Una de las 61 personas acusadas de participar en la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenida y puesta a disposición de un juez federal, y vinculada al caso por la Fiscalía General de la República (FGR).
Mara Thelma Vega Pozos fue la primera persona detenida en el caso que involucra a García Luna, su esposa y los cuatro hermanos del exfuncionario.
Fue acusada de recibir 255 mil 500 pesos (monto que la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR podrían considerar como dinero ilícito) a través de transferencias realizadas entre instancias federales con Operadora Grupo Gas Mart y luego canalizadas a las empresas GLAC Security y Nuvo.
Mara Thelma Vega Pozos se desempeñó como asesora legal en la SSP de la Coordinación de Administración y Servicios de la Policía Federal de García Luna desde febrero de 2008 hasta el 14 de agosto de 2010, cuando fue trasladada al Órgano Administrativo y Departamento de Prevención y Readaptación Social como director de área, donde se desempeñó hasta el 31 de mayo de 2013.
Vega Pozos debe permanecer recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en el estado de Morelos, según información obtenida del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El pasado 31 de mayo se realizó la audiencia inicial, un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Vega Pozos.
La medida cautelar, que incluía prisión preventiva oficiosa, fue ordenada por un juez federal, quien también fijó un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación complementaria.
El presunto delito cometido por todos los implicados es el desvío de 5 mil 112 millones de pesos destinados al Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de administrar los penales federales.
La fiscalía está investigando 10 contratos que presuntamente fueron firmados y pagados ilegalmente.
El día de hoy en la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, brindó más detalles con respecto a las quejas que se emitieron y que el Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, reveló.
Estas fueron realizadas ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, debido a las resoluciones de tres jueces quienes liberaron a dos presuntos secuestradores,así como del ministro de culto, Gerardo Gómez, quien abusó sexualmente de un menor de edad en el municipio de Aquixtla.
Gilberto Higuera señaló al juez Aarón Hernández Chino por haber otorgado un amparo a Gerardo Gómez quien ya llevaba dos años preso por el delito cometido en contra del menor.
Asimismo, se ha señalado a Roberto Antonio Hernández Muñoz y a Francisco Javier Martinez por haber concedido la modificación de medidas cautelares a dos delincuentes que se dedican a cometer el delito de secuestro.
Andrés Manuel mencionó que el informe corresponde al día de hoy 31 de julio, sin embargo, casos como estos son constantes y permanente, por lo que, lo ideal es seguir denunciando para que quede constancia de los hechos.
El presidente de México enfatizó en que lo mejor es que se elijan las autoridades encargadas de impartir justicia ya que las actuales no están ejerciendo ni priorizando la justicia, propuso que sea el pueblo quien haga uso de la democracia para la elección de los jueces.
De nueva cuenta el Poder Judicial está dando de qué hablar y está siendo la corrupción la protagonista de esta serie de injusticias qué ya se han vuelto costumbre.
Pesé a que Norma Piña asegure que se busca minimizar el ejercicio jurídico, la Cuarta Transformación hará su mejor esfuerzo por proponer una reforma justa y eficaz para que los nuevos jueces y ministros del Poder Judicial, que se espera puedan ser elegidos por el pueblo, si sean capaces de comprobar sus sueldos así como sus prestaciones de ley y por supuesto, no liberen a delincuentes.
Este lunes el periodista Hans Salazar expuso ante el presidente varios casos en que impartidores de justicia y autoridades de la Fiscalía, han beneficiado a acusados y atentado contra víctimas de crímenes y despojo, por mencionar algunos casos, además de la poca efectividad que hay en algunas investigaciones.
Ante esto AMLO reiteró que antes de que termine su sexenio, presentará una nueva iniciativa para que se reforme al Poder Judicial y sea el pueblo el que elija a jueces,magistrados y ministros, además de que no descarta el mismo método para la elección de una Fiscal General de la República.
“Que se elija, a los encargados de la impartición de justicia, que los elija el pueblo para que de esa manera le deban al pueblo su encargo, su responsabilidad, y tenga que cumplirle al pueblo, no que los eligen y los nombran grupos de intereses creados”.
Detalló
#ConferenciaPresidente | Hay que buscar la manera de combatir la corrupción que hay al interior del poder judicial pues dijo @lopezobrador_ ahora los.ministros están completamente descarados, bloqueando iniciativas de cambio, defendiendo a la delincuencia, organizada y de cuello… pic.twitter.com/EsJ1aXZODE
El primer mandatario cuestionó que ahora los titulares del Poder Judicial están totalmente descarados, bloqueando todas las iniciativas que se han aprobado en el Congreso de la Unión, sumado a que los jueces y magistrados están apoyando a la delincuencia organizada y a los criminales de cuello blanco.
