lo apoya. Es la segunda fuerza electoral porque su candidata absorbió el descontento pero no porque haya tenido simpatizantes su organización.

    Esto tan sencillo de entender la cúpula del PAN lo desconoce y si ignora que el apoyo de la sociedad es nulo, es que deben dedicarse a otra actividad. Los resultados electorales ni siquiera son un punto de referencia para preocuparse, siguen mintiendo, diciendo que millones de personas los siguen, incluso los idolatran.

    El asunto de la reforma al Poder Judicial no es un asunto de mayorías, la ley nunca estuvo de lado de quienes viven injustamente, porque son producto de la ilegalidad. Nunca tomaron en cuenta al pueblo y ahora sus jueces corruptos piden su apoyo, porque el simple hecho de darle la espalda a la población cuando se trata de implantar la justicia y hacer respetar la ley es un acto de corrupción.

    En algún momento de delirio a los diputados panistas Federico Döring y Héctor Saúl Téllez, se les ocurrió convocar a la población a defender como propio lo que siempre estuvo alejado; los intérpretes y ejecutores de la justicia. Invitaron a una concentración a la que no asistieron ni los supuestos afectados por la reforma.

    La idea consistía en mantener un plantón a las afueras de la Suprema Corte, mientras se discutía la reforma al Poder judicial, en la víspera sucedieron algunas cosas oscuras, como el anunció de que la ministra Farjat y Gutiérrez Ortiz, quien nunca tuvo carrera judicial, de que votaría a favor de la reforma, lo cual cambiaba la perspectiva de la discusión. Tuvieron que llevar acarreados.

    En esta convocatoria confluyen dos grupos que no sólo fueron indiferentes con el pueblo sino repudiados por éste. El PAN y el Poder Judicial ahora quieren apoyo en su agonía. El primero ve próxima su muerte, el segundo una expulsión a la que obliga su refundación, porque sus integrantes no resisten la prueba de la honestidad.

    La incapacidad de conocer la realidad social de una sociedad unió a dos grupos que se distanciaron de la población para esconderse de ella, pero aseguraban, en su discurso contribuir en beneficio. El Poder Judicial tradicional y el PAN están del lado de la minoría. El partido más alejado de la población, desde su fundación es el PAN; el Poder de la Unión más distante de la población es el Judicial. Nadie puede negarlo.

    Las dos entidades pertenecen más al pasado que al presente, su vida se ha alargado con amparos y concesiones, que se otorgaban unos a otros, el PAN solicitaba amparos contra obras y decisiones del gobierno, mientras el Poder Judicial estaba blindado en el Poder Legislativo y Ejecutivo para no ser tocado ni con el pétalo de una reforma.

    Para poder desactivar la reforma, los interesados en alargar la agonía del viejo sistema judicial, no se dan cuenta que su reforma quedó concluida el sexenio pasado. Entre berrinches, remedos de amparos, debates trasnochados y discusiones en los medios, se trató de darle respiración artificial al rancio estilo de administrar la justicia en México.

    Por su parte, el PAN debió, por lo menos refundarse en el año 2000, cuando tuvo el poder, pero nunca aprendió ni de sus errores ni pudo asimilar el poder otorgado. En lugar de ejercerlo, se adhirió a los lineamientos administrativos del PRI, concedió espacios que crearon el PRIAN, fusión que hasta el momento desconocemos dónde empieza y dónde termina. Sus integrantes son seres híbridos mentalmente hablando, que ni se identifican con las cúpulas de ambos partidos, ni son incompatibles, los une el enemigo común.

    La alianza opositora recibió 16 millones de votos, más de la mitad eran producto del descontento, natural en cualquier democracia, expresión de un segmento de la población que se identifica con la incertidumbre que nunca ocurrió. Es decir, los votos, en tres partidos quedan 8 millones de votos, que, divididos generosamente, al PAN les corresponderían 5 millones, como seguidores natos de esa derecha que surge como contrapeso al miedo que, a futuro, podía implantar el régimen de Lázaro Cárdenas. Es decir, el PAN es el gran beneficiario del miedo de la sociedad conservadora.

    Los conservadores en México nunca han sido mayoría, desde la víspera de la Guerra de Reforma, mantienen el poder, gracias, principalmente al Poder Judicial.

    Por otro lado, los medios insisten en llamar polémica a la reforma al Poder Judicial, no es preciso el término, simplemente hay una reforma que tiene descontentos a una minoría que no llega a tres mil personas, acompañados de una oposición decadente, ávida de banderas para sobrevivir. Ni siquiera llega a ser polémica, a pesar de los espacios que le regalan los medios como parte de su estrategia violenta contra el gobierno, producto del retiro de un subsidio que habían pronosticado vitalicio.

    Benito Juárez, en 1858 fue presidente magistrado, así se le denominaba a los ahora ministros, de la suprema Corte, electo por el voto popular, eso no llevó a la dictadura sino a crear las Leyes de Reforma que eran urgentemente necesarias ante los exceso de un clero que era dueño de todo y de todos.

    Ahora que los excesos vuelven a ser parte de la condición mexicana, la resistencia de los integrantes del Poder Judicial quiere convertir en debate no sólo las leyes, la Constitución sino la historia misma.

  • ¡Larga vida el nepotismo!

    ¡Larga vida el nepotismo!

