Trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) de Tabasco protagonizaron un altercado violento en la Universidad Alfa y Omega en un intento por impedir el ingreso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, a una conferencia sobre la Reforma Judicial. Los hechos ocurrieron este viernes alrededor de las 17:30 horas y escalaron a un nivel de agresión física entre los manifestantes y elementos de seguridad.
Previo a la llegada de la ministra, los trabajadores del PJF se apostaron en los accesos de la universidad, portando pancartas y lanzando reclamos en contra de los simpatizantes de la Reforma Judicial, en una protesta que pretendía frenar el avance de las propuestas para democratizar el Poder Judicial.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXV Legislatura, Jorge Bracamonte Hernández, también fue víctima de los disturbios, ya que los manifestantes le impidieron el paso al recinto, obligándolo a retirarse pese a ser uno de los invitados especiales al evento.
La situación se tensó aún más con la llegada de la ministra Ortiz Ahlf. Al intentar ingresar, un manifestante se lanzó frente a la camioneta que la trasladaba, deteniendo su marcha de manera brusca. Inmediatamente, los elementos de seguridad intentaron apartar al manifestante, lo que provocó una serie de empujones, golpes y patadas entre trabajadores del PJF y el personal de seguridad, desencadenando una pelea en la entrada de la universidad.
En medio del caos, la camioneta aprovechó para ingresar al edificio, logrando salvaguardar la integridad de la ministra mientras los guardias de seguridad intentaban cerrar el acceso y controlar la situación. Los manifestantes, aliados de la ministra Norma Piña, han recurrido a tácticas violentas, evidenciando su desesperación ante el avance de la Reforma Judicial que busca democratizar al Poder Judicial.
Luego de admitir más recursos en contra de la Reforma al Poder Judicial y turnarlos a su análisis, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha sufrido un nuevo y duro golpe a su cada vez más pequeña autoridad, y es que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ha ordenado el término del paro del labores en el Poder Judicial.
En una reciente sesión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la ministra presidenta Norma Piña, junto con la consejera Lilia Mónica López, votaron en contra de la decisión de reanudar los plazos y términos en los juicios tramitados en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. A pesar de su oposición, el consejo determinó levantar la suspensión que había pausado estas actividades por casi un mes en protesta contra la reforma al Poder Judicial.
Esta resolución obliga a que los tribunales del país reanuden sus actividades regulares, incluyendo la presentación de documentos, pruebas y testimonios dentro de los tiempos establecidos por la ley. La suspensión había afectado a diversos actores, como autoridades, abogados y partes involucradas en los procesos judiciales, quienes se encontraban limitados para avanzar en sus casos.
Además, el pleno del CJF acordó la creación de una mesa de trabajo, que se instalará el próximo viernes, con el objetivo de dialogar con los representantes del Poder Judicial. Esta mesa, exigida por los trabajadores que se oponen a la reforma, buscará que la judicatura defienda los derechos laborales de sus empleados.
Participarán en estas conversaciones la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, y representantes sindicales del Poder Judicial.
El voto en contra de Norma Piña destaca en un contexto en el que diversos sectores han criticado la falta de respaldo de la ministra presidenta hacia las demandas de los trabajadores judiciales, quienes temen que la reforma afecte sus condiciones laborales.
Ante las descalificaciones en su contra y el detrimento a su trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, tira la narrativa impulsada por la derecha y exhibe las mentiras sobre la falsa baja productividad de su ponencia.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la también conocida como “ministra del pueblo”, respondió a los “insultos y francas mentiras han intentado desacreditar nuestro trabajo en la SCJN” y señalan que sus niveles de productividad son menores al de sus pares.
En ese sentido, sostuvo que a ochos meses de haber ingresado a la SCJN, los resultados de sus ponencias de ellas y su equipo, en este 2024, son superiores al promedio registrado en el mismo periodo de los años 2022 y 2023. Además que por “la curva de aprendizaje” no ha alcanzado “el número neto de resoluciones que tienen las demás ponencias este año”.
