El conservador Diego Valadés Ríos, junto a otros académicos son quienes están detrás del documento “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales”, con el que se lanza en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum.
Aunque, el documento de este grupo de expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas fue bateado por la propia rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que las autoridades universitarias precisaron que el contenido del análisis no representa el posicionamiento de toda la comunidad universitaria.
Este grupo está ligado al ex titular del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y al ex ministro Diego Valadés, quien es un personaje muy cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Ernesto Zedillo, los ex presidentes que impulsaron las privatizaciones de las empresas mexicanas.
Diego Valadés Ríos (Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM), es quien está detrás de la postura en contra de las reformas de AMLO y Claudia Sheinbaum.
Valadés, es un personaje cercano a Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Fué Procurador y Ministro. RT👇 pic.twitter.com/1iZqbGlGUL
— David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) June 17, 2024
Valadés Ríos, en 1994 fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por alrededor de tres meses y lo que le significó una pensión dorada, a pesar del periodo tan corto que estuvo en el cargo. El intelectual de derecha recibe una pensión de 286 mil 423 pesos mensuales, de acuerdo a una investigación realizada por Daniel Flores para Reporte Indigo en 2023.
Diego Valadés. Foto tomada de El Economista.
Además. Dego Valadés fue titular de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colorsio, y fue quien viajó junto a Manlio Fabio Beltrones para iniciar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.
Actualmente, el académico forma parte del grupo que tiene controlado el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que tienen una gran influencia en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La élite del Poder Judicial de la Federación (PJF) continúan aferrada a que se mantengan los privilegios y eso muestra la reciente campaña lanzada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para “visibilizar” el trabajo de los jugadores en México, en la que se busca maquillar que los ministros, magistrados y jueces que están al servicio de intereses privado y extranjeros.
A través de un comunicado, los integrantes del PJF pretende dar a conocer el impacto de la justicia federal en el vida de los millones de mexicanos y mexicanas, bajo el lema “#TU VOZ, TU HISTORIA, TU JUSTICIA”.
Se trata de visibilizar la función de las personas juzgadoras federales en todo tipo de asuntos en los que se vulnera la Constitución y los derechos humanos de las personas, así como el papel que desempeñan al resolver diferendos y su rol como pacificadores sociales.
Indicó el CJF.
La campaña pretende mostrar cómo a partir de las sentencias y resoluciones, las personas juzgadoras federales hacen valer tus derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México.
Asimismo, la campaña está disponible, desde este martes 18 de junio hasta el mes noviembre, en los que se pretende lavar la cara a las juezas, jueces, magistradas y magistrados, luego de los aplastantes resultados de la encuesta de Morena en la mayoría del pueblo pide que el PJF sea reformado.
La tarde de este viernes se publicó el decreto emitido por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la “Ley de Amparo”, con las que se busca detener la extralimitaciones de los jueces, magistrado y ministros del Poder Judicial–
Las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
Estos cambios tienen que ver, especialmente, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales, con las que se trata de limitar y evitar las extralimitaciones del Poder Judicial al otorgar suspensiones a leyes promulgadas por otros Poderes de la Unión, en especial al Poder Legislativo.
Cabe mencionar que, dicha reforma se debe a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigida por Norma Piña, ha suspendido leyes o decretos que benefician al pueblo de México para proteger los intereses de grupos privados, como es el caso de la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Hidrocarburos.
Un Tribunal Colegiado le negó un amparo con el que trataba de impedir el pago de una multa por omisiones fiscales desde 2008, por lo que Elektra deberá de pagar un monto millonario al Sistema de Administración Tributaria (SAT)
Los ministros del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito resolvieron que la empresa propiedad de Ricardo Salina Pliego deberá de pagar cerca de 24 mil millones de pesos, incluidas las actualizaciones y recargos del ejercicio fiscal de 2013.
Ante la resolución del Tribunal Colegiado, Grupo Salinas se pronunció al respecto que continuará defendiendo sus intereses al negarse a pagar sus adeudos fiscales ante órgano federal recaudador, luego del revés recibido por las autoridades judiciales.
Acá nuestra posición sobre la resolución del día de hoy de un amparo nuestro por parte del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. pic.twitter.com/IZN0SOwmYb
Lamentamos la falta de diligencia y objetividad de algunos magistrados, quienes frente a la sistemática presión por parte del gobierno federal y ante el temor de ser considerados corruptos, se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo.