“Antes de que yo termine voy a enviar una iniciativa de reforma constitucional para que se elijan a jueces, magistrados y a ministros, que los elija el pueblo”.
Puntualizó
Finalmente y a manera de un reprobable ejemplo, el primer mandatario informó que el Fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, reveló que se presentaron 3 quejas ante el Consejo de la Judicatura estatal por resoluciones de 3 jueces que liberaron a 2 presuntos secuestradores y a un ministro de culto que abusó sexualmente de un menor de edad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la Controversia Constitucional que impugna el decreto por el que se sustituye el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de dicha entidad.
Este es el cambio que fue aprobado rápidamente el sábado 22 de julio por el Congreso estatal en sesión remota.
Los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Mena, de la Comisión de Receso de la SCJN, atendieron el tema.
Los ministros concedieron la suspensión del decreto para que las magistradas y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca sigan en el cargo que les fue conferido y no les sustituyan las personas nombradas en esta sesión extraordinaria.
Además, no procederá a la indemnización a la que se refiere el decreto y no se interrumpirá el pago de sus percepciones.
Así justificó el tribunal la decisión:
Ante todo, se concede la suspensión del decreto para asegurar que las personas habitantes de Oaxaca cuenten con un Tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 Constitucional, ya que esta medida cautelar también tiene por efecto que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no se modifiquen y que el Congreso se abstenga de realizar la reasignación presupuestal que ordena el decreto cuestionado.
Ahora, la SCJN comenzará a analizar si la reforma siguió el procedimiento legislativo que se define en la Constitución y, en su caso, si el contenido del decreto cumple con los principios establecidos en ésta.
Este miércoles, el aspirante a Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández visitó la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México donde daría una asamblea informativa.
Al grito de “¡Presidente, presidente!” habitantes de la alcaldía de la Ciudad de México recibieron a López Hernández, quien iba acompañado de su esposa, Dea Isabel Estrada. Recorrió las calles en donde saludo y escucho las peticiones de algunas personas.
📹 #Vídeo | "¡Presidente, presidente!": corean habitantes de Tlalpan, CDMX, ante la llegada de @adan_augusto y su esposa, Dea Isabel Estrada.
El tabasqueño ofrecerá una asamblea informativa al sur de la capital.
Durante su discurso dijo estar emocionado de estar con los asistentes y resaltó la participación de los adultos mayores, ya que los de la Ciudad de México siempre estuvieron apoyando al presidente Andrés Manuel López Hernández, en las buenas y en las malas.
Asimismo, expresó que las personas mayores son ejemplo de una política pública enfocada en el aspecto social. En este mismo sentido, recordó que cuando fue candidato municipal de Villahermosa, en 2003, tomó como ejemplo la política pública de López Obrador.
En su intervención también resaltó el aumento a la pensión universal, el cual será del 25% en enero de 2024, con lo que esta será de 6 mil pesos.
Otro de los puntos importantes que tocó fue la necesidad de reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial, ya que estos están al servicio de la mafia en el país.
Regresar a la Ciudad de México es siempre emocionante.
Aquí, el movimiento popular iniciado en Tabasco, se hermanó con las luchas democráticas y sociales de todo el país, y escribió algunas de las páginas más gloriosas de nuestra historia.
El día de hoy 26 de julio, se ha emitido un comunicado por parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en donde se indica que se considera una aberración el amparootorgado por la jueza Paloma Xiomara González González, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Material Penal en la Ciudad de México, a dos de los líderes del Cártel Inmobiliario: el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina y al diputado Jorge Romero Herrera.
De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial (CJF), se trata de la protección de la justicia federal concedida para los panistas dentro de los siguientes expedientes: 455/2023 y 482/2023, asimismo, Santiago Taboada reclamó acerca de la recopilación de los datos de sus cuentas bancarias, dentro de la carpeta de investigación CI-FIEAE/D/UI-1 C/D/00246/11-2021.
El tema continúa siendo de gravedad pues una representante de la justicia federal se ha prestado a encubrir a dos personajes que por más de 10 años han violado la ley, transgredido la seguridad y los derechos de miles de habitantes en la Alcaldía Benito Juárez.
Se ha exhortado a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, a que investigue la actuación de la jueza Paloma González así como también es necesario que el CJF indague la relación de la jueza con diversos actores del Partido Acción Nacional (PAN) miembros del Cártel Inmobiliario.
En el pasado mes de mayo, esta misma jueza concedió una suspensión provisional a Christian “N” contra la vinculación a proceso que se le dictó por uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos y asociación delictuosa. Además, en junio amparó a Sofía Soraya Von Roehrich, quien también se encuentra relacionada con el Cártel Inmobiliario, para dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso por el delito de asociación delictuosa.