    Desechó la Suprema Corte el desechable desecho que buscaba invalidar parcialmente la reforma judicial. En pocas y reaccionarias palabras, se jugó el futuro del país y se perdió, el “juicio final” llegó a su fin en unas cuantas horas y no pasó nada, ni el Ejecutivo tuvo que ignorar el proyecto de González Alcántara Carrancá (ese que ni siquiera se discutió), ni el Legislativo tuvo que archivar la resolución, y aparentemente, “las consecuencias de cambiar, de la noche a la mañana toda la forma en que se van a elegir a jueces y magistrados”, como decía el magistrado autor del mentado proyecto, no ha repercutido en el vida diaria de los mexicanos de a pie que no saben que desconocen aquello que los conservas afirman que los mexicanos de a pie no saben que desconocen. Sin embargo, debemos asumir que , así lo dicta lo que queda del PRIAN, el vox populi de la comentocrácia al servicio de la iniciativa privada y el mismo Juan Luis González Alcántara Carrancá, Norma Piña y cia., el Estado de Derecho ha desaparecido gracias al siempre culpable actuar de las ministras Lenia Batres, Jasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf que, junto con Alberto Pérez Dayán votaron en contra de la humilde propuesta de propuestas que buscaba salvar nuestra democracia, nuestras libertades, el país y el nepotismo al interior del Poder Judicial.

    El fondo de la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la nación propuesto, en una terna, por Andrés Manuel López Obrador, era preservar la independiente independencia del Poder Judicial que no debe rendirle cuentas a nadie más que a sí mismo y los intereses de sus miembros. Si alguien sabe lo que significa tener que rendir cuentas y estar maniatado a voluntades ajenas a la inviolable lectura del espíritu constitucional, es él. Él, que creyó en el proyecto cuatrero de los cuatroteros y pronto se dio cuenta que se había equivocado al hacerlo. Él, que se convirtió en ministro por propuesta de Morena y ahora tiene la libertad de defender causas opuestas a las que defiende Morena, sabe lo peligroso que es tener ministros que tengan que rendirle cuentas a quienes los pusieron donde están. Si él, propuesto por López Obrador, puede realizar su trabajo de acuerdo con sus convicciones e intereses, resulta impensable que un ministro pueda mantenerse imparcial si llega a donde llegue electo por la ciudadanía. Seamos serios. Que la gente pueda elegir a sus jueces obliga a los jueces a someterse a un concurso de popularidad en el que su quehacer se verá trastocado por la necesidad de ganar la simpatía del electorado, exactamente como le sucede a legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, a todos los niveles, que solo actúan pensando en su popularidad y nunca, jamás de los jamases, toman decisiones que no son populares. Y si los jueces se ven sometidos a la presión de un concurso de popularidad, la independencia judicial desaparecerá, el Poder Judicial dejará de ser un contrapeso libre y se verá obligado a la terrible y muy baja realidad lumpemproletariada de rendir cuentas al pueblo y trabajar dando la cara al mismo ¡¿De verdad?! ¡¿Dónde quedará la pompa de formar parte del Poder Judicial?!

    Lo que González Alcántara Carrancá proponía iba más allá del tendido de puentes entre los Poderes de la Unión, el hombre le tendió la mano al Poder Ejecutivo para abrir las puertas de una negociación que permitiera salvaguardar lo salvaguardable, mantener intacta la estructura nepotista del Poder Judicial y el negocio de la impartición de justicia y la preservación de la desigualdad en México. La reforma judicial, aprobada —no gracias al voto de más de 35 millones de mexicanos que decidieron apoyar un proyecto, el voto popular no importa nada, lo que importa es el voto de dos congresistas aislados— gracias a Yunes y Daniel Barreda, “no genera —de acuerdo con la sabia sabiduría magistrada del ministro González Alcántara Carrancá —las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”, la ciudadanía no va a contar con la información suficiente para emitir un informado voto informado, y eso es peor a que la ciudadanía no vote en absoluto y la decisión de quienes son jueces, magistrados y ministros, quede en manos del mismo Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Legislativo, controlado y sin sorpresas. Elegirlos democráticamente corrompe, en palabras del ministro obradorista antiobradorista, los fundamentos de una nación representativa y democrática. Porque nada corrompe más los fundamentos de una nación representativa y democrática que elegir democráticamente a quienes habrán de representar a la ciudadanía.

    Entrados en gastos

    En esa misma línea se ha mantenido la campaña de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que está en campaña a pesar de oponerse a la elección popular de los miembros del Poder Judicial, que busca que la Constitución se escriba en piedra y no sufra ni una sola modificación, quien lamenta que ese “inmenso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y de unión entre los mexicanos” que es la Constitución, no se confundan con el manto guadalupano, haya sufrido desde su promulgación más de 800 modificaciones. El Poder Judicial es el más conservador de los tres poderes y debe preservar la viabilidad de una sociedad anquilosada y rancia, cuyas leyes no respondan a las necesidades y circunstancias de la sociedad. Modificar la constitución, dice Piña, es erosionar “su legitimidad, vulnerando sus atributos como este manto protector de certeza”. Y nadie quiere quedarse descubierto de un manto que permite arroparte bien, arropar a tus hijos, sobrinos, nietos y a los nietos de tus nietos. Lamentablemente, lo que sucedió hoy en la SCJN genera “inseguridad y la seguridad jurídica es un valor indispensable para vivir en una sociedad medianamente organizada, sin ella no pueden existir otros valores básicos, no habría Derecho estable”. Adiós estado de derecho, adiós valores básicos nepotistas, adiós impartición de justicia como la conocíamos, será una pena que de nada sirva ser el mejor postor si con ello no se puede comprar la justicia en este país.

