La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, este domingo por la mañana, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue dado de alta del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE.
Además la dependencia federal sostuvo que Gómez Álvarez “se encuentra bien y en su casa”, luego de su ingreso al nosocomio, este pasado 6 de julio, que se ubica en la Ciudad de México, por una taquicardia provocada por deshidratación.
Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, egresó del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Gómez Álvarez se encuentra bien y en su casa.
Indica el comunicado del SHCP.
La misma SHCP desmintió que Pablo Gómez Álvarez sufrió un “infarto”, sino que ingresó por una taquicardia y se abundó que permanecería en el hospital para monitorear su salud, aunque el funcionario federal se mantenía estable.
Este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentó en Palacio Nacional para informar sobre una investigación que se realiza en contra de Latinus por presunta operación con recursos de procedencia ilícita y de la corrupción, y en la cual se revela que el experto en montajes, Carlos Loret de Mola, cobró más de 11 millones menos de 4 años.
Una tabla presentada por el Presidente López Obrador y previamente revelada por Pablo Gómez, da muestra que del año 2020 a enero del 2024, Carlos Loret de Mola recibió la cantidad de 11 millones 927 mil 364 pesos por parte de Latinus.
Sin embargo, Loret de Mola no es el único vocero de la derecha que recibió fuertes cantidades de dinero por parte de Latinus, y que se investiga, son producto de millonarios desvíos de dinero de gobiernos estatales que debieron ser invertidos en salud y medicinas para el pueblo.
En la lista también aparecen nombres de personajes como Víctor Trujillo “Brozo”, que en el mismo periodo de tiempo cobró 220 mil pesos; Lorenzo Córdova, que recibió la cantidad de 952 mil pesos y Denise Dresser, que fue acreedora de 604 mil pesos.
Pablo Gómez revela que Latinus presuntamente es financiado con triangulaciones de recursos publicos destinados a la salud
La mañana de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, en donde desmintió que haya alguna investigación en contra de Carlos Loret de Mola o de Víctor Trujillo, intérprete del payaso “Brozo”.
“La UIF tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que se producen. En este marco, obviamente, que la UIF recibe, ha recibido y recibirá inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa”. Mencionó
Sin embargo, el titular de la UIF mencionó que sí hay una investigación contra Latinus desde hace varios años por los presuntos delitos de corrupción y delitos con recursos de procedencia ilícita que presuntamente ha realizado el consorcio.
#ConferenciaPresidente | La #UIF no realiza persecuciones. El artículo 6° y 7° de la Constitución es aplicable para todos. El Gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia mediante medios judiciales. El nivel de respeto para difundir ideas en este país, ¡nunca lo habíamos… pic.twitter.com/UXbzWR9W27
“Conclusión: de las actividades administrativas que lleva a cabo la UIF, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LatinUs, es otra cosa”.Señaló
Como parte de la información presentada sobre LatinUs, se indicó que está compuesto por cinco empresas. LatinUs Media Group, constituido en 2020 y que tiene como representante a Christian González Guadarrama. Además, hay otras empresas, dos de las cuales son utilizadas como “instrumentales” para cobrar a través de entidades públicas.
“El dinero proviene, de manera directa proviene de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud de estados de México, Michoacán e Hidalgo” y cuyas sumas ascienden a más de 2 mil 400 millones de pesos.
Ingresos de los colaboradores y empresas a quienes paga @latinus_us mediante triangulaciones de dinero proveniente de varios presupuestos estatales que deberían de destinaron a servicios de salud y medicamentos, y termina siendo utilizado en pagarle a @CarlosLoret a… pic.twitter.com/1r5VC3k8wP
Pablo Gómez mencionó también que la denuncia contra Latinus es por presunto lavado de dinero y vinculado a la corrupción y data del 20 de mayo de 2021, por lo que no es un asunto reciente, como acusan los conservadores que siguel la tónica de la “persecusión”.
La mañana de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, en donde desmintió que haya alguna investigación en contra de Carlos Loret de Mola o de Víctor Trujillo, intérprete del payaso “Brozo”.
“La UIF tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que se producen. En este marco, obviamente, que la UIF recibe, ha recibido y recibirá inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa”.
Mencionó
Sin embargo, el titular de la UIF mencionó que sí hay una investigación contra Latinus desde hace varios años por los presuntos delitos de corrupción y delitos con recursos de procedencia ilícita que presuntamente ha realizado el consorcio.
