Después de una intensa sesión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Reforma al Poder Judicial se mantiene vigente y por lo tanto legal, después que no prosperara el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que tenía como objetivo invalidar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que fue discutida en el Pleno de la Corte el pasado martes 5 de noviembre. Como discurso introductorio Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte, indicó que “el día de hoy la Suprema Corte de Justicia realizará el estudio de un asunto de altísima complejidad y extraordinaria importancia para nuestra nación. No es exagerado afirmar que cualquiera sea la decisión a la que arribemos será retomada por los libros de historia de nuestro país”.
Cabe señalar, que cualquier posibilidad de la corte declarar invalida la reforma constitucional desaparecieron con la postura asumida por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien fuera el ministro que tumbó la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en marzo del 2021, señaló que “el máximo tribunal del país no tiene la facultad para decir qué es lo que debió llevar o no la Constitución”, rompiendo el bloque de ocho ministros necesarios para declararla inconstitucional.
Las palabras de Pérez Dayán fueron dardos envenenados que impactaron a la Ministra Presidenta, “Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta seria, lo digo con todo respeto exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente a forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad” dijo el ministro Pérez Dayan.
Fue enfático en su intervención, en la cual coincidiría con la posición de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, en la que no debía considerar la acción de constitucionalidad como un instrumento para validar o no una reforma constitucional, lo que equivaldría a una violación a la primera fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la que el juicio de amparo es improcedente en contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante la mirada de más de 30 mil espectadores que estaban sintonizando la sesión en el canal de YouTube del máximo tribunal, Norma Piña llevó a cabo un acto de astucia tramposa, impulsar la idea de que con seis votos echaría abajo las modificaciones a la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación. Tras varias horas de discusión, Piña Hernández propuso un receso para que el resto de las ministras y ministros pensaran si procedía una supuesta mayoría calificada de solo seis votos. Una vez reanudada la sesión, la presidenta de la máxima corte reiteró que para ella seis votos eran suficientes. Sin embargo, su propuesta tampoco pasó y el Pleno tuvo que desestimar los conceptos de inconstitucionalidad.
Molesta porque sus planes para extralimitarse y pasar por encima de la Carta Magna se vieron frustrados, la ministra presidenta dio por terminada la sesión, no sin antes advertir que el resultado de la votación no implicaba que la Suprema Corte se hubiera pronunciado sobre la validez de la reforma. Más aún, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien se quejó de la ministra Batres Guadarrama por “gritar como si fuera un mitin político”, salió al mitin organizado por los trabajadores del Poder Judicial en las afueras de las instalaciones de la Corte, agradeciendo su apoyo al proyecto de González Alcántara y lamentó no haber hecho más, “son ustedes verdaderamente el alma del Poder Judicial, y por lo tanto del México democrático e independiente” expresó el ministro.
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la SCJN no se atrevió a enfrentarse al pueblo mexicano y reiteró el llamado a los jóvenes, hombres, mujeres y abogados a participar en el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Qué sigue después de esta marrullería? El Poder Judicial tiene que actuar con normalidad hasta las próximas elecciones de los nuevos integrantes de la Corte. El 31 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo mediante el cual se designó a las personas que formarían parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal. Y el 4 de noviembre se publicó la convocatoria que emitió dicho Comité para participar en el proceso de elección extraordinario para personas juzgadoras 2024-2025.
Lo ocurrido en el máximo tribunal representó el último acto de votar en contra de un proyecto ejecutivo y legislativo, impulsado por Andrés Manuel López Obrador para democratizar el poder judicial y un jaque mate de la voluntad popular, de los 36 millones de personas que avalaron la continuidad de la transformación. No obstante, faltan varios meses para concretar los cambios y habrá una prolongada resistencia para impedir que se concrete el impactante triunfo del Plan C y la vigencia de la reforma constitucional en materia judicial, cuya importancia será retomada por los futuros historiadores y juristas de nuestro país.
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