    • Carlos Bortoni es escritor. Su última novela es Historia mínima del desempleo.
  • La Cuarta Transformación sigue hacia el cambio de régimen 

    La Cuarta Transformación sigue hacia el cambio de régimen 


    “… Estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón. La cordura frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados va, el primero de junio del 2025. La transformación del país es profunda para bien de todas y todos los mexicanos …”.

    Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta de la República.
    Conferencia Mañanera del Pueblo. 6 de noviembre de 2024.
    https://youtu.be/sgtz_wKK9Cc

    En los principios de la Cuarta Transformación (4T) el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue muy claro al fundamentar la misma a partir de aspectos de alta relevancia tales como: la lucha contra la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la injusticia. Sin embargo, puso especial énfasis, como gran estratega político, que el gobierno transformador requería, para un cambio de régimen, la recuperación del Estado. 

    Recordemos que el Estado mexicano sufrió modificaciones sustanciales con la finalidad de permitir el establecimiento del modelo neoliberal en México. De amplia gama fueron los ámbitos en los que la estructura estatal se reformó durante por lo menos seis sexenios. Los cambios dirigidos por las élites políticas y económicas se dirigieron sobre todo a la implantación de un régimen oligárquico.

    En su momento López Obrador fue muy claro y expuso al pueblo mexicano que la transformación desarrollada no implicaba simplemente llegar al gobierno, sino tomar el poder a partir de promover, impulsar y trabajar denodadamente en la construcción de un régimen basado en principios. En ese afán colocó todo el capital político reunido a lo largo de varias décadas.

    En 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México1, López Obrador refería diversas acciones requeridas para que la 4T se consolidara en el poder. Destaco una esencial: el rescate del Estado. En su libro, escrito en 2017, claramente identificó el contexto imperante afirmando lo siguiente: 

    Al apoderarse de las instituciones públicas y controlar los Poderes de la Unión. “El Estado se encuentra secuestrado por una minoría… en nuestro país existe una República simulada, falsa… debemos recuperarlo y convertirlo en promotor del desarrollo político, económico y social… Hay que desechar el engaño de que para crecer el Estado debe diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado. El estado no puede eludir su responsabilidad pública, económica y social”.

    Efectivamente, a lo largo de los seis años de su gobierno se dedicó a construir las nuevas bases del Estado mexicano. El renacimiento económico y social de nuestro país contó con voluntades sin las cuales las transformaciones no hubieran sido posibles. En torno a ese renacimiento AMLO sumó a la mayoría del pueblo mexicano y a dos de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, como su titular, y a los representantes populares en el constituyente permanente. 

    Sin duda se logró sentar las bases de un nuevo país. Sin embargo, la tarea constructiva apenas comenzaba. Importante tener presente a las oposiciones desde los partidos políticos conservadores, los poderes fácticos y la anquilosada estructura de un poder judicial que en momentos determinantes del cambio se pusieron al frente del conservadurismo más feroz. Este abanderamiento de las causas reaccionarias se tradujo en el boicot a reformas sustanciales para la 4T utilizando una lluvia de recursos legales y/o legaloides de todo tipo.

    Así, el poder judicial y las élites enquistadas en el mismo identificaron la custodia de los intereses, opositores a la 4T, con la conservación de sus propios privilegios conseguidos a lo largo de décadas en las que han prevalecido el nepotismo y la corrupción. 

    Por lo tanto, se hacía necesaria o mejor dicho urgente una reforma al tercero de los poderes de la Unión. Intentos se promovieron con la presidencia de la Suprema Corte, a cargo del ministro Arturo Saldívar, poco se pudo hacer. El titular del ejecutivo decide entonces presentar la iniciativa de reforma al poder judicial el 5 de febrero del 2024. 

    Con la visión que lo caracteriza esperó el resultado del proceso electoral del 2 de junio, aunque como recordarán previamente había llamado al pueblo a llevar a cabo el Plan C. Esperó a que la legislatura elegida por la población, mediante la puesta en marcha de esa estrategia electoral, se instalara en el Congreso el 1 de septiembre del año en curso y tras la aprobación de la reforma al poder judicial, en los términos constitucionales requeridos, el día 15 del mismo mes el presidente la publica en el Diario Oficial de la Nación.

    Durante la confrontación dirigida contra la 4T por las élites corruptas del poder judicial, primero para impedir la aprobación de la reforma y después para bloquear su puesta en marcha se recurrió a toda clase de recursos. Hubo momentos en que la escalada en contra de la reforma fue muy intensa personalizándose en López Obrador y después en Claudia Sheinbaum. Parecía que el cambio de régimen sería aplazado impidiendo la continuidad de nuevos espacios de transformación en el país.

    En ese contexto, la Suprema Corte se reunió el martes 5 de noviembre para discutir un proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá cuyo objetivo era invalidar parcialmente la reforma que ya es Constitución en México. De manera inesperada, desde dentro del grupo de allegados a la presidenta Norma Piña surgió el punto de quiebre: el ministro Alberto Pérez Dayan retomó los criterios con los que con anterioridad había considerado casos similares de intentos de modificar, desde la suprema corte, el texto constitucional, dejando solo a siete de los ocho votos necesarios para avalar la propuesta de González Alcántara. Las ministras Batres, Esquivel y Ortiz se sumarían a la negativa.

