El juez Francisco García Contreras, Segundo de Distrito en Colima, impuso una multa de $54,285 a cada uno de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por, presuntamente, desacatar la suspensión en la que se les ordenaba detener la organización del proceso electoral para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en junio de 2025, tal como lo contempla la Reforma Judicial.
Según la resolución, “se hace efectivo el apercibimiento contenido en los proveídos de 3 y 24 de octubre del año en curso, al Consejo General del INE”, explicó el juez, al imponer la sanción económica a los consejeros bajo el argumento de incumplimiento de la suspensión decretada en septiembre. En esta suspensión se les instruía “abstenerse de la realización de acuerdos” para desarrollar el proceso electoral del Poder Judicial.
La multa se aplica a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó el 23 de octubre que es “constitucionalmente inviable” detener estos comicios, dando luz verde al INE para continuar con su organización. No obstante, el juez García Contreras reiteró la instrucción al INE para que cumpla con la suspensión, otorgándoles un plazo de 24 horas para acatar la orden.
En respuesta, el INE informó a través de su Junta Local en Colima que no tiene la capacidad de detener un proceso ordenado por la Reforma Judicial. Ante esto, el juez ordenó la intervención del Administrador Desconcentrado de Recaudación de la Ciudad de México “1” para ejecutar el cobro de la multa a los consejeros.
La jueza federal Reyna Rodríguez ha generado polémica tras sus declaraciones en las que acusa a Morena de manipular la Constitución mexicana y comparó al proceso legislativo con un “trabajo de primaria”.
Rodríguez, quien ejerce en Guanajuato en materia laboral, criticó duramente el papel del Poder Legislativo y el actuar del partido en el gobierno, advirtiendo que México se dirige hacia un modelo autoritario similar al de Venezuela.
“Parece que para los legisladores de Morena, nuestra Constitución es una simple cartulina de primaria”, señaló Rodríguez en referencia a las reformas judiciales en curso. Según ella, estas iniciativas responden únicamente a “órdenes” provenientes de los niveles más altos del poder.
Las palabras de la jueza han sido objeto de críticas y análisis, pues algunos expertos consideran que sus afirmaciones carecen de fundamento y afectan la percepción pública del proceso democrático.
“Una jueza tiene la responsabilidad de evitar opiniones públicas que puedan interpretarse como sesgadas, especialmente cuando se trata de temas de relevancia nacional”, expresó un abogado constitucionalista al respecto.
Según varios analistas, sus palabras podrían interpretarse como una intervención política desde el Poder Judicial, lo cual va en contra de los principios de imparcialidad y objetividad.
Rodríguez también llamó a los ciudadanos a defender la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), describiéndola como “la última carta de esperanza para México”.
La jueza advirtió que, si no se protege al Poder Judicial, el país podría “caminar hacia un modelo similar al de Venezuela”, declaraciones que generaron reacciones en contra y que algunos consideran alarmistas.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó que obtuvieron otro amparo, con la cual podrán detener las acciones de la Reforma Judicial, las redes se encienden contra ellos y se burlan de esta nueva resolución.
A través de un comunicado se informó que se ha concedido la suspensión provisional por un Juez Federal en Morelia, Michoacán; con la cual supuestamente protegerán su labor y la permanencia en el poder judicial.
“En un avance significativo hacia la protección de nuestros derechos e intereses, se ha concedido la suspensión provisional por un Juez Federal en Morelia, Michoacán, en el juicio de amparo, promovido por la JUFED. Está resolución representa un logro crucial en la defensa de nuestra labor y en la protección de nuestra permanencia en el Poder Judicial“.
Asimismo, aseguran que buscan salvaguardar la estabilidad laboral de los integrantes que forman parte de la JUFED para proteger sus carreras políticas por cualquier actividad negativa que realicen y pueda afectarles.
“Este amparo tiene como objetivo salvaguardar la estabilidad laboral de las personas juzgadoras, previniendo cualquier cese masivo que pudiera afectar negativamente nuestras carreras y la impartición de justicia en México“.
Usuarios de X (anter twitter) mencionan que este amparo es inconstitucional y sin fundamentos.
“Este amparo es totalmente inconstitucional, carente de fundamentos e ilegal, pero que nos podemos esperar de los integrantes del cártel más vil y dañino del país? El cartel de jueces y magistrados, ustedes han hecho de la justicia en México, una porquería”.
