Felipe Fuentes Barrera, magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentó un proyecto ante el pleno del Tribunal en el que se propone declarar constitucionalmente inviable suspender el proceso electoral extraordinario destinado a renovar los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta decisión otorga vía libre tanto al Senado de la República como al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con las actividades relacionadas con este proceso.
Continuidad del proceso bajo mandato constitucional
El magistrado argumentó que, según el marco normativo vigente, detener este proceso electoral extraordinario sería contrario a la Constitución, ya que se vulnerarían las reformas que lo establecen como un ejercicio democrático de interés público. Dichas reformas tienen como propósito garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en la elección de altos funcionarios del Poder Judicial, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
El documento también destaca que el TEPJF tiene la obligación de asegurar que las reformas constitucionales se implementen sin contratiempos y que ningún obstáculo legal o procesal interfiera en el desarrollo del proceso. Esto incluye salvaguardar el cumplimiento del mandato del Órgano Reformador de la Constitución para garantizar que las elecciones se lleven a cabo en un marco de legalidad.
El papel del Senado y del INE
El proyecto establece que el Senado y el INE, como autoridades competentes, están compelidos a organizar y llevar a cabo todas las actividades necesarias para que se materialice la elección extraordinaria. Esto implica emitir las convocatorias, integrar las listas de candidatos y garantizar las condiciones óptimas para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto.
En este contexto, el proyecto plantea que no existe base jurídica para suspender el proceso y, en cambio, ordenó a las instituciones involucradas cumplir con su obligación de organizar las elecciones, asegurando que estas se realicen conforme a los principios constitucionales.
Garantía de derechos democráticos
En el documento, destacó la relevancia de este proceso como una herramienta para fortalecer la democracia en México, al permitir una mayor participación ciudadana en decisiones que tradicionalmente estaban fuera del alcance del voto popular. Además, subrayó que la reforma busca incrementar la legitimidad del Poder Judicial, alineando su funcionamiento con los principios de transparencia y respeto a los derechos humanos.
Finalmente, el proyecto reitera la competencia exclusiva del TEPJF para resolver cualquier controversia que surja en torno al desarrollo del proceso electoral extraordinario, protegiendo así la constitucionalidad del mismo.
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