    El resultado de todo lo ocurrido, hasta el desenlace del martes pasado, apunta a la continuidad del proceso para la elección popular de jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros en junio del año próximo. Pero creo que debemos de estar plenamente conscientes de que la reforma al poder judicial y los cambios en leyes secundarias que podrían incluir incluso modificaciones a nivel constitucional nuevamente, le darán la oportunidad, le abrirán otros espacios al Segundo Piso de la 4T para consolidar el rescate del Estado, es decir hacer realidad el necesario cambio de régimen, una vez que a los poderes ejecutivo y legislativo se sumará, gradualmente, un poder judicial saneado afín a la continuidad con cambio.

    • 1López Obrador, Andrés Manuel. 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México. México 2017 Editorial Planeta. Pp. 10.
  • ¡Ganamos!

    ¡Ganamos!

    Ante todo pronóstico la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó los votos necesarios para invalidar la democratización del poder judicial. Este final de este proceso de resistencia que los pintó como lo que son, corruptos, nos obliga a escribir líneas abajo unas reflexiones, acompáñenme. 

    El cártel de Piña

    Norma Piña llevó al límite su resistencia al poder democratizador del pueblo. No solo estuvo en medios de comunicación y en foros internacionales (principalmente gringos) despotricando en ese entonces contra la reforma judicial con muchas mentiras, también llegó ahora a querer cambiar la constitución y todo lo que su órgano ya había juzgado en situaciones similares, es decir los antecedentes jurídicos de jurisprudencia quedaban en el olvido y no importaban.

    El colmo de la desfachatez fue que ante su derrota de este martes donde un ministro prefiere traicionarla a ella y no al pueblo de México haciendo que solo tengan 7 votos a favor (de 11) de su ilegal recurso contra la democratización constitucional del poder judicial, llegó a someter a votación que pues fuera válida solo con la mayoría simple de 6 votos. Neta, son sinvergüenzas. Afortunadamente en esa votación para admitir esa validez perdieron y fue nuevamente traicionada quedando los últimos cambios constitucionales intactos.

    Norma Piña así termina demostrando que nunca rompió ningún techo de cristal y que su vocación siempre fue individualista y siempre solo importo ella y nadie más. Pero qué podíamos esperar de una personaje que se reunió con Alito Moreno en pleno proceso electoral y que se asumió como opositora antes que como contrapeso.

    El papel de la SCJN

    Y esa misma discusión debemos darla. Muchos juristas de derecha y la derecha misma vanagloriaban a su última vocera, Norma Piña y a todo o bueno una partecita del poder judicial en plena rebeldía.

    Jamás entendieron que su interpretación de Montesquieu era errada y creer que un contrapeso debía ser la oposición era una blasfemia a su fetichizado Estado de derecho. Llegaron incluso a decir que pues la ley ya no era la ley.

    Ya se podían romper todos los marcos legales y procedimientos. Solo porque ahora no les favorecían. Nos queda ya muy claro que su corrupción y falta de principios es un monstruo gigantesco que fue alimentado y protegía al mismo neoliberalismo mexicano.

    Democraticemos todo

    Les ganamos con sus reglas y en su cancha, eso es lo que más les duele. Sin disparar un solo tiro estamos transformando al país en beneficio de las grandes mayorías. Busquemos democratizar todo, incluido el poder judicial, nos lo merecemos, disfrutemos lo votado y defendámoslo.

    Redes sociales

  • Plan Nacional de Energía

    Plan Nacional de Energía

    Fueron meses y meses de trabajo arduo para que la reforma energética pudiera ir tomando forma hasta llegar a lo que hoy se conoce como el plan nacional de energía y que corresponde a una visión diferente acerca de las empresas estratégicas del Estado, así como su enorme trascendencia para el país. Por supuesto que el antecedente inmediato se remonta a la administración de López Obrador, pero hoy es una realidad a partir de los cambios constitucionales recientes impulsados desde Palacio Nacional.

    Pero en esto de la energía eléctrica, obligadamente hay que partir de dos realidades que para nadie son un secreto en la CFE. La primera es el saqueo que por años sufrió la empresa a manos de funcionarios voraces a lo que habría que sumar el abandono intencional para justificar la entrada de poderosos intereses económicos; la segunda es que, concatenada con la primera, nuestro sistema eléctrico nacional poco alcanzaba en esas condiciones para satisfacer la demanda de los usuarios. Ambas realidades exigen de este gobierno tomar el rumbo adecuado para que, tanto los recursos públicos como los privados sean destinados de manera transparente y eficaz en aras de alcanzar el objetivo de este plan.

    En ese sentido, y tal como establece el plan, los empresarios mexicanos tienen frente a sí una oportunidad de oro para incorporarse a dicha estrategia que sin duda les generará dividendos a diferencia de las condiciones actuales, pues, así como estaba la política pública para el sector, poco podrían hacer frente a competidores extranjeros. Es decir, la justicia energética que hoy se configura como uno de los ejes más destacados de esta estrategia de Claudia Sheinbaum, también contempla a los empresarios mexicanos que buscan invertir en temas que beneficien y alienten el desarrollo del país. Estando así las cosas, esa idea de robustecer a nuestro sistema eléctrico, sí o sí verá la participación privada con nuevas reglas que dejen en el pasado el tráfico de influencias acostumbrado desde tiempos remotos.

    Si ya de por sí esto son buenas noticias para todas y todos en el país, a eso hay sumarle los beneficios que trae consigo la soberanía energética pues el Estado, teniendo la rectoría podrá garantizar su desarrollo. Sumemos también los beneficios para el medio ambiente puesto que se prioriza la transición energética que pondrá a este país a la vanguardia no sólo en el continente a mediano plazo, sino que llegará a ser modelo en otras partes del mundo.

