Etiqueta: Reforma Judicial

  • La SCJN abirirá su saturada agenda del 2025 con un rezago de mil 697 expedientes

    La SCJN abirirá su saturada agenda del 2025 con un rezago de mil 697 expedientes

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerrará el 2024 con una carga significativa de trabajo acumulado, ya que al menos mil 697 asuntos permanecerán sin resolución, a los que se sumarán los casos que se presenten durante el actual periodo de receso. Este escenario plantea un reto mayúsculo para los ministros, quienes deberán afrontar una transición histórica a partir del próximo año.

    Entre los casos pendientes destacan más de 30 impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), además de controversias relacionadas con la Ley Minera, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la enmienda de 2020 que eliminó un centenar de fideicomisos.

    El pleno reanudará sus sesiones ordinarias el 7 de enero, pero el tiempo para abordar esta carga será limitado: la actual integración de la Corte cesará funciones el 31 de agosto, momento en el que entrarán en vigor las reformas que establecen la elección de ministros mediante voto popular, una medida promulgada el pasado 15 de septiembre.

    Acumulación de trabajo sin resolver

    Según datos del tribunal, los asuntos más numerosos incluyen 491 amparos directos en revisión, 274 controversias constitucionales, 269 amparos en revisión y 241 acciones de inconstitucionalidad. También figuran 85 contradicciones de criterios, 61 incidentes de inejecución de sentencia y 58 solicitudes de atracción, además de siete consultas específicas relacionadas con la reforma judicial en curso.

    Algunos de estos casos llevan años sin resolución. Un ejemplo es la controversia planteada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contra la reducción de salarios y otras medidas de austeridad implementadas por el actual gobierno. Su análisis en el pleno estaba programado para el pasado 3 de diciembre, pero se pospuso a petición de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, lo que generó un desacuerdo público con su colega Lenia Batres Guadarrama.

    Baja eficiencia en la resolución de asuntos

    En su segundo informe anual, la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, reveló que entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 el máximo tribunal recibió 116 mil 778 asuntos para revisión. De este total, apenas 3 mil 853 cumplieron con los requisitos para ser turnados a los ministros y trabajados en proyectos de sentencia. Esto significa que alrededor del 97% de los casos fueron desechados por improcedentes, una cifra que pone de manifiesto la sobrecarga y la necesidad de optimizar los procesos internos.

    Reforma judicial y su impacto en 2025

    El 2025 marcará un punto de inflexión para la SCJN con la entrada en funciones de los nuevos ministros electos por voto popular, un cambio sin precedentes que modificará tanto la dinámica interna como la relación entre el Poder Judicial y otros sectores de la sociedad.

    El volumen de trabajo acumulado, las reformas en curso y las tensiones internas reflejan la magnitud de los desafíos que enfrenta la Corte en un periodo de transición histórica.

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  • Sergio Santamaría Chamú, juez del Primer Distrito en Morelia ordena al INE detener el proceso de la elección judicial

    Sergio Santamaría Chamú, juez del Primer Distrito en Morelia ordena al INE detener el proceso de la elección judicial

    El pasado 21 de diciembre, el juez Sergio Santamaría Chamú, del Primer Distrito en Morelia, Michoacán, ordenó la suspensión inmediata del proceso electoral extraordinario 2024-2025, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), destinado a elegir jueces de distrito y magistrados de circuito. Esta decisión es una muestra de la resistencia que se muestra hacia la reforma que busca democratizar el Poder Judicial y abrirlo a una mayor participación ciudadana.

    El fallo también prohíbe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación extinguir los fideicomisos y fondos que administra el Poder Judicial. Estos recursos, que se encuentran bajo administración interna, han sido señalados por su falta de transparencia y su función en el mantenimiento de privilegios exclusivos para altos funcionarios judiciales.

    La resolución detalla que el INE debe cesar de inmediato las actividades relacionadas con las elecciones extraordinarias y que Hacienda deberá abstenerse de reducir o cancelar las pensiones complementarias asignadas a funcionarios judiciales retirados. Además, impone una multa de 107,570 pesos a los 11 consejeros del INE y a dos funcionarios federales. De no cumplir con la orden, se les aplicará una sanción económica adicional por el mismo monto.

