Ante la inminente realidad de la elección popular de jueces y magistrados en México, muchos de los funcionarios del Poder Judicial, que hasta hace unas horas mantenían un paro laboral indefinido, han decidido levantar la huelga y volver a sus funciones. La presión de ver al pueblo tomar el control sobre sus cargos parece haber impulsado este cambio de postura.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito anunció que tras una votación interna, 684 trabajadores votaron a favor de retomar sus actividades, mientras que 572 deseaban mantener la huelga. Sin embargo, la amenaza de perder su influencia ante las urnas parece haber sido más fuerte que sus demandas laborales. A partir del 16 de octubre de 2024, los jueces y magistrados volverán a trabajar, aunque seguirán buscando formas de protestar de manera menos drástica.
¿Regreso por convicción o por miedo a perder el poder?
El regreso al trabajo no parece ser un acto de solidaridad con el pueblo ni de auténtica voluntad de diálogo. El verdadero motivo parece ser el miedo a la reforma que permitirá que por primera vez en la historia de México, jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo, en lugar de perpetuar un sistema elitista donde sus puestos estaban fuera del alcance de los ciudadanos.
Durante años, el Poder Judicial ha gozado de una autonomía que, en muchos casos, ha generado descontento en la sociedad. Pero ahora, con la reforma en marcha y la elección popular a la vuelta de la esquina, los jueces ven tambalear sus privilegios y el control que tradicionalmente ejercían sobre sus cargos.
En un comunicado, la Asociación aseguró que los trabajadores del Poder Judicial seguirán protestando por sus “derechos”, pero es evidente que lo que realmente está en juego es su poder. Al levantarse el paro, lo que queda claro es que temen la pérdida de influencia que la elección popular traerá consigo.
Una reforma que no tiene marcha atrás
El pasado 10 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro durante su conferencia matutina que la reforma del Poder Judicial es una decisión inamovible. “Ya hay una reforma constitucional, y no habrá retroceso. El pueblo de México elegirá a jueces, magistrados y ministros, porque así lo ha decidido”, subrayó la mandataria.
Las palabras de Sheinbaum enviaron un mensaje contundente a los jueces en huelga: no habrá marcha atrás en la democratización del sistema judicial. El poder que durante años estuvo en manos de unos pocos, ahora será puesto en manos del pueblo, y esa es la realidad que los jueces deben aceptar, les guste o no.
División interna en el Poder Judicial
Aunque la mayoría de los jueces votaron por regresar a trabajar, más de 500 de ellos insistieron en mantener el paro, lo que revela una clara división dentro del Poder Judicial. Este desacuerdo interno refleja el miedo generalizado a lo que podría representar la elección popular: la pérdida de un sistema que les ha favorecido durante décadas.
A pesar de su retorno a las actividades, la lucha de los jueces no es por mejores condiciones laborales ni por la defensa de los derechos de los trabajadores, sino por mantener el poder y el control sobre sus posiciones. Ahora, temen lo que vendrá: una ciudadanía que decidirá quiénes serán sus jueces y magistrados, acabando con décadas de privilegios.
El levantamiento del paro por parte de los jueces es una maniobra desesperada para frenar el impacto de la reforma judicial que les quitará el poder que han tenido durante tanto tiempo. Saben que la elección popular es inminente y que el pueblo será quien decida sobre sus futuros, algo que han intentado evitar a toda costa.
La pregunta ahora es: ¿seguirá el Poder Judicial resistiendo el cambio o finalmente aceptarán que el pueblo ha recuperado el poder que les fue arrebatado durante tanto tiempo?
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