    Cada eje anunciado en este plan deja una buena impresión y marca claramente la tendencia de este gobierno respecto al sector. Es fundamental que se apueste por las cocinas limpias que principalmente beneficiarán a las madres jefas de familia, o que se pretenda expandir todo un programa de parques fotovoltaicos lo cual no es innovador en sí, ya existe, sin embargo estos cuentan con la posibilidad de ser aún más exitosos si el eje no solo se reduce a la captación de energía sino que a su vez apuesta por el almacenamiento que es una de las principales dificultades. Aquí resulta necesario hacer un paréntesis, hay empresas orgullosamente mexicanas que dejaron de utilizar el litio en baterías introduciendo nuevas tecnologías no contaminantes o menos contaminantes como el grafeno. Apostar por estas empresas y trabajar de manera coordinada puede acortar el plazo para que el plan cumpla con su objetivo. 

    En fin, Claudia Sheinbaum ha arrancado su mandato con pasos contundentes y parece ser que no hay obstáculos significativos que puedan retrasar el proceso de transformación, ya en enero quizá aparezca uno llamado Trump, ahí veremos otra historia porque de que la relación con el país vecino cambiará, ni duda queda. 

  • Violencia de género

    Violencia de género

    A finales del mes de octubre pasado trascendió el caso de Esmeralda, una chica acusada por sufrir un aborto espontáneo después de ser violada. Al principio fue imputada y la Fiscalía General de Querétaro pretendía sancionarla con tres años de prisión y 500 mil pesos para su agresor por el concepto de reparación de daños. Indignante que un fiscal pretenda sancionar a una víctima de violación, por desgracia en Querétaro la violencia de género no es una prioridad y dando seguimiento a otros casos considero que muchos estados se quedan cortos. 

    Hace un par de meses he dado seguimiento y acompañamiento a la tía de una niña que tal parece sufre de abuso sexual por parte de un familiar cercano en Michoacán. He investigado con todas las redes que conozco dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana y parece que no hay forma de que alguna instancia de ese estado pueda investigar nada. Lo único que sucedió con el DIF estatal es que mandó a llamar a la mamá, realizar una entrevista a la niña y decir que no se puede hacer nada hasta que se esté en presencia del suceso. 

    A mediados de octubre, una de mis amigas, que es profesora de educación especial en el nivel de preescolar, realizó una actividad para sus niños preguntando lo que les gusta y no. Una de sus estudiantes dijo que no le gustaba que le tocaran sus partes privadas. A pesar de que la SEP ha impulsado con los profesores y profesoras de educación básica de la zona donde trabaja mi amiga y han hecho muchas actividades, cuando los directivos, supervisor y profesora comentaron los hechos, la mamá dio poca importancia y mencionó que quizá se había confundido la niña. Mi amiga está preocupada por la pequeña. 

    Por último, otra de mis amigas fue agredida por su esposo, llegó al punto de casi estrangularla, su hija tomó algunas fotos de la marca que le dejó y cuando quiso usarlas para levantar un acta en el ministerio público, como la marca ya se había borrado le negaron el servicio, incluso el médico legista negó que hubiera posibilidad de denunciar algo. Esto en Querétaro, el mismo estado en donde ya Esmeralda fue liberada de los cargos que la fiscalía le imputó. Quizá para el lector los casos relatados no tienen relación, pretendo desarrollar la idea de que existe una violencia hacia la mujer construida poco a poco y desde muy pequeñas donde un contexto nos hace pensar que nuestras experiencias, identificadas por una niña como algo que no le gusta, estamos obligadas a soportar y llega hasta extremos tales como ser capaces de hacernos creer que es un delito defendernos. 

    No podemos afirmar que la violencia estructural solamente afecta al género femenino, pero podemos pensar que la forma en que la sociedad mira con ojos de normalidad esas actitudes nos coloca en ese lugar donde no existe otra salida. Tal como decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su carta al gobierno de España, tenemos que intentar entre todas contarnos una historia diferente, comenzar a educar a nuestros niños y niñas a que las personas son importantes y todas tenemos derecho de vivir sin violencia, de cualquier índole. Una cultura de paz no comienza sólo con las acciones gubernamentales, sino con la organización social, porque si creemos que sólo el pueblo puede salvar al pueblo, necesitamos de forma urgente reconocer que tenemos una sociedad muy enferma y que podemos sanarnos entre todos. 

    Xunu’: 

    Acabo de visitar a principios de noviembre alguna comunidad de la Sierra Juárez donde hubo varios derrumbes debido a la gran cantidad de lluvia de este 2024. Una de las poblaciones casi quedó incomunicada por el deslave de una carretera, suceso acaecido a finales de octubre, para la fiesta de día de muertos, la población ya había abierto toda la carretera, ya que habían caído varios árboles. Esta primera semana de noviembre llegó personal de la secretaría para hacer un levantamiento topográfico del derrumbe de la carretera y van a comenzar a planear cómo reconstruirla porque se sigue desgajando el pedazo que quedó débil. Me llama la atención la rapidez de la respuesta ante la emergencia que las lluvias generaron en localidades apartadas, así como la respuesta de las autoridades estatales, ya hubieran querido en Valencia, España, un plan para su población. Espero que pronto se pueda resolver su situación y que el gobierno español acepte la ayuda de México. 

