La Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal tras no encontrar pruebas de irregularidades financieras, cerrando definitivamente la investigación iniciada por una denuncia anónima en 2024.
La Fiscalía General de la República (FGR) resolvió no ejercer acción penal contra el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, luego de que las investigaciones federales no encontraran indicios de lavado de dinero ni irregularidades fiscales en las operaciones de Grupo GESA.
De acuerdo con la resolución, el caso se originó tras una denuncia anónima presentada en septiembre de 2024, la cual señalaba presuntas irregularidades financieras y una supuesta red de facturación falsa vinculada a contratos con Pemex. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de las operaciones, las autoridades federales determinaron que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones.
La investigación fue cerrada definitivamente el 10 de diciembre de 2024 en Villahermosa, Tabasco, luego de que dependencias federales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) revisaran los contratos y movimientos financieros relacionados con el caso.
Con esta resolución, los expedientes federales quedan archivados, lo que permite a Sánchez Zumaya continuar con sus actividades empresariales sin procesos judiciales pendientes a nivel federal. El caso generó un intenso debate público en San Luis Potosí, donde el empresario había denunciado que los señalamientos formaban parte de presiones políticas en su contra.
Durante los meses de mayor tensión, Sánchez Zumaya realizó fuertes declaraciones contra funcionarios del gobierno estatal, incluyendo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al secretario general de Gobierno José Guadalupe Torres Sánchez, a quienes acusó de promover una campaña para desacreditarlo.
La decisión de la FGR confirma así que no existen delitos federales que perseguir en contra del empresario.
El gobernador de San Luis Potosí aseguró que no sería nepotismo si su esposa compite por la gubernatura, argumentando que el término solo aplica cuando se contrata a familiares dentro del gobierno; su explicación desató críticas por considerarse contradictoria.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, provocó polémica tras intentar redefinir el concepto de nepotismo para defender la eventual candidatura de su esposa, la senadora Ruth González Silva, a la gubernatura del estado. El mandatario aseguró que participar en una elección no puede considerarse nepotismo.
Durante una entrevista en el Senado, Gallardo evitó confirmar si su esposa buscará la gubernatura, pero afirmó que esa decisión corresponde únicamente a la legisladora. Sin embargo, aprovechó para argumentar que el término nepotismo ha sido “desvirtuado” en el debate político, insistiendo en que el concepto se utiliza de manera incorrecta.
De acuerdo con su explicación, el nepotismo solo ocurre cuando un gobernante contrata a familiares dentro de su administración, como “al tío, al papá o al primo”. Bajo esa lógica, sostuvo que si un familiar compite en una elección y gana en las urnas, entonces no puede hablarse de nepotismo.
La afirmación generó críticas, ya que diversos especialistas señalan que el nepotismo político también puede manifestarse cuando familiares directos buscan sucederse en el poder, especialmente si cuentan con la estructura, influencia o respaldo político del gobernante en turno. En otras palabras, no basta con no firmar un contrato laboral para que desaparezca el conflicto de interés.
En redes sociales, varios usuarios ironizaron señalando que, según esa lógica, el nepotismo desaparecería simplemente cambiando el método para colocar a los parientes en el poder.
Por ahora, el mandatario potosino afirma que no es momento de hablar de candidaturas, aunque el tema sigue generando debate ante la posibilidad de que Ruth González Silva compita por la gubernatura de San Luis Potosí en el próximo año.
Ruth González, actual senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, ha desplegado una estrategia de posicionamiento que utiliza, sin ningún tapujo, la estructura del estado como una extensión de su patrimonio personal.
Pero déjeme contarle la historia con datos duros.
Empresas sin declarar y recursos estatales para promocionar su imagen, marcan los pasos de Ruth González, quien busca suceder en la gubernatura de San Luis Potosí a su esposo, Ricardo Gallardo, actual gobernador de esa entidad.
En una clara violación al artículo 444 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, está llevando a cabo realizando actos anticipados de campaña con recursos materiales y físicos que se ha negado a transparentar.
La semana pasada, la actual senadora y presidenta del DIF en San Luis Potosí fue “destapada” por Manuel Velasco, líder del Partido Verde Ecologista, como la potencial candidata a la gubernatura del estado el pasado 12 de febrero.
El “destape” de Ruth González provocó una airada crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la Mañaneradel Pueblo enfatizó, categóricamente, que no estaba de acuerdo.
