Un mes después de su arranque, casi nadie se inscribe a la plataforma y los tribunales acumulan cientos de recursos legales.
El Sistema de Registro Digital de Anfitriones y Plataformas de Alojamiento Temporal nació con problemas graves. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lo impuso el 21 de mayo, pero la respuesta del sector ha sido de rechazo total.
Organizaciones del gremio calculan que menos del 5% de los anfitriones activos se ha registrado hasta ahora. Esa cifra contrasta con los 27 mil inmuebles que el propio gobierno reconoce como activos en plataformas digitales.
Durante meses, la comunidad anfitriona participó en mesas de trabajo y propuso esquemas de regulación viables. A pesar de ese esfuerzo, las autoridades terminaron imponiendo un modelo unilateral sin considerar esas propuestas.
Mientras el plazo de inscripción está por vencer, los juzgados federales reciben cada día más amparos contra el sistema. La mayoría de los anfitriones prefiere esperar una resolución judicial antes que registrarse.
El motivo central de la inconformidad es claro: el límite de 183 noches al año equivale al 50% de ocupación. Para muchos anfitriones, esa restricción golpea directamente su fuente de ingresos.
Aurora Acosta, quien renta un departamento en Coyoacán desde hace una década, lo resume con dureza. “Esto es lo que pasa cuando se imponen regulaciones desde el escritorio, dejándose llevar por narrativas e intereses particulares y sin permitirse conocer el sector”, afirma.
La anfitriona insiste en que cumple con sus obligaciones fiscales y mantiene su propiedad en regla. “Yo pago mis impuestos, mantengo mi propiedad en orden, recibo turistas mexicanos que no pueden pagar un hotel de 4 mil pesos la noche”, explica.
El origen del conflicto se remonta a la reforma de la Ley de Turismo aprobada en 2024. Esa ley resultó tan difícil de aplicar que el gobierno tardó más de un año y medio en activarla.
Por otra parte, la regulación se diseñó sin participación real del sector y sin bases técnicas sólidas para operar correctamente. Cuando finalmente entró en vigor, llegó con una carga extra que el gobierno capitalino había negado previamente: el tope de 183 noches.
El colectivo Todos Somos Anfitriones asegura que esa restricción se impuso de forma unilateral. Según el grupo, esto ocurrió después de 22 meses de diálogo en los que el sector propuso alternativas progresivas y funcionales.
La inconformidad ya se refleja en números judiciales contundentes. En 2024 se presentaron alrededor de 600 amparos contra medidas similares, y para 2026 los abogados esperan una cifra todavía mayor.
El asesor legal Héctor Rivera explica que varios tribunales colegiados ya otorgaron suspensiones definitivas por unanimidad. A su juicio, el límite de noches viola derechos fundamentales que protege la Constitución mexicana.
Rivera también señala una contradicción de fondo en la norma. La restricción solo aplica a quienes operan por plataformas digitales, sin tocar hoteles, moteles ni casas de huéspedes con otros canales de venta.
Por todo esto, el especialista sostiene que la medida también vulnera el derecho a la libre profesión de miles de anfitriones en la ciudad.