  • EL SUPREMO MINISTRO CONTRA EL ESTADO DE DERECHO

    EL SUPREMO MINISTRO CONTRA EL ESTADO DE DERECHO

    El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de sentencia para ser discutida por los once ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el cual analizarán y votaráan la aprobación o rechazo de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada y promulgada la noche del 15 de septiembre del 2024 y después aprobada por las mayorías calificadas en las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión. El ministro pretende darle facultades a la Corte Suprema para declarar improcedente una reforma constitucional que establece la elección por voto directo de los ciudadanos de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que tiene un plan en caso de que la Suprema Corte apruebe el proyecto sobre la reforma judicial. 

    No hay olvidemos que además de ser uno de los principales opositores a las políticas de la Cuarta Transformación, el Ministro Alcántara Carrancá fue el anfitrión de la escandalosa cena en la que Norma Piña Hernández, Ministra Presidenta de la SCJN, reunió a los magistrados electorales con Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para mantener en el puesto a Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

    Tras la revelación de esta reunión a través de un reportaje realizado por Salvador Frausto, periodista de Milenio, González Alcántara aceptó dicha reunión bajo el argumento de “evitar un rompimiento de las funciones del Tribunal”, aunque no haya estado presente. No obstante, Gerardo Fernández Noroña, demandó que Norma Piña explicara por qué invitó a Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, a una cena con los magistrados electorales. “Qué hacía ahí el presidente del PRI, qué hacía de invitado el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, es delicadísimo, gravísimo; los medios lo están olvidando, pero nosotros no debemos soltar que la presidenta de la Corte. Norma Piña, debe decir por qué invitó a esos dos personajes y qué acuerdos pretendía tomar o tomó porque es gravísimo porque hay una estrategia de la oposición para anular la elección”, expuso Noroña en una entrevista para SinEmbargoAlAire.

    Desde el día que fue aprobada la Reforma al Poder Judicial de la Federación, hemos sido testigo de la actuación rebelde de jueces, magistrados y los mismos ministros de la Suprema Corte para invalidar la reforma constitucional y así conservar sus exorbitantes privilegios. Además, los medios masivos de comunicación han envenenado a la opinión pública con sus campañas mediáticas poniéndose en favor de los jueces.  

    Por otro lado, ocho de los ministros y ministras del pleno de la Suprema Corte, identificados como parte del bloque conservador: la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y el mismo Alcántara Carrancá, presentaron su renuncia y declinación para participar en las elecciones de juzgadores que se llevarán a cabo el próximo 1° de junio del 2025, en las que serán renovadas la mitad de los cargos disponibles, así lo informó el máximo tribunal en un comunicado.

    Además de crear una crisis constitucional y acceder los millonarios haberes de retiro, la pretensión de las renuncias consiste en convertir a estos ministros en mártires para propiciar acciones de rechazo o incluso intervenciones por parte de agencias o potencias extranjeras que violenta nuestra soberanía nacional.   

    No obstante, la presidenta Sheinbaum Pardo reveló los nombres de los integrantes del Comité de Evaluación para la elección judicial, el ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, Mary Cruz Cortés Ornelas, Isabel Inés Romero Cruz, Javier Quijano Baz y Vanessa Romero Rocha, una de las voces más interesantes y más profundas en materia judicial. Las principales funciones del Comité de Evaluación se encuentra la recepción de los expedientes de las personas aspirantes a los cargos judiciales, el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificar los perfiles que cuenten con los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, entre aquellos que someterán sus perfiles como aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están, Eduardo Andrade, abogado constitucionalista; César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional; y el panista Roberto Gil Zuarth. 

    La reforma constitucional busca democratizar el Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público obligando a sus titulares a responder al interés general. Y así crear un mecanismo de control para garantizar la rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadores. Porque cualquier reforma que se apruebe, tiene que servir para que se cumpla su misión de garantizar el acceso a la justicia, libre de los poderes fácticos o de las maniobras politiqueras.

  • Nuestra pobre derecha subordinada

    Nuestra pobre derecha subordinada

    ¿Cómo olvidar cuando los presidentes del PRI, PAN y PRD se reunieron en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para acusar al Estado mexicano de llevar a cabo una “narcoelección”? ¿Es acaso posible no recordar también cuando representantes del PAN se encontraron con el presidente del partido hispanista Vox para firmar la Carta de Madrid? ¿Algún mexicano ya no tiene en la memoria la reciente visita de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos durante su campaña presidencial, donde también abordó temas internos del país?

    Cada nación define sus posiciones dentro de la brújula política en función de la historia nacional y las condiciones materiales que preceden a su contemporaneidad; un ejemplo claro sería que, mientras en países como Estados Unidos, España o Francia el “nacionalismo” tiende a ubicarse en la derecha, en repúblicas como México, Guatemala o Perú se posiciona del lado izquierdo. Sin embargo, existen ideas cuya diferencia entre izquierda y derecha es comprensible a nivel global; ejemplificando esto podríamos ver la postura frente a la igualdad, mientras la derecha se inclina hacia una visión individualista, la izquierda persiste en la búsqueda de la paridad. 

    En el caso específico de la derecha mexicana, esta siempre ha mostrado una posición de escaso patriotismo y nulo nacionalismo. A lo largo de la historia, nuestros conservadores han intentado imponer intereses extranjeros en el país, demostrando una ausencia de compromiso en la lucha por una soberanía efectiva y por la independencia en diversos ámbitos. Al hacer un breve recorrido por la historia nacional y el papel de las derechas en ella, encontramos lo siguiente.

