“… No es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético. ¿Cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales en su conjunto? ¿Cómo en un país con tanta pobreza?”
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Conferencia matutina. 11 de mayo de 2023
La semana pasada en este mismo espacio me referí al anuncio que hizo el presidente acerca del envío de una iniciativa de reforma constitucional, al inicio del periodo ordinario de sesiones de la LXVI legislatura en septiembre de 2024, con el objetivo de que el pueblo elija diretamente a ministros, magistrados y jueces.
Quiero hacer la aclaración de que omití mencionar lo que ya en otras ocasiones ha subrayado López Obrador en el sentido de que en la República Restaurada que va de 1867 a 1876 y se inicia con el triunfo de la República y el regreso de Benito Juárez a la ciudad de México, efectivamente se determinó que fuera el pueblo quien eligiera directamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los de tribunales superiores estatales, así como a los procuradores.
Esa reforma formó parte de una serie de cambios que el triunfo liberal trajo consigo. La propia convocatoria a elecciones para designar al Ejecutivo, en la que el voto popular volvería a favorecer a Juárez, a los diputados y como lo mencioné arriba a los miembros de la Suprema Corte. Asimismo, la división del legislativo en dos cámaras, diputados y senadores, lo cual debido a la oposición en el legislativo, no ocurrió sino hasta 1874 bajo la presidencia de Miguel Lerdo de Tejada.
Era de esperarse que la oposición se lanzara contra el presidente afirmando que mentía al afirmar que el pueblo fue elector de los ministros de la SCJN durante la República Restaurada. Tal es el caso del senador Germán Martínez Cáceres, otrora del grupo parlamentario de Morena, y ahora “independiente” entre quienes están aquellos que faltan a la verdad por ignorancia o con el propósito de desinformar a la población. Equivocados están también quienes interpretan que ya hoy el pueblo elige a los ministros pues, en los términos del artículo 96 constitucional, los representantes de los dos poderes -ejecutivo y legislativo- intervinientes en el proceso de designación, son a su vez electos por el voto ciudadano.
En cualquier caso, se niega no solo el derecho sino la capacidad del ciudadano de a pie de asumir responsablemente la elección de funcionarios capacitados, pero sobre todo honestos y comprometidos con la plena impartición de la justicia. La subestimación y el menosprecio por el pueblo identifican a esa minoría oligárquica que alimenta el odio y el repudio por el cambio, la misma que hoy se encuentra desarrollando una estrategia para evitar a toda costa la continuidad de la 4T.
En esa estrategia la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple un papel relevante. El rol esperado por parte de los de toga negra es el de aglutinador de los diferentes poderes fácticos los cuales, aun con poca sistematicidad, comienzan a conformar un frente en contra de la transformación. Desde la SCJN se trabaja al lado de líderes empresariales, de organizaciones subvencionadas con fondos de instituciones y organismos extranjeros, despachos de abogados, dueños de medios corporativos de “información”, escritores, intelectuales y pseudoperiodistas,
La punta de lanza, esgrimida desde la sala de plenos de la Corte, la hemos podido confirmar en las votaciones ampliamente mayoritarias en contra de decisiones del poder Ejecutivo. Por citar solo dos ejemplos: la invalidez de la primera parte del plan B de la reforma electoral y la declaración de inconstitucionalidad del decreto mediante el cual el 22 de noviembre del 2021 el presidente declaró de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, ocurrido el 18 del mes en curso.
Sin embargo, AMLO emitiría un decreto la tarde de ese mismo día mediante el cual en un Artículo Único definiría como de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo.
La contraparte en la estrategia promovida por la derecha, la puso el empresario Germán Larrea Mota Velasco, por el diferendo en el tramo de ferrocarril de 120 kilómetros, a cuya concesión puso fin el Gobierno Federal el pasado viernes 19 del mes en curso. Por supuesto que todos los grupos mencionados se lanzaron a calificar de “expropiación” lo que, en caso de haber ocurrido, que no fue así, tampoco hubiera incurrido en ninguna ilegalidad, aunque así pretendan calificar a la decisión presidencial.
Sigamos muy de cerca todos estos acontecimientos. Mantengámonos bien informados y atentos a las siguientes acciones que la estrategia desestabilizadora derechista seguirá desarrollando.
El texto completo del decreto del 18 de mayo del 2023 puedes consultarlo en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5689265&fecha=18/05/2023#gsc.tab=0
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