Sin embargo, lo cierto es que “La primera dama” potosina ha maniobrado legal y publicitariamente para suceder a su esposo desde abril de 2025, cuando la senadora comenzó a emplear recursos humanos de la Junta Estatal de Caminos para promover su imagen bajo la denominación “RG”, un logo que ha usado como imagen visual para promocionarse en eventos donde, con un gran despliegue mediático, regala juguetes y visita a comunidades desfavorecidas.
De hecho, en diciembre pasado, el gobernador Ricardo Gallardo intentó impulsar una reforma denominada “Ley Esposa”, bajo la cual el político intentaba maniobrar para que los candidatos a la gubernatura de 2027 fuesen mujeres.
No obstante, el objetivo de fondo, de acuerdo con diferentes críticos y actores políticos, era beneficiar a Ruth González Silva.
Repudiada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, la ley se echó abajo; sin embargo, los esfuerzos de Ruth Miriam y de su esposo para continuar en el poder no han parado. Al contrario: continúan, bajo fuertes señalamientos de nepotismo y corrupción.
Ruth Miriam González es licenciada en Comunicación y, de acuerdo con su propia declaración patrimonial, su incursión en la política se debió, tristemente, a su esposo.
Antes, nunca tuvo relación ni con la política ni con el servicio público.
De hecho, hasta septiembre de 2024, Ruth González trabajó en la gerencia de ventas de CREATIVA MOTORS, S.A. DE C.V, una empresa que comercializa autos seminuevos en San Luis Potosí y de la que, por cierto, es dueña. Aunque, hasta ahora, ni haya querido declararlo.
Curiosamente, en el mismo periodo, la “primera dama” de San Luis Potosí también dejó de laborar como “comerciante de productos al por menor” en una empresa que llevaba su nombre, Ruth Miriam González Silva, una empresa de su propiedad y que, extrañamente, se dedicaba a un giro que jamás se especificó.
Pero le digo más: mientras Ruth era vendedora y se desempeñaba como “comerciante al por menor”, eso no le impedía ser la titular del DIF en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para luego saltar a la titularidad del DIF estatal y, finalmente, convertirse en flamante senadora.
Acostumbrada al ámbito privado, Ruth dejó a un lado sus obligaciones como servidora pública y ninguna de sus ganancias fueron transparentadas o declaras.
En su última declaración patrimonial, presentada en 2024, la senadora del Partido Verde Ecologista omite declarar si tuvo ingresos extraordinarios por su papel como funcionaria o como vendedora o emprendedora.
Tampoco ha dicho a cuánto asciende su dieta en el Senado y tampoco ha querido declarar si tiene propiedades junto a su esposo, Ricardo Gallardo.
Ruth ha tratado de combinar sus trabajos como emprendedora y vendedora con sus inclinaciones políticas familiares. Pero la verdad es que no le ha ido nada bien. En 2018 compitió por la candidatura de la coalición PAN-PRD en el Senado en sustitución de su esposo Ricardo Gallardo, quien fue acusado de corrupción.
Sin embargo, Ruth perdió y ambos migraron al PVEM, un partido bajo el que han logrado consolidar un pernicioso cacicazgo en San Luis Potosí.
Y tal como intentaron hacer en la contienda hacia el Senado en 2018, Ruth busca sustituir a su esposo en la gubernatura del estado. Y por eso ha desplegado una aparatosa máquina de ayuda social, con la que busca granjearse el favor de los potosinos y diluir los señalamientos de nepotismo que la rodean.
Le pongo un ejemplo: en abril de 2025 una escuadrilla de la Junta Estatal de Caminos fue captada mientras realizaba labores de limpia. Pero, aunque, correspondería a una actividad normal de la dependencia, llamó la atención que los trabajadores portaban un chaleco cuyo logo principal era RG, es decir: las siglas de Ruth González, pero en forma de logo.
Un logo con el que Ruth se ha promocionado en distintos eventos, ya sea regalando juguetes (como ocurrió el pasado 6 de enero, Día Reyes) u organizando bailes para celebrar la Navidad.
Ruth y Gallardo: la ingeniería del nepotismo en San Luis Potosí
Lo cierto es que se trata de toda una ingeniería del nepotismo perfectamente bien aceitada.
Lamentablemente, este intento de suceder a su esposo no es un acto de emancipación femenina, sino la vulgar estrategia de supervivencia de un clan.