#ConferenciaPresidente | La #UIF no realiza persecuciones. El artículo 6° y 7° de la Constitución es aplicable para todos. El Gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia mediante medios judiciales. El nivel de respeto para difundir ideas en este país, ¡nunca lo habíamos… pic.twitter.com/UXbzWR9W27
“Conclusión: de las actividades administrativas que lleva a cabo la UIF, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LatinUs, es otra cosa”.
Señaló
Como parte de la información presentada sobre LatinUs, se indicó que está compuesto por cinco empresas. LatinUs Media Group, constituido en 2020 y que tiene como representante a Christian González Guadarrama. Además, hay otras empresas, dos de las cuales son utilizadas como “instrumentales” para cobrar a través de entidades públicas.
“El dinero proviene, de manera directa proviene de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud de estados de México, Michoacán e Hidalgo” y cuyas sumas ascienden a más de 2 mil 400 millones de pesos.
Ingresos de los colaboradores y empresas a quienes paga @latinus_us mediante triangulaciones de dinero proveniente de varios presupuestos estatales que deberían de destinaron a servicios de salud y medicamentos, y termina siendo utilizado en pagarle a @CarlosLoret a… pic.twitter.com/1r5VC3k8wP
Pablo Gómez mencionó también que la denuncia contra Latinus es por presunto lavado de dinero y vinculado a la corrupción y data del 20 de mayo de 2021, por lo que no es un asunto reciente, como acusan los conservadores que siguel la tónica de la “persecusión”.
Finalmente el funcionario mencionó que no hay persecuciones, ya que el artículo 6° y 7° de la Constitución es aplicable para todos. El Gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia mediante medios judiciales. El nivel de respeto para difundir ideas en este país, ¡nunca lo habíamos tenido!
“La generación que luchó por las libertades en México no tiene nada de qué avergonzarse ante las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ello un negocio”.
Durante su conferencia de prensa de este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró una vez más que su administración no persigue ni a periodistas ni a nadie en general, por lo que mencionó que el comunicador Carlos Lorer de Mola no debería tener preocupación alguna.
Cabe mencionar que desde hace algunas semanas, el presentador de Latinus acusó que la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó una serie de investigaciones contra él, su esposa, Berenice Yaber y Víctor Trujillo, conocido como el payaso “Brozo”.
AMLO mencionó que si su gobierno cometiera esas prácticas, serían incongruentes e indignos, además de que se traicionaría a ellos mismos, pues recordó que varios dirigentes de la 4T fueron espiados en el pasado.
En el mismo sentido mencionó que el día miércoles 3 de julio se presentará en Palacio Nacional Pablo Gómez, para explicar que no hay investigación contra ninguno de los personajes de Latinus.
“Imagínense, nosotros que fuimos espiados, perseguidos, que padecimos de guerras sucias. ¿Vamos a hacer eso, lo mismo? Seríamos unos incongruentes, indignos, estiramos traicionando a nosotros mismos y eso nunca, jamás, claro no es que se les esté investigando, nada de eso”.
Este viernes, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que hubo un fraude en la compra del sistema de espionaje Pegasus, y que fue usado por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para espiar periodistas, fue comprado a sobreprecio.
Desde Palacio Nacional, Gómez Álvarez reiteró que la unidad a su cargo nunca ha tenido reparo en entregar información sobre este caso, en el cual para no variar, se cometieron varios fraudes al erario público.
“¿Qué es el que lo que le corresponde a la UIF? Dar los elementos para documentar que el equipo que se compró estaba sobrevaluado, hubo un fraude. Se compró por más de lo que valía lo que se compró”.
Puntualizó
Sobre el tema, agregó que no le corresponde a la UIF explicar como es que se empleó el sistema de espionaje, siendo esto responsabilidad de otras autoridades, además de que ya hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República.
Durante su espurio sexenio, Calderón pagó con dinero del pueblo 8 mil MDP al cambio actual para contratar “Pegasus”, revela ContraLínea
De acuerdo con un reportaje e investigación de Contralínea y que fue publicado en su portal de noticias, en el gobierno de Felipe Calderón pagó con dinero del pueblo, cerca de 8 mil millones de pesos para contratar a “Pegasus”.
“Pegasus” es un sistema de espionaje masivo, el cual, fue traído a México, durante el sexenio del entonces Presidente de México, del PAN, Felpe Calderón.
