Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo y próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que la transición en el Poder Judicial de la Federación inició “algo tarde”, pero aseguró que todo estará listo para arrancar el 1º de septiembre.
Aguilar también adelantó que ese día se dará a conocer la integración del Órgano de Administración Judicial (OAJ), encargado de manejar los recursos del PJF. “Confiamos en que las decisiones iniciales arranquen sin contratiempos”, afirmó.
El abogado de origen mixteco explicó que la transición con la actual presidenta, Norma Piña Hernández, avanza de manera ordenada, aunque reconoció que recibirán un alto número de asuntos pendientes. Sin embargo, garantizó que aplicarán un nuevo método de trabajo para gestionarlos.
Sobre la posible incorporación de Vidulfo Rosales, exabogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa, Aguilar señaló que aún no se ha tomado una decisión final, pero lo resolverán en los próximos días.
El próximo titular de la SCJN prometió que la nueva Corte será “abierta y cercana al pueblo”, enfocada en dar certeza jurídica a la ciudadanía, inversionistas y sectores que contribuyen al desarrollo del país.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumirá funciones el próximo 1 de septiembre con una herencia de mil 440 expedientes sin resolver, que incluyen controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de alto impacto político, económico y social.
De acuerdo con una investigación de Animal Político, entre los casos más relevantes están los juicios fiscales contra Ricardo Salinas Pliego y Grupo Elektra, por adeudos al SAT que superan los 74 mil millones de pesos. Tres de estos litigios ya están en ponencias de los ministros Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán y Lenia Batres.
La agenda también contempla las reformas aprobadas en el “viernes negro” de 2023, cuestionadas por la oposición, y la reforma que otorga al presidente la facultad de conceder amnistía directa, impugnada por invasión de competencias del Congreso.
Otro tema clave será la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, declarada contraria a la Convención Americana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todo esto ocurrirá mientras la SCJN opera bajo una nueva reforma judicial, que reduce de 11 a 9 ministros, elimina sus salas y limita el alcance de los amparos.
Ricardo Salinas Pliego ya no figura como el quinto hombre más rico de México, pues su nombre desapareció del Bloomberg Billionaires Index el 26 de agosto. A inicios de dicho mes, su patrimonio alcanzaba los 7 mil 70 millones de dólares, lo que lo colocaba en el lugar 493 del ranking mundial.
Este año ha sido complicado para Salinas Pliego en los tribunales, ya que las recientes dificultades fiscales han afectado su posición. Actualmente sus empresas enfrentan deudas millonarias con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en total deben más de 7 mil millones de pesos.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tomará decisiones sobre sus litigios fiscales en septiembre. La deuda de Salinas Pliego con el fisco asciende a 74 mil millones de pesos, por lo que se encuentra bajo presión, lejos de sus competidores como Carlos Slim, Germán Larrea y Alejandro Baillères.
Norma Piña, Ministra presidenta de la SCJN, presentó su último informe y se declaró víctima de asedio y calumnias, pero su gestión no estuvo exenta de críticas.
Durante su presidencia muchos cuestionaron su liderazgo y decisiones, aunque ella afirmó que su tribunal enfrentó adversidades y agresiones, no obstante, sus resultados generan dudas.
Al presentar su informe, Piña dejó un mensaje de despedida que incluyó citas de Morelos. La independencia judicial se ejerció, según ella, pero la percepción pública es diferente. Sus palabras parecen más un intento de desviar la atención de los problemas que enfrentó la Corte.
Los ministros en retiro aplaudieron su discurso, pero eso no oculta los retos que dejó para la nueva integración. La falta de resultados contundentes y la percepción de privilegios no ayudaron a su imagen.
La Ministra Loretta Ortiz destacó los logros de la Primera Sala, mientras que el Ministro Javier Laynez mencionó también la efectividad de ésta. Sin embargo, cabe preguntarse si estos logros compensan las críticas hacia la gestión de Piña.
El futuro de la justicia en México depende de la nueva integración de la Corte, los desafíos son enormes y la historia evaluará la verdadera herencia de Norma Piña en el tribunal. A pesar de su discurso esperanzador, las dudas persisten y la confianza en el sistema judicial necesita ser reconstruida.
El Senado confirmó que Arístides Rodrigo Guerrero García, ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no rendirá protesta el próximo lunes debido a un accidente automovilístico que sufrió, por lo que se encuentra en proceso de recuperación.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, explicó que se consultó la posibilidad de realizar la protesta a través de videoconferencia, pero por motivos legales y de protocolo no es posible. Por ello, Guerrero tomará protesta una vez que se recupere por completo.