    Desde la época de la Independencia, los conservadores criollos, representados por Agustín de Iturbide, al percatarse de que era imposible mantener el dominio colonial, decidieron unirse a la causa independentista, aunque bajo una condición esencial: al finalizar la lucha, se ofrecería el trono a Fernando VII (entonces rey de España) o, en su defecto, a un miembro de la familia Borbón. Esta postura reflejaba el interés de los conservadores por mantener un vínculo con la monarquía española, limitando así la independencia total y asegurando su influencia dentro del nuevo orden político. No obstante, no logran traer a un monarca europeo y deciden hacer el primer imperio mexicano. 

    Mas adelante, durante la Guerra de Reforma, la derecha mexicana volvió a mostrar su inclinación hacia poderes extranjeros. Los conservadores se opusieron a las reformas liberales que buscaban limitar los privilegios eclesiásticos y fortalecer el poder civil. En su lugar, buscaron apoyo en Francia, promoviendo la intervención europea que culminaría en la instauración del Segundo Imperio Mexicano bajo el emperador Maximiliano de Habsburgo.

    En el Porfiriato, la derecha continuó fortaleciendo sus lazos con intereses extranjeros. Porfirio Díaz, aunque en sus inicios se posicionó como liberal, rápidamente adoptó una política favorable a las inversiones extranjeras, especialmente estadounidenses y europeas, permitiendo que empresas extranjeras controlaran gran parte de los recursos y servicios nacionales. Esta subordinación de la economía mexicana al capital extranjero trajo consigo un crecimiento económico desigual, beneficiando a unos pocos y despojando a las clases trabajadoras y campesinas de sus tierras y derechos.

    Ya en el siglo XX, la derecha mexicana se alineó inicialmente con posturas pronazis e hispanistas en vísperas de la Segunda Guerra Mundial; además, se opuso a las políticas populares impulsadas por el presidente Lázaro Cárdenas, quien promovió la expropiación petrolera y defendió la soberanía económica (en esta época y con estas mismas causas nació el Partido Acción Nacional). 

    A partir de estas posturas, la derecha mexicana mantuvo su oposición a los proyectos de desarrollo nacionalista que buscaban fortalecer la economía interna. Durante la época del Milagro Mexicano, mientras el Estado fomentaba la industrialización a través de políticas de sustitución de importaciones, la derecha seguía promoviendo un modelo económico orientado hacia el exterior, que favorecía la inversión extranjera directa y mantenía fuertes lazos con empresas transnacionales.

    A partir de 1982, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandonó su ideología de nacionalismo revolucionario, la misma que lo identificaba como el “partido emanado de la Revolución”, y dio un giro hacia la derecha. Con el inicio del periodo neoliberal, se implementaron políticas que beneficiaban a una minoría privilegiada y a empresas transnacionales, mientras que las clases populares y sectores nacionales enfrentaron un perjuicio considerable. Este cambio ideológico se tradujo en reformas que priorizaban la inversión extranjera, la privatización de empresas estatales y la apertura económica, consolidando una estructura económica que favorecía a los grandes capitales sobre los intereses de la mayoría del pueblo mexicano.

    A lo largo de nuestra historia, hemos tenido una derecha subordinada a intereses extranjeros, carente de una conciencia y práctica nacionalista. Esta postura, lejos de contribuir a la construcción de una nación soberana, ha perpetuado una dependencia que favorece a élites y capitales foráneos, relegando el bienestar de la mayoría del pueblo mexicano. Mientras que en otros países las derechas, llevadas al extremo, caen en un nacionalismo exacerbado, en México, si lleváramos a sus últimas consecuencias las posturas de nuestros conservadores, nos convertiríamos en apátridas.

  • El peso de la historia cayó sobre la Suprema Corte

    El peso de la historia cayó sobre la Suprema Corte

    ¿Alguna vez han escuchado hablar de “el peso de la historia”? Este concepto hace alusión a la influencia de hechos, decisiones y acontecimientos que, aunque ya ocurrieron, siguen dejando una huella significativa en la sociedad, las instituciones o la cultura de un país.

    El mejor ejemplo de esto fue lo ocurrido ayer, 5 de noviembre, un evento que marca un parteaguas en la política y la justicia mexicana, luego de que los ministros afines a intereses de poder no pudieran frenar la reforma del Poder Judicial.

    La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, lo expresó con claridad: “Sea cual sea la decisión que se tome hoy, se estará hablando en los libros de historia de nuestro país”. A pesar de los intentos anticonstitucionales, el peso de la historia es tan grande que ni todo el dinero logra comprar una sentencia a conveniencia.

    Parecía que la SCJN tenía los ocho votos suficientes para echar atrás una reforma constitucional (de manera ilegal), pero ante los ojos y oídos de propios y extraños, el ministro Alberto Pérez Dayán dejó claro que no acompañaría la propuesta, pues la Corte jamás podría declarar inconstitucional a la Constitución.

    Ante esto, y el evidente enojo de siete ministros, la presidenta Piña discutió si seis votos eran suficientes, argumentando que la reforma, ya vigente, establece que con seis votos se puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Es decir, estaban dispuestos a jugar con las reglas que no les gustan, pero que les convienen, para invalidar esas mismas reglas.

    Afortunadamente, tampoco lograron imponer su voluntad, y ante la impotencia, prefirieron terminar la sesión.

    Las cosas fuera del recinto judicial se tornaron bastante agresivas, pues el grupo de trabajadores que buscan mantener sus privilegios acusaron a Dayán de ser traidor e incluso agresor sexual, una acusación grave que, de ser cierta, los convierte en cómplices por encubrirlo cuando les convenía. Esta situación no solo es inmoral, sino ilegal.