“Hay que pedir a los ministros de la SCJN que respeten esta suspensión. No pueden prestarse al circo del gobierno y seguir participando en el proceso de elección de jueces. Tienen que ordenar a su comité que suspenda la selección de candidatos”.
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el presupuesto que se solicitará a la Cámara de Diputados para la elección extraordinaria del Poder Judicial en 2025.
La elección de los titulares del Poder Judicial de la Federación (PJF) tendrá un costo de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, esto se aprobó con los proyectos relacionados con el “Proceso Electoral Extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”.
El 50.92% del presupuesto se utilizará en la capacitación y educación de funcionarios para la elección de juzgadores, ya que se requiere implementar sesiones más largas de capacitación, además de ser más especializadas; el 33.8% se utilizará en la organización de la elección y 4.29% en soporte jurídico electoral y apoyo logístico.
Ahora la Cámara de Diputados recibirá hasta el 15 de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación y tendrá hasta el 31 de noviembre para aprobarlo.
De acuerdo con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, cada centavo del anteproyecto del presupuesto está justificado.
Durante una entrevista en el programa de Adela Micha, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo una postura firme respecto a la reforma judicial y cuestionó el papel de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El senador dejó en claro que, en su opinión, los ministros no tienen autoridad para revertir la reforma, ya que esta fue realizada de manera constitucional.
“Quien no acata es la Corte, quien está en rebeldía con el marco constitucional es la Corte”, afirmó Noroña.
El senador también expresó su desacuerdo sobre las pensiones elevadas de los ministros y trabajadores del Poder Judicial.
“Reciben pensiones de 600 mil pesos por encima de lo que tiene todo el pueblo, que ni a pensión llega… Es una majadería”, destacó.
Sobre las recientes renuncias de ministros y jueces, Noroña enfatizó su facultad para aceptarlas o no, aunque aclaró que no tiene autoridad para interferir en la participación de los jueces en el proceso electoral de 2025.
“Yo tengo derecho a aceptar renuncias o no. Lo que yo no puedo es violentar el derecho de alguien a participar en un proceso electoral”, precisó.
Noroña calificó de “perverso” e “irresponsable” que el ministro González Alcántara, entre otros, sugiriera modificaciones a puntos clave de la reforma.
“Me parece que quieren llevarnos a una crisis constitucional. Me parece que se piensan por encima del marco constitucional”, dijo, subrayando la importancia de respetar la autoridad del Poder Legislativo en la reforma y derogación de artículos constitucionales.
Noroña concluyó destacando la solidez del proceso de reformas en México, afirmando que “los candados son muy fuertes: dos tercios de la Cámara de Senadores, dos tercios de la Cámara de Diputados, mayoría en los congresos locales y haber hecho bien todo el procedimiento”.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han presentado a sus cinco integrantes de comité de evaluación del Poder Judicial.
El día de hoy se dio a concocer el acuerdo por el se crea e integra el Comité de Evaluación para la elaboración de los Listados de los candidatos y candidatas que participarán en la Elección Extraordinaria del Poder Judicial.
En primer lugar los integrantes del Comité de Evaluación del poder Ejecutivo son:
Mary Cruz Cortés Ornelas, abogada y maestra en derecho electoral, magistrada titular de la tercera ponencia y presidenta de la sala del penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, directora de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en Tlaxcala, vocera del nuevo sistema de justicia penal en el Estado, entre otros.
Javier Quijano Baz, abogado con maestría y doctorado en derecho, miembro destacado de diversas barras y asociaciones de abogados nacionales e internacionales, abogado postulante, fungió como constituyente de la Ciudad de México, premio nacional de jurisprudencia 2022.
Vanessa Romero Rocha, abogada, con dos maestrías en diferentes ramas del derecho, con experiencia en cultura de paz, inclusión, género, derechos de la niñez y protocolos facultativos, columnista y colaboradora de medios de comunicación nacionales e internacionales.
Isabel Inés Romero Cruz, licenciada en derecho, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, jueza de primera instancia en diversos juzgados del Estado de Veracruz.
Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, abogado, con maestría y doctorado en Derecho, académico y servidor público. En el año 2009, fue nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia en donde se desempeñó como presidente de enero de 2019 hasta diciembre de 2022.
Por otro lado los candidatos de la SCJN son:
Mónica González Contró, investigadora especializada en derechos humanos, derecho a la no discriminación y derechos de niñas, niños y adolescentes, profesora de asignatura de la Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la no Discriminación.