Con muchos insultos y francas mentiras han intentado desacreditar nuestro trabajo en la SCJN.
Una de esas mentiras se refiere a la productividad de mi ponencia.
Ingresé a la Corte en diciembre pasado. En enero fui integrando el equipo de abogadas y abogados que conforma la… pic.twitter.com/PedGcNNoKb
Además, explicó que en el mes de enero fue integrando el equipo de abogadas y abogados que conforman su ponencia y que en ese mesno presentó ningún proyecto de resolución. Sin embargo, destacó que el equipo se consolidó rápidamente y que, en agosto pasado, su ponencia fue la que tuvo más “asuntos resultados de la Segunda Sala”.
De acuerdo con la información proporcionada por la ministra, en lo que va del 2024 ya ha resuelto 200 asuntos, con los que ha superado el promedio de 174.2 casos en comparación al año anterior. También destaca que ha sido la ministra con más asuntos resueltos por mes, al colocarse con 49 casos.
Asimismo, la ministra Lenia Batres subrayó que lo más importante de las resoluciones son a quién y cómo favorecen a los involucrados, además sostuvo que ella y su equipo están empeñados en construir justicia social para el país.
En un nuevo intento por invalidar la reforma judicial recientemente promulgada, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Norma Piña, aceptó un recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Circuito (Jufed). Este recurso, que busca detener la implementación de la reforma, fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para su resolución urgente.
El argumento de los jueces y magistrados es que la reforma judicial “afecta la autonomía del Poder Judicial de la Federación y compromete la independencia de sus miembros”, lo que, según ellos, pone en riesgo el principio de división de poderes. Sin embargo, es evidente que estas acciones no son más que un intento por violar la legalidad y proteger los excesos que han marcado a ciertos sectores del Poder Judicial, todo ello a costa del pueblo.
Reforma judicial: Un cambio necesario ante la resistencia de la élite judicial
La reforma, que ya fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y publicada en el DOF este 15 de septiembre, busca establecer un marco legal más transparente y equitativo, erradicando privilegios que han beneficiado a la élite judicial por años. Sin embargo, desde la promulgación de la reforma, ciertos sectores del Poder Judicial han intentado frenar su avance, utilizando recursos legales y movilizando influencias para mantener el status quo.
El ministro González Alcántara Carrancá deberá determinar si el recurso presentado por los jueces y magistrados tiene carácter de urgente, y elaborar un proyecto de sentencia que posteriormente será votado en el Pleno de la Suprema Corte. Paralelamente, la ministra Lenia Batrestiene pendientes otros dos recursos relacionados con la misma reforma, entre ellos una consulta similar y la revisión de un juicio de amparo que evalúa los desacatos del Legislativo y Ejecutivo respecto a las suspensiones de la reforma.
Intereses judiciales a costa del bienestar del pueblo
Este recurso, promovido por quienes han disfrutado de los excesos dentro del Poder Judicial, representa un claro intento por mantener privilegios y evitar los cambios que la reforma propone, argumentando “defensa de la autonomía”. No obstante, la reforma judicial fue diseñada para garantizar un sistema más justo y accesible, que responda a las demandas de la ciudadanía y combata la corrupción en el sistema judicial.
El pueblo ha dejado claro que está a favor de un cambio en el Poder Judicial, un cambio que termine con la opacidad y proteja los derechos de todos, no solo de unos cuantos privilegiados. Con cada recurso que los opositores promueven, intentan postergar una reforma que ya fue respaldada por el Congreso y que busca beneficiar a la mayoría.
La resolución pendiente
La decisión del ministro González Alcántara Carrancá será clave en los próximos días, ya que definirá si el recurso promovido por los magistrados es procedente y si el Pleno de la Suprema Corte deberá votar sobre la controversia. De ser así, el debate será crucial para determinar si México podrá avanzar hacia un sistema judicial más equilibrado o si continuará siendo controlado por intereses que han priorizado sus beneficios por encima del bienestar general.