    Fideicomisos bajo protección judicial

    El juez ordenó explícitamente evitar cualquier acción dirigida a extinguir, reducir o modificar los fideicomisos del Poder Judicial. Según el dictamen, estas medidas se justifican en la necesidad de preservar los recursos asignados a esta institución. Sin embargo, el mantenimiento de estos fideicomisos ha generado cuestionamientos sobre su función y el destino de los recursos que concentran.

    Suspensión del proceso electoral

    El dictamen también establece que el Consejo General del INE debe detener el proceso electoral en la etapa en la que se encuentra. La reforma, que dio origen a este proceso, pretendía garantizar mayor pluralidad en la elección de jueces y magistrados, evitando el control discrecional por parte de las cúpulas del Poder Judicial. La suspensión de este proceso electoral pone en pausa dichas aspiraciones de cambio.

    Los involucrados tienen un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación oficial, para acatar las disposiciones del juez. Las notificaciones oficiales se entregarán en las oficinas del INE y Hacienda una vez concluidas las festividades navideñas, momento en el que comenzará a correr el plazo para cumplir con las órdenes judiciales.

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  • INE castigará a la ciudadanía porque no les aprobaron el excesivo presupuesto solicitado para la elección judicial

    INE castigará a la ciudadanía porque no les aprobaron el excesivo presupuesto solicitado para la elección judicial

    El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra nuevamente en el centro del debate público tras el recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados para el proceso electoral de 2025. De los 13 mil millones de pesos solicitados, el presupuesto quedó reducido a 7 mil millones, lo que ha llevado a su presidenta, Guadalupe Taddei, y a la consejera Claudia Zavala a expresar preocupación por las posibles consecuencias.

    Las declaraciones de Guadalupe Taddei

    Guadalupe Taddei, presidenta del INE, subrayó que el Instituto cumplirá con su mandato constitucional a pesar de los ajustes, aunque señaló que las condiciones de las votaciones cambiarán debido a la reasignación presupuestal. En sus propias palabras:

    “También con la mira puesta en que ante una posible necesidad extraordinaria habremos de tocar las puertas nuevamente al Congreso para que se nos haga una ampliación presupuestaria, si así se requiere. No dejará el Instituto de hacer absolutamente ningún esfuerzo por cumplir con este mandato constitucional.”

    Taddei explicó que, de los recursos recortados, 4 mil millones de pesos estaban destinados de manera precautoria para consultas populares, mismas que no han sido solicitadas. A pesar de esto, indicó que el ajuste impactará en la instalación de las 172 mil casillas y la contratación de 52 mil supervisores y capacitadores electorales, ya que el presupuesto ahora es considerablemente menor al solicitado inicialmente.

    “La cantidad prevista para ello implicaba el otro presupuesto. El Instituto tendrá que hacer una revisión de su propia estructura de proyectos para ver en cuáles vamos a dar prioridades o no vamos a dar prioridades.”

    Taddei enfatizó que las áreas técnicas del INE ya están trabajando para ajustar los planes y cumplir con el mandato constitucional de organizar las elecciones, aunque bajo nuevos parámetros financieros.

    ¿Prioridades mal definidas o presupuesto inflado?

    Las declaraciones de Taddei ponen al centro la necesidad real de los recursos solicitados por el INE. Por un lado, la reducción presupuestal refleja un llamado a la austeridad en un proceso electoral atípico, en el que no habrá participación de partidos políticos. Por otro lado, el discurso del organismo sugiere que sin un aumento presupuestario, se podrían afectar aspectos clave del proceso.

    La solicitud inicial de 13 mil millones de pesos, que incluía 4 mil millones precautorios para consultas populares inexistentes, ha sido señalada como excesiva. El recorte podría ser una oportunidad para que el INE reorganice sus prioridades y optimice recursos en beneficio de los ciudadanos.

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  • Claudia Sheinbaum informa que el 15 de diciembre se publicará la lista oficial de aspirantes para la elección de personas juzgadoras en 2025

    Claudia Sheinbaum informa que el 15 de diciembre se publicará la lista oficial de aspirantes para la elección de personas juzgadoras en 2025

    Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó los pasos del mecanismo para el proceso de elección de personas juzgadoras en el marco de la elección extraordinaria de 2025.

