En un acuerdo unánime, el grupo de Morena en el Senado se prepara para aprobar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, manteniendo su esencia.
Este miércoles, el grupo de senadores de Morena tomó una decisión importante: aprobar la reforma electoral conocida como Plan B, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La discusión se llevará a cabo en comisiones el próximo lunes y se espera que el pleno lo respalde el miércoles, con algunas modificaciones.
Osacar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos respectivamente, destacaron que el único cambio significativo será la reintegración del principio de paridad en el artículo 115. Esto responde a una eliminación previa que se consideró una omisión.
En cuanto a la parte de la propuesta relacionada con la revocación de mandato, se mantendrá tal como fue presentada. Esto significa que la presidenta podrá promover el voto a su favor, lo cual ha generado cierta controversia. Cantón Zetina defendió esta acción, señalando que Sheinbaum está en su derecho de explicar a la ciudadanía por qué desea culminar su mandato.
Los senadores también rechazaron que la posible candidatura de la presidenta en la boleta electoral de 2027 influya negativamente en las elecciones. Aseguran que su participación estará enfocada en brindar cuentas sobre su gestión, y no en llamar al voto por candidatos específicos.
Por otro lado, senadores del Partido del Trabajo, como Alejandro González Yañez y Liz Sánchez, expresaron su deseo de estudiar cuidadosamente cada aspecto del Plan B. Preocupan las implicaciones que pueda tener sobre los partidos minoritarios.
Inzunza añadió que la inclusión del concepto de paridad en los gobiernos municipales es un paso importante hacia la equidad de género. También ajustarán la normativa sobre la conformación de los ayuntamientos para que sea más flexible, permitiendo “hasta 15 regidurías” en lugar de un número mínimo.
El próximo fin de semana se espera que se complete el dictamen con los cambios necesarios, preparándose para el debate en comisiones del lunes. Los senadores de Morena están enfocados en avanzar con esta propuesta que marca un cambio importante en el panorama electoral del país.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal envió una fe de erratas al Senado de la República para restituir el principio de paridad eliminado por error en la iniciativa presidencial.
En una rápida reacción, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República una fe de erratas para corregir la iniciativa de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, luego de detectarse la omisión del principio de paridad de género en la integración de los ayuntamientos.
El ajuste responde a críticas de la oposición, que señalaron la eliminación de este criterio en la modificación al Artículo 115 Constitucional, donde se establece la composición de los gobiernos municipales. En la nueva redacción se definía la integración con una sindicatura y entre siete y quince regidurías, pero sin mencionar la paridad, lo que encendió el debate político.
Desde la propia mayoría legislativa, la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, aclaró que se trató de una omisión involuntaria, subrayando que la mandataria federal ha sido una de las principales promotoras de la igualdad sustantiva en la vida pública del país.
Más tarde, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió el documento oficial donde se reconoce la falta y se solicita su corrección inmediata en el proyecto conocido como reforma electoral.
El oficio, firmado por la Consejería Jurídica, fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, encargadas de analizar la iniciativa. Con ello, se busca reintegrar el principio de paridad de género y evitar inconsistencias en una reforma clave para el sistema político mexicano.
La nueva propuesta evita modificar la Constitución y apuesta por reducir privilegios y ampliar la participación ciudadana.
La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum entró en una nueva etapa luego de que su iniciativa original fuera rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada. Ante este escenario, se presentó el llamado “Plan B”, una versión más acotada que busca avanzar sin cambios constitucionales profundos.
El proyecto inicial planteaba una transformación estructural del sistema electoral, con modificaciones al Congreso, nuevas reglas de financiamiento político y una reducción del gasto electoral de hasta 25%. Sin embargo, al no prosperar en el Legislativo, se optó por una estrategia distinta enfocada en medidas viables dentro del marco legal vigente.
Entre las principales diferencias, el Plan B elimina los cambios a la integración del Congreso, por lo que ya no se modifica la forma de elegir diputados ni la representación proporcional. En su lugar, la propuesta se concentra en reducir costos y privilegios, especialmente en congresos locales y gobiernos municipales.
Otro cambio relevante es que, mientras la reforma original buscaba una reestructura amplia del sistema político, el nuevo planteamiento prioriza ajustes administrativos, como la reducción de regidores y el control del gasto público en el ámbito local, donde se han señalado altos salarios y duplicidades.
En materia de participación ciudadana, ambas iniciativas coinciden en fortalecerla, pero el Plan B propone mecanismos más específicos, como someter a consulta temas clave, incluido el financiamiento a partidos, además de abrir la posibilidad de ajustar los tiempos de la revocación de mandato.
