El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, exhibió los actos de corrupción que han protagonizado los jueces federales, tras dar libertad a más de 100 delincuentes que han regresado a las calles.
“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles“.
Suena el nombre del juezEnrique Hernández Miranda, de Sonora, quien con 58 resoluciones, ha permitido la liberación de personas vinculadas con delitos de altos impacto y con organizaciones criminales como el “Cártel de Sinaloa”.
En su intervención, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, dijo que ya no se permitirá proteger a los jueces mediante el acuerdo interno que mantienen de que ninguno puede ser procesado sin la autorización del Poder Judicial y afirmó que tienen pruebas de los actos realizados fuera de la ley.
“Nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado, un ministro, ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno, en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan“.
La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió que, aunque aún haya unos cuantos que piensan que todo está bien así como está, la reforma al Poder Judicial no es ninguna ocurrencia y razones como las anteriores lo demuestran.
Durante la conferencia matutina de hoy, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó detalles clave sobre el papel que desempeñan los Tribunales Colegiados de Circuito en el sistema judicial mexicano y anunció la conformación de los Plenos Regionales, una figura destinada a resolver divergencias de criterio entre estos órganos jurisdiccionales.
Zaldívar explicó que estos nuevos Plenos estarán integrados por los magistrados que obtengan mayor votación en las elecciones del próximo 1 de junio, lo que marca un avance dentro del proceso de renovación democrática del Poder Judicial Federal.
#MañaneraDelPueblo | El exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, explica de manera detallada las dudas más comunes que hay en torno a la elección del poder judicial, un ejemplo son los tribunales laborales, jueces de distrito y magistrados de circuito. pic.twitter.com/CAa1mEjAfc
“Los Tribunales Colegiados son especies de supremas cortes; por eso la votación de las magistradas y magistrados es de la mayor relevancia, porque la inmensa mayoría de los asuntos jurisdiccionales del país quedarán en esta instancia, no llegarán a la Corte”, subrayó el exministro.
Los Tribunales Colegiados son los órganos responsables de resolver la mayoría de los recursos presentados contra decisiones de jueces y juezas de Distrito, así como de resolver todos los amparos directos, lo que les confiere una función estratégica dentro de la estructura del Poder Judicial.
En ese contexto, Zaldívar destacó también la función de los juzgados de Distrito, definidos como la primera instancia del Poder Judicial Federal, encargados de conocer de forma inmediata todos los juicios de amparo.
Además, recordó que como parte de la transformación judicial impulsada en los últimos años, los Tribunales Laborales ya sustituyeron a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, convirtiéndose en las instancias que ahora resuelven conflictos entre sindicatos, trabajadores y patrones, en cumplimiento de la reforma laboral y los compromisos internacionales de México en materia de justicia laboral.
El exministro reiteró que la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros será clave para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, y que los cambios estructurales buscan consolidar un sistema más transparente, profesional e imparcial, pero también más cercano a las personas.
Desde el salón de Tesorería de Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la promoción del voto en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial.
Durante la conferencia del pueblo, la funcionaria recordó que el TEPJF modificó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que se permite ahora que diferentes niveles y organismos del Estado puedan invitar a la ciudadanía a participar en los comicios. Entre las autoridades facultadas se encuentran los tres Poderes de la Unión, los poderes estatales, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y personas servidoras públicas.
🚨¿QUÉ SE PUEDE HACER Y QUÉ NO, EN LAS CAMPAÑAS DEL PODER JUDICIAL?
Rodríguez Velázquez puntualizó que será posible promover el voto sin aludir a candidaturas específicas, así como llevar a cabo campañas de comunicación social con fines informativos, educativos y de orientación ciudadana, sin sesgos ni apoyos implícitos a personas candidatas. Además, se permitirá la elaboración de material didáctico sobre cómo votar en las seis boletas que recibirá cada elector el próximo 1 de junio.
La Segob también delineó con claridad las restricciones. No se podrán usar nombres, imágenes o símbolos que identifiquen a funcionarios o candidaturas, y tampoco podrán emplearse colores institucionales, slogans ni logotipos, salvo los del INE y los OPLEs. Igualmente, las autoridades locales no podrán promover elecciones federales y viceversa. Las campañas deberán ser genéricas y neutrales, sin vulnerar el principio de equidad.