    Se destacó que el 14 de diciembre es la fecha límite para verificar si los aspirantes inscritos en el Comité Evaluador del Poder Ejecutivo cumplen con los requisitos establecidos. El 15 de diciembre se publicará el listado oficial de quienes podrán participar, y el 31 de enero de 2025 se determinará qué personas estarán habilitadas para la elección.

    Restricciones en el financiamiento y sobre los legisladores interesados

    Sheinbaum también señaló que los aspirantes podrán utilizar los medios públicos gubernamentales para sus campañas, pero no tendrán acceso a financiamiento por parte de empresas o particulares.

    En cuanto a los legisladores que inicialmente decidieron no participar y ahora buscan hacerlo, Arturo Zaldívar indicó que no se ampliará el plazo de inscripción, dado que sería injusto para quienes cumplieron en tiempo y forma. Sin embargo, señaló que se revisará su proceso.

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  • Norma Piña critica reforma judicial con alarmas plagadas de falsedades en su segundo informe

    Norma Piña critica reforma judicial con alarmas plagadas de falsedades en su segundo informe

    En su segundo informe de labores, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, lanzó críticas a la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno de la 4T, recurriendo a alarmas que, lejos de aportar claridad, están plagadas de falsedades.

    Durante su mensaje, Piña afirmó que los resultados de la reforma no serán inmediatos y que solo el tiempo determinará si esta cumple con sus objetivos. Estas declaraciones buscan sembrar incertidumbre sobre un proyecto que prioriza el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y la construcción de un sistema judicial más equitativo.

    Críticas a la reforma desde una postura poco fundamentada

    “La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos”, declaró Piña, pero sus palabras han sido vistas como un intento por desacreditar los esfuerzos que buscan combatir los privilegios excesivos y fortalecer el acceso a la justicia en México. Piña insistió en que frases como “sí se pudo” solo tendrán sentido cuando los hechos demuestren resultados, dejando de lado el compromiso real y presente que las nuevas medidas representan.

    En otro momento, la ministra aseguró que espera que esta reforma no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de derechos humanos y de control constitucional. Sin embargo, dichas afirmaciones ignoran que la reforma está diseñada precisamente para reforzar estos objetivos, con mecanismos que buscan eliminar las desigualdades estructurales y garantizar un Poder Judicial al servicio de la sociedad.

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  • Jueza en Jalisco otorga suspensión a la captura de empresario tequilero vinculado a propiedad ligada al CJNG

    Jueza en Jalisco otorga suspensión a la captura de empresario tequilero vinculado a propiedad ligada al CJNG

    Guadalupe Baca Valencia, jueza del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Jalisco, ha emitido una resolución que frena la captura del empresario Víctor Alfonso Camacho, quien enfrenta señalamientos por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    El empresario, dueño de una propiedad en Riverside, California, valuada en 1.2 millones de dólares, se encuentra bajo la lupa tras la detención en esa residencia de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del CJNG. Aunque Camacho niega cualquier relación con el grupo criminal, el fallo de la jueza ha suscitado controversia.

    Una suspensión provisional que divide opiniones

    La jueza concedió una suspensión provisional que evita la detención de Camacho. Según su resolución, esta medida no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público. Por el contrario, argumentó que la falta de esta protección podría ocasionar daños irreparables al empresario.

    “En un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho… Se concede la suspensión provisional del acto reclamado”, subrayó Baca Valencia en el documento.

    Sin embargo, aclaró que si existiera una orden de aprehensión por delito grave, Camacho podría ser encarcelado. Hasta el 3 de diciembre, cuando se llevará a cabo una audiencia, su libertad dependerá del cumplimiento de varias condiciones, entre ellas el pago de una garantía de 47 mil pesos.

    Negaciones y contradicciones

    Camacho rechazó cualquier vínculo con el CJNG, explicando que la propiedad en cuestión, adquirida a través de su empresa Pasión Azul S.A. de C.V., había sido subarrendada sin su conocimiento. Según su versión, la residencia fue rentada inicialmente a un tercero, quien después la puso en manos de Gutiérrez Ochoa, alias El Palomo o El Guacho.

    El empresario destacó que los fondos usados para adquirir la propiedad provienen de dinero fiscalizable, lo que, según él, respalda su legitimidad.