La lucha por mantener ciertos privilegios dentro del Poder Judicial sigue, pero las reformas aprobadas representan una oportunidad para el fortalecimiento de la justicia en México.
El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, reaccionó y aseguró que el expresidente Ernesto Zedillo “no tiene ninguna calidad moral” para criticar la reforma al Poder Judicial, ya que el neoliberal le hizo mucho daño al pueblo mexicano.
A través de una video difundido en los canales de la Cámara Alta calificó como hecho “histórico” la promulgación de la reforma judicial, además aprovechó para recordarle a Zedillo Ponce de León, que cuando fue presidente disolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ese hombre [Ernesto Zedillo], de un plumazo, en un mes quitó a 26 ministros de la Corte, reduciendo la Corte a 11 ministros, sin foros de discusión, sin parlamentos abiertos. Las dos Cámaras en un mes, él entró el primero de diciembre, en enero ya estaba la reforma aprobada.
Indicó Fernández Noroña.
📹 #Vídeo | El neoliberal no tiene ninguna calidad moral: Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona), presidente del Senado, aseguró que no tiene cara Ernesto Zedillo, para criticar a la #4T y la reforma al Poder Judicial.
Además, destacó la hipocresía del ex presidente neoliberal, puesto que con su reforma dejó a México sin Corte por lo menos una semana e ironizó que ahora Ernesto Zedillo pretenda acusar a la Cuarta Transformación de destruir la democracia del país, cuando el movimiento de transformación tuvo un abrumador respaldo popular.
También, recordó que el priista le hizo mucho daño a los millones de mexicanos con el Fobaproa, una medida con la que rescató a bancos convirtiendo sus deudas privadas en públicas. Además de señalarlo de acabar con los ferrocarriles en México, para después trabajar en una de las empresas beneficiadas con la venta de los trenes.
“A quien salvó fue a los banqueros, nunca le tendió la mano a la mayoría de las personas endeudadas por la crisis por él generada”, señaló Fernández Noroña, que ironizó que ahora Ernesto Zedillo se convierta en “héroe de la derecha” y vocero del Poder Judicial.
Asimismo, sostuvo que a pesar de los berrinches del conservadurismo la instrumentalización de la reforma judicial será un hecho y que en junio de 2025 se elegirán a los ministros, magistrados, así como la mitad de los jueces federales y locales.
Este martes, el Presidente López Obrador, echo abajo los mezquinos planes de la derecha y dejó en claro que no hay fundamentos legales para frenar la Reforma al Poder Judicial, la cual se publicó el pasado domingo 15 de septiembre.
Desde Palacio Nacional, AMLO hizo referencia a las estrategias que preparan los conservadores en contra de la Reforma y con lo cual buscan detenerla, señalando que están en su derecho, pero carecen de algún fundamento legal.
“Están en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial, no existe ningún fundamento legal”.
Ante estas acciones que alista la derecha y sus correligionarios, el tabasqueño pidió que algunos constitucionalistas se pronuncien sobre el tema, para aclarar si hay algún fundamento para echar por la borda los cambios que se avecinan para el Poder Judicial.
“Ojalá y los constitucionalistas dieran a conocer su punto de vista, en estos días, hoy, mañana, Diego Valadés, los del Instituto de investigaciones Jurídicas (de la UNAM), pues para que de una vez se defina si quieren un Estado de derecho o un Estado de chueco, porque la Constitución establece el procedimiento. Ya todo se hizo, ya está en vigor la reforma. Eso ya salió adelante y qué bueno”.
Sobre los amparos que puedan presentarse, el mandatario federal mencionó que no le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el resolverlos: No les corresponde, no tienen facultad, tan sencillo como eso. Es como si yo emito como titular del Ejecutivo una orden de aprehensión, eso no me corresponde, eso le corresponde a un juez, por poner un ejemplo pues.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, señaló que aún hay recursos legales que pueden ayudar a los miembros del Poder Judicial para frenar la reforma, con la que se elegirá a los jueces, magistrados y ministros.