“Los spots o publicidad en internet no deben identificar al órgano que los emite, y todos los promocionales deberán incluir un cintillo que especifique que su contenido es informativo y educativo”, subrayó la funcionaria.
En el marco de la elección judicial del 1 de junio, Rosa Icela Rodríguez explicó que se entregarán seis boletas federales, cada una correspondiente a un cargo distinto:
Morada: ministras y ministros de la Suprema Corte
Azul: magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral
Turquesa: magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
Salmón: magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral
Rosa: magistraturas de circuito
Amarilla: juzgados de distrito
Además, en 19 entidades federativas se elegirá también a jueces y magistrados locales.
La presidenta de la Segob explicó que cada boleta incluirá:
En la parte superior, el cargo a elegir.
En la parte inferior, la lista de candidaturas, ordenadas alfabéticamente y divididas por género: mujeres a la izquierda, hombres a la derecha.
Cada candidatura estará identificada con un número, que será el que los electores deberán escribir en los recuadros disponibles.
“Del lado izquierdo se vota por mujeres, del lado derecho por hombres. Y cada boleta tiene un número específico de espacios a llenar dependiendo del cargo a elegir”, explicó Rodríguez Velázquez.
Se aclaró que para cumplir con el principio de paridad de género, los electores deberán elegir:
5 ministras y 4 ministros para la Suprema Corte
1 mujer y 1 hombre para la Sala Superior del Tribunal Electoral
3 mujeres y 2 hombres para el Tribunal de Disciplina Judicial
2 mujeres y 1 hombre para las salas regionales
Las boletas de Magistraturas de Circuito y Juzgados de Distrito incluirán además especialidades diferenciadas por color, y se deberá elegir mujeres y hombres dentro de cada especialidad.
Finalmente, Rosa Icela Rodríguez reiteró que el objetivo de estos lineamientos es garantizar un proceso transparente, con información suficiente y neutral, que promueva la participación ciudadana sin vulnerar la equidad del proceso judicial electoral.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual candidata a repetir en el cargo, Loretta Ortiz Ahlf, presentó una impugnación contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe la difusión del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, el cual calificó como “ridículo” y con restricciones “irrazonables”.
La inconformidad fue presentada la noche del 31 de marzo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su carácter de candidata a ministra en la elección que se celebrará el próximo 1 de junio.
“Promuevo juicio electoral en contra del ‘Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025’”, expuso Ortiz Ahlf en el documento remitido a los magistrados.
Como candidata a continuar en el cargo de Ministra de la @SCJN, ayer presenté ante la Sala Superior del @TEPJF_informa un juicio electoral en contra del acuerdo del INE que restringe que los Poderes de la Unión e instituciones públicas federales y locales puedan difundir… pic.twitter.com/zOP9PIe3vV
A través de un comunicado, la también académica señaló que limitar la difusión exclusivamente al INE es “contraproducente y hasta ridículo”, al tratarse de un mecanismo de elección “nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial”. En ese sentido, urgió a permitir que otras instituciones públicas participen en la difusión del proceso.
“El conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”, subrayó.
Ortiz Ahlf también recordó que los propios Poderes de la Unión han intervenido activamente en etapas anteriores del proceso para la selección de candidaturas, por lo que la actual medida de restricción es “incongruente en un sistema democrático”.
“En un sistema democrático lo más congruente sería que, apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección”, expresó.
La ministra advirtió que este tipo de limitaciones podrían traducirse en violaciones jurídicas, como impedir que universidades públicas —en uso de su autonomía— celebren foros informativos neutros, o que el propio Poder Judicial informe a la población sobre el proceso y la importancia de su participación.
“Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección”, sentenció.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos que regirán la campaña electoral rumbo a la inédita elección del Poder Judicial de la Federación, limitando el uso de recursos materiales y tecnológicos a fin de garantizar la equidad y legalidad en la contienda.