El debate continúa en el Congreso, donde se definirá si esta nueva propuesta logra consenso. Desde el Ejecutivo, se insiste en que el objetivo central se mantiene: disminuir privilegios políticos y dar mayor voz a la ciudadanía, aunque ahora mediante una ruta legislativa más viable.
Mientras el ciudadano promedio tiene que lidiar con la inflación y la precariedad en servicios públicos, en el Congreso de la Ciudad de México se vive una realidad paralela. El recinto ubicado en Donceles y Allende se ha impuesto como el cuarto más costoso del país, con un gasto per cápita por legislador de 28.5 millones de pesos anuales.
Lamentablemente, el 80% del presupuesto de las bancadas se evapora en sueldos, bonificaciones y legisladores que no han logrado la aprobación de una sola iniciativa. Este sistema, que opera como una suerte de “becas legislativas”, se ha blindado mediante la reelección consecutiva, permitiendo que figuras como Víctor Hugo Lobo o Tania Larios conviertan las curules en patrimonios personales de largo plazo.
Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum envía a la Cámara de Diputados el Plan B de la Reforma Electoral, el cual, adelantó, contempla la reducción del gasto de los congresos locales y municipios.
De acuerdo con el Gobierno federal, de aprobarse, el Plan B de la Reforma Electoral permitiría un ahorro de 4 mil millones de pesos que serían destinados a infraestructura y programas sociales.
Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista podrían sumarse a la propuesta por lo que el Plan B podría ser aprobado en las próximas semanas.
Se trata de un proyecto que busca eliminar los excesos y reducir los privilegios de la clase política en aras de impulsar el desarrollo social de la población. Y es que algunos Congresos, como el de la Ciudad de México, tienen gastos desmesurados.
Entre los más costosos para el país destacan:
Baja California con un costo de 34 mdp por cada legislador.
Colima con 5.1 millones de pesos por legislador.
Morelos con 31 millones de pesos por congresista.
Ciudad de México con 28.5 millones de pesos por legislador.
Jalisco con 26.73 millones.
En el caso de la capital, los 66 legisladores que componen el Congreso capitalino cuestan al erario alrededor de 300 millones de pesos anuales.
En 2025, por ejemplo, la institución tuvo un presupuesto de 291 mil 525 millones de pesos y para este 2026 se autorizó un ejercicio de 313 mil 385 millones de pesos, lo cual se traduce en un incremento de 7.5 por ciento.
Por otra parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México asignó un presupuesto de 587 millones 712 mil 191 pesos para la financiación de partidos políticos, con una asignación de 17 millones 631 mil 365 pesos con 76 centavos en actividades específicas.
Lo que más llama la atención es que tras la aprobación de la reelección consecutiva, en el Congreso capitalino existen legisladores que han perpetuado por años sus privilegios, bonificaciones y salarios, y que también han aprobado incrementos anuales a dichas remuneraciones.
Y ese es precisamente el caso del perredista Víctor Hugo Lobo Román, la panista América Rangel y la priísta Tania Larios Pérez.
La reelección de estos legisladores, desgraciadamente, fomenta una “clase política profesional” que se distancia de sus representados. Y, en esos casos, el poder no circula; se acumula. Esto genera un cierre social donde el acceso a la toma de decisiones está mediado por el costo del mantenimiento de la estructura, no por la meritocracia o la representación efectiva.
Con 24 legisladores, Morena tiene asignado un presupuesto de 143 mil 670 millones de pesos; mientras que el PAN, que ostenta 15 representantes, mantiene 132 mil 891 millones de pesos; el PVEM 76 mil 159,943.77; el PT 63 mil 530,008.76; Movimiento Ciudadano 65 mil 957,260.12 y el PRI, con solo dos representantes, gasta 64 mil 928 millones de pesos.
Y esto es lo que ha encendido las alarmas: que partidos con mínima representación, como el PRI, que únicamente tiene dos diputados: Tania Nanette Larios Pérez (coordinadora) y Omar Alejandro García Loria (vicecoordinador), ejerzan presupuestos de 64,928 millones de pesos.
Infelizmente, observamos una burocracia colmada de lujos que ha dejado de servir al Estado para servirse a sí misma. Y es que, cuando el 80% de los recursos se destina a la manutención de la élite (sueldos y bonos) y no a la producción legislativa, la institución pierde su función social y se convierte en un mecanismo de extracción de rentas públicas.
La Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca limitar ese gasto, al tiempo que fomenta la transparencia y racionalidad del gasto público.
De aprobarse el Plan B, los gastos podrían reducirse considerablemente en las próximas elecciones intermedias. Y eso es justo lo que el pueblo demanda.
La coalición oficialista anunció que impulsará en el Congreso el Plan B electoral propuesto por la Presidenta, que contempla reducir costos en congresos estatales, menos regidores y ajustes a la revocación de mandato.
