¡Entre ambos se están aventando la bolita! La confrontación entre el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y el alcalde municipal, Enrique Galindo Ceballos, se intensificó por diferencias en el manejo de la seguridad y el abasto de agua en la capital de San Luis Potosí.
De nuevo hay conflictos en San Luis Potosí, ¡pero ahora entre sus propios mandatarios! Esto, luego de que Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, criticara abiertamente a Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, al acusarlo de descuidar los problemas de la capital mientras realiza actividades fuera de la ciudad. En respuesta, el mandatario estatal cuestionó al alcalde por una visita a la Huasteca, cuando —de acuerdo con su postura— en la capital persisten temas urgentes sin resolver. ¡Ya no saben ni a quién culpar!
Uno de los principales puntos del conflicto es la seguridad, donde Gallardo aseguró que los recientes homicidios registrados ocurrieron en la capital y que su contención ha sido resultado de la intervención de la Guardia Civil Estatal, no de la policía municipal. Además, señaló que durante las noches la presencia de elementos municipales disminuye, lo que obliga a corporaciones estatales y federales a reforzar la vigilancia.
En el tema del agua, el gobernador acusó desorganización en la gestión del suministro, afirmando que el estado ha tenido que intervenir mediante el envío de pipas gratuitas a colonias afectadas por el desabasto. Con estas críticas, Gallardo insistió en que el alcalde debe “poner orden en su casa”, dejando en evidencia que ambos niveles de gobierno se responsabilizan mutuamente sobre problemas que ninguno parece hacerse cargo, y quienes pagan el costo son los ciudadanos. ¡Ni a cuál irle!
El empresario Gerardo Sánchez Zumaya habló con Manuel Pedrero, director de Los Reporteros MX, en donde acusa miedo en la población, denuncia campañas en su contra y asegura que el estado vive una crisis de seguridad y justicia.
Gerardo Sánchez Sumaya, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, lanzó una grave advertencia sobre la situación del estado al asegurar que el crimen organizado “se metió a las entrañas del gobierno”, generando un clima de miedo entre la población y debilitando la capacidad institucional.
En entrevista con Manuel Pedrero para Los Reporteros MX, el morenista afirmó que tras recorrer el estado desde 2023, ha identificado un “clamor de justicia” entre la ciudadanía, especialmente por desapariciones, inseguridad y violencia creciente. “La gente tiene miedo, la inseguridad se ha apoderado de las calles”, señaló, al tiempo que sostuvo que no se ha construido una política real de paz.
Sumaya también lanzó críticas al actual gobierno estatal encabezado por Ricardo Gallardo, al que acusó de haber permitido que la delincuencia avanzara. Aunque reconoció algunas obras, como infraestructura carretera, fue contundente al señalar que la seguridad está reprobada y que el problema de fondo no ha sido atendido.
En ese contexto, denunció ser blanco de una campaña de desprestigio, con acusaciones que van desde delitos graves hasta señalamientos sin sustento legal. Aseguró que ha enfrentado múltiples denuncias anónimas sin resultados en su contra, y acusó que se han utilizado recursos públicos para financiar ataques mediáticos, con el objetivo de frenar su crecimiento político.
El aspirante sostuvo que, pese a la ruptura entre Morena y el Partido Verde en la entidad, su partido tiene posibilidades reales de ganar la gubernatura en 2027, siempre que se elijan perfiles cercanos a la gente. Además, criticó el uso de programas sociales con fines políticos, al calificarlos como mecanismos de clientelismo en el estado.
Finalmente, planteó que su proyecto se basa en tres ejes: seguridad, acceso al agua y justicia social, al advertir que San Luis Potosí enfrenta una crisis hídrica y de gobernabilidad. “Aquí no van a entrar los criminales. San Luis no es tierra de narcos”, sentenció.
La Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal tras no encontrar pruebas de irregularidades financieras, cerrando definitivamente la investigación iniciada por una denuncia anónima en 2024.
La Fiscalía General de la República (FGR) resolvió no ejercer acción penal contra el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, luego de que las investigaciones federales no encontraran indicios de lavado de dinero ni irregularidades fiscales en las operaciones de Grupo GESA.
De acuerdo con la resolución, el caso se originó tras una denuncia anónima presentada en septiembre de 2024, la cual señalaba presuntas irregularidades financieras y una supuesta red de facturación falsa vinculada a contratos con Pemex. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de las operaciones, las autoridades federales determinaron que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones.