Cabe destacar que el costo inicial que en aquellos años de 2006-2012, fue con un costo inicial de 5 mil 628 millones de pesos, los cuales, actualmente representan 8 mil millones de pesos con el tipo de cambio actual.
Con este dinero se instaló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con lo que revelan los contratos firmados entre la dependencia federal de seguridad y la empresa privada SecurityTracking Devices, la cual, Contralínea revela en su investigación.
La mañana de este viernes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, se presentó en la conferencia matutina del Presidente López Obrador, en donde informó que desde mediados de la década de 1950 hasta el 2028 existió algo llamado el “Estado corrupto”, es decir es decir, “la construcción e incorporación de los sistemas de corrupción a la gobernanza del país”, además, dijo que la finalidad de la Unidad de Inteligencia Financiera es la “prevención y el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es así como la ley denomina al ‘lavado de dinero’”.
El funcionario también detalló que además del juicio penal que García Luna vive en Nueva York, mantiene otro en Miami, Florida y que “es promovido por el Gobierno de México en el que “reclama […] 634 mdd que fueron pagados por distintas entidades públicas y que fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y en otros activos”
La demanda civil del Gobierno de México en contra de García Luna busca la recuperación de 634 mdd, además, detalló que se tienen aseguradas 19 propiedad de García Luna y sus cómplices. También dijo que el juicio se encuentra “en la etapa de ‘conciliación’ […] para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes”.
#ConferenciaPresidente | Todos los sistemas de corrupción se amarraron a uno solo. El lugar de la #UIF en esa nueva política para México, es la prevención y combate a las operaciones, lavado de dinero y delitos predicados, comentó @PabloGomez1968. pic.twitter.com/Jv2iVw8YBD
Gómez Álvarez mencionó que las autoridades de Florida juzgarán que “habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y, a través de una triangulación, se entregó una parte de ese dinero a […] García Luna o a quién había gestionado los contratos”.
En el mismo sentido, mostró que se realizaron 30 contratos con el Grupo Winberg, “que fue el que operó con García Luna”, por 288,600 mdp, además, detalló que Jonathan Alexis Weinberg Pinto, sujeto a extradición en España y Mauricio Samuel López Weinberg López, tienen participación en las empresas del Grupo Weinberg.
Hasta el día de hoy el Gobierno recuperó cerca de 2 millones de dólares “a través de una resolución judicial” tomada por el juez que lleva el juicio en Florida contra Genaro García, además, explicó que Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, se negó a comparecer ante la corte de Florida.
En lo que va de la administración del Presidente López Obrador, se han presentado 540 denuncias antes el Ministerio Público y ha presentado denuncias en forma reactiva […] en 205 casos. En el último año, en 2023, hubo 96 denuncias productivas […] y 70 por petición de la Fiscalía General de la República, mencionó Pablo Gómez y detalló que en ese conjunto de denuncias están consideradas 3,115 personas y 2,087 empresas, de las cuales 115 son físicas y 53, morales.
Finalmente el titular de Inteligencia Financiera mencionó que la lista de cuentas bancarias en Barbados ligadas a García Luna, se consolidarán en algunas semanas, por lo que una vez hecha la valoración y que el juez tome alguna decisión, no habrá problemas en darlas a conocer.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), formalizaron su alianza estratégica al firmar un Convenio de Colaboración.
Dicho convenio espara el intercambio de información y documentación, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
La colaboración entre ambas instituciones tendrá un impacto significativo en la mejora de la fiscalización del gasto público.
Además, de la prevención del desvío de recursos, inclusive en la intervención oportuna para evitar su posible blanqueo mediante operaciones irregulares.
El acuerdo fue suscrito por el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, y el titular de la ASF Auditor, David Rogelio Colmenares Páramo.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por su honestidad y calidad moral, mismos que lo han mantenido hasta la fecha libres de cualquier escándalo relacionado a algún delito y tal es su confianza en ello, que ahora ha instruido a Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a que entregue información sobre su administración y también concerniente a sus familiares.
“Yo pienso que hay que entregar todo, eso y lo que tiene que ver con el sexenio del presidente Peña y lo que tiene que ver con nuestro gobierno. No ocultar nada, entregarlo todo”.
