Según las propias cifras de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, el último año aumentaron en un 53.79 por ciento el número de quejas por abusos en el Poder Judicial de la Federación.
El mas reciente y último informe presentado por Norma Lucía Piña Hernández, titular de este poder, indica que este año se abrieron 609 expedientes por presuntas faltas administrativas de su personal. El año pasado apenas se registraron 396 quejas.
Se trata de carpetas para investigar a los trabajadores denunciados por actos como corrupción, abuso de funciones, acoso laboral y sexual, entre otras. Todas en el lapso del 16 de noviembre de 2023 y el día 15 del mes pasado, lo que representan 1.6 quejas diarias en promedio.
Se deben sumar 82 expedientes de años anteriores a los 609 de este año, el acumulado total es de 691 expedientes, 551 lograron ser resueltos y 140 quedaron en trámite.
De esos 551 casos, 242 implicaron ampliar a informes de presunta responsabilidad administrativa, en nueve se cerró la investigación, tres se tuvieron por no presentadas las denuncias, en tres se concluyó la investigación de manera anticipada y en 294 casos las denuncias se desecharon.
Los desechamientos obedecieron, en su gran mayoría, a incompetencias y, en otros supuestos, a que no se reunieron los requisitos de procedibilidad”, detalló Piña.
Un caso muy sonado fue el de Ricardo Márquez Blas, coordinador de Fortalecimiento Institucional de la Corte, muy cercano a la ministra presidenta Norma Piña, quien fue detenido y vinculado a proceso por presunto abuso sexual en contra de dos de sus subordinadas.
En una decisión que refuerza su trayectoria y compromiso con la democratización del Poder Judicial, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf fue elegida para encabezar la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante el periodo que inicia en enero de 2025 y concluye en agosto del mismo año. Este será el último tramo del órgano bajo su actual estructura, antes de los cambios derivados de la Reforma Judicial.
Nombramiento respaldado por unanimidad
La propuesta para que Ortiz Ahlf asumiera la presidencia de la Primera Sala fue presentada por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y contó con el respaldo unánime de los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Con esta designación, Ortiz Ahlf dirigirá las labores en materia civil y penal que revisa este órgano jurisdiccional, donde se integró en noviembre de 2023 debido a su sólida experiencia en estas áreas.
Reconocimientos al liderazgo saliente
En la última sesión de 2024, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo concluyó su periodo como presidente de la Primera Sala. Durante su despedida, agradeció el apoyo de sus colegas y destacó la buena disposición de todos para llevar a cabo los trabajos de manera eficiente.
Por su parte, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá reconoció públicamente el liderazgo de Pardo Rebolledo al frente de la Sala, subrayando su papel en la conducción adecuada de los asuntos jurisdiccionales.
Una nueva era en el Poder Judicial
La elección de Ortiz Ahlf llega en un momento clave para el Poder Judicial. La Reforma Judicial, vigente desde el pasado 16 de septiembre, establece un modelo de elección popular para jueces, magistrados y ministros, así como una reducción en el número de integrantes del Pleno de la SCJN de 11 a 9.
Este cambio implica la eliminación de tres plazas y marca el fin de la estructura actual del Máximo Tribunal, lo que convierte el próximo periodo en un hito en la historia del Poder Judicial en México.
En semanas recientes, también se anunció que el Ministro Javier Laynez Potisek encabezará la Segunda Sala, asegurando que los órganos jurisdiccionales mantendrán su funcionamiento óptimo durante esta transición.
Un liderazgo comprometido
La Ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien ha destacado por su visión de justicia social y su impulso hacia una democratización del Poder Judicial, tendrá un papel crucial en este último periodo de transición. Su nombramiento refleja no solo la confianza de sus pares, sino también el compromiso de la SCJN de avanzar hacia un sistema más accesible, transparente y ciudadano.
Los fideicomisos que administra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con recursos por 7 mil 177 millones de pesos, enfrentan un nuevo revés en su proceso de extinción, debido a suspensiones judiciales que han frenado la devolución de estos fondos a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Este mandato constitucional debía cumplirse a más tardar el 15 de diciembre de 2024.
El alto tribunal informó que, de los seis fideicomisos afectados, solo uno ha sido liquidado, liberando 853 millones de pesos. Los otros cinco fondos, que acumulan más de 6 mil 324 millones de pesos, permanecen retenidos debido a medidas legales que impiden su transferencia.
En un comunicado, la SCJN detalló: “Por lo que hace al resto de los fideicomisos constituidos en Nafin, ésta informó de estar impedida legalmente para cumplir con la instrucción girada por la Ministra Presidenta, en virtud de diversas suspensiones definitivas otorgadas en contra del ‘Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023.”