    Sin embargo, sus amenazas subieron de tono al advertir que tomarán la justicia en sus propias manos, asegurando que todo aquel que esté a favor de la reforma judicial “la pagará”.

    Estas amenazas podrían desestimarse, entendiendo que están perdiendo privilegios que ni el Presidente de la República tiene. Pero cuando figuras como el presidente del PAN, el senador Marco Cortés, sugieren la posibilidad de un golpe de Estado militar y llaman a un levantamiento de la sociedad civil, estas amenazas se tornan peligrosamente serias.

    La historia se encargará de juzgar a quienes hoy amenazan el estado de derecho, pues la verdadera justicia no responde a intereses de unos cuantos. No podemos permitir que el odio y el miedo nublen la razón; México ha llegado demasiado lejos como para volver atrás. La Constitución no es un juguete político, y los intereses particulares jamás deberían estar por encima de la voluntad de un pueblo decidido a seguir avanzando hacia un país más justo y democrático.

  • Zedillo, descaro, mentiras e intereses de fondo

    Zedillo, descaro, mentiras e intereses de fondo

    Ernesto Zedillo arremetió contra el naciente gobierno de la presidenta Claudia Shienbaum, justo el mismo día que cumplió su primer mes, por supuestamente fomentar “crisis constitucional” y tener “pobre desempeño”; razonamiento que supera el máximo nivel de descaro, mentiras, además que da para pensar cuál es la verdadera intención. 

    Primero, el expresidente de México (1994-2000) en el The Washington Post asegura que la aprobación de la enmienda constitucional “se completó en apenas unos días”. Con ello, ignora que la iniciativa se presentó desde febrero, fue discutida en cinco foros de diálogos nacionales- integrado por legisladores, representantes de los togados- y que ha sido un tema sumamente discutido en la agenda pública antes de llegar al 15 de septiembre que fue promulgada. 

    En el descaro total afirma que esta reforma se presenta como un proceso democrático “absurdo” porque las listas de candidatos para jueces, magistrados y ministros serán determinadas por el “partido Gobernante”. Como si durante su gestión él hubiera dado ejemplo de fomentar que los juzgadores fueran independientes. 

    Quien ahora se asume con la calidad moral para juzgar a la presidenta sobre qué es lo correcto, cerró durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, mediante jubilación inmediata, se renovaran 26 ministros. La renovación sería con base propuestas del presidente de la República y aprobados por mayoría calificada de la Cámara de Senadores. 

    En 26 días, Zedillo firmó la iniciativa, la promulgó con reformas a 20 artículos aprobadas también por la mayoría en al Cámara Alta, diputados y congresos locales. En pocas palabras, fue cuestión de trámite. 

    Los sexenios morenistas, tanto el pasado como el presente, han vivido múltiples expresiones en contra de la reciente enmienda judicial, presentada en febrero de 2024 por el ex presidente López Obrador. ¿Acaso algún contingente mínimo de trabajadores protestó ante la reforma a raja tabla del “reconocido” doctor en economía? 

    Por el contrario, el proyecto de 1994 fue ampliamente respaldado por el PRIAN y de la misma cúpula judicial, sin discusión previa, con exorbitantes jubilaciones y sin considerar la opinión de la SCJN. 

    Se aplicó a raja tabla y sin reclamos porque, como deducen el politólogo Guillermo Ruiz Morales y el abogado Alberto Rocha, “el nuevo presidente no estaba dispuesto a convivir con una serie de ministros que habían sido designados por su predecesor (Carlos Salinas) y quería influir ampliamente en las decisiones de la Corte”.

    Ahora, el priísta juzga a la ligera un supuesto “pobre desempeño” de la primera presidenta de México, cuando todas las encuestas de aprobación le dan un promedio del 72 por ciento de aceptación. Es decir, en los hechos, dos terceras partes de los mexicanos confían en ella y valoran positivo el arranque de su sexenio. 

    Situación contrastante con Ponce de León que arribó al poder tras suplir al fallecido Luis Donaldo Colosio,  y que, para el 3 de enero de 1995 tenía solo el 24 por ciento de aprobación. Todo ello ante el el error de diciembre, la pérdida de empleos, quiebra de bancos y una devaluación del peso nunca vista del 50 por ciento frente al dólar. 

    Por otra parte, el “respetado” economista no emite dicha opinión alarmista sobre la situación política y judicial en México sin un interés claro más que alarmar con base en un prejuicio ideológico y carente de sustento. Como ya  dedujo en respuesta la presidenta Sheinbaum, lo hace en un medio internacional y no en un medio nacional, por lo que se dirige “pues a los estadunidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos”.

    Desde su estancia en aquel país, Zedillo parece estar preocupado por los intereses de las empresas extranjeras, mismos a los que sirve desde que entregó los ferrocarriles a los privados durante el cierre de su sexenio y banqueros que buscó rescatar en 1995 con el Fobaproa. 

    Esto no es un dicho, pues en casi diez años, Zedillo acumuló acciones en CitiGroup, grupo al que vendió Banamex, por más de 2 y 4 millones de dólares, razón por la que se dijo en 2022 que su sueldo acumulado ya era 10 veces más grande que lo que ganó siento titular del Ejecutivo en México. 

    Tal parece que la “preocupación” del repudiado ex mandatario, hasta por mismos priístas y su antecesor, realmente siente que el modelo judicial que instauró de un plumazo, finalmente tendrá una reestructura. Quizá, con la emergencia de togados electos por el pueblo, su todavía influencia y comparsas en el Poder Judicial se ven derrumbadas. 

    Pensándolo bien, ¡qué siga por allá mejor!