Entre las disposiciones más relevantes, se determinó que queda prohibido el uso de templetes, carpas, sonido profesional y perifoneo, aunque se permitirá que las y los aspirantes participen en foros, universidades, podcast o mesas de diálogo, siempre que ello no implique un costo para sus candidaturas.
“Está prohibido el uso de perifoneo”, puntualizó la consejera Carla Humphrey, quien explicó que los eventos en espacios abiertos deberán ser “no onerosos, sin erogaciones ni montajes”. Es decir, sólo se podrán usar megáfonos o bocinas no profesionales para amplificar la voz.
En cuanto a la comunicación digital, el INE permitirá a las candidaturas contar con canales de YouTube, páginas web y redes sociales, pero les está vedado pagar por pauta o publicidad digital, así como utilizar recursos económicos para incrementar el alcance de sus publicaciones.
También se reguló el uso de materiales promocionales físicos: se permitirá propaganda en papel biodegradable y el uso de camisas o prendas con el nombre del candidato, pero no se podrán uniformar equipos de apoyo, ni se autoriza la rotulación de vehículos, pinta de bardas o colocación de espectaculares o propaganda utilitaria.
En respuesta al panorama de violencia que se vive en algunas regiones del país, el INE autorizó el uso de vehículos blindados y personal de seguridad privada. Al respecto, Humphrey subrayó que “los vehículos blindados y personal de seguridad podrán ser utilizados atendiendo las problemáticas en materia de seguridad que aquejan a nuestro país”. Quienes recurran a estas medidas deberán informarlo a la unidad correspondiente del cargo que actualmente ejercen.
Finalmente, la consejera sostuvo que estas reglas son parte del esfuerzo institucional por blindar la contienda de irregularidades: “Cualquier acción va encaminada a garantizar que este proceso inédito de elección judicial se desarrolle en orden, legalidad, y confianza ciudadana”.
“El INE no solo regula y fiscaliza, sino que acompaña”, concluyó Humphrey, al destacar que estas medidas buscan proteger tanto la equidad en la contienda como la transparencia en el uso de los recursos públicos.
A pocos meses de la histórica elección judicial, la casa encuestadora Electoralia reveló en su más reciente medición nacional que César Gutiérrez Priego es el aspirante con mayor respaldo del pueblo para convertirse en Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el sondeo, el abogado experto en temas penales y militares, obtuvo el 16 % de las preferencias, superando a Ángel Mario García Guerra, quien alcanzó el 12 %, y a Federico Anaya Gallardo, con un 9 %.
🚨#ULTIMAHORA | César Gutiérrez Priego LIDERA las PREFERENCIAS para ser MINISTRO de la Suprema Corte.
La pregunta que guió el ejercicio fue: “Si hoy se eligiera a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿por cuál de los siguientes aspirantes votaría?”, lo que permite observar los perfiles que más confianza generan para la renovación del máximo tribunal.
Esta medición es sumamente relevante debido a la próxima renovación que vivirá el Poder Judicial a demanda del pueblo mexicano que claramente está atento a la trayectoria de perfiles como el de Gutiérrez Priego y que se mantiene como el más reconocido y con amplio respaldo.
“Nunca he trabajado para el gobierno”: César Gutiérrez Priego
En cuanto a su trayectoria profesional, Gutiérrez Priego lleva más de 1 mil casos legales defendidos a lo largo de su carrera, incluidos asuntos de alto perfil en justicia militar y Derechos Humanos. Por si fuera poco cuenta con estudios en universidades nacionales e internacionales como la Universidad Intercontinental, la Universidad de Navarra y el Boston College.
Fue el pasado 25 de noviembre de 2024 cuando el abogado César Gutiérrez Priego detalló en Sin Máscaras, sus intenciones de competir para ser un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la elección judicial para él no se trata de una “oportunidad”, sino una “responsabilidad” en caso de salir victorioso.
“Siempre he sido abogado litigante, nunca he trabajado para el gobierno ni he sido funcionario público. Creo en una justicia que no dependa de apadrinamientos o conexiones (…) Antes, para aspirar a ser juez o magistrado, necesitabas alguien que te recomendara. Hoy, tenemos la oportunidad de cambiar eso y hacerlo por mérito.”