El coordinador del PVEM en el Senado celebró el veto del gobernador Ricardo Gallardo a la reforma que restringía la sucesión de 2027, luego de críticas nacionales y señalamientos de imposición política.
El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, respaldó públicamente la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, de vetar la reforma electoral conocida como “Ley Esposa”, al señalar que “no nos hacía falta” dicha modificación legal.
La iniciativa establecía que en la elección de gubernatura de 2027 solo podrían participar mujeres, lo que dejaba fuera a aspirantes hombres y fue interpretado como un mecanismo que beneficiaba directamente a la senadora Ruth González, esposa del mandatario estatal.
En entrevista telefónica, Velasco afirmó que el veto fue una “buena decisión”, al argumentar que el gobierno de Gallardo mantiene “altos niveles de aprobación“. Añadió que el PVEM es actualmente la primera fuerza política en San Luis Potosí, con una ventaja amplia frente a otros partidos.
El senador sostuvo que mantener la reforma habría generado malinterpretaciones y una controversia de alcance nacional, especialmente en el contexto del debate sobre paridad de género, donde —recordó— la legislación vigente ya establece que nueve de las 17 gubernaturas en disputa en 2027 serán encabezadas por mujeres.
El veto ocurrió luego de cuestionamientos públicos de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes señalaron que la reforma podía interpretarse como una ley a modo. La iniciativa fue presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y aprobada en fast track por el Congreso local a mediados de diciembre.
En un mensaje difundido en redes sociales, Gallardo confirmó el veto y aseguró que la reforma será revisada y modificada para evitar señalamientos sobre imposición de candidaturas o uso político de la legislación electoral.
El gobernador de San Luis Potosí vetó la reforma electoral ante señalamientos de inconstitucionalidad y acusaciones de que buscaba allanar el camino político a su esposa rumbo a 2027.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, vetó la controvertida reforma electoral conocida como “Ley Esposa”, luego de una fuerte polémica nacional que la señaló como un intento de beneficiar políticamente a su esposa, la senadora Ruth González Silva, de cara a las elecciones de 2027. La iniciativa, aprobada por el Congreso local, no fue publicada en el Periódico Oficial, por lo que quedó sin efectos.
La reforma planteaba obligar a partidos y coaliciones a postular exclusivamente a una mujer para la gubernatura en 2027, bajo el argumento de garantizar la paridad de género. Sin embargo, opositores, especialistas y actores políticos advirtieron que la medida presentaba serias dudas de constitucionalidad y podría vulnerar los derechos políticos de otros aspirantes, además de limitar la competencia electoral.
Gallardo justificó el veto al señalar que no está en contra de la igualdad de género, sino de reformas “mal hechas” que pueden terminar en impugnaciones y conflictos legales. Por ello, solicitó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) replantear la iniciativa y abrir una discusión amplia con expertos, académicos y fuerzas políticas, para fortalecer la paridad sin caer en leyes “a modo”.
La polémica escaló a nivel federal. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la reforma al recordar que la paridad ya está garantizada por acuerdos del INE, y advirtió que no se requieren leyes locales que puedan prestarse a interpretaciones de nepotismo. Además, reiteró el impulso de una ley federal antinepotismo, mientras Morena fijó en sus estatutos que no postulará a familiares de gobernantes desde 2027.
La “Ley Esposa” también provocó impugnaciones formales, incluida la de un ciudadano potosino y la dirigencia nacional de Morena, y tensó la relación entre Morena y el PVEM, partido que gobierna el estado. Para críticos, el veto llegó tarde: el daño político ya estaba hecho y dejó al descubierto la intención de moldear la ley a conveniencia, algo que terminó por derrumbarse bajo el escrutinio público.
La investigación por más de 700 millones de pesos fue congelada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, pese a alertas de la UIF desde 2020.
Una investigación de Dulce Olvera para Sin Embargo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene congelada desde hace años una investigación contra el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por el presunto desvío de más de 700 millones de pesos, denunció Agustín de la Rosa, cofundador de Morena en la entidad, quien exigió que el caso sea reabierto de inmediato bajo la nueva titularidad de Ernestina Godoy.
El expediente fue integrado con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada entonces por Santiago Nieto, que en agosto de 2020 alertó a la FGR sobre transferencias irregulares por al menos 724 millones de pesos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí hacia empresas privadas vinculadas a la familia Gallardo, entre 2012 y 2019.