Indica el comunicado de Grupo Salinas.
En ese sentido, aseguró el grupo corporativo que encabeza Ricardo Salinas Pliego, que continuará recurriendo a instancias superiores y haciendo uso de los instrumentos judiciales, para evitar pagar sus adeudos con la autoridad fiscal, y que son calificados como “cobros dobles e ilegales que buscan imponernos”.
Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron la solicitud de la ministra Lenia Batres Guadarrama, para inscribirse al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la también conocida como “ministra del pueblo”, destacó que, durante una sesión privada, con diez votos a favor el Pleno de la SCJN aprobó su inscripción al ISSSTE, luego de haber renunciado los seguros médicos privados que gozan sus pares.
En un acto de congruencia política, desde su ingreso al SCJN, Batres Guadarrama, renunció al servicio de gasto médicos privados del Poder Judicial de la Federación e inmediatamente solicitó su afiliación al ISSSTE, incluso la ministra cubrió con sus propios recursos las cuotas ante la institución de salud.
Asimismo, destacó que en mayo volvió a insistir con los ministros y ministras, para que aprobaran su solicitud, ya que al ser ella quien cubre sus cuotas voluntarias, no tiene derecho a todas presentaciones como lo marca la ley, entre ellas el acceso al fondo de vivienda y aportación al seguro del retiro.
Colectivas y legisladoras guanajuatenses exigen que Libia García, la virtual ganadora del gobierno del estado, adopte la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Durante su campaña por la gubernatura de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, militante del Partido Acción Nacional (PAN), no esclareció del todo si favorecerá la entrada en vigor de la interrupción legal del embarazo. La bancada del PAN en el congreso estatal permanece en contra del aborto, señalan que es un principio doctrinario del partido.
Ciudad de México (Los Reporteros Mx).- Durante su cierre de campaña, el pasado 26 de mayo, Libia García Muñoz Ledo, candidata a la gubernatura de Guanajuato por el Partido Acción Nacional (PAN), argumentó que, en caso de resultar victoriosa, su regencia será “una aliada de las mujeres”. García Muñoz Ledo releva en el gobierno a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, también militante del PAN, quien dejó el estado con altos índices delictivos.
🙌🏼 Gracias infinitas a todas y todos por creer en este proyecto, porque en cada paso dado me acompañaron. Me siento muy contenta porque como equipo dejamos todo en la cancha. 👟💙 Hoy terminamos esta jornada donde pusimos fuerza y corazón, y estoy segura que este es el Nuevo… pic.twitter.com/bgYEEun7zh
Las propuestas de la virtual gobernadora de Guanajuato son: impulsar apoyos sociales, escuelas de tiempo completo, apoyo a estancias infantiles, tarjetas rosas para que empresas contraten mano de obra femenina, implementar una estrategia contra la violencia de género y “limpiar de agresores sexuales” los puestos públicos. Sin embargo, el gobierno estatal de Guanajuato, dominado por el PAN desde 1991, tiene una deuda histórica para favorecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
PAN en contra de despenalizar el aborto en Guanajuato
En Guanajuato, desde el poder ejecutivo local, se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aunado a los altos índices de violencia de género. Así, el congreso local a desechado iniciativas para legislar a favor de la despenalización del aborto en el estado.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional criminalizar a la mujer por abortar, el Código Penal del Estado de Guanajuato (CPEG), castiga con multas y prisión de 6 meses y hasta 3 años a quienes intervengan o participen indirecta o directamente en abortos. La única forma que las leyes guanajuatenses no crimilizan el aborto, es cuando aquel resulta de una violación.
La SCJN avanza en derechos de mujeres. 2da sala invalida ley IMSS al negar pensiones a parejas del mismo sexo. 1ra sala garantiza derecho al aborto al ordenar al Congreso de la Unión a reformar el Código Penal. Urge que se reforme en Guanajuato pic.twitter.com/tYi7wuaa8H
El pasado 23 de mayo, la Colectiva Verde Aquelarre organizó un foro digital, donde participaron las entonces contendientes por la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaráz, por la coalición Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Yulma Rocha, por Movimiento Ciudadano (MC); y Libia García, por el PAN. Ahí se les preguntó sobre su postura ante la penalización del aborto en el estado y si estarían dispuestas a legislar para legalizar la interrpción del embarazo.