“Tomé esta decisión después de analizar los riesgos y hablar con mi familia. No quiero que mis hijos pasen por las injusticias que yo viví (…) Cualquier ciudadano que haya vivido una injusticia tiene el deber de luchar por un verdadero cambio en la impartición de justicia.”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo General 3/2025, en el que se establecen los plazos y procedimientos para la conclusión de funciones de su actual integración, en cumplimiento con la reforma judicial vigente desde el 16 de septiembre de 2024.
El documento detalla que la última sesión del actual Pleno será el 12 de agosto de 2025, mientras que el informe final de labores de la ministra presidenta Norma Piña Hernández se presentará el 15 de agosto. Además, se creará el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, encargado de supervisar el proceso de entrega-recepción de la Corte.
A partir del 31 de agosto de 2025, el Pleno y las Salas de la SCJN concluirán sus funciones, y la administración del Alto Tribunal dejará de estar bajo la presidencia. Como parte de la reforma, el número de ministros se reducirá y la Corte operará únicamente en Pleno.
El acuerdo también establece que, desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto, la SCJN solo atenderá asuntos urgentes, tales como:
Amparos en revisión y directos en revisión cuando el quejoso esté privado de su libertad.
Casos en los que se involucre el interés superior de menores de edad.
Juicios laborales y agrarios colectivos.
Controversias constitucionales con solicitud de suspensión.
Acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
En cuanto a las sesiones, el Pleno de la SCJN modificará su calendario:
Abril y mayo: Sesionará los lunes y martes.
Junio a agosto: Sesionará solo los martes.
Las Salas continuarán sesionando cada miércoles hasta el 28 de mayo, y posteriormente cada 15 días hasta el 13 de agosto.
Proceso de entrega-recepción y nueva SCJN
El informe final de labores de Norma Piña Hernández deberá publicarse antes del 15 de agosto. Asimismo, se establece que la ministra presidenta podrá designar a una persona encargada del acta de entrega-recepción institucional, que se firmará el 31 de agosto y surtirá efecto el 1 de septiembre de 2025.
El documento aclara que la persona electa como nueva presidenta o presidente de la SCJN en la elección extraordinaria de 2025 recibirá el acta de entrega-recepción y el informe detallado sobre los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales del Tribunal.
Este proceso será supervisado por el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, que deberá integrarse en los cinco días hábiles posteriores a la publicación de los resultados de la elección extraordinaria de la Suprema Corte por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
Dicho grupo estará conformado por las personas titulares de:
Este viernes 21 de febrero, en las instalaciones de Talleres Gráficos de México, se dio inicio a la producción de más de 602 millones de boletas electorales para la elección judicial del periodo 2024-2025.
En el acto estuvieron presentes autoridades de alto nivel, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala; y la directora general de Talleres Gráficos de México, Maribel Aguilera Cháirez.
📹 #Vídeo | En un paso histórico hacia la democratización de la justicia, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del #INE anunció el inicio de la impresión de las boletas con las que el pueblo elegirá a sus jueces, magistrados y ministros.
Durante la ceremonia, se imprimió la primera boleta, y las funcionarias presentes verificaron detalladamente tanto el contenido como el diseño, asegurándose de que cumplieran con los estándares requeridos para el día electoral del próximo 1 de junio de 2025.
La secretaria de Gobernación resaltó la importancia de este momento para la democracia nacional, señalando que la impresión de tan numerosos ejemplares representa un paso fundamental para garantizar que cada ciudadano pueda elegir a sus representantes en el sistema judicial.
“El día de hoy inicia un proceso de suma trascendencia para la vida democrática de nuestro país y en particular, para el sistema de justicia. Con el inicio de la impresión de las más de seiscientas millones de boletas se avanza en una de las etapas más trascendentes de la organización electoral para ejercer su voto el próximo primero de junio. Se está revolucionando con un modelo de boleta que por nuestro diseño constitucional es único y tendrá todos los elementos para que la ciudadanía pueda elegir de la mejor manera a los aspirantes de su preferencia”, subrayó
Por otro lado, Guadalupe Taddei Zavala destacó que este avance reafirma el compromiso del INE y de las autoridades para que, mediante un proceso riguroso, se preserve el derecho electoral de todos los mexicanos.
