El presidente electo plantea la creación de un bloque de seguridad para enfrentar movilizaciones, mientras intensifica sus ataques contra Gustavo Petro y lanza advertencias a líderes de la oposición.
La llegada del ultraderechista Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia continúa elevando la tensión política. A unas semanas de asumir el cargo, el mandatario electo anunció la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana (BDSU), un cuerpo que, bajo el argumento de combatir la delincuencia, ha despertado fuertes preocupaciones por su posible uso para reprimir la protesta social y criminalizar la movilización ciudadana.
Desde que ganó la elección, De la Espriella ha optado por una estrategia de confrontación permanente contra el gobierno saliente de Gustavo Petro, al que acusa de ser “el más corrupto de la historia” sin presentar pruebas públicas que respalden sus señalamientos. A ello se suma una campaña en redes sociales para desacreditar las reformas impulsadas por la izquierda y deslegitimar a sus adversarios políticos.
Uno de sus principales objetivos ha sido el senador Iván Cepeda, quien convocó a la ciudadanía a ejercer una “desobediencia civil pacífica” en defensa de los avances sociales alcanzados durante la administración de Petro. La respuesta del presidente electo fue advertir que cualquier manifestación que considere fuera de la ley será enfrentada con “toda la fuerza del Estado de derecho”, además de equiparar las protestas con “terrorismo urbano”, un discurso que ha sido señalado por diversos sectores como una forma de justificar una política de mano dura contra la disidencia.
El anuncio del BDSU también ha encendido las alarmas entre analistas y defensores de derechos humanos, quienes advierten que este tipo de estructuras evocan los episodios más oscuros del conflicto colombiano, marcados por el accionar del paramilitarismo y las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. Aunque De la Espriella sostiene que el objetivo será combatir delitos urbanos, sus críticos consideran que el discurso oficial abre la puerta a una mayor militarización del espacio público.
A la confrontación política se suma la propuesta de recortar 60 billones de pesos del presupuesto nacional, una medida que podría afectar programas sociales y la inversión pública. Mientras tanto, Gustavo Petro insiste en desconocer la legitimidad del mandatario electo al denunciar un presunto fraude electoral, en tanto que convocó a una movilización nacional el próximo 20 de julio para defender las reformas de su gobierno antes del relevo presidencial.
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