Libia trasluce «desmarque» de la doctrina e ideología conservadora de su partido (PAN) sobre el aborto 🟢
Acerca de la resolución de la @SCJN, que despenaliza el aborto en México a nivel federal, @LibiaDennise (aspirante a la gubernatura de Guanajuato), dijo:
Libia García, en consonancia con las posturas pro-vida ante los derechos reproductivos de la mujer que favorece el PAN, partido donde milita, se limitó a responder lo siguiente:
Creo en la vida como el principio y origen de todos los derechos, pero en mi experiencia también he aprendido que no podemos dejar de lado las realidades que viven las mujeres. Como persona, yo puedo tener una convicción propia, pero como gobernadora no voy a dejar de lado las voces y circunstancias de las mujeres para atender sus realidades y garantizar sus derechos.
Declaración de Libia García.
Días después, el medio digital PopLab destacó que Libia García no se había pronunciado públicamente sobre su disposición para garantizar la interrupción legal del embarazo. Solo adujo que será respetuosa de las instituciones.
🟢 Aborto en Guanajuato
Durante el foro digital de @verdeaquelarre que convocó y reunió a las tres candidatas a la gubernatura de Guanajuato, se les preguntó si estarían dispuestas a impulsar una iniciativa desde el ejecutivo para despenalizar el aborto en la entidad.
Aunque reconoció la deuda histórica del estado de Guanajuato para con los derechos reproductivos de la mujer, Libia García no articuló una respuesta concreta a favor o en contra de la despenalización del aborto.
Por su parte, durante la última legislatura en el Congreso local del estado, el pasado 30 de septiembre de 2021, la diputada Martha Lourdes Ortega Roque, del PVEM, presentó una iniciativa para despenalizar el aborto. Esto con el fin de no criminalizar a la mujer o a personas gestantes, por tomar decisiones sobre sus cuerpos.
Además, señaló la importancia de corresponder la legislación interna y el CPEG con el mandato de la SCJN al declarar inconstitucional la penalización del aborto a nivel federal.
Por su parte, el pasado 14 de septiembre de 2023, Cristina Márquez Alcalá, legisladora del PAN en Guanajuato, reiteró su negación para despenalizar el aborto. Incluso defendió la cualidad de soberanía de los estados ante la federación, para no acatar la sentencia de la SCJN a favor del aborto.
El Congreso de Guanajuato no atenderá resolución de la @SCJN que despenaliza el aborto
«No tenemos ningún tema que atender desde lo que la corte ha señalado. La competencia del ámbito federal no toca a los estados», afirma la diputada @LCristina9, presidenta de… pic.twitter.com/PHTDf8jwtn
A pesar de que en el congreso del estado ya existe una iniciativa para reformar el CPEG, la legisladora, en calidad de presidente de la Comisión de Justicia, declaró lo siguiente:
No tenemos ningún tema que atender desde lo que la corte ha señalado. La competencia del ámbito federal no toca a los estados. Yo pertenezco al PAN, donde la defensa de la vida es uno de nuestros principales presupuestos doctrinarios.
Declaración de la legisladora del PAN Cristina Márquez Alcalá.
El CPEG considera el aborto como un delito grave en el artículo 11, fracción IV. Además, el capítulo VII del CPEG, en relación al aborto y en sus artículos 158 al 163, respectivamente, señala lo siguiente:
Aborto es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
A la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa.
A quien cause el aborto con el consentimiento de la mujer, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de diez a treinta días multa.
A quien provoque el aborto sin el consentimiento de la mujer, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cuarenta a ochenta días multa.
Si en el aborto a que se refieren los dos artículos anteriores, participare un médico, partero o enfermero, se le suspenderá además en el ejercicio de su profesión o actividad por un tiempo igual al de la sanción privativa de la libertad impuesta.
No es punible el aborto cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada ni el procurado o consentido por ella cuando el embarazo sea el resultado de una violación.
