El ejercicio nacional proyectó más de 10 mil muertes, 165 mil heridos y casi 6.1 millones de damnificados y afectados.
El simulacro nacional multipeligro realizado en Perú el 14 de agosto dejó cifras alarmantes que evidencian la vulnerabilidad del país ante un terremoto de gran magnitud. El ejercicio planteó un sismo de 8.8, acompañado de lluvias intensas y tsunamis en 18 regiones, con una proyección de 10 mil 926 personas fallecidas, 165 mil 160 lesionadas, 2 millones 199 mil 818 damnificadas y 3 millones 896 mil 967 afectadas.
La propia presidenta Keiko Fujimori reconoció que las cifras que recibió durante el ejercicio eran “terribles” y sostuvo que por ello era necesario prepararse. Sin embargo, el simulacro también expuso una pregunta que el gobierno debe responder: qué tan preparado está realmente el Estado peruano para actuar cuando ocurra una emergencia de estas dimensiones, más allá de participar en ejercicios y presentar protocolos.
El escenario también contempló 550 mil 859 viviendas destruidas, 69 mil 250 dañadas, mil 345 centros de salud afectados y 4 mil 172 aulas con daños. Estas cifras muestran la enorme presión que enfrentaría el país sobre sus servicios básicos y capacidad de atención, por lo que la prevención no puede reducirse a simulacros ni a declaraciones oficiales. La administración de Fujimori tiene la responsabilidad de contar con recursos, rutas de evacuación, refugios, hospitales y mecanismos de respuesta que funcionen de manera coordinada.
El problema es que los resultados del ejercicio son una llamada de atención para un gobierno que debería tener un plan de acción claro y operativo frente a un desastre de gran escala. Decir que las cifras son “terribles” no resuelve la vulnerabilidad: corresponde al gobierno de Fujimori demostrar con acciones. El simulacro debía servir precisamente para detectar las fallas y corregirlas antes de que una tragedia deje de ser una proyección.