De la Rosa acusó que, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, la investigación quedó en el archivo muerto, lo que permitió que Gallardo no solo llegara a la gubernatura, sino que ahora impulse reformas legales para heredar el poder a su esposa, la senadora Ruth González, a través de la polémica llamada “Ley Ruth”.
El Congreso local aprobó en fast track una reforma que obligaría a que la candidatura a la gubernatura en 2027 sea exclusivamente para una mujer. La votación fue avalada por legisladores del PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, apenas días después de que el gobernador ofreciera una posada a diputados con regalos, rifas y hasta camionetas, hecho que ha sido señalado como una muestra de corrupción política descarada.
Morena votó en contra y anunció que buscará impugnar la ley por inconstitucional, al considerar que se trata de un intento por consolidar un cacicazgo familiar y una forma de nepotismo que choca frontalmente con los principios de la Cuarta Transformación.
“El expediente no puede seguir durmiendo. O hay delito o no lo hay, pero la Fiscalía debe decirlo ya”, advirtió De la Rosa. El caso Gallardo se ha convertido en un símbolo de impunidad, y su reactivación sería una prueba clave para medir si la FGR realmente rompió con la política de encubrimiento del pasado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visita comunidades dañadas por las intensas lluvias en San Luis Potosí y otras entidades, liderando los esfuerzos de apoyo.
La titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó su tercera visita a las zonas afectadas por las lluvias históricas en México. Este martes, llegó a Tamazunchale, un poblado en San Luis Potosí, donde el desbordamiento del río causó daños significativos.
Durante su recorrido, la mandataria estuvo acompañada por el gobernador Ricardo Gallardo. Juntos, se aseguraron de atender las necesidades urgentes de la población. Los esfuerzos incluyeron la apertura de caminos, el restablecimiento de la energía eléctrica y la entrega de despensas.
Sheinbaum ha tomado la dirección de la atención a esta emergencia, reuniéndose frecuentemente con su gabinete y los gobernadores de los estados afectados. En estas reuniones, analizan las acciones a seguir y coordinan el apoyo necesario.
Este miércoles, en Tamazunchale, la presidenta participó en un censo realizado por 3,000 Servidores de la Nación. Estos trabajadores han llegado a comunidades de difícil acceso para brindar asistencia.
La presidenta también ha destacado la labor de los Servidores de la Nación, quienes han sido fundamentales para llegar a las zonas más impactadas por las lluvias. Además, altos mandos militares están en el terreno, siguiendo las instrucciones de Sheinbaum. Por ejemplo, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, estuvo en un puente aéreo ayudando a la población en Hidalgo.
Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de seguir visitando las comunidades afectadas. Su objetivo es comunicarse directamente con los ciudadanos y ofrecerles el apoyo que necesitan en estos momentos difíciles.
La periodista Anahí Torres sufrió amenazas directas tras reportajes sobre espionaje estatal; investigación revela un ecosistema de censura y agresiones en el periodismo potosino.
La periodista Anahí Torres denunció que el 2 de octubre fue víctima de un atentado en San Luis Potosí al salir de su oficina, cuando cuatro hombres armados la interceptaron y amenazaron, así como a sus colegas Omar Niño y Carlos Domínguez. Torres atribuye el ataque a sus investigaciones sobre una red de espionaje estatal que, asegura, incomodó al gobernador Ricardo Gallardo y al secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez.
El caso refleja un patrón más amplio: según un estudio de Desiertos de noticias locales, el periodismo en SLP enfrenta amenazas, presiones gubernamentales y bloqueos informativos, lo que ha afectado la libertad de expresión y el derecho a la información. De los 11 municipios estudiados, cinco son desiertos informativos, donde prácticamente no hay cobertura periodística independiente, mientras que otros presentan escasa oferta informativa por censura y riesgos del crimen organizado.
Los medios potosinos operan en un ecosistema marcado por contratos laborales precarios, dependencia de financiamiento público y concentración mediática, lo que dificulta el periodismo crítico. Incluso los llamados bosques informativos, como San Luis Potosí y Ciudad Valles, reportan intimidaciones, bloqueos y amenazas a periodistas.
