La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, se pronunció en contra de la decisión del pleno y lamentó que se determinara invalidar una porción del Artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México, lo que limitaría el alcance del combate a la corrupción.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la ministra del pueblo compartió una nota informativa en las que explica que dicha normativa permitía sancionar penalmente a directivos o administradores de las asociaciones civiles que incurran en irregularidades al manejar fondos, recursos o apoyos públicos.
Al razonar su voto en contra del dictamen la ministra Lenia Batres, señaló que la Ley de Amparo reconoce que “los particulares pueden tener el carácter de autoridad”, hecho que es congruente con que puedan ser sancionados por corrupción.
En ese sentido, señaló que el artículo 108 de la Constitución Federal permite extender el concepto de servidor público a quienes no desempeñen un empleo, cargo o comisión dentro de la estructura del Estado.
Asimismo, destaca que en ese mismo artículo se indica que las propias entidades federativas pueden definir, dentro de sus facultades constitucionales, el carácter de servidores públicos.
Además, de que la propia Constitución de la Ciudad de México en su “artículo 64 otorga la posibilidad de imponer responsabilidades no sólo a los funcionarios sino también a personas que ejerzan actos de autoridad”.
Cabe mencionar que el proyecto elaborado por el ministro Javier Laynez fue aprobado por mayoría por el que se invalidan porciones del artículo 256 del Código Penal de la Ciudad México, materia de combate a la corrupción.
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