Estos fideicomisos forman parte de los 13 fondos administrados por el Poder Judicial de la Federación (PJF), cuya desaparición fue ordenada por el Congreso de la Unión en octubre de 2023. Sin embargo, suspensiones judiciales han impedido su extinción definitiva.
El “Cártel de la Toga” quiere robarse el dinero del pueblo
La extinción de los fideicomisos de la SCJN fue inicialmente frenada por una suspensión otorgada en diciembre de 2023 por el ministro Javier Laynez Potisek. No obstante, esta medida fue revocada el pasado 3 de diciembre de 2024 por la Primera Sala de la SCJN, argumentando que ya no procedía tras la promulgación de la reforma constitucional en materia judicial en septiembre de 2024.
El 8 de diciembre, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) y a Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) a transferir los recursos de los fideicomisos a la TESOFE. Pese a esta orden, solo el Fondo Jurica, administrado por BANOBRAS, fue liquidado, con un monto de 853 millones 913 mil 710 pesos.
“Con base en dicha instrucción, el pasado 10 de diciembre BANOBRAS enteró a la TESOFE la cantidad de $853’913,710.00 (ochocientos cincuenta y tres millones novecientos trece mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.) correspondientes a la totalidad de los recursos del Fondo Jurica, único fideicomiso constituido con dicha Sociedad Nacional de Crédito,” explicó la SCJN.
Recursos clave para 2025
Los fideicomisos retenidos están destinados a financiar parte del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros en 2025. La disputa por su extinción y devolución subraya la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo respecto al manejo de estos recursos.
El futuro de estos fondos sigue siendo incierto, y la resolución final dependerá de los procesos judiciales en curso. Mientras tanto, la transferencia de estos recursos a la TESOFE queda en suspenso, prolongando el debate sobre la administración de los fideicomisos del Poder Judicial.
La mañana de este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum, criticó el informe de labores presentado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, señalando que fue una defensa del “viejo régimen”.
De manera firme y contundente, la mandataria destacó la importancia de la reforma al Poder Judicial, señalando que garantizará una mayor autonomía al permitir que los juzgadores sean elegidos por el pueblo.
“A diferencia de lo que dicen nuestros detractores, adversarios políticos y la propia ministra presidenta de la Corte, esto (la reforma judicial) va a representar más autonomía. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial; van a ser elegidos por el pueblo”, subrayó.
La mandataria criticó las declaraciones de Piña Hernández, quien en su informe aseguró que el Poder Judicial fue “atacado, amenazado y desprestigiado” por su independencia ante decisiones importantes para el Ejecutivo. Sheinbaum respondió que no ha habido amenazas desde el Ejecutivo, ni de parte de su gobierno ni del expresidente Andrés Manuel López Obrador:
“Es falso que haya habido amenazas. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial también es un servidor público y requiere transparencia. No se puede defender al INAI por la transparencia y, al mismo tiempo, mantener oscuras las decisiones en el Poder Judicial”, explicó.
Además, la Presidenta destacó que la reforma judicial busca combatir las prácticas del pasado que favorecían intereses personales o mercantiles en las decisiones de la Corte.
“Lo que sí se ha hecho es hacer públicas algunas decisiones donde se otorgaron amparos a delincuentes de la delincuencia organizada o casos que mantuvieron durante meses sin resolución por intereses personales. En realidad, una parte de los ministros representa el régimen de corrupción y privilegios de antes. Eso es lo que están defendiendo”, sentenció.
Sheinbaum también señaló que, a diferencia de reformas judiciales del pasado, como la de Ernesto Zedillo, su propuesta no busca control sobre la Corte, sino democratizarla:“Si el objetivo hubiera sido controlar la Corte, hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo. Lo que hay son dos proyectos de nación: uno que busca regresar al régimen de corrupción y privilegios, y otro que avanza en la transformación.”
Finalmente, reiteró que la transparencia debe ser una prioridad para las y los jueces, quienes deben actuar conforme a la Constitución y evitar el uso de figuras como el amparo para liberar a delincuentes.
Lenia Batres, mejor conocida como la “Ministra del Pueblo”, destrozó el informe ofrecido por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien a pesar de haber fracasado en todos los intentos por conservar sus privilegios, insiste en dejar en claro su postura contra la Transformación emprendida por el Pueblo de México.
Piña presentó su último informe anual de labores en sesión solemne conjunta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó – inclusive de manera violenta- cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de los juzgadores federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes”, se quejó Norma Piña.