    Un caso que refleja fallas estructurales

    El caso ha generado amplias críticas y reflexiones sobre las lagunas en el sistema de justicia mexicano. La actuación de la jueza refleja la importancia de fortalecer las reformas judiciales, especialmente en la lucha contra el crimen organizado. Para otros, pone en evidencia el margen de maniobra que ciertos actores logran obtener en el sistema jurídico.

    El desenlace de este caso será crucial para definir el rumbo de los debates sobre la reforma judicial en el país y sobre la actuación del Poder Judicial frente al crimen organizado.

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  • Después de que el Senado negara la licencia solicitada por el INE, Guadalupe Taddei insiste en solicitar más de 13 MMDP para la elección judicial

    Después de que el Senado negara la licencia solicitada por el INE, Guadalupe Taddei insiste en solicitar más de 13 MMDP para la elección judicial

    En conferencia de prensa posterior a la sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE), se confirmó que la elección de jueces, magistrados y ministros deberá realizarse el próximo 1 de junio de 2025, tras la notificación oficial de las cámaras de Senadores y Diputados.

    Durante el anuncio, se mencionó que el instituto acatará esta resolución, aunque inicialmente se había solicitado una prórroga de 90 días para que los comicios pudieran celebrarse en septiembre. “Asumimos la notificación con gran responsabilidad y, por supuesto, aumenta el reto de sacar en tiempo y forma este proceso electoral”, señaló la consejera del INE.

    Asimismo, se indicó que las áreas técnicas del organismo tomarán decisiones en los próximos días para garantizar que la jornada del 1 de junio se lleve a cabo en un ambiente de tranquilidad.

    Un Presupuesto Cuestionado

    En el marco de estos preparativos, el INE ha solicitado un presupuesto superior a los 13 mil millones de pesos para la organización de este proceso electoral. Aunque se trata de una elección histórica, ya que no contempla la participación de partidos ni campañas políticas, la cifra ha sido calificada como excesiva por diversos sectores, considerando la ausencia de elementos que habitualmente incrementan los costos en procesos similares.

    La consejera del INE pidió no prejuzgar sobre posibles reducciones presupuestales que puedan afectar la operación del proceso electoral. También señaló que el organismo defenderá este proyecto de presupuesto ante la Cámara de Diputados, argumentando que se requiere garantizar la organización en los términos establecidos por la ley.

    La solicitud presupuestal, ahora en manos de la Cámara de Diputados, podría enfrentar ajustes conforme se evalúen las necesidades reales del proceso electoral. La decisión sobre este tema marcará un precedente en términos de austeridad y uso responsable de los recursos públicos para procesos de esta naturaleza.

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  • La Iglesia Católica intensifica su postura contra la Reforma Judicial, violando el carácter laico del país

    La Iglesia Católica intensifica su postura contra la Reforma Judicial, violando el carácter laico del país

    En las celebraciones dominicales del 24 de noviembre, la Iglesia católica en México dejó claro su rechazo a la reforma judicial que propone elegir a jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular, un proceso que se vislumbra para 2025. A lo largo del país, sacerdotes y obispos expresaron su desacuerdo, dejando a un lado la separación entre la Iglesia y el gobierno.

    Durante la solemnidad de Cristo Rey, una misa en la Basílica de Guadalupe reunió a magistrados del Poder Judicial, quienes recibieron una petición por ellos y sus familias: poner a Dios en el centro de sus decisiones. El obispo auxiliar Francisco Javier Acero Pérez, quien ofició la misa, destacó la importancia de la justicia y encomendó al país a la Virgen de Guadalupe para garantizar paz y seguridad. Entre los asistentes destacó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien participó junto a su familia.

    En Morelia, Michoacán, el sacerdote encargado hizo una plegaria por los integrantes del Poder Judicial, alarmando sobre las falsas consecuencias negativas que podría acarrear la reforma. Asimismo, el arzobispo Carlos Garfias Merlos exhortó al Poder Judicial a “hablar con verdad” para evitar que la confusión y la mentira prevalezcan.

    En otras ciudades como Oaxaca, La Paz, Culiacán, Cancún, Durango, San Luis Potosí, Mérida y Xalapa, también se celebraron misas donde el mensaje se centró en desinformar y violar la laicicidad del Estado mexicano.