Emilia Molina De la Puente, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO y Maestra en Derecho Corporativo por la UdeG; juez de Distrito adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco.
Wilfrido Castañón León, Oficial Judicial del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en 1973; Secretario de Acuerdos y Primer Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
Luis Enrique Pereda Trejo, Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; profesor de Derecho en distintas universidades; entre ellas la Universidad Panamericana y el ITAM; ha colaborado en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Finalmente entre los candidatos del Senado se encuentran:
Maday Merino Damián: abogada, académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y primera mujer en ser consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Maribel Concepción Méndez Lara: abogada por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario.
Ana Patricia Briseño Torres: abogada y psicóloga por la Universidad de Sonora; y titular del Instituto Sonorense del Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ISTAI).
Andrés Norberto García Repper Favila: abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y exrepresentante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IET).
María Gabriela Sánchez García: abogada y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
Desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador quedó claro que, mucho de lo que funcionaba mal o no funcionaba en absoluto en el país tendría que, cuando menos, replantearse para que coadyuvara en el desarrollo de un gobierno al servicio de sus ciudadanos. No por nada, la intención de desaparecer varios organismos autónomos como la Cofece, el IFT o el INAI, tuvo lugar con el fin de ahorrar miles de millones de pesos al gobierno, al ser instituciones onerosas y con procesos parcializados de sus funciones.
En su ya famoso discurso del 2006, luego de que el Tribunal Electoral favoreciera a Felipe Calderón con el triunfo en los comicios federales, cuando el tabasqueño mandó “al diablo sus instituciones”, tenía claro que hay organismos que sólo sirven para beneficiar a los más poderosos a pesar de que, en su creación, se viese el propósito de que trabajaran en beneficio de todo el pueblo de México.
Sin lugar a dudas, una de esas instituciones, que más ha beneficiado a los potentados e influyentes políticos conservadores de la nación es el Poder Judicial, integrante de un gobierno que debería rendir cuentas como lo comenzaron a hacer el ejecutivo y legislativo a partir de 2018; sin embargo, el primero ha sido el único de los 3 poderes que no sólo no defiende los intereses del pueblo sino que, con la entrada en vigor de la reforma judicial que promovió el expresidente López Obrador para combatir la corrupción que existe al interior de la máxima corte y sus distintas ramificaciones tanto federales como estatales, ha sido más que evidente que los magistrados y jueces que conforman este sector elitista del gobierno, trabajan para beneficiarse a ellos y a los pocos que puedan rentar sus servicios y que mediante el trámite de amparos, por ejemplo, les ayuden a evadir sus obligaciones legales.
Desde que comenzó este duelo entre un representante emanado del pueblo y elegido por este y unos personajes que parecen sentir que fueron elegidos por Dios para ejercer su cargo y que sólo por acción divina se les puede juzgar y hacer que cumplan con las leyes que ellos mismos deberían defender, hemos sido testigos de las atrocidades en las que han incurrido los supuestos expertos en derecho para justificar, por ejemplo, tener un sueldo más alto que el Presidente de la República o bien, amparar a criminales comprobados o tratar de imponer su voluntad y declarar inconstitucional la constitución, todos los ejemplos anteriores de manera ilegal, asumiéndose con ello, como la máxima autoridad del país, por encima de los votantes de este.
Total, que ellos parecen creer en su grandísima soberbia, que al ser representantes de un poder cuya labor es aplicar reglamentos llamadas leyes, establecidas en un acta, denominada Constitución, resulte en que sean los únicos que sepan de leyes en el país. Una verdadera estupidez cuando el presidente de la cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, el coordinador de la Jucopo de Morena en la cámara de diputados, Ricardo Monreal, Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, así como los abogados Andrés Repper o César Gutiérrez Priego, por mencionar solo a algunos expertos en la materia, han repetido las inconsistencias e ilegalidades en las que han caído Jueces y ministros para desacreditar y echar abajo una ley que ya no es reforma, sino que forma parte de la propia constitución.
Ahora surge el ministro “iluminado” González Alcántara Carrancá que se envalentona con una autoridad, que no le confirió un electorado, para sentirse el representante supremo de todos los poderes en México, al decir en entrevista con un comunicador básicamente que, la ley es ley sólo cuando él así lo dice y que si el ejecutivo y legislativo hacen caso omiso de las resoluciones improcedentes del máximo tribunal, como el proyecto que votarán los ministros el próximo 5 de noviembre, para invalidar algunos aspectos de la reforma, entonces México se quedará sin Suprema Corte de Justicia. De risa loca.
