“Todo lo que han hecho ha sido en favor de las minorías: legalizar la corrupción, legitimar el robo”.
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Conferencia de prensa. 17 de octubre de 2023.
En la conferencia presidencial del martes 17 del mes en curso, el periodista Carlos Pozos, conocido como “Lord Molécula”, dio a conocer los resultados de la investigación que días antes había pedido a los periodistas López Obrador. La indagatoria consistía en buscar en los informes presidenciales de gobiernos anteriores las ocasiones en las que se había utilizado la palabra corrupción.
Pues bien, “Lord Molécula” confirmó que había hecho la revisión de los informes presidenciales de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, es decir un periodo de cuatro sexenios. Durante esos casi cuatro lustros la palabra corrupción fue incluida tan solo 48 veces, es decir un promedio de 2 veces por informe.
Con Zedillo 8 veces, en 248 páginas de informes a la nación; Fox la incluyó 12 veces en 107 hojas, Calderón también 12 veces, sin mencionar la extensión de sus informes y Peña la citó 16 veces en 2 945 hojas, todo esto en 24 años. Más allá de la parte anecdótica, el tema resulta muy ilustrativo de la “relevancia” que el tema de la corrupción tuvo para los gobiernos del prianismo.
Para López Obrador este asunto ha sido punto nodal en sus precampañas, e inclusive en sus múltiples libros, y ahora en la presidencia lo ha confrontado desde el Ejecutivo. Y es que demostrado está que aún antes de llegar al gobierno AMLO siempre insistió, en debates y entrevistas, en que uno de los pilares de su gobierno estaría en acabar con la corrupción pública vinculada al poder económico, base de la crisis nacional, lo cual por cierto siempre le acarreó críticas tanto de sus adversarios políticos como de los simpatizantes, pues acusaban de elemental su propuesta.
La recurrencia en el tema de la corrupción responde a la lectura que ha mantenido vigente, y que ahora en la presidencia ha demostrado, acerca de que el sistema neoliberal se basaba precisamente en todos los vicios que aceitaron la maquinaria institucional corruptora durante décadas. La simbiosis entre el poder político y el económico ha sido una variable contra la que el presidente ha dado una de sus principales batallas.
Y los resultados saltan a la vista. A partir del gobierno de la 4T el delito de la corrupción es grave y su combate ha liberado miles de millones de pesos que han sido destinados a obra pública y a programas de bienestar, haciendo de éstos un derecho para la población. Sin duda que estos recursos unidos a los obtenidos mediante el cobro de impuestos a los grandes contribuyentes más el manejo austero de la administración pública ha venido a cambiar radicalmente la disponibilidad presupuestal del Estado mexicano.
Sin embargo, en el Estado no todo es el Ejecutivo, ni tampoco todos los ámbitos institucionales dependen del presidente, por lo que apenas se están sentado las bases a través de la revolución de las conciencias, no solo de la población sino también de los servidores públicos, para que permee un comportamiento ético y honesto en el manejo del erario.
En ese sentido, cabe destacar los interesantes esfuerzos que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a cargo de Rafael Barajas, El Fisgón, lleva a cabo a través de cursos básicos de formación política dirigidos a los candidatos a puestos de elección popular, los cuales por cierto son requisito indispensable para inscribirse a una candidatura, así como a quienes ya prestan sus servicios a la población tanto a nivel estatal como municipal.
Otro ámbito estatal que está requiriendo urgentemente de una reforma, por la corrupción imperante, es el poder Judicial. Dos hechos recientes.
Primero. Las manifestaciones realizadas en esta semana por trabajadores al servicio de ese poder, a las cuales sin duda tienen derecho, lamentablemente son solo un reflejo de la manipulación de que son objeto por parte de su dirigencia sindical, así como de la alta jerarquía de la Suprema Corte, instancias que les han hecho creer que sus intereses se verán afectados en caso de que se materialice la disposición de la Cámara de Diputados, dispuesta en pleno uso de sus facultades, de desaparecer la mayoría de los fideicomisos que administran miles de millones de pesos de uso exclusivo para el disfrute de los altos niveles de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
Al respecto, el presidente afirmó… a los trabajadores no se les van a quitar las pensiones… ellos no van a salir perjudicados… esos 15 mil millones solo sirven para financiar lujos para jueces, magistrados y ministros.
Segundo. En la conferencia matutina de ayer martes 17, en la sección Cero Impunidad se dio cuenta, nuevamente como ya se hace desde hace varias semanas, de las decisiones de diversos jueces y/o magistrados para dejar sin efecto órdenes de aprensión en contra de delincuentes o, en su caso cuando ya están detenidos, exigiendo la inmediata liberación, aun y cuando son detenidos en flagrancia.
Los magistrados de un tribunal colegiado en materia penal del Segundo Circuito: José Pérez Villalba, Rubén Arturo Sánchez Valencia y el secretario, en funciones de magistrado, Luis Alberto Castro Velázquez votaron, el 5 de octubre, en contra el primero y los otros dos a favor de que se le concediera un amparo a Mario N (Aburto), homicida confeso del entonces candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, para dejar la prisión antes de cumplir la sentencia de 45 años de prisión, decretada en diciembre de 1994, considerando una nueva sentencia basada en el código penal de Baja California.
Por su parte, la juez séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández otorgó el dos de octubre una suspensión definitiva en favor de Tomás N (Zerón de Lucio) para que los funcionarios de la Segob se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno en su contra sobre su probable responsabilidad en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Asimismo, en el caso de la orden de aprehensión de Genaro N (García Luna), el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio Gerardo Genaro Alarcón López, en relación con la carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, negó la orden de aprensión bajo el argumento de que “no basta que haya desproporción entre los ingresos y su haber patrimonial”.
Por último, la liberación de siete “generadores de violencia” detenidos en Cárdenas, Tabasco, por el juez de distrito en funciones de juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal de Tabasco, Luis Joel Escalante Pavía, calificando de ilegal su detención, por lo que exigió su inmediata liberación por violación a sus derechos fundamentales, aún y cuando se les habían asegurado armas largas y cargadores. Los detenidos lo fueron en flagrancia por agresión con armas de fuego a elementos de seguridad pública estatal y federal.
Los casos referidos son una pequeña muestra de la arbitraria aplicación de la ley que miembros del poder judicial están utilizando en forma recurrente solo para mostrar su prepotencia y que el “aceitado engranaje” de ese poder sigue basándose en las corruptelas y la impunidad con la que sirven a sus socios obteniendo buenos dividendos.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