    Desde Campeche, el obispo José Francisco González afirmo que la “falta de seguridad” amenaza al país entero, suscribiéndose a un mensaje permeado por una falsa narrativa.

    La movilización de la Iglesia católica en torno a la reforma judicial deja ver la importancia del debate nacional sobre el futuro de las instituciones judiciales, así como el papel de las voces religiosas en un proceso que sigue generando controversia.

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  • Reforma Judicial: Elección Democrática de Jueces y Magistrados en México

    Reforma Judicial: Elección Democrática de Jueces y Magistrados en México

    Una vez aprobada la reforma judicial para que los ciudadanos podamos elegir mediante el voto a jueces y magistrados, surgen dudas sobre los procedimientos para dicha elección.

    Antes que nada, es importante saber que la semana pasada, la Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, junto con la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, presentaron las leyes y reglamentos secundarios necesarios para el correcto funcionamiento de los nuevos órganos judiciales que comenzarán sus funciones después del proceso electoral en donde se elegirán jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras del Poder Judicial. La elección será el 1° de junio de 2025.

    Las tres iniciativas de leyes secundarias que fueron enviadas el miércoles 20 de noviembre al Senado de la República como parte de la reforma al Poder Judicial fueron: Ley Orgánica del Poder Judicial; la nueva Ley de Carrera Judicial; y la Ley de Responsabilidades Administrativas.

    En segundo término, los ciudadanos debemos estar informados sobre el procedimiento para seleccionar a los perfiles que pasaran a formar parte de las boletas electorales. El proceso de registro para quienes desean participar en la elección de jueces y magistrados tenía como fecha límite el domingo pasado, sin embargo, existe la posibilidad que desde el poder ejecutivo se solicite un plazo al Senado de la república para extender los tiempos de registro, pues hasta la fecha de presentación de las iniciativas de ley mencionadas, el registro de participantes aún era mínimo.

    Una vez que los perfiles estén registrados, los Comités de Evaluación definirán a quienes podrán participar en la terna, de los cuales, a través de la insaculación (la famosa tómbola) se elegirán a mil 793 candidatos y candidatas que participarán en el proceso de elección del próximo año.

    Ahora bien, los requisitos para realizar el trámite para ser posibles candidatos a alguno de los encargos mencionados en el poder judicial son: tener una cuenta Llave Mx (del Gobierno Federal, https://www.llave.gob.mx/); acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana; credencial del INE vigente; título que acredite licenciatura en Derecho; cédula profesional; certificado de estudios o historial académico; constancia de residencia en el país; ensayo de máximo tres cuartillas donde se justifique los motivos de la postulación; y al menos cinco cartas de referencia que respalden su idoneidad para el cargo. La página habilitada para ello es la del Registro para personas aspirantes a las candidaturas para la SCJN, el TEPJF, el TDJ, Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. (https://www.registroeleccionjudicial.adyt.gob.mx)

    El INE determinó sin la presencia de los partidos políticos en sesión, el marco geográfico electoral que se utilizará para este proceso electoral donde se propuso que se homologuen los distritos federales y circunscripciones de los procesos electorales a los de los magistrados de circuito y los jueces de distrito; considero para el proceso de elección la geografía electoral actual, es decir en función de entidades, distritos federales, distritos locales, circunscripciones y secciones.

    De tal forma que se plantea que cada ciudadano pueda elegir en promedio

    • Hasta 39 cargos
    • 9 ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
    • 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
    • 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
    • 3 magistraturas de las Salas Regionales de las 15 en total
    • Hasta 10 magistraturas de circuito o apelación
    • Hasta 10 personas juzgadoras de distrito

    Resulta necesario que los ciudadanos conozcamos como se han dividido los circuitos judiciales, sus limitaciones geográficas y los encargos a elegirse en cada uno, el Marco Geográfico Electoral se armoniza con la cartografía que utiliza el PJF para la asignación de cargos y especialidades.

    Los distritos electorales ordinarios serán usados para la elección de ministros, así como magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

    En el caso de las elecciones de magistrados y jueces de distrito se realizó una adecuación entre distritos electorales y circuitos judiciales.

    La Ciudad de México será la entidad con más cargos a elegir, pues contemplaría 104 magistraturas de circuito y 64 juzgados de distrito.

    Finalmente recapitulando menciono lo siguiente.

