Resulta sintomático el hecho de que sean precisamente los socios comerciales de México los que estén en contra de la Reforma Judicial. En Estados Unidos 43 de los 50 estados los miembros del poder judicial son electos por la población y el embajador viene a unir fuerza con Norma Piña contra dicha transformación.
Los inversionistas del norte están acostumbrados a tener en el resto del continente su patio trasero, empezando por el más próximo que es México, mientras en el resto del mundo lo que quieren es certeza jurídica que aquí todavía no la hay si no se aprueba la reforma al Poder Judicial.
Los capitalistas de Canadá y Estados Unidos se acostumbraron a tratar con presidentes sumisos a sus órdenes, los hubo hasta agentes de su agencia de espionaje. Es por ello que las leyes de comercio internacional les estorban. Una vez instalados con sus empresas, el desarrollo legal de su producción es tarea de los jueces corruptos para explotar más y pagar menos. Incluyendo evasión fiscal y acoso laboral.
Los empresarios de los países socios, integrantes del TLC, no han dejado de invertir en México, primero por las facilidades fiscales, de mano de obra barata, de carencia de derechos laborales, de sumisión de los sindicatos y sumisión de los jueces, con la anuencia de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
Ahora, no sólo incrementan el monto de sus inversiones sino que llegan más empresas de esos países. De hecho, puede hablarse en este momento de repatriación de capitales, que salieron desde la campaña de López Obrador y ahora regresan ante la certeza jurídica a nivel de comercio internacional. Esto nada tiene que ver con la Reforma Judicial que se discute, pero ya dentro del contexto de la producción, hay un sinnúmero de temas que tienen que ver con esos jueces que no se identifican por su honestidad sino por aquellos que más dinero pueden aportarles.
Es decir, la reforma Judicial, en el caso de los inversionistas extranjeros de Canadá y Estados unidos también contribuye a fortalecer los derechos laborales de los mexicanos en su propio país.
Aunque los embajadores de esos países, Ken Salazar, de Estados Unidos y Graeme Clark, de Canadá afirmen que la aprobación de la reforma tendría impactos en el acuerdo comercial, en realidad lo que se busca deteniendo esa reforma es la impunidad. Independientemente de la injerencia que estas opiniones implican.
México nunca ha opinado sobre las leyes internas de sus socios comerciales, a pesar de que algunas de ellas afectan directamente a los mexicanos. Sorprenden las atribuciones que ambos diplomáticos se toman para servir de muñecos de ventrílocuos de sus gobiernos al advertir peligros que no existen.
Canadá no sólo es el socio más lejano en cuanto a ubicación geográfica, también en cuanto a cordialidad y amistad. Las minas canadienses en México carecen de condiciones laborales favorables, un ejemplo de ello es la Mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa que estuvo en huelga más de un año por las condiciones infrahumanas de los mineros mexicanos.
Esa mina propiedad de Américas Gold and Silver, que encabeza el canadiense Darren Blasutti, ocupaba hombres y mujeres en una mina insegura que debió mantenerse cerrada ante el peligro y la contaminación que representa.
Además de esta mina, Canadá tiene empresas como Torex Gold, concesionada la mina El Limón en Guaje, Guerrero; Agnico Eagle Mines, tiene la mina Pinos Altos, en Chihuahua; la Equinox Gold, con la mina Los Filos, en Guerrero; Alamos Gold, con la mina Mulatos, en Sonora; Panamerican Silver, con La Colorada, en Zacatecas, entre otras.
A los dueños de las minas no les conviene una reforma judicial en México porque teniendo certeza jurídica ellos no pueden abusar de los trabajadores mexicanos y se verán, además, obligado a reportar con precisión la cantidad de minerales que sacan del país, de los cuales no hay un control estricto.
No se van del país, ni traspasan sus negocios, porque aún con la reforma judicial, tienen contratos por decenios que los gobiernos anteriores les otorgaron a cambio de dádivas a los respectivos presidentes que subastaron el país.
Al opinar sobre las reformas legislativas de México, los empresarios de los países socios consideran que las concesiones son propiedades y que en cualquier momento pueden ser canceladas, como sucedió en Calica (Calizas Industriales del Carmen) con empresarios estadounidenses por la depredación que implicaba su operación.
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