La investigación fue cerrada definitivamente el 10 de diciembre de 2024 en Villahermosa, Tabasco, luego de que dependencias federales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) revisaran los contratos y movimientos financieros relacionados con el caso.
Con esta resolución, los expedientes federales quedan archivados, lo que permite a Sánchez Zumaya continuar con sus actividades empresariales sin procesos judiciales pendientes a nivel federal. El caso generó un intenso debate público en San Luis Potosí, donde el empresario había denunciado que los señalamientos formaban parte de presiones políticas en su contra.
Durante los meses de mayor tensión, Sánchez Zumaya realizó fuertes declaraciones contra funcionarios del gobierno estatal, incluyendo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al secretario general de Gobierno José Guadalupe Torres Sánchez, a quienes acusó de promover una campaña para desacreditarlo.
La decisión de la FGR confirma así que no existen delitos federales que perseguir en contra del empresario.
El gobernador de San Luis Potosí aseguró que no sería nepotismo si su esposa compite por la gubernatura, argumentando que el término solo aplica cuando se contrata a familiares dentro del gobierno; su explicación desató críticas por considerarse contradictoria.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, provocó polémica tras intentar redefinir el concepto de nepotismo para defender la eventual candidatura de su esposa, la senadora Ruth González Silva, a la gubernatura del estado. El mandatario aseguró que participar en una elección no puede considerarse nepotismo.
Durante una entrevista en el Senado, Gallardo evitó confirmar si su esposa buscará la gubernatura, pero afirmó que esa decisión corresponde únicamente a la legisladora. Sin embargo, aprovechó para argumentar que el término nepotismo ha sido “desvirtuado” en el debate político, insistiendo en que el concepto se utiliza de manera incorrecta.
De acuerdo con su explicación, el nepotismo solo ocurre cuando un gobernante contrata a familiares dentro de su administración, como “al tío, al papá o al primo”. Bajo esa lógica, sostuvo que si un familiar compite en una elección y gana en las urnas, entonces no puede hablarse de nepotismo.
La afirmación generó críticas, ya que diversos especialistas señalan que el nepotismo político también puede manifestarse cuando familiares directos buscan sucederse en el poder, especialmente si cuentan con la estructura, influencia o respaldo político del gobernante en turno. En otras palabras, no basta con no firmar un contrato laboral para que desaparezca el conflicto de interés.
En redes sociales, varios usuarios ironizaron señalando que, según esa lógica, el nepotismo desaparecería simplemente cambiando el método para colocar a los parientes en el poder.
Por ahora, el mandatario potosino afirma que no es momento de hablar de candidaturas, aunque el tema sigue generando debate ante la posibilidad de que Ruth González Silva compita por la gubernatura de San Luis Potosí en el próximo año.
Ruth González, actual senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, ha desplegado una estrategia de posicionamiento que utiliza, sin ningún tapujo, la estructura del estado como una extensión de su patrimonio personal.
Pero déjeme contarle la historia con datos duros.
Empresas sin declarar y recursos estatales para promocionar su imagen, marcan los pasos de Ruth González, quien busca suceder en la gubernatura de San Luis Potosí a su esposo, Ricardo Gallardo, actual gobernador de esa entidad.
En una clara violación al artículo 444 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, está llevando a cabo realizando actos anticipados de campaña con recursos materiales y físicos que se ha negado a transparentar.
La semana pasada, la actual senadora y presidenta del DIF en San Luis Potosí fue “destapada” por Manuel Velasco, líder del Partido Verde Ecologista, como la potencial candidata a la gubernatura del estado el pasado 12 de febrero.
El “destape” de Ruth González provocó una airada crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la Mañaneradel Pueblo enfatizó, categóricamente, que no estaba de acuerdo.
Sin embargo, lo cierto es que “La primera dama” potosina ha maniobrado legal y publicitariamente para suceder a su esposo desde abril de 2025, cuando la senadora comenzó a emplear recursos humanos de la Junta Estatal de Caminos para promover su imagen bajo la denominación “RG”, un logo que ha usado como imagen visual para promocionarse en eventos donde, con un gran despliegue mediático, regala juguetes y visita a comunidades desfavorecidas.