En Guanajuato “no existe el feminicidio”
Las estadísticas delictivas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que Guanajuato, bajo gobiernos panistas, es de las entidades federativas más violentas de los últimos años. En lo que va del 2024, se contabilizaron 50 mil 341 delitos enla entidad.
Autoridades de Guanajuato dicen que el ataque que le causó la muerte a una mujer en vía pública ha sido un feminicidio y no un asalto.
Milagros Monserrat murió apuñalda el jueves por un hombre mientas se dirgía al trabajo.
Además, de acuerdo con la incidencia delictiva reportada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), las mujeres permanecen como un sector vulnerable en la entidad. Los delitos contra la libertad sexual y contra el orden familiar son los de mayor prevalencia; entre ellos, la violación y la violencia familiar, respectivamente.
Guanajuato vive una de las mayores crisis de seguridad. Niveles históricos de homicidios, robo de combustible y crisis de feminicidios al que se sumó el caso del asesinato de 6 mujeres.
Con base en la FGEG, la interrupción del embarazo se considera un delito contra la salud y, entre 2020 y 2024, se llevaron a cabo 101 abortos. Asimismo, las estadísticas muestran un crecimiento exponencial ante la violencia contra la mujer. En el mismo lapso se registraron 3 mil 703 delitos por violación y 55 mil 368 delitos por violencia familiar.
Delitos contra la salud
Aborto
Delitos contra la libertad sexual
Violación
Delitos contra el orden familiar
Violencia familiar
2020
30
2020
569
2020
10,035
2021
23
2021
896
2021
11,624
2022
24
2022
953
2022
13,724
2023
18
2023
954
2023
14,695
2024
6
2024
331
2024
5,290
Total
101
Total
3,703
Total
55,368
Información elaborada con base en estadísticas de la FGEG.
Otra deuda histórica y jurídica de los gobiernos blanquiazules en Guanajuato, es poner en marcha la tipificación del feminicidio en el CPEG. Aunque no existe este delito, el semáforo delictivo de Guanajuato reportó, entre 2018 y 2024, un total de 130 feminicidios.
Año
Feminicidios
2018
20
2019
18
2020
19
2021
28
2022
19
2023
25
2024
1
Total
130
Información elaborada con base en Semáforo Delictivo de Guanajuato.
Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresaron su felicitaciones a Claudia Sheinbaum, por su indiscutible victoria en la jornada electoral, celebrada este domingo dos de junio.
A través de una carta, los ministros y ministras de la SCJN saludaron a la ahora virtual Presidenta de México electa porque será la primera mujer en la historia en presidir el país azteca.
El mayor de los éxitos a @ClaudiaShein en la encomienda respaldada por millones de mexicanas y mexicanos en las urnas para el periodo 2024-2030.
Desde el #PJF reiteramos la mejor disposición para responder en conjunto a las demandas de justicia que exige nuestro país. pic.twitter.com/aUyJkEJI8Z
Les extendemos una sincera felicitación y le deseamos éxito en la encomienda respaldada por millones de mexicanas y de mexicanos en las urnas.
Indica la carta.
Además, de expresar su total disposición al diálogo entre los Poderes para atender conjuntamente las demandas de justicia de la ciudadanía mexicana.
Cabe destacar que, esta felicitación se da en el contexto del anunció que hizo la panista, Xóchitl Gálvez, sobre su decisión deimpugnar la elección presidencial, bajo la falsa narrativa de la participación del crimen organizado.
Senadores de Morena y sus aliados cerraron filas para exigir a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, que respete la autonomía del Poder Legislativo. Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta del Senado, demandó un alto a las constantes agresiones y ataques dirigidos al Senado por parte de la titular de la SCJN.
Rivera Rivera aseguró que el Senado responderá en tiempo al requerimiento de la SCJN para efectuar los nombramientos pendientes de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). “El Senado agotará los procedimientos necesarios para cumplir con estos nombramientos, a pesar de no haber logrado la mayoría calificada en cuatro votaciones anteriores”, afirmó Rivera.
La presidenta del Senado también respaldó su postura frente a los ataques de la ministra Piña, destacando la necesidad de mantener la separación de poderes. “Qué bueno que Ana Lilia Rivera le puso un alto a la ministra Piña, quien en lugar de estarse metiendo con nosotros y asumiendo facultades que no le confiere la Constitución, debe explicar ya por qué se reúne con el presidente de un partido y los magistrados del Tribunal Electoral en vísperas de una elección y en lo oscurito”, enfatizó.
