La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un intenso debate en México. Esta reforma busca transformar radicalmente la manera en que se eligen los jueces, magistrados y ministros, proponiendo su elección mediante voto popular.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 integrantes, con periodos de encargo reducidos de 15 a 12 años y la eliminación de pensiones vitalicias. Además, se pretende eliminar las salas primera y segunda del máximo tribunal, permitiendo únicamente que el Pleno sesione de manera pública. En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se propone reducir el número de magistrados a 5 con mandatos escalonados de 6 años, y reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial. El aspecto más controvertido de la reforma es la propuesta de elegir a ministros, magistrados y jueces mediante voto directo a partir del primer domingo de junio de 2025, con candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la Unión, enfatizando la eficiencia, capacidad y probidad de los postulantes en la procuración e impartición de justicia.
Durante su gobierno, ya se aprobó una reforma judicial en marzo de 2021, que introdujo cambios importantes en la estructura y las reglas procesales del Poder Judicial. Sin embargo, la nueva iniciativa pretende ir más allá, democratizando completamente la selección de jueces y magistrados a nivel federal y estatal. Esta medida, aunque polémica, busca combatir la corrupción y acercar la justicia al pueblo.
Uno de los principales argumentos a favor de esta reforma es la percepción de corrupción en el Poder Judicial. Muchos ciudadanos sienten que el sistema actual favorece a las élites políticas y económicas, dejando de lado los intereses del pueblo. La elección democrática de los jueces puede aumentar la legitimidad del sistema judicial y garantizar que los jueces sean verdaderos servidores públicos.
Además, la democratización del Poder Judicial puede mejorar el acceso a la justicia. La propuesta de AMLO promete una justicia más transparente y equitativa, eliminando barreras que actualmente impiden a muchas personas obtener una resolución justa y expedita de sus casos. Al estar sujetos al escrutinio público, los jueces tendrán un incentivo mayor para actuar con imparcialidad y eficiencia.
La rendición de cuentas es otro aspecto crucial de esta reforma. Al ser elegidos por el pueblo, los jueces deberán responder directamente ante los ciudadanos, lo que podría reducir significativamente la influencia de intereses privados en sus decisiones. Esto fortalece la independencia judicial y asegura que las decisiones judiciales reflejen los valores y necesidades de la sociedad.
Los críticos de la reforma argumentan que la elección de jueces mediante voto popular podría comprometer su imparcialidad. Sin embargo, es importante considerar que el sistema actual también tiene sus limitaciones y no garantiza una imparcialidad absoluta. La reforma propone salvaguardias y requisitos estrictos para los candidatos, asegurando que sean profesionales capacitados y éticos.
La comparación con otros países que han implementado sistemas similares, como Bolivia, ha generado preocupación. No obstante, el contexto mexicano es diferente, y las salvaguardias propuestas pueden mitigar los riesgos observados en otros lugares. Además, la implementación gradual y cuidadosa de la reforma puede permitir ajustes y mejoras en el proceso.
Las encuestas recientes encargadas por Morena muestran un amplio apoyo popular a la reforma. Según los resultados, la mayoría de los mexicanos está a favor de elegir a los jueces mediante voto popular. Este apoyo refleja el deseo del pueblo por una justicia más accesible y menos corrupta, alineándose con los objetivos de la propuesta de AMLO.
Es fundamental reconocer la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. La reforma al Poder Judicial no solo fortalece la democracia, sino que también empodera a los ciudadanos, dándoles una voz directa en la selección de sus jueces. Esto puede aumentar la confianza en el sistema judicial y fomentar una cultura de justicia y legalidad.
La reforma propuesta por AMLO ofrece una oportunidad única para transformar el sistema judicial en México. Aunque existen desafíos y críticas legítimas, los beneficios potenciales en términos de acceso a la justicia, transparencia y rendición de cuentas son significativos. Esta reforma puede ser un paso crucial hacia una justicia verdaderamente democrática, donde los jueces sean verdaderos servidores del pueblo.
La justicia debe estar al servicio del pueblo, y esta reforma nos acerca a ese ideal. La participación y el escrutinio público son esenciales para construir un sistema judicial más justo, imparcial y accesible para todos.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
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