De hecho, en diciembre pasado, el gobernador Ricardo Gallardo intentó impulsar una reforma denominada “Ley Esposa”, bajo la cual el político intentaba maniobrar para que los candidatos a la gubernatura de 2027 fuesen mujeres.
No obstante, el objetivo de fondo, de acuerdo con diferentes críticos y actores políticos, era beneficiar a Ruth González Silva.
Repudiada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, la ley se echó abajo; sin embargo, los esfuerzos de Ruth Miriam y de su esposo para continuar en el poder no han parado. Al contrario: continúan, bajo fuertes señalamientos de nepotismo y corrupción.
Ruth Miriam González es licenciada en Comunicación y, de acuerdo con su propia declaración patrimonial, su incursión en la política se debió, tristemente, a su esposo.
Antes, nunca tuvo relación ni con la política ni con el servicio público.
De hecho, hasta septiembre de 2024, Ruth González trabajó en la gerencia de ventas de CREATIVA MOTORS, S.A. DE C.V, una empresa que comercializa autos seminuevos en San Luis Potosí y de la que, por cierto, es dueña. Aunque, hasta ahora, ni haya querido declararlo.
Curiosamente, en el mismo periodo, la “primera dama” de San Luis Potosí también dejó de laborar como “comerciante de productos al por menor” en una empresa que llevaba su nombre, Ruth Miriam González Silva, una empresa de su propiedad y que, extrañamente, se dedicaba a un giro que jamás se especificó.
Pero le digo más: mientras Ruth era vendedora y se desempeñaba como “comerciante al por menor”, eso no le impedía ser la titular del DIF en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para luego saltar a la titularidad del DIF estatal y, finalmente, convertirse en flamante senadora.
Acostumbrada al ámbito privado, Ruth dejó a un lado sus obligaciones como servidora pública y ninguna de sus ganancias fueron transparentadas o declaras.
En su última declaración patrimonial, presentada en 2024, la senadora del Partido Verde Ecologista omite declarar si tuvo ingresos extraordinarios por su papel como funcionaria o como vendedora o emprendedora.
Tampoco ha dicho a cuánto asciende su dieta en el Senado y tampoco ha querido declarar si tiene propiedades junto a su esposo, Ricardo Gallardo.
Ruth ha tratado de combinar sus trabajos como emprendedora y vendedora con sus inclinaciones políticas familiares. Pero la verdad es que no le ha ido nada bien. En 2018 compitió por la candidatura de la coalición PAN-PRD en el Senado en sustitución de su esposo Ricardo Gallardo, quien fue acusado de corrupción.
Sin embargo, Ruth perdió y ambos migraron al PVEM, un partido bajo el que han logrado consolidar un pernicioso cacicazgo en San Luis Potosí.
Y tal como intentaron hacer en la contienda hacia el Senado en 2018, Ruth busca sustituir a su esposo en la gubernatura del estado. Y por eso ha desplegado una aparatosa máquina de ayuda social, con la que busca granjearse el favor de los potosinos y diluir los señalamientos de nepotismo que la rodean.
Le pongo un ejemplo: en abril de 2025 una escuadrilla de la Junta Estatal de Caminos fue captada mientras realizaba labores de limpia. Pero, aunque, correspondería a una actividad normal de la dependencia, llamó la atención que los trabajadores portaban un chaleco cuyo logo principal era RG, es decir: las siglas de Ruth González, pero en forma de logo.
Un logo con el que Ruth se ha promocionado en distintos eventos, ya sea regalando juguetes (como ocurrió el pasado 6 de enero, Día Reyes) u organizando bailes para celebrar la Navidad.
Ruth y Gallardo: la ingeniería del nepotismo en San Luis Potosí
Lo cierto es que se trata de toda una ingeniería del nepotismo perfectamente bien aceitada.
Lamentablemente, este intento de suceder a su esposo no es un acto de emancipación femenina, sino la vulgar estrategia de supervivencia de un clan.
El coordinador del PVEM en el Senado celebró el veto del gobernador Ricardo Gallardo a la reforma que restringía la sucesión de 2027, luego de críticas nacionales y señalamientos de imposición política.
El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, respaldó públicamente la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, de vetar la reforma electoral conocida como “Ley Esposa”, al señalar que “no nos hacía falta” dicha modificación legal.
La iniciativa establecía que en la elección de gubernatura de 2027 solo podrían participar mujeres, lo que dejaba fuera a aspirantes hombres y fue interpretado como un mecanismo que beneficiaba directamente a la senadora Ruth González, esposa del mandatario estatal.
