Nuevas líneas de investigación apuntan a indicios que fueron ignorados durante años y que ahora son sometidos a estudios forenses para determinar si pueden aportar información sobre los 43 normalistas desaparecidos.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación apunta a nuevos elementos localizados en Guerrero. La Fiscalía General de la República (FGR) analiza más de una veintena de bolsas con restos humanos, conocidas como “petrosas” por haber sido expuestas a altas temperaturas, halladas en el basurero de Cocula, el río San Joaquín y distintos puntos de Iguala.
Parte de los restos fue localizada dentro y alrededor de la funeraria El Ángel, inmueble que ahora cobra relevancia en las nuevas pesquisas. Los fragmentos permanecieron durante años sin ser analizados a profundidad y actualmente son sometidos a estudios forenses y de laboratorio para determinar su origen e identidad. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que correspondan a alguno de los 43 estudiantes.
Otro elemento bajo revisión es un crematorio clandestino que operaba en instalaciones vinculadas con la funeraria. El establecimiento tenía desde 2011 la concesión del Servicio Médico Forense de Iguala y contaba con tres hornos crematorios, uno de ellos sin registro oficial. Investigadores buscan establecer qué ocurrió con los restos localizados y si existen más indicios enterrados en el inmueble.
La revisión de estos elementos también plantea interrogantes sobre omisiones en las investigaciones realizadas desde 2014. De acuerdo con la información difundida, algunas de las bolsas estuvieron a disposición de autoridades y expertos que participaron en las primeras indagatorias, pero no fueron consideradas pruebas relevantes. La FGR busca ahora determinar por qué esos indicios no fueron estudiados con mayor profundidad.
Las nuevas líneas también revisan posibles vínculos políticos y responsabilidades en Guerrero durante el periodo en que ocurrieron los hechos. Entre los nombres señalados en las pesquisas se encuentran el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, mientras las autoridades analizan declaraciones y elementos que pudieron haber sido ignorados previamente.
A casi 12 años de la noche de Iguala, la investigación continúa abierta. Los nuevos análisis podrían aportar información para reconstruir lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, aunque todavía no existen resultados científicos que confirmen que los restos pertenecen a los normalistas.
Con información de Miguel Ángel Velázquez para La Jornada.