La jueza Paloma González ha blindado a los integrantes del Cártel Inmobiliario de las investigaciones que realiza en su contra la Fiscalía General de Justicia, debido a que Christian “N”, Taboada, Romero y sus cómplices han obtenido ganancias por más de 7 mil millones de pesos tras realizar fraudes a personas que adquirieron su patrimonio y hoy viven en la incertidumbre.
Cabe destacar que el Cártel Inmobiliario se ha extendido a alcaldías gobernadas por el PAN como es el caso de: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.
El Subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio presentó durante la sección Cero Impunidad el caso de dos jueces que han favorecido delincuentes, vulnerando con ello la seguridad de la ciudadanía y la impartición de justicia.
Se expuso que los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñóz y Javier Martínez Castillo, cambiaron las medidas cautelares a dos secuestradores detenidos en Puebla en enero de 2018.
Fue el 23 de enero de 2018 cuando dos sujetos identificados como Diego “N” y Juan Carlos “N” privaron ilegalmente de su libertad a una mujer que laboraba en su propio negocio en la ciudad de Puebla, a la cual golpearon y pidieron dinero a sus familiares para su liberación.
Tres días después, el 26 de enero la víctima fue rescatada en un motel y los dos plagiadores fueron detenidos. Para el 29 de enero se les formuló la imputación y se les impuso la prisión preventiva oficiosa.
#ConferenciaPresidente | Durante la conferencia matutina fueron exhibidos varios jueces que, sistemáticamente, favorecen a delincuentes impidiendo que se ejerza una eficaz y expedita impartición de justicia en México. pic.twitter.com/RxTAHmbN1Q
El 2 de febrero de 2018 ambos sujetos fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agraviado, ratificando la medida cautelar, no obstante el 24 de diciembre de 2018 la audiencia inmediata no se puedo llevar a cabo por reiterados cambios de defensores y prórrogas de los mismos.
Para el 6 de junio de este año, la defensa de los criminales promovió un amparo para la revisión de las medidas cautelares, el cual fue otorgado por el Juez primero de Distrito en Materia Penal de Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñóz
Un grupo de legisladores y legisladoras de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron una solicitud de juicio político en contra de algunos ministros de la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los que señalan de haber no solo traicionado al pueblo de México, sino de ganar más que el líder del Ejecutivo y echar atrás la reforma electoral, violando con ello las atribuciones del Poder Legislativo.
Entre los ministros del Poder Judicial señalados están Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán.
“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 110 y 114, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, venimos a formular la denuncia de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia”.
Precisa el documento
El diputado Alejandro Robles Gómez acusó que los ministros han abusado y faltado a la Ley Federal de Remuneraciones: “esta demanda de juicio político porque no es capricho presidencial, sino es una definición de la voluntad del pueblo de México, para dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros que han decidido ampararse”.
“¡Nunca más jueces, jueces, magistrados y magistradas que se pongan en contra de la voluntad del pueblo!”, agregaron los diputados en sus redes sociales.
El magistrado Alberto Pérez Dayán es señalado de ser uno de los principales aliados de la oligarquía, así como de votar en contra de los intereses del pueblo o de los más necesitados.
El tema de la Reforma al Poder Judicial es uno de los grandes pendientes que la Cuarta Transformación no ha dejado de atender y el Presidente López Obrador ya ha mencionado que en 2024, antes de terminar su mandato, mandará una iniciativa para que la nueva legislatura atienda el asunto.
Sin embargo, en redes sociales no dejan de salir a la luz casos de negligencia y clara complicidad entre los jueces y criminales, no solo de cuello blanco, sino incluso con abusadores de menores, tal y como ha expuesto la periodista Meme Yamel en sus redes sociales.
A través de un tuit, la comunicadora expuso el caso del sacerdote Gerardo Espinoza Rubí, que en 2021 abusó sexualmente de Abner, un menor de entonces 7 años y que tras enterarse del crimen, pobladores de Aquixtla, Puebla, intentaron lincharlo, pero Esperanza, madre del menor, lo evito´, confiada en que la justicia se haría cumplir, lo cual no fue así.
El sacerdote Gerardo Espinoza Rubí abusó sexualmente de Abner de 7 años en octubre de 2021.
Ese día, el pueblo de Aquixtla estaba listo para lincharlo por lo que le hizo al menor, pero Esperanza (mamá de Abner) decidió confiar en la justicia y frenó el linchamiento.
El pasado 17 de julio de este año, el Juez Aarón Hernández Chino, validó un amparo promovido por la defensa del sacerdote Gerardo Espinoza esto a pesar de que la petición jurídica estaba basada en un tratado internacional ajeno a la Constitución Mexicana y sus leyes.
