Un informe de la PAOT revela un incremento de 183% en niveles construidos fuera de la norma en la alcaldía gobernada por el panista Mauricio Tabe; en toda la capital se detectaron 82 pisos excedentes.
La alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por el panista Mauricio Tabe, se convirtió en la demarcación con más pisos ilegales de la Ciudad de México, al registrar un incremento de 183 por ciento en construcciones que exceden la altura permitida, de acuerdo con un informe de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). El reporte advierte que la problemática, antes concentrada en Benito Juárez, se ha extendido a otras zonas de la capital.
Según la PAOT, durante 2025 se identificaron 12 inmuebles con 17 niveles adicionales y 12.65 metros construidos de manera irregular en Miguel Hidalgo, cifra que contrasta con los siete edificios y seis pisos ilegales detectados un año antes. Colectivos vecinales y activistas han señalado que estas prácticas guardan similitudes con el llamado cártel inmobiliario, una red de presunta corrupción entre desarrolladores y funcionarios que permite construir por encima de lo autorizado para comercializar departamentos de alto valor.
El informe también ubica a Coyoacán, gobernada por el panista Giovani Gutiérrez, como la segunda alcaldía con más irregularidades, al contabilizar 13 niveles excedentes en diez inmuebles. Le siguen Álvaro Obregón, con ocho pisos ilegales; Cuauhtémoc, con seis, y Benito Juárez, con cinco, lo que muestra que el problema se ha dispersado en distintas zonas de la capital.
En total, la PAOT detectó 63 edificios que rebasan la altura máxima permitida, con 82 niveles construidos de forma irregular en la Ciudad de México. Únicamente Tláhuac y La Magdalena Contreras no registraron este tipo de anomalías durante el año pasado.
Como parte de las acciones para frenar estas prácticas, los dictámenes técnicos fueron turnados al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y a las alcaldías correspondientes para iniciar procedimientos que pueden derivar en multas, clausuras, suspensión de obras, custodia de folios e incluso la demolición de los pisos excedentes, además de prevenir fraudes inmobiliarios que afecten a compradores.
Con información de Sandra Hernández García para La Jornada.
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