Tras una reunión en la Secretaría de Gobernación, las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron su respaldo total al Plan B de reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. El acuerdo fue dado a conocer mediante un video de más de 20 minutos en el que participaron dirigentes y coordinadores parlamentarios de los tres partidos.
Durante el encuentro también estuvieron presentes los coordinadores de ambas cámaras del Congreso, quienes adelantaron que la iniciativa será discutida próximamente en el Congreso de la Unión. La propuesta plantea reducir los costos de los congresos estatales, disminuir el número de regidores en los municipios y modificar mecanismos de consulta popular, además de incluir temas electorales dentro de estos ejercicios de participación.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el consenso alcanzado en torno al Plan B representa “un acierto político que demuestra que el diálogo sí da resultados”, y destacó que la convocatoria de la presidenta Sheinbaum logró unidad dentro de la coalición gobernante para avanzar en la agenda de transformación.
Por su parte, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, sostuvo que su partido respalda la propuesta presidencial porque fortalece la democracia y busca un Estado más eficiente y menos costoso. También subrayó que la iniciativa contempla consultas populares sobre más temas y posibles ajustes al mecanismo de revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno.
El senador Manuel Velasco coincidió en que las modificaciones planteadas por el Ejecutivo permitirían mejorar los mecanismos de participación ciudadana y racionalizar el funcionamiento de los gobiernos municipales, al tiempo que se revisa la integración de los cabildos para evitar gastos innecesarios.
En tanto, el líder nacional del PT, Alberto Anaya, aseguró que el Plan B no pone en riesgo los avances democráticos alcanzados en reformas electorales previas, como las de 1977 y 1996. Por ello, reiteró el respaldo total de su partido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el país enfrenta momentos que requieren unidad política para continuar con el proyecto de transformación.
La coalición oficialista avanza hacia una postura conjunta para respaldar la propuesta electoral que busca reducir gastos en cargos públicos y ampliar mecanismos de participación ciudadana.
Tras largas horas de negociación en la Secretaría de Gobernación, los partidos Morena, PT y Partido Verde avanzaron en la construcción de un acuerdo político que permita impulsar el “Plan B” de reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cerca de la una de la madrugada de este sábado, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, informó que el consenso entre las fuerzas de la coalición está prácticamente listo. “Ya hay un acuerdo muy perfilado… en las próximas horas lo dará a conocer la Secretaría de Gobernación”, declaró al salir del Palacio de Cobián ante medios de comunicación.
Al ser cuestionado sobre si la coalición respaldará de manera conjunta el proyecto, el legislador fue enfático: “El plan es ir juntos. Toda la coalición: a nivel estatal, municipal, congresos locales y en el Congreso de la Unión”, confirmando el respaldo del PT y del Partido Verde.
Durante la jornada también participaron coordinadores legislativos y dirigentes partidistas que acudieron en distintos momentos a Bucareli para afinar los detalles del acuerdo. Entre ellos estuvieron Ricardo Monreal, Reginaldo Sandoval y Carlos Puente, así como el senador Manuel Velasco, quien horas antes había señalado que las conversaciones avanzaban “con buen ánimo”.
El Plan B electoral, que podría presentarse ante el Congreso el próximo lunes, contempla establecer topes a los gastos de diputados locales, regidores y senadores, medida con la que el gobierno estima generar ahorros de al menos 4 mil millones de pesos para destinarlos a necesidades en estados y municipios.
La propuesta también plantea ampliar la consulta pública en temas electorales, como el financiamiento de los partidos políticos, además de permitir que la revocación de mandato se realice en el tercer año de gobierno, y no únicamente en el cuarto. Sin embargo, algunos legisladores han expresado reservas sobre abrir a consulta la reducción de recursos para los partidos.
El Partido del Trabajo se opone a que se sometan a consulta popular los recortes de recursos a los partidos políticos. Aseguran que las alianzas con Morena y PVEM permanecen firmes.
En medio de la discusión sobre el Plan B de la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Partido del Trabajo (PT) ha manifestado su firme rechazo a la idea de implementar consultas populares para reducir los recursos que reciben los partidos políticos. Para el PT, este tipo de decisiones deben ser solo del ámbito del Poder Legislativo.
El diputado Benjamín Robles, quien llegó a la Secretaría de Gobernación, destacó el respaldo total que su partido brinda a la jefa del Ejecutivo. Sin embargo, hizo un llamado a proteger y fortalecer el sistema de partidos, que ha evolucionado desde 1977. Robles argumentó que no se debe regresar a un sistema de partido único, una experiencia que el país ya ha vivido.