Durante una conversación con estudiantes de distintas universidades, tanto públicas como privadas, la ministra se justificó señalando que la reforma constitucional podría afectar a los sectores sociales más vulnerables del país.
En ese sentido, Piña Hernández sostuvo que “no puedo pronunciarme sobre ciertos temas, porque si yo me pronuncio estaría impedida para resolver esos temas”. Además explicó que el freno a la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, puede “llegar a través de algún mecanismo, amparo, acción, controversia”.
También, comentó que la discusión versa en torno a sí la reforma al Poder Judicial es objeto a ser analizado bajo mecanismos de control constitucional o sí se puede evaluar los procesos legislativos sobre su aprobación.
Además, calificó como un retroceso la Reforma Judicial y que recientemente fue declarada su validez constitucional por el Congreso de la Unión, es decir Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, luego de que el dictamen recibiera el aval de la mayoría de las legislaturas locales.
Cabe mencionar que, en horas recientes, un juez federal del estado de Colima otorgó una suspensión provisional para impedir la publicación de la Reforma Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, ha planteado a su homólogos establecer una mesa de transición para garantizar la implementación ordenada de la reforma al Poder Judicial.
Luego de que la reforma fuera aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos Locales, en una sesión convocó a los demás ministros a garantizar la implementación de la iniciativa y ha enfrentar los retos que traen consigo, por lo que señaló que la participación de los órganos jurisdiccionales será de gran relevancia, en la nueva etapa del Poder Judicial.
Hoy se decidió retomar las funciones ordinarias de la Suprema Corte. Dejé a ministros y ministras la siguiente propuesta: pic.twitter.com/fkI2JIpDoy
En ese sentido, Batres Guadarrama destacó la importancia de que se involucre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el diseño de instrumentos normativos, así como el apoyo para la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros aspectos que impulsa la recién aprobada reforma.
Asimismo, pidió entablar un diálogo entre los trabajadores del Poder Judicial para que se puedan ayudar en el proceso de transición, con el que se avanzará a un fortalecimiento real de los órganos jurisdiccionales y garantizar a los mexicanos un verdadero acceso a la justicia en México.
La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), liderada por la ministra Norma Piña, ha rechazado los intentos de última hora del personal judicial para frenar la reciente reforma constitucional que establece la elección de jueces mediante voto popular. Esta reforma, aprobada esta semana, representa un paso decisivo en la democratización del sistema judicial mexicano y ha sido respaldada por amplios sectores de la sociedad.
El poder popular se impone
A pesar de la intensa presión por parte de jueces, magistrados y otros empleados del Poder Judicial Federal (PJF), quienes solicitaron acciones urgentes para detener la reforma, Norma Piña cedió a la transformación La ministra presidenta reconoció la improcedencia de estas intervenciones y optó por respetar la voluntad popular expresada a través de los mecanismos legislativos.
En días anteriores, la SCJN recibió múltiples escritos del personal judicial que pedían a la Corte ejercer medidas basadas en tratados internacionales para detener la reforma. Sin embargo, Piña determinó que la Corte no podía intervenir directamente, ya que la jueza Martha Magaña, encargada de la suspensión en amparo, se declaró incompetente para continuar con el trámite de los recursos interpuestos.
Levantamiento del paro laboral
Tras una semana de paro, la SCJN decidió en sesión privada levantar la suspensión de labores. Las primeras versiones indican que los 11 ministros votaron a favor de regresar a la normalidad, reconociendo el mandato constitucional que establece la elección de jueces por voto popular.
Esta decisión de la Corte, que retoma sus actividades tras la aprobación de la reforma en el Congreso y su inminente declaración de constitucionalidad, muestra que Norma Piña se ha bodaldo a a los cambios impulsados por la ciudadanía y las instituciones democráticas. La reforma, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca transformar la justicia en México, acercando el poder judicial a los ciudadanos y aumentando su responsabilidad ante la sociedad.