Rivera recordó que, en las votaciones anteriores, no se logró la mayoría calificada para los nombramientos del INAI, y señaló que en esos momentos hubo oposición significativa. Agregó que, en una nueva convocatoria, el único voto a favor había sido el de la senadora Olga Sánchez Cordero.
Finalmente, Ana Lilia Rivera exhortó a la SCJN a respetar la autonomía de poderes y no intentar forzar una votación. “Sería como si el Senado ordenara a los ministros de ese tribunal resolver sus pendientes”, concluyó la presidenta del Senado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que no comprende por qué la oposición presentó una controversia de inconstitucionalidad contra la reforma al sistema de Afores, que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. “Es oponerse por oponerse”, declaró el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Consultado sobre la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anule la reforma, López Obrador respondió que la Corte es capaz de hacerlo. Argumentó que el Poder Judicial es parte de la “asociación delictuosa” que dominaba México. “Pero bueno, qué tal que yo me equivoque, me van a dar mi ‘tenga para que aprenda’”, dijo, subrayando que hasta ahora no hay resistencia de las Afores a la reforma.
El Presidente explicó que la reforma se diseñó para crear un fondo de pensiones para el Bienestar, permitiendo a los trabajadores, especialmente los de menores ingresos, retirarse con el 100% de su salario. “La pregunta es, ¿cómo integramos ese fondo? Hay varias fuentes de financiamiento, y una de ellas es el dinero de pensiones no reclamadas”, señaló.
López Obrador detalló que los fondos de pensiones no reclamados se destinarían al Fondo de Pensiones del Bienestar, asegurando que el derecho a reclamar ese fondo nunca se cancela. “Si pasó el tiempo y nadie reclamó, ese dinero va al fondo para compensar a los jubilados y darles el 100%”, explicó.
El Presidente también mencionó que había 40 mil millones de pesos no reclamados en las Afores, de los cuales solo mil millones habían sido entregados al IMSS. “Por eso hicieron un escándalo, porque todo ese dinero estaba sudando en las arcas de los bancos”, comentó.
Además, López Obrador indicó que el fondo no solo se integra con esos recursos, sino también con lo que se confisque a la delincuencia organizada y las deudas condonadas de los estados al ISSSTE. El fondo será manejado por el Banco de México.
La ley que establece el fondo ya fue aprobada, pese a la oposición de los conservadores, y el trámite del fideicomiso está en curso. Los primeros beneficiarios comenzarían a cobrar el 1 de julio. “La sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones”, añadió.
El Presidente expresó su incomprensión ante las críticas, afirmando que las acusaciones de que se robarán las Afores y dejarán sin pensiones son falsas. “Es un dinero de los trabajadores para los trabajadores, es pensión para pensión”, concluyó.
Legisladoras de la Cuarta Transformación denunciaron que el PRIAN, junto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), están maquinando una “Golpe de Estado Técnico”, utilizando la “violencia” en México para tratar de anular la elección.
Durante, su participación la diputada Lilia Aguilar sostuvo que la derecha mexicana tiene a todos los poderes fácticos, como el Poder Judicial y algunos medios de comunicación para impulsar su narrativa de “fraude”, ante las nulas posibilidades de que la panista, Xóchitl Gálvez, gane la elección presidencial.
📹 #Vídeo | La derecha es antidemocrática: Legisladoras de la #4T denunciaron que el #PRIAN está preparando un “Golpe de Estado Técnico”, junto a la @SCJN, con una campaña para exacerbar los hechos violencia en #México. pic.twitter.com/ojFO0emMVP
Además, la legisladora federal aseguró que, la responsabilidad de Morena y sus aliados, es garantizar que los mexicanos y mexicanas salgan a votar, y evitar que la derecha logre infundir miedo entre el electorado para que la ciudadanía no salga a emitir su voto.
Ellos quieren sembrar el miedo, nosotros estamos sembrando la esperanza
Indicó la legisladora.
Asumimos, recordó las pifias de la candidata presidencial del PRIAN, Xóchitl Gälvez, además de como el PAN en el estado de Chihuahua ha intimidado a los brigadistas de la 4T.