Juez Hernández Chino, con historial de liberar criminales sexuales
“Dos años después, el juez Hernández Chino decidió sacarlo de la cárcel y no imponerle ningún tipo de medida cautelar para que regrese a juicio abriendo la posibilidad para que el señor escape”.
Denunció la comunicadora
Pero este no es la primera vez que el juez Hernández Chino apoya a abusadores de menores y es que en 2019, liberó a dos personas que fueron señaladas de abusar de una menor de apenas 4 años de edad.
“Este mismo señor quiso ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla”, agregó la comunicadora.
Agregó
Por si fuera poco la liberación del sacerdote, ahora la señora Esperanza sufre de amenazas de otros religiosos y abogados de los mismos, dejando ver que la impartición de justicia en México está coartada por jueces que se sienten inmunes a la ley, gracias en parte a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en meses pasados tergiversó la autonomía que gozan los jueces.
El pasado viernes, acompañada por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y familiares de víctimas de feminicidio, la defensora de derechos humanos y periodista feminista, Soledad Jarquín Édgar clausuraron simbólicamente las oficinas del Poder Judicial de Oaxaca, en rechazo de que el pasado 10 de julio fue notificada la resolución de la Sexta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante la que desestima la sentencia emitida en primera instancia.
Denuncian que de esta manera se retrocede en el único avance que se tenía respecto al entramado de delitos que fueron cometidos alrededor del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín. La periodista mencionó que la resolución del Poder Judicial demuestra total parcialidad al posicionarse a favor del delincuente Heliodoro Altamirano Charis. “Descalifica también su grado de culpabilidad al definirla como media – y ya no alta– y no se acredita la existencia de las fotografías de María del Sol, negando así valor a su obra artística”, destacó.
Agregó que el Poder Judicial tuvo en sus manos la posibilidad de enviar un claro mensaje a la sociedad, en el sentido de que la violencia no será tolerada ni permitida, sino que, por el contrario, será sancionada; sin embargo, demuestra hoy el menosprecio a las víctimas y evidencia las redes de complicidades y causas estructurales que permiten la impunidad.
Denuncian que el acusado enfrentó todo el proceso en libertad y fue hasta finales del año 2020 que se llevó a cabo la primera audiencia; en octubre de 2022 fue dictada finalmente sentencia condenatoria a 13 años 4 meses, sin embargo el sentenciado continuó disfrutando de su libertad, y se amparó contra la resolución.
Al respecto, la integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, afirmó que hay una falta de seriedad y claridad por parte del Consejo de la Judicatura para revisar la actuación de Jueces y Magistrados. “Esta resolución tiene que ver con un tema de complicidad, no hay un criterio para juzgar con perspectiva de género; un criterio que se le ha venido demandando al Tribunal desde hace muchos años”, recriminó.
“Queremos denunciar públicamente al magistrado Arturo de León Vega, Ángel Alejo Torres, y Elizabeth Roxana López Luna que sin duda alguna tendrían que ser sometidas por parte de este Consejo de la Judicatura a revisión de sus actuaciones e investigación inmediata porque realmente es absurda la forma en la que echaron hacía atrás una resolución que pintaba como de avanzada y que dejaba bien al Poder Judicial del Estado”.
Puntualizó que “lo que está diciendo el Tribunal es: maten, asesinen, roben, comentan ilícitos y no va a pasar nada; el nivel de compadrazgo que tienen los actores involucrados en el feminicidio y demás delitos con nexos que se cometieron en el caso de María del Sol son evidentes”.
En consecuencia, se dicta una nueva resolución parcial que disminuye la pena de 13 a 9 años con 7 meses, desestima la gravedad de la culpabilidad y niega valor a la obra artística contenida en el equipo de trabajo robado.
El 2 de junio de 2018, María del Sol Cruz Jarquín, quien fungía como jefa de Comunicación Indígena Intercultural de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, fue víctima de feminicidio en Juchitán de Zaragoza, lugar en donde se encontraba, obligada por quien era su jefe, Francisco Montero López, a cubrir la campaña electoral de su hermano Hageo Montero López.
El entonces funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Heliodoro Altamirano Charis, sabiendo ya del asesinato de María del Sol, se presentó en el hotel donde ella estaba hospedada y se apoderó ilegalmente de su computadora, cámara fotográfica y de video.
“Una vez más se demuestra que en Oaxaca se asesina la justicia. Seguiremos exigiendo justicia y evidenciando el actuar del Poder Judicial del Estado y de las demás autoridades que tienen la obligación de atender a las mujeres en situación de violencia”, subrayó la defensora de derechos humanos Soledad Jarquín Édgar.
Cabe destacar que en el marco de la clausura simbólica, se registró una acción de intimidación por parte del Estado al enviar patrullas de Protección Federal y de la Guardia Nacional a circular justamente enfrente de donde se llevaba a cabo la actividad.