El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su coordinadora en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, ha anunciado que utilizará todos los recursos jurídicos disponibles para bloquear la reforma judicial recientemente aprobada, una medida que parece más enfocada en proteger los intereses de los grupos privilegiados que en defender la democracia o los derechos del pueblo.
En un comunicado emitido por la diputada, el PAN afirmó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario, con el objetivo de invalidar el dictamen de la reforma judicial, aprobado por una mayoría en el Congreso. Esta reforma, apoyada por el oficialismo, busca corregir un sistema judicial que durante décadas ha favorecido a las élites y que, con el respaldo de partidos como el PAN, ha perpetuado la impunidad y las desigualdades sociales.
En @AccionNacional seguiremos defendiendo la República, la democracia y las libertades.
Lejos de representar una defensa de la democracia, como lo pretende el discurso del PAN, esta ofensiva legal parece alinearse con los intereses de los sectores que se resisten a los cambios estructurales que necesita el país. No es la primera vez que el PAN intenta frenar las reformas progresistas que buscan democratizar el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho.
Zacatecas aprueba la #ReformaJudicial con 12 votos EN CONTRA de la oposición.
“En el Partido Acción Nacional no nos detendremos en el compromiso de defender la República“, declaró Luna Ayala, pero la realidad parece ser que su “defensa” está centrada en los intereses de una minoría, intentando bloquear cualquier cambio que favorezca a la mayoría y reduzca los privilegios de las élites económicas y políticas que durante años han controlado el sistema judicial mexicano.
PAN prioriza los intereses de las élites sobre las necesidades del pueblo
El PAN ha anunciado que llevará a cabo juicios de amparo y otras acciones legales en contra de la reforma judicial, incluso antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que demuestra su urgencia por proteger el status quo. Además, han señalado que, si es necesario, llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una estrategia que se aleja de las necesidades urgentes del pueblo mexicano, como el acceso a una justicia imparcial y efectiva.
En @AccionNacional seguiremos defendiendo la República, la democracia y las libertades.
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador planea la publicación de la reforma en el DOF el próximo 15 de septiembre, el PAN se prepara para movilizar todos los recursos a su disposición con tal de impedir que las reformas entren en vigor, aunque esto signifique ir en contra de la voluntad popular expresada en el Congreso.
División de poderes o división de intereses
Luna Ayala afirmó que la Suprema Corte de Justicia será la “última instancia para garantizar la división de poderes”. Sin embargo, el PAN ha sido señalado en repetidas ocasiones por utilizar al Poder Judicial como un escudo para sus intereses políticos, más que como una herramienta para proteger los derechos de la ciudadanía. La reforma judicial que ahora combaten tiene como objetivo reequilibrar los poderes del Estado y evitar que los jueces actúen como protectores de las élites, una dinámica que ha sido recurrente bajo gobiernos anteriores.
En sesión de la Comisión Permanente Nacional, decidimos impugnar ante la @SCJN el proceso de la destructiva reforma judicial que aprobó ayer el régimen morenista, pero también que inicie el proceso de expulsión de quienes traicionaron al país con su voto: Miguel Ángel Yunes… pic.twitter.com/G2haTpm9up
En un segundo comunicado, Luna Ayala respaldó la decisión de la dirigencia nacional del PAN de expulsar a los legisladores que votaron a favor de la reforma judicial. Esta purga interna es un claro mensaje para aquellos que, dentro del propio PAN, reconocen la necesidad de cambiar y de alinear su política con los intereses del pueblo, en lugar de continuar protegiendo a los privilegiados.
El PAN, un partido que ha estado en el poder en múltiples ocasiones, continúa priorizando los intereses de unos pocos por encima de las necesidades de la mayoría. Con su cruzada jurídica en contra de la reforma judicial, el PAN no solo demuestra su resistencia al cambio, sino también su disposición a obstaculizar los avances democráticos y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México.