Fue entonces que la Ministra del Pueblo respondió, lo hizo respetando los espacios y protocolos, así que decidió publicar un certero comentario en la red social X, donde todas y todos pueden leerlo y compartirlo.
Informe de Norma Piña de cierre de sesiones de la SCJN: Ninguna información de acciones jurisdiccionales. Mensaje de oposición política. Negación democrática. Últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad”, escribió la ministra Lenia Batres en su cuenta de la red social X.
Y el Pueblo siempre da la razón a quien la tiene, pues a pesar de las infundadas denuncias de “persecución política” emitidas por Piña, la gente reaccionó apoyando la respuesta de Batres.
… frente a decisiones contrarias a los intereses del Gobierno, se nos llamó ‘traidores al pueblo’”, acusó Piña.
Bueno, efectivamente eso es lo que piensa el Pueblo de México de la ministra Norma Piña y sus secuaces. Por eso exigieron, impulsaron y apoyaron la Reforma al Poder Judicial, misma que surtirá sus primeros resultados en junio del 2025 cuando se lleve a cabo la Elección Judicial, que acabará con décadas de personas juzgadoras al servicio del poder económico y de otros intereses ajenos a los prioritarios para las mexicanas y mexicanos.
Informe de Norma Piña de cierre de sesiones de la SCJN:
Ninguna información de acciones jurisdiccionales.
Mensaje de oposición política.
Negación democrática.
Últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad.
En su segundo informe de labores, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, lanzó críticas a la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno de la 4T, recurriendo a alarmas que, lejos de aportar claridad, están plagadas de falsedades.
Durante su mensaje, Piña afirmó que los resultados de la reforma no serán inmediatos y que solo el tiempo determinará si esta cumple con sus objetivos. Estas declaraciones buscan sembrar incertidumbre sobre un proyecto que prioriza el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y la construcción de un sistema judicial más equitativo.
Informe de Norma Piña de cierre de sesiones de la SCJN:
Ninguna información de acciones jurisdiccionales.
Mensaje de oposición política.
Negación democrática.
Últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad.
Críticas a la reforma desde una postura poco fundamentada
“La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos”, declaró Piña, pero sus palabras han sido vistas como un intento por desacreditar los esfuerzos que buscan combatir los privilegios excesivos y fortalecer el acceso a la justicia en México. Piña insistió en que frases como “sí se pudo” solo tendrán sentido cuando los hechos demuestren resultados, dejando de lado el compromiso real y presente que las nuevas medidas representan.
En otro momento, la ministra aseguró que espera que esta reforma no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de derechos humanos y de control constitucional. Sin embargo, dichas afirmaciones ignoran que la reforma está diseñada precisamente para reforzar estos objetivos, con mecanismos que buscan eliminar las desigualdades estructurales y garantizar un Poder Judicial al servicio de la sociedad.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, tendrá que hacer “de tripas corazón” y ella misma aprobar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que tanto defendió.
Serán liberados por el momento 7 mil 177 millones de pesos, que integraban 6 fideicomisos cuyo proceso de extinción ya fue aprobado por la SCJN. Estos recursos serán destinados a financiar la Elección Judicial de junio de 2025, también para pagar las liquidaciones de las personas juzgadoras que dejen sus cargos.
La humillación para Norma Piña fue acordada en el Pleno de la SCJN, quienes decidieron que sea ella la que atienda lo dispuesto en el décimo transitorio de la Reforma al Poder Judicial promulgada el 15 de septiembre pasado. De esta manera se verá obligada a darle trámite a la extinción de parte de los privilegios que ha disfrutado.
Aunque la extinción no afectó los pagos vitalicios que reciben los ministros en retiro, sí elimina las pensiones complementarias para mandos medios, superiores y personal operativo; los gastos médicos extraordinarios; los fondos provenientes de remanentes presupuestales de los años 90; así como el Fondo Jurica, que permanece inactivo.
El proceso tendrá que ser a todo vapor, pues el plazo para extinguir los fideicomisos vence el 15 de diciembre. Irónicamente, Piña tendrá que apresurarse debido a que sus aliados, jueces federales, otorgaron suspensiones que retrasaron el trámite judicial.
Aunque en el año 2023 las juezas y los jueces frenaron el primer intento de Reforma Judicial, con amparos que echaron para abajo las modificaciones a las leyes secundarias, ahora el panorama es distinto pues se trata de una Reforma Constitucional que nadie puede echar para atrás.
La mañana de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum, fuel a su estilo firme, bateó a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que en días próximos ofrecerá su segundo y último informe al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la cual será renovada el año entrante gracias a la Reforma al Poder Judicial impulsada por el pueblo mexicano.