Luego están detrás de ellos, con la intención de justificar sus falacias leguleyas, la horda de corrientes analistas, comunicadores y seudo intelectuales, que les hacen el juego en los medios para convalidar las aberraciones legales que emiten, pero evitan hablar de las huelgas ilegales de los trabajadores del poder judicial, de los sueldos y prestaciones estratosféricas de los ministros o el nepotismo encubierto bajo rectitud, que abarca alrededor del 40% de los puestos de trabajo en dicha institución federal.
Hoy queda claro que de esos actores políticos (hablamos de ministros y jueces), medios de comunicación y sus empleados, no podemos esperar que exista el apego a los hechos, sino que, por el contrario, parece una encomienda casi divina, que sea la mentira la que prolifere en sus espacios hasta convertirla en ley, no con la intención de apegarse a lo que está legalmente escrito, sino por el amor al dinero que reciben, ya sea del erario o de sus mecenas, y es por esa causa que tratan de convencer a la gente de las mentiras que emplean, lejos de informar con la verdad.
Siempre alejados del pueblo, siempre alienados de las causas populares, en sus mansiones, con autos de lujo y vistiendo ropa de diseñador, parecen asqueados por los ciudadanos a los que dicen defender. ¿A qué le temen, por qué tienen tanta repulsión a la gente, por qué existe el constante deseo de separarse del pueblo, como si con ello tratarán de evitar acercarse, de ensuciarse o de parecerse a este?
El Pleno del Senado avaló con 75 votos a favor y 40 en contra, a los cinco integrantes del Comité de Evaluación de los aspirantes a competir en la elección del Poder Judicial.
De acuerdo con el Senado, el Comité estará integrado por Maday Merino Damián. Andrés Norberto García Repper Fávila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres.
✅ Con 75 votos a favor y 40 en contra, se integra el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal en relación con la elección extraordinaria del 2025.
Integrantes: ▪️ Maribel Méndez ▪️ Ana Briseño ▪️ María Sánchez ▪️ Maday Merino ▪️ Andrés García Repper pic.twitter.com/zMxPMprSBq
El comité será el encargado de recibir expedientes de las personas aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales; e identificar a las personas mejores calificados que cuenten con los conocimientos técnicos para el desempeño del cargo.
Los comités deberán instalarse, a más tardar el 31 de octubre para que desde el 15 de diciembre verifiquen los requisitos de elegibilidad de los aspirantes, a quienes entrevistarán a partir del 31 de enero de 2025.
¿Quiénes son los integrantes del comité?
Maday Merino Damián: abogada, académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y primera mujer en ser consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Maribel Concepción Méndez Lara: abogada por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario.
Ana Patricia Briseño Torres: abogada y psicóloga por la Universidad de Sonora; y titular del Instituto Sonorense del Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ISTAI).
Andrés Norberto García Repper Favila: abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y exrepresentante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IET).
María Gabriela Sánchez García: abogada y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
#Entrevista | El abogado César Gutíerrez gracias a las nuevas acciones de los ministros de la SCJN “Es necesario cambiar el paradigma jurídico, porque parecería que solamente cuando son intereses personales la interpretación de las leyes siempre es a favor del grupo de poder y no para la población”.
#Entrevista | César Gutíerrez, abogado mexicano, asegura que el poder judicial no puede defener al poder judicial para su beneficio.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó la semana pasada que los integrantes del Poder Judicial debían terminar el paro de labores este lunes, sin embargo los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se niegan a trabajar porque “no existen las condiciones necesarias”.
Desde primeras horas de la mañana, trabajadores del PJF bloquearon el acceso a las instalaciones con mantas, sillas y carpas para que aquellos que tomaron la decisión de regresar a sus labores no puedan hacerlo.
Héctor Orduña, magistrado de circuito, expresó que los trabajadores y titulares del PJF buscan preservar la autonomía del Poder Judicial, por ello extenderán el paro de labores.
Asimismo, mencionó que todo desacato a la orden del CJF traerá consecuencias, sin embargo resaltó la importancia de unidad y la autonomía como pilares para defender la posición de los integrantes del PJ.