Desde Tomás Yarrington y Mario Villanueva hasta Roberto Sandoval, Jesús Reyna y Eugenio Hernández. Diversos exgobernadores y dirigentes del PRI han sido investigados, detenidos o condenados por vínculos con el narcotráfico.
A lo largo de las últimas décadas, diversos políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido investigados, detenidos, procesados o condenados por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos abarcan desde exgobernadores y dirigentes nacionales hasta funcionarios estatales.
Uno de los antecedentes más conocidos se remonta a Sinaloa, donde el entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis fue señalado históricamente por haber brindado protección política a Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. A ello se suman los señalamientos contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuyo cuñado, Rubén Zuno Arce, fue condenado en Estados Unidos por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el secuestro del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
Durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, distintas investigaciones y testimonios han señalado que el Cártel de Guadalajara operó bajo un entorno de protección institucional que permitió el crecimiento de figuras como Ernesto y Rafael Caro Quintero.
Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, también surgieron versiones sobre vínculos entre el entorno familiar presidencial y los hermanos Jesús y Adán Amezcua Contreras, conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas” y líderes del Cártel de Colima, aunque nunca se acreditó responsabilidad penal contra el expresidente.
Entre los casos con consecuencias judiciales destaca el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, acusado de colaborar con el Cártel de Juárez. Fue procesado en México, extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero relacionado con recursos provenientes de esa organización criminal. Tras cumplir condenas en ambos países, obtuvo prisión domiciliaria y posteriormente fue liberado por razones de salud.
Otro de los expedientes más emblemáticos es el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas. Autoridades estadounidenses acreditaron que recibió sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, además de utilizar recursos ilícitos para adquirir propiedades en Estados Unidos. Extraditado desde Italia y posteriormente condenado por lavado de dinero, fue deportado a México en 2025, donde enfrenta nuevas investigaciones por delitos relacionados con el narcotráfico.
También en Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2010, ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales, incluidos señalamientos sobre posibles sobornos de Los Zetas. Aunque ha enfrentado procesos judiciales tanto en México como solicitudes de extradición, el caso continúa siendo uno de los más representativos del estado.
En Veracruz, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán fue señalado por un testigo identificado como contador del Cártel del Golfo de haber recibido recursos para financiar su campaña política. Aunque las acusaciones nunca derivaron en una condena judicial, su nombre permanece ligado a investigaciones.
En Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista, fue detenido en 2021 acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó al señalar que recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información privilegiada. Su administración también quedó marcada por el caso del exfiscal Édgar Veytia, condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas y por colaborar con organizaciones criminales.
En Michoacán, el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa quedó envuelto en la polémica después de que su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fuera videograbado reuniéndose con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Aunque Fausto Vallejo nunca fue procesado por narcotráfico, el caso golpeó severamente a su administración. Tras su salida del gobierno, el mandatario interino Jesús Reyna García fue detenido en 2014 acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, luego de difundirse imágenes de reuniones con integrantes del mismo grupo criminal. Permaneció más de cuatro años en prisión antes de ser liberado por falta de pruebas suficientes.
Otro caso que generó repercusión internacional fue el de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. En 2016 fue detenido en España por presunto lavado de dinero, organización criminal, cohecho y malversación de recursos. Aunque posteriormente recuperó su libertad por falta de pruebas para mantener el proceso en ese país, el caso deterioró aún más la imagen del partido.
A esta lista se suman otros exgobernadores priistas involucrados en procesos penales por distintos delitos de corrupción, entre ellos Mario Marín Torres, acusado por tortura; César Duarte Jáquez, procesado por corrupción y desvío de recursos; y Javier Duarte de Ochoa, sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Asimismo, el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrentó una investigación de la Fiscalía de Campeche por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
Al menos una docena de exgobernadores priistas han enfrentado investigaciones por corrupción o vínculos con organizaciones criminales. Aunque no todos los expedientes concluyeron en sentencias condenatorias, varios de sus integrantes fueron detenidos, encarcelados, extraditados o condenados tanto en México como en Estados Unidos, dejando una de las listas de casos judiciales más amplias registradas para un partido político en el país.