    1. La reforma judicial es un hecho.
    2. Las iniciativas para las normas secundarias que regirán a los órganos del poder judicial de la federación ya fueron presentadas ante el órgano legislativo para su aprobación.
    3. Los procesos de registro para quienes deseen ser parte del poder judicial cumpliendo con los requisitos de ley están por concluir, una vez realizado este paso el órgano definido para evaluar los perfiles presentará las propuestas idóneas que participaran en la insaculación de la que saldrán los perfiles que contendrán en el proceso electoral para los diversos cargos.
    4. El INE ya preparó el marco geográfico en el que se distribuirán las candidaturas inclusive por paridad de genero con la finalidad de facilitar los procesos electorales y homologar la geografía electoral del INE con la del Poder Judicial de la Federación.
    5. La elección se llevará a cabo hasta el momento el día 1 de junio de 2025.

    Queda como tarea de quienes nos dedicamos a la labor de informar y concientizar poder explicar mediante asambleas, reuniones vecinales e infografías que encargos se elegirán, cual es la tarea de los funcionarios públicos que resultarán electos, quienes fueron y que hicieron los que están hasta ahora ocupando dichos encargos, cuales es la esfera jurídica de los magistrados del Tribunal Federal, de los órganos de regulación, de los magistrados de circuito y el papel que juegan los jueces de distrito así como su delimitación geográfica, esta información es de especial atención, para que la ciudadanía pueda realizar un voto razonado. Pues desde mi perspectiva aun se corre el riesgo de que la elección tenga tintes políticos y las propuestas de los diferentes niveles del poder judicial para su elección vengan patrocinadas desde lo obscurito por los dueños del poder y del dinero que buscan controlar a toda costa las decisiones del poder judicial en beneficio de negocios turbulentos o bien de quienes buscan hacerse del control del poder político desde el control de las esferas jurídicas. Solo un pueblo bien informado de quienes y de donde vienen los contendientes permitirá un proceso electoral que si permita la renovación tajante de los órganos judiciales.

  • Antecedentes penales en España podrían frenar candidatura de Roberto Gil Zuarth para ministro de la Suprema Corte de Justicia

    Antecedentes penales en España podrían frenar candidatura de Roberto Gil Zuarth para ministro de la Suprema Corte de Justicia

    El exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Gil Zuarth, ha manifestado su interés en convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante el mecanismo de elección popular que introdujo la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Sin embargo, su postulación podría verse truncada debido a una sentencia penal en su contra en Barcelona, España, que pone en entredicho su elegibilidad.

    Cambio de postura ante la reforma judicial

    A pesar de haber criticado anteriormente la reforma judicial, Gil Zuarth justificó su cambio de opinión durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, argumentando que las “reglas del juego han cambiado”. Según él, participar en este nuevo sistema es necesario para defender la estabilidad y el patrimonio del sistema judicial mexicano.

    “Son las reglas del juego. No nos podemos quedar en casa. Los jueces y magistrados tienen su historia y estabilidad pendiendo de un hilo. ¿Cómo lo vamos a defender?”, expresó Gil Zuarth en el programa.

    Antecedentes penales en Barcelona

    A pesar de su interés en el máximo tribunal, una sentencia penal de 2011 emitida en España podría impedir que el político panista acceda a este cargo. Documentos obtenidos por el medio Sin Embargo Mx revelan que Gil Zuarth fue condenado por los delitos de lesiones contra un ciudadano y agresión a agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, así como por daños a una propiedad privada.

    El incidente ocurrió el 28 de diciembre de 2006 en la discoteca Sala Luz de Gas, en San Gervasi, Cataluña. Durante el altercado, Gil Zuarth fue sentenciado a pagar una indemnización de 2,900 euros a tres policías y a un vigilante del lugar.

    Implicaciones legales para su postulación

    Aunque la Constitución mexicana no impide explícitamente que una persona con antecedentes penales en otro país aspire a un cargo en el Poder Judicial, establece que los candidatos deben gozar de “buena reputación” y no haber cometido delitos que “lastimen la buena fama en el concepto público”.

    El artículo establece:
    “No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”.

    Este criterio podría ser utilizado como un precedente para inhabilitar la postulación de Gil Zuarth a la SCJN o cualquier otro cargo en el PJF.

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