En su lugar la mandataria mexicana informó que enviará a un representante. Al ser cuestionada sobre su ausencia, Sheinbaum respondió: “No voy a ir, vamos a enviar a una persona”.
Este anuncio que no extraña, se debe a la distancia que hay entre la titular del Ejecutivo federal, que desde que asumió el poder, ha enfrentado y cuestionado la corrupción y malas prácticas que Norma Piña promueve dentro del que debería ser el máximo tribunal impartido de justicia para el pueblo.
Sumado a esto, en octubre, Sheinbaum rechazó una orden judicial que buscaba eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, uno de los débiles golpes políticos que Piña intentó asestar en contra de la voluntad de millones de mexicanos y que finalmente no dio resultados.
Sumado a esto, grupos de personas juzgadoras inconformes con la Reforma al Poder Judicial, hicieron varios intentos por tirar la ya promulgada reforma judicial, generando duros intercambios en las mañaneras del pueblo, donde Sheinbaum Pardo dejó ver los intentos de sabotaje a la democracia lanzados desde el PJ.
La ministra Norma Piña presentó su renuncia a finales de octubre de este año y permanecerá en el cargo hasta el 31 de agosto de 2025, mientras que su último informe se desarrolla en el ocaso de su estancia en la Suprema Corte y con un amplio rechazo popular.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal (CEPL) ha anunciado este 7 de diciembre el listado preliminar de 10 mil 959 aspirantes que participarán en el proceso electoral del próximo 1 de junio de 2025. Este evento será clave para renovar diversas posiciones en la estructura judicial del país, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces de diversas instancias.
El registro oficial de aspirantes cerró el pasado 24 de noviembre, habiendo recibido 11 mil 646 solicitudes a través de su portal, además de 258 expedientes físicos entregados en la Oficialía de Partes del Congreso y más de 15 mil correos electrónicos. Tras un exhaustivo análisis que priorizó la paridad de género, la inclusión, la accesibilidad, el profesionalismo, la ética y la transparencia, el comité depuró las solicitudes y determinó el listado preliminar de participantes que ahora se someterán a una nueva fase de evaluación.
Entre los nombres que figuran en esta etapa destacan personajes reconocidos como Jaime Cárdenas Gracia, quien fuera consejero electoral, y Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. También sobresalen aspirantes con trayectorias diversas, como Estela Fuentes Jiménez, actual magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; Paula María Villegas Sánchez Cordero, diputada de Morena e hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero; y Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón.
El listado definitivo será dado a conocer el próximo 15 de diciembre, una vez que se compruebe que todos los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales y legales necesarios. A partir de entonces, se procederá a evaluar la idoneidad de los aspirantes para ocupar los diversos cargos contemplados por la reforma al Poder Judicial.
Este proceso será particularmente relevante debido a la magnitud de los cargos a elegir, que incluyen nueve ministros de la SCJN, cinco magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quince magistrados regionales en diferentes sedes del país, así como 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.
La jornada del 1 de junio de 2025 marcará un hito en la historia judicial del país, no solo por la cantidad de puestos que se renovarán, sino por el énfasis en garantizar un proceso basado en principios de equidad y transparencia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó un amparo promovido por la empresa Grupo Bararal, que buscaba impugnar la reforma a la Ley Minera de abril de 2022 para explotación de litio, por lo que la máxima Corte del país confirmó que la exclusividad para explotación de este mineral es exclusiva del Estado mexicano.
El proyecto para desestimar este amparo que data del 2022, fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y aprobado por unanimidad en la Segunda Sala de la SCJN.
La resolución apoyó su argumento en la supremacía constitucional en la que refiere que aunque se concediera el amparo respecto a los artículos de la Ley Minera, una reforma constitucional posterior prohíbe las concesiones relacionadas con el litio. Con este argumento, estimó que incluso una eventual concesión del amparo no tendría efecto, ya que la norma constitucional impide la existencia de concesiones sobre este mineral específico.
Grupo Bararal, titular de la concesión minera 246359 para el lote ‘San Pedro’ en la comunidad de Satevó, en Chihuahua, refiere que la reforma de 2022 afectaba su título de concesión vigente hasta 2068, que les permitía la exploración y explotación de diversos minerales.
Por su parte, la SCJN determinó que dicha modificación a la Constitución mexicana establece que no se otorgarán concesiones en el caso del litio, reafirmando la exclusividad del Estado en su explotación.
La reforma sobre la nacionalización del litio, impulsada por el ahora ex presidente López Obrador, marcó un hito histórico en la defensa de los recursos estratégicos del pueblo mexicano, el cual tendrá la máxima facultad para su explotación en benefició del país.