El reciente atentado contra Torres ha concidado con tácticas de silenciamiento y desinformación, incluyendo campañas de desprestigio y hackeos a medios locales. La situación se agrava por la falta de autonomía de líderes locales; por ejemplo, el líder cañero César Malibrán admitió firmar documentos sin revisar su contenido, revelando manipulación política desde el gobierno estatal y la instrumentalización de figuras locales para atacar a periodistas críticos.
Este conjunto de agresiones ha generado estrés, bloqueos laborales y autocensura entre reporteros, quienes deben recurrir a estrategias de autoprotección, como cobertura en grupo o anonimato en publicaciones. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar el caso de Anahí Torres.
Salud Casa por Casa, el programa con el que adultos mayores y personas con discapacidad de todo México, serán visitados en sus domicilios por personal de enfermería, dio su banderazo de inicio este sábado 24 de mayo en la Unidad de Medicina Familiar número 45 del IMSS, en San Luis Potosí, en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En este inicio del programa, estuvieron presentes el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; el titular del IMSS, Zoé Robledo; el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, y el titular del Issste, Martí Batres.
Desde la Clínica 45 del IMSS en San Luis Potosí, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio al programa Salud Casa por Casa, que llevará atención médica a domicilio a adultos mayores y personas con discapacidad en todo México. 🏥🇲🇽
La atención será principalmente de carácter preventivo y realizada por enfermeras y enfermeros de todo el país, quienes se acercarán con los casi 14 millones de personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. La mandataria federal destacó el trabajo del personal de enfermería y adelantó que serán reconocidos mundialmente.
“Se van a volver famosos mundialmente, porque vamos a presumir dentro de muy pocos años que somos el programa de prevención en la salud más importante del mundo, y que se va a notar en los índices”.
Las visitas del personal de enfermería se realizarán una vez al mes o una vez cada dos meses, dependiendo del estado de salud de los pacientes atendidos. Si llegan a dar signos de una enfermedad grave, serán enviados a un centro de salud para su seguimiento. Agregó que las medicinas que necesiten para la atención de enfermedades crónicas o menores, los podrán obtener en Farmacias del Bienestar o en las Tiendas del Bienestar.
Claudia Sheinbaum insistió en que una de las prioridades del programa Salud Casa por Casa, es prevenir las enfermedades mayores:
“Si atendemos a tiempo, desde la casa, el principio de la enfermedad, pues entonces no va a llegar a situaciones más graves. Entonces, este es un programa, yo digo que es el más ambicioso de todo el mundo, de atención y prevención a la salud, y lo llevan a cabo las y los mejores de México”.
Durante el evento de inauguración, una enfermera mostró una maleta que contiene equipo para la atención que realizarán en las casas de los adultos mayores y personas con discapacidad. Esta maleta cuenta con equipo para medir la presión y glucosa; para realizar exámenes de la vista; una báscula que permitir medir el peso y densidad ósea para prevenir la osteoporosis; abatelenguas; tiras reactivas y una tableta electrónica para llevar los registros de los pacientes.
La actual administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reactivado una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciada en 2020, en la que están implicados el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y su entorno cercano, incluidos familiares y socios empresariales.
La investigación, ahora encabezada por Pablo Gómez, titular de la UIF, explora presuntos fraudes y desvíos de fondos públicos relacionados con las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, periodos en los que gobernaron Ricardo Gallardo Cardona y su padre, Ricardo Gallardo Juárez. La UIF examina operaciones sospechosas que habrían desviado al menos 724 millones de pesos a empresas médicas como Clínica Wong y Axioma, propiedad de la familia Gallardo.
Recientemente, se detectaron movimientos en la Secretaría de Salud del estado, donde Ymuri Vaca y Juan Carlos Negrete, quienes ocupaban puestos clave y estaban relacionados con las empresas investigadas, fueron destituidos abruptamente, presuntamente al descubrirse la reactivación de la investigación.
Además, el Ministerio Público federal envió una solicitud a la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí para que informe sobre propiedades y bienes de la familia Gallardo, incluidos domicilios, antecedentes penales y registros de propiedades. Los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez también recibieron solicitudes de información respecto a estos presuntos casos de corrupción.
El gobierno federal ha extendido la investigación a Guadalupe Torres, segundo al mando en el gobierno estatal, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y es señalado como uno de los responsables de la muerte del exalcalde de Ébano, Crispín Ordaz, quien lo había denunciado por intentos de extorsión. Torres, además, acumula propiedades y bienes de lujo en su localidad natal, Tierra Nueva.