Sentenció
La indicación de AMLO fue clara y pidió que se libere todo lo que la oficina de la UIF ha realizado durante estos 5 años de gobierno además de la devolución de los bienes en Florida que le han entregado a México y que fueron parte del saqueo de Genaro García Luna a la nación, luego de que Felipe Calderón lo encumbró en la secretaría de seguridad.
Además Pablo Gómez se presentará en la mañanera para informar “no solo para los de afuera, no solo denuncias de empresarios, traficantes de influencias que no son empresarios, sino también de todo el Gobierno, incluido el gobierno nuestro, y el Presidente y sus familiares y todo lo que haya, y ministros de la Corte, todo lo que se tenga, expresidentes, hallazgos importantes”.
Finalmente sobre el tema, Andrés Manuel mencionó que la información de los exmandatarios neoliberales, que cabe mencionar, viven en Europa, no será para presentar denuncias, ya que en años pasados se realizó la consulta popular para decidir si se enjuiciaba a los expresidentes, y en la cual la población decidió no proceder.
La titular de la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde se reunió con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) para tratar asuntos relacionados con el combate de operaciones de procedencia ilicita.
Fue a través de sus redes sociales que, Alcalde compartió una fotografía junto a Gómez.
“Recibimos a @PabloGomez1968, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con quien mantendremos la coordinación para garantizar la detección oportuna y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, escribió.
Recibimos a @PabloGomez1968, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con quien mantendremos la coordinación para garantizar la detección oportuna y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. pic.twitter.com/kOARKN6qgM
¿Qué es el delito de operaciones de procedencia ilícita?
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es el que resulta del uso de cualquier tipo de bien que sea obtenido por la comisión de algún delito. Siendo este, el principal ilícito cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero.
La pena para quien incurra en este delito va de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa.
Uno de los principales obstáculos para la prevención y sanción del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es el ordenamiento jurídico. En los últimos diez años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear 39 mil 55 mil pesos como medida cautelar. De esa cantidad, se han recuperado judicialmente 88 mil 9 mil pesos, la mayoría a través de recursos de apelación, informó el medio La Jornada.
La nota reveló que datos de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muestran que a mayo de 2023, solo 4,350 millones de pesos de los 39 mil 55 mil millones de pesos que tienen congelados a los usuarios del sistema financiero desde 2014 para evitar y detectar actos relacionados con el financiamiento del terrorismo y operaciones que utilicen recursos de procedencia ilícita (lavado de activos) permanezcan inmovilizados.
Casi nueve de cada diez pesos que la UIF había bloqueado como parte de investigaciones por fraude, defraudación fiscal, delitos contra la salud, delincuencia organizada, actividades ilícitas de hidrocarburos, petróleo o petroquímica, servicio público ilegal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión han sido recuperados en casos legales por las personas investigadas.
En casi una década se han desbloqueado 34 mil 705 millones de pesos, de los cuales 9 mil 303 millones (o 26 por ciento) fueron liberados a través de la garantía de audiencia, 25 mil 119 millones (o 72 por ciento) a través de juicios de amparo, y más 281 mil millones (0 por ciento), lanzados en 2017, 2018 y 2020, no han revelado su método de descongelación.
La investigación reveló que la tesorería de Pablo Gómez asegura haber bloqueado solo 346 millones de pesos hasta mayo de 2023, pero en esos cinco meses personas investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales o apoyo al terrorismo han recuperado 534 mil 623 pesos a través de juicios de amparo.
La UIF está lejos de registrar el monto total bloqueado en 2019, cuando congeló 16 mil 384 millones de pesos, pero solo quedaron bajo protección 706 mil millones de pesos una vez que entró la garantía de audiencia y, más importante, los juicios de amparo, a través de los cuales los usuarios del sistema financiero fueron eliminados de la lista de personas bloqueadas y posteriormente recuperaron el dinero.
No hay datos organizados y concisos sobre quiénes han sido dados de baja de la lista de bloqueados de la UIF.
Sin embargo, entre los casos más destacados de este año están los de Linda Cristina Pereyra Gálvez y Luis Cárdenas Palomino, quienes fueron la mano derecha y esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Ambos recibieron protección a cambio de ser eliminados de la lista del Tesoro y pudieron recuperar los fondos que estaban congelados en el sistema financiero.
Personas vinculadas al caso Genaro García Luna, incluida su esposa Cristina Pereyra, tuvieron acceso a más de la mitad del dinero inicialmente congelado, según datos de la UIF divulgados en marzo.