El legislador señaló que no habrá afectaciones al funcionamiento de la Suprema Corte, ya que el pleno puede operar con presencia de ocho de los nueve ministros. Guerrero se incorporará formalmente a las labores del tribunal tras rendir protesta ante el Senado.
Según un comunicado del ministro electo, el accidente ocurrió la noche del 22 de agosto en avenida Río Churubusco, Ciudad de México, cuando otro automóvil impactó el vehículo en el que viajaba con tres personas más. Guerrero sufrió fracturas en tórax y nariz, que requirieron intervenciones quirúrgicas.
El Senado aseguró que la salud del ministro es prioridad y su incorporación a la SCJN se dará en cuanto esté en condiciones médicas para asumir el cargo.
La impugnación a la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló una red que opera contra la democracia mexicana, la cual se encuentra vinculada al empresario Claudio X. González Guajardo, la llamada “Marea Rosa”, exconsejeros del INE como Lorenzo Córdova Vianello, y los magistrados electorales Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora.
De acuerdo con información de Nancy Flores para Contralínea, estas estructuras, bajo la fachada de “sociedad civil organizada”, buscan disputar el poder político mediante ventajas ilegítimas al interior del INE y del TEPJF, con el objetivo de fundar un partido de derecha. La organización Personas Sumando en 2025 A.C., que pretende convertirse en el partido “Somos México”, agrupa a exfuncionarios del INE y del PRD, así como aliados de Claudio X., como Fernando Belaunzarán, Guadalupe Acosta Naranjo y Gustavo Madero.
El magistrado Rodríguez Mondragón, cercano a la administración de Felipe Calderón y a los intereses de Claudio X., avaló un “amicus curiae” de Personas Sumando en 2025 para impugnar la elección de ministros, mostrando la influencia directa de estas redes en el Tribunal Electoral. Exconsejeros como Edmundo Jacobo Molina, Carlos Ferrer Silva y Gabriel Mendoza Elvira forman parte de esta estructura y mantienen cercanía con Córdova y otros miembros de la Marea Rosa.
Estas alianzas también se extienden a la observación electoral y el litigio estratégico, como evidenció la firma del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) en 2023, coordinado por Rodríguez Mondragón y organizaciones civiles vinculadas a Claudio X., dejando en manos de actores opositores a la 4T la supervisión de procesos electorales clave.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los integrantes de la Marea Rosa “ya no se sienten representados” por el PAN, el PRI ni otros movimientos, por lo que buscan formar su propio partido. Destacó que, aunque tienen derecho legal a constituirse como partido, no han presentado propuestas claras más allá de defender las diputaciones plurinominales, las cuales responden a intereses propios.
El proceso de Personas Sumando en 2025 está lejos de cumplir los requisitos legales, dado que hasta el 21 de agosto, de las 200 asambleas distritales necesarias para enero de 2026, solo se han concretado 83, mientras que 61 se cancelaron por falta de quórum. Según Sheinbaum, la organización ha reducido su presencia en manifestaciones públicas y se centra en consolidar su estructura política.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del TEPJF, presentó un proyecto en el que propone validar la elección del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, al considerar infundados los señalamientos de la excandidata Verónica Patricia Gómez Schulz.
En su resolución, el magistrado subraya que “para anular una elección, los hechos deben estar debidamente probados, ser graves, dolosos y determinantes”. Sin embargo, destacó que las pruebas presentadas por la denunciante —fotografías y videos en redes sociales— no acreditan la existencia de una estrategia masiva ni sistemática para coaccionar el voto mediante el uso de supuestos “acordeones” o guías de votación.
De la Mata sostuvo que el Consejo General del INE actuó conforme a derecho al declarar la validez de los resultados, asignar las magistraturas y entregar las constancias de mayoría. Añadió que el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados debe prevalecer cuando no se cumplen los criterios de nulidad.
El proyecto también desechó recursos extemporáneos, entre ellos uno presentado por el magistrado electo Rufino León y otro del PAN, al determinar que los partidos políticos están impedidos para intervenir en este tipo de controversias.
De aprobarse en la Sala Superior del TEPJF, el fallo confirmaría de manera definitiva la integración del Tribunal de Disciplina Judicial Federal, clave en el nuevo modelo de justicia impulsado en el país.