En entrevista telefónica, Velasco afirmó que el veto fue una “buena decisión”, al argumentar que el gobierno de Gallardo mantiene “altos niveles de aprobación“. Añadió que el PVEM es actualmente la primera fuerza política en San Luis Potosí, con una ventaja amplia frente a otros partidos.
El senador sostuvo que mantener la reforma habría generado malinterpretaciones y una controversia de alcance nacional, especialmente en el contexto del debate sobre paridad de género, donde —recordó— la legislación vigente ya establece que nueve de las 17 gubernaturas en disputa en 2027 serán encabezadas por mujeres.
El veto ocurrió luego de cuestionamientos públicos de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes señalaron que la reforma podía interpretarse como una ley a modo. La iniciativa fue presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y aprobada en fast track por el Congreso local a mediados de diciembre.
En un mensaje difundido en redes sociales, Gallardo confirmó el veto y aseguró que la reforma será revisada y modificada para evitar señalamientos sobre imposición de candidaturas o uso político de la legislación electoral.
El gobernador de San Luis Potosí vetó la reforma electoral ante señalamientos de inconstitucionalidad y acusaciones de que buscaba allanar el camino político a su esposa rumbo a 2027.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, vetó la controvertida reforma electoral conocida como “Ley Esposa”, luego de una fuerte polémica nacional que la señaló como un intento de beneficiar políticamente a su esposa, la senadora Ruth González Silva, de cara a las elecciones de 2027. La iniciativa, aprobada por el Congreso local, no fue publicada en el Periódico Oficial, por lo que quedó sin efectos.
La reforma planteaba obligar a partidos y coaliciones a postular exclusivamente a una mujer para la gubernatura en 2027, bajo el argumento de garantizar la paridad de género. Sin embargo, opositores, especialistas y actores políticos advirtieron que la medida presentaba serias dudas de constitucionalidad y podría vulnerar los derechos políticos de otros aspirantes, además de limitar la competencia electoral.
Gallardo justificó el veto al señalar que no está en contra de la igualdad de género, sino de reformas “mal hechas” que pueden terminar en impugnaciones y conflictos legales. Por ello, solicitó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) replantear la iniciativa y abrir una discusión amplia con expertos, académicos y fuerzas políticas, para fortalecer la paridad sin caer en leyes “a modo”.
La polémica escaló a nivel federal. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la reforma al recordar que la paridad ya está garantizada por acuerdos del INE, y advirtió que no se requieren leyes locales que puedan prestarse a interpretaciones de nepotismo. Además, reiteró el impulso de una ley federal antinepotismo, mientras Morena fijó en sus estatutos que no postulará a familiares de gobernantes desde 2027.
La “Ley Esposa” también provocó impugnaciones formales, incluida la de un ciudadano potosino y la dirigencia nacional de Morena, y tensó la relación entre Morena y el PVEM, partido que gobierna el estado. Para críticos, el veto llegó tarde: el daño político ya estaba hecho y dejó al descubierto la intención de moldear la ley a conveniencia, algo que terminó por derrumbarse bajo el escrutinio público.
La investigación por más de 700 millones de pesos fue congelada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, pese a alertas de la UIF desde 2020.
Una investigación de Dulce Olvera para Sin Embargo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene congelada desde hace años una investigación contra el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por el presunto desvío de más de 700 millones de pesos, denunció Agustín de la Rosa, cofundador de Morena en la entidad, quien exigió que el caso sea reabierto de inmediato bajo la nueva titularidad de Ernestina Godoy.
El expediente fue integrado con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada entonces por Santiago Nieto, que en agosto de 2020 alertó a la FGR sobre transferencias irregulares por al menos 724 millones de pesos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí hacia empresas privadas vinculadas a la familia Gallardo, entre 2012 y 2019.
De la Rosa acusó que, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, la investigación quedó en el archivo muerto, lo que permitió que Gallardo no solo llegara a la gubernatura, sino que ahora impulse reformas legales para heredar el poder a su esposa, la senadora Ruth González, a través de la polémica llamada “Ley Ruth”.