Además, el diputado se pronunció en contra de las campañas en redes que han atacado a los legisladores petistas y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que votaron en contra de la reforma electoral. Los catalogaron de “traidores”, lo que, según él, es responsabilidad del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
Respecto a la consulta sobre recortes a los recursos de los partidos, Robles insistió en que la decisión debe permanecer en manos de las cámaras. Subrayó que el Congreso ya tomó una decisión y no debe haber cambios al respecto. Expresó, “lo que corresponde a la Cámara de Diputados y al Senado debe respetarse”.
El diputado también opinó sobre la posible reducción de regidurías municipales, indicando que los gobernadores podrían realizar estos cambios sin necesidad de reformas. Aún así, enfatizó la importancia de garantizar la representación proporcional en los congresos y ayuntamientos.
Finalmente, se le preguntó si las alianzas electorales entre Morena, PT y PVEM estaban en riesgo. Robles fue claro al afirmar que no, aludiendo a las palabras de su dirigente, el “profe Beto”Anaya, quien aseguró que el PT sigue firme para participar en los procesos electorales de 2027 y 2030, enmarcados en la Cuarta Transformación del país.
El Partido Acción Nacional se abre al diálogo con el PT y el Verde en oposición al Plan B de la reforma electoral propuesta por Morena.
El dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, reveló negociaciones con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para rechazar el Plan B de la reforma electoral presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta estrategia surge en un contexto donde varios actores políticos buscan proteger la viabilidad de los partidos más pequeños ante la propuesta de Morena.
Claudia Sheinbaum ha defendido que su Plan B busca reducir lo que califica como privilegios en el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre las medidas, se contemplan recortes en los salarios de los consejeros del organismo. “Es fundamental disminuir esos privilegios en el marco de la austeridad republicana”, expresó la presidenta.
La propuesta de Sheinbaum está en fase de elaboración y se espera que sea enviada al Congreso la próxima semana. La Secretaría de Gobernación actualmente trabaja en los últimos detalles de esta iniciativa.
En una entrevista, Jorge Romero comentó que el diálogo con el PT y el Verde es crucial en este momento. “Estamos en una etapa donde no hay nada escrito. Queremos conversar sobre el Plan B”, afirmó con optimismo. El líder panista reiteró la oposición de su partido a la reforma electoral original, pero mantuvo la puerta abierta para el diálogo.
Romero también levantó la voz sobre el silencio del gobierno ante el crimen organizado en el proceso electoral. Considera que este tema es uno de los mayores retos que enfrenta el país.
Por su parte, algunos líderes y legisladores del PVEM ya manifestaron su apertura a coincidir en ciertos puntos del Plan B, como la reducción de regidurías en los municipios. En cuanto al PT, el diputado Reginaldo Sandoval aseguró que avanza en el análisis de la propuesta, destacando que siguen construyendo consensos sobre los principales ejes propuestos.
Este vaivén en la política electoral enfatiza la incertidumbre que reina en la arena política mexicana, donde cada palabra y cada negociación pueden cambiar el rumbo de lo que está por venir.
Tras la reunión en Palacio Nacional, el PVEM adelantó su apoyo a los puntos centrales del Plan B, mientras el Partido del Trabajo expresó nuevas objeciones al proyecto impulsado por el gobierno federal.
La discusión sobre el Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum generó diferencias entre los partidos aliados de Morena. Mientras el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) adelantó su respaldo a los aspectos centrales de la propuesta, el Partido del Trabajo (PT) volvió a manifestar objeciones durante una reunión sostenida en Palacio Nacional.
De acuerdo con legisladores presentes en el encuentro, el PT expresó preocupaciones sobre algunos puntos del proyecto, particularmente la posible reducción de salarios a diputados locales y la disminución del número de regidores en los municipios, medidas que consideran podrían afectar su representación política en diversas entidades.
Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados de México, Ricardo Monreal, llamó a los partidos aliados a respaldar el Plan B y destacó que la convocatoria realizada por la presidenta buscó evitar que un desacuerdo legislativo se convierta en una fractura política dentro de la coalición.
Tras la salida de la mandataria, las conversaciones continuaron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, quienes mantuvieron negociaciones con legisladores de Morena, PT y PVEM hasta la madrugada para revisar los alcances de la propuesta.
El Plan B, explicó Monreal, incluye cambios tanto a la Constitución como a leyes secundarias, con el objetivo de avanzar en ajustes al sistema electoral, entre ellos la reducción de gastos y privilegios en organismos electorales, una de las demandas planteadas desde el movimiento de transformación.
Aunque las diferencias persisten, se abrió una ventana de negociación política para que los aliados definan su postura final antes de que el proyecto llegue al Congreso. Las dirigencias y coordinadores parlamentarios fueron citados nuevamente en la Secretaría de Gobernación para continuar el diálogo y buscar acuerdos rumbo a la discusión legislativa.