Arístides Rodrigo Guerrero García, próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tuvo un accidente automovilístico este viernes, entre las 22 y 23 horas, al regresar de la Ciudad de Oaxaca, después de haber participado en un evento público de la Fiscalía del Estado.
Hoy, desde la bella e histórica biblioteca Fray Francisco Burgoa, en la ciudad de #Oaxaca, participé en el Encuentro Nacional de Fiscales Electorales con la conferencia “Inteligencia artificial e impartición de justicia”. pic.twitter.com/st83kjCiab
— Arístides Rodrigo Guerrero García (@AristidesRodri) August 22, 2025
“El ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero García sufrió un accidente vehicular sobre la avenida Río Churubusco, cuando se trasladaba del aeropuerto hacia su domicilio(…) presentó fracturas de tórax y en la nariz”, anunció su equipo de comunicaciones en redes sociales.
La preocupación de muchos se debe a que el ministro Guerrero se encuentra a una semana de entrar en funciones en la SCJN; sin embargo, en la misma circular informativa publicada en X se asegura “estará activo para asumir sus obligaciones” y “derivado del inicio de la Nueva Suprema Corte, cuenta con el apoyo de todas y todos sus integrantes”.
Arístides Guerrero fue intervenido quirúrgicamente después del infortunio; sus fuentes aseguran que se encuentra estable y su familia confirma que tiene buen pronóstico.
El equipo de comunicación social del Ministro electo, Arístides Rodrigo Guerrero García comunica lo siguiente: pic.twitter.com/Spl3VXhLNk
— Arístides Rodrigo Guerrero García (@AristidesRodri) August 24, 2025
“El Ministro electo cuenta con un pronóstico positivo para estar presente en la toma de protesta de Ministras y Ministros el próximo 1 de septiembre de 2025”, comparten con total seguridad los cercanos al ministro.
Arístides Guerrero García ganó su lugar en la SCJN, en la pasada elección judicial del 1 de junio. Guerrero tiene un amplio recorrido profesional en cargos públicos y académicamente cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancará actividades el 1 de septiembre con un programa inédito que incluye un ritual de purificación indígena, la entrega de bastones de mando, un fandango popular y la apertura de sus puertas al pueblo de México, cerradas desde 2020.
De acuerdo con el programa preliminar, los nueve ministros electos participarán desde las 5 de la mañana en la sede de la Corte con una ceremonia ancestral, seguida por un acto en la zona arqueológica de Cuicuilco. Posteriormente, a las 16 horas, recibirán el bastón de mando y servicio en un encuentro que reunirá a más de 1,500 personas, entre pueblos indígenas, afromexicanos y autoridades de los tres niveles de gobierno.
El itinerario contempla también la toma de protesta en el Senado, un fandango musical y, a las 21:30 horas, la simbólica apertura de puertas de la SCJN al pueblo de México, cerradas durante las presidencias de Arturo Zaldívar y Norma Piña.
La jornada culminará a las 22 horas con la sesión solemne de instalación de la nueva Corte, a la que se prevé asista la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que será el primer acercamiento formal entre el Poder Judicial y el Ejecutivo tras más de dos años de distanciamiento.
El abogado Vidulfo Rosales, quien durante una década representó a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, anunció su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde trabajó por más de 24 años.
Rosales explicó que su decisión se basa en motivos personales, además de la falta de recursos y respaldo político para continuar con la defensa de los familiares de los estudiantes desaparecidos en 2014.
De acuerdo con diversas versiones, Rosales podría integrarse al equipo de trabajo de Hugo Aguilar, próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien asumirá funciones el 1 de septiembre de 2025.
Nacido en 1976 en Totomixtlahuaca, Guerrero, Rosales ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y la justicia social, especialmente en comunidades indígenas. Debido a esto, a lo largo de su carrera, ha enfrentado amenazas y presiones, al grado que se ha visto obligado a salir del país por razones de seguridad.
Su caso más destacado fue como abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que denunció la complicidad del crimen organizado con autoridades y la indiferencia del Estado ante la crisis de desapariciones en México.
Durante 24 años en Tlachinollan, Rosales defendió a mujeres víctimas de violencia, campesinos despojados de sus tierras y familias afectadas por desaparición forzada, dejando una huella profunda en la lucha por los derechos humanos en México.
Su salida marca un cambio importante en el caso Ayotzinapa, mientras se prepara para lo que sería una nueva etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