El Congreso local aprobó en fast track una reforma que obligaría a que la candidatura a la gubernatura en 2027 sea exclusivamente para una mujer. La votación fue avalada por legisladores del PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, apenas días después de que el gobernador ofreciera una posada a diputados con regalos, rifas y hasta camionetas, hecho que ha sido señalado como una muestra de corrupción política descarada.
Morena votó en contra y anunció que buscará impugnar la ley por inconstitucional, al considerar que se trata de un intento por consolidar un cacicazgo familiar y una forma de nepotismo que choca frontalmente con los principios de la Cuarta Transformación.
“El expediente no puede seguir durmiendo. O hay delito o no lo hay, pero la Fiscalía debe decirlo ya”, advirtió De la Rosa. El caso Gallardo se ha convertido en un símbolo de impunidad, y su reactivación sería una prueba clave para medir si la FGR realmente rompió con la política de encubrimiento del pasado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visita comunidades dañadas por las intensas lluvias en San Luis Potosí y otras entidades, liderando los esfuerzos de apoyo.
La titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó su tercera visita a las zonas afectadas por las lluvias históricas en México. Este martes, llegó a Tamazunchale, un poblado en San Luis Potosí, donde el desbordamiento del río causó daños significativos.
Durante su recorrido, la mandataria estuvo acompañada por el gobernador Ricardo Gallardo. Juntos, se aseguraron de atender las necesidades urgentes de la población. Los esfuerzos incluyeron la apertura de caminos, el restablecimiento de la energía eléctrica y la entrega de despensas.
Sheinbaum ha tomado la dirección de la atención a esta emergencia, reuniéndose frecuentemente con su gabinete y los gobernadores de los estados afectados. En estas reuniones, analizan las acciones a seguir y coordinan el apoyo necesario.
Este miércoles, en Tamazunchale, la presidenta participó en un censo realizado por 3,000 Servidores de la Nación. Estos trabajadores han llegado a comunidades de difícil acceso para brindar asistencia.
La presidenta también ha destacado la labor de los Servidores de la Nación, quienes han sido fundamentales para llegar a las zonas más impactadas por las lluvias. Además, altos mandos militares están en el terreno, siguiendo las instrucciones de Sheinbaum. Por ejemplo, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, estuvo en un puente aéreo ayudando a la población en Hidalgo.
Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de seguir visitando las comunidades afectadas. Su objetivo es comunicarse directamente con los ciudadanos y ofrecerles el apoyo que necesitan en estos momentos difíciles.
La periodista Anahí Torres sufrió amenazas directas tras reportajes sobre espionaje estatal; investigación revela un ecosistema de censura y agresiones en el periodismo potosino.
La periodista Anahí Torres denunció que el 2 de octubre fue víctima de un atentado en San Luis Potosí al salir de su oficina, cuando cuatro hombres armados la interceptaron y amenazaron, así como a sus colegas Omar Niño y Carlos Domínguez. Torres atribuye el ataque a sus investigaciones sobre una red de espionaje estatal que, asegura, incomodó al gobernador Ricardo Gallardo y al secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez.
El caso refleja un patrón más amplio: según un estudio de Desiertos de noticias locales, el periodismo en SLP enfrenta amenazas, presiones gubernamentales y bloqueos informativos, lo que ha afectado la libertad de expresión y el derecho a la información. De los 11 municipios estudiados, cinco son desiertos informativos, donde prácticamente no hay cobertura periodística independiente, mientras que otros presentan escasa oferta informativa por censura y riesgos del crimen organizado.
Los medios potosinos operan en un ecosistema marcado por contratos laborales precarios, dependencia de financiamiento público y concentración mediática, lo que dificulta el periodismo crítico. Incluso los llamados bosques informativos, como San Luis Potosí y Ciudad Valles, reportan intimidaciones, bloqueos y amenazas a periodistas.
El reciente atentado contra Torres ha concidado con tácticas de silenciamiento y desinformación, incluyendo campañas de desprestigio y hackeos a medios locales. La situación se agrava por la falta de autonomía de líderes locales; por ejemplo, el líder cañero César Malibrán admitió firmar documentos sin revisar su contenido, revelando manipulación política desde el gobierno estatal y la instrumentalización de figuras locales para atacar a periodistas críticos.
Este conjunto de agresiones ha generado estrés, bloqueos laborales y autocensura entre reporteros, quienes deben recurrir a estrategias de autoprotección, como cobertura en grupo o anonimato en publicaciones. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar el caso de Anahí Torres.
