Francia acaba de colocar sobre la mesa una discusión que México ya no debería seguir posponiendo: impedir el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Por supuesto que la medida provocará cuestionamientos, pero antes de descartar el ejemplo francés bajo la acusación automática de censura, México debería preguntarse qué responsabilidad tiene el Estado frente a un entorno digital diseñado para captar, retener y comercializar la atención de los menores de edad. Por esa razón, el centro de esta discusión debe partir del interés superior de la niñez, apegándose al artículo cuarto constitucional y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La UNESCO ha advertido que las tecnologías digitales pueden contribuir al aprendizaje, pero también generar invasión de la privacidad, distracción, ciberacoso y exposición a contenidos perjudiciales. En especial, señala que las plataformas gobernadas por algoritmos pueden amplificar estereotipos, estándares corporales irreales, contenidos sexuales y conductas poco saludables.
Los datos citados por la propia UNESCO resultan particularmente reveladores: 32% de las adolescentes consultadas en una investigación interna de Facebook afirmó que, cuando se sentía mal con su cuerpo, Instagram empeoraba esa percepción; en promedio, 12% de las jóvenes de 15 años en países de la OCDE declaró haber sufrido ciberacoso, frente a 8% de los varones; y, por si fuera poco, uno de cada siete adolescentes en el mundo vive con una condición de salud mental diagnosticable, mientras muchos otros enfrentan dificultades emocionales que afectan su bienestar, su aprendizaje y sus posibilidades futuras. En ese sentido, la realidad refleja algo crudo: frente a un niño en proceso de formación se encuentra una arquitectura tecnológica diseñada para mantenerlo frente a una pantalla, y frente a ello se hace necesaria la rectoría del Estado.
Pero esta rectoría no significa que el gobierno deba decidir qué pueden pensar, decir o compartir los adolescentes, sino establecer condiciones que garanticen que el desarrollo comercial de la tecnología no se coloque por encima de los derechos de la infancia. Por esa razón, nuestro país debe comenzar a invertir en alfabetización mediática e informacional, acompañar la regulación de las plataformas con políticas educativas más inteligentes y, sobre todo, discutir la edad mínima efectiva de acceso a determinadas plataformas, sustentándose cuando menos en cinco elementos: sistemas de verificación de edad que no impliquen la entrega indiscriminada de datos personales; cuentas diferenciadas para adolescentes; prohibición de publicidad personalizada dirigida a menores; transparencia sobre los algoritmos que les recomiendan contenido, y mecanismos rápidos para denunciar ciberacoso, explotación, suplantación de identidad o difusión de imágenes íntimas. En otras palabras, lo que se requiere es una política nacional de protección de la infancia digital que articule al gobierno, las familias, las escuelas, especialistas, organizaciones sociales y empresas tecnológicas.
Tomando como referencia lo que ocurre en otras naciones, nuestro país debe iniciar su propio debate, con evidencia, responsabilidad y sin convertirlo en otra confrontación partidista; no se trata de copiar mecánicamente una ley extranjera, sino de reconocer que los derechos de la infancia también deben ser garantizados en el territorio digital, especialmente frente a los intereses comerciales que han demostrado su capacidad de influir en las emociones, los hábitos y el desarrollo de millones de menores. En un punto como este, la neutralidad del Estado sería sencillamente irresponsable; por lo tanto, la rectoría del Estado se encuentra hoy ante la oportunidad de impedir que la vulnerabilidad de la niñez siga siendo utilizada como modelo de negocio, como hasta ahora ha ocurrido.
Hablamos de niñas y niños, no de usuarios, consumidores, seguidores o generadores de datos. Ha llegado la hora de actuar a su favor en el entorno digital.
- Luis Tovar
Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.
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