El inicio de este proceso en Talleres Gráficos de México simboliza el compromiso con la transparencia y la precisión que demandan las próximas elecciones judiciales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió, de manera unánime, rechazar la inclusión de sobrenombres en las boletas para la elección judicial. Esta decisión fue argumentada con base en criterios técnicos y jurídicos, además de que algunos de los apodos solicitados fueron considerados propaganda electoral, lo que viola las normas electorales vigentes.
De las 29 solicitudes recibidas, 13 fueron rechazadas por su posible uso proselitista. La ministra Lenia Batres Guadarrama propuso aparecer en la boleta como “Ministra del pueblo” o simplemente “Del pueblo”, pero ambas denominaciones fueron desestimadas. Entre otros sobrenombres no admitidos se encuentran “El ángel de la justicia”, “Magistrado del Cambio”, “El juez Barrios”, “El defensor popular”, “Juez del Pueblo” y “Jueza de la Verdad”. Asimismo, Marco Antonio Rojo Olivarría, candidato a juez de distrito del área administrativa del circuito uno, presentó tres opciones: “El juez de AMLO”, “El juez de la 4T” y “El juez del Pueblo”, todas denegadas por los mismos motivos.
Los consejeros del INE señalaron que cualquier petición relacionada con los nombres debió haberse presentado al momento del registro ante los comités de evaluación de los Poderes de la Unión o el Senado. También destacaron que no existe la posibilidad de modificar los nombres ya inscritos, ni hay espacio suficiente en las boletas para incluir sobrenombres, lo cual complicaría su diseño. Por otro lado, argumentaron que ciertos términos propuestos podían alterar la percepción del electorado, en contravención con las normas sobre propaganda electoral.
El acuerdo final del INE estipula que no se permitirá el uso de apodos en las boletas electorales para las candidaturas del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, las resoluciones del instituto pueden ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que abre la puerta a una revisión.
El Instituto Nacional Electoral (INE) podría decidir negar a la ministra Lenia Batres Guadarrama la posibilidad de aparecer en la boleta electoral con el sobrenombre de “Ministra del Pueblo”, argumentando que esta solicitud constituye propaganda electoral, lo cual podría generar inequidad en la contienda y confundir al electorado.
Este miércoles, el INE celebrará una segunda sesión extraordinaria urgente en la que se prevé rechazar las 24 solicitudes de sobrenombres presentadas por varios candidatos, comenzando por la de Lenia Batres. A pesar de la decisión del órgano electoral, la ministra ha sido constantemente respaldada por un sector amplio de la ciudadanía, que la reconoce como una figura cercana y comprometida con las causas sociales.
Lenia Batres solicitó al INE que su sobrenombre apareciera en la boleta, alegando que es como la conocen y la llaman los ciudadanos, especificando incluso el uso de mayúsculas en las palabras “Ministra” y “Pueblo”. Sin embargo, el proyecto que se votará esta tarde en el Consejo General del INE, a petición de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, concluye con la recomendación de negar todas las solicitudes de sobrenombres. El proyecto justifica que, aunque legalmente es posible solicitar un sobrenombre, no basta con hacerlo; también debe cumplir con ciertos criterios establecidos por la ley.
El rechazo al sobrenombre de Lenia Batres también se extiende a otras solicitudes, muchas de las cuales incluyen términos que hacen referencia al pueblo y la Cuarta Transformación (4T).
Según el proyecto del INE, estos sobrenombres se apartan de los límites establecidos en la jurisprudencia 10/2013, considerando que constituyen propaganda electoral. Se argumenta que los sobrenombres buscan influir en las decisiones del electorado, lo que contraviene los principios de equidad e imparcialidad. Sin embargo, el rechazo a estos sobrenombres podría interpretarse como un intento de frenar el reconocimiento de figuras comprometidas con el pueblo, como la ministra Lenia Batres, quien ha demostrado su dedicación al bienestar social.
