La Fiscalía General de la República (FGR), interpuso un recurso de revisión para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y analice la resolución de un Tribunal Colegiado que dejaría a Mario Aburto en libertad.
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De acuerdo con la FGR, un Tribunal Colegiado “introdujo unilateralmente un tema que no estaba en la litis” al aplicar retroactivamente el Código Penal de Baja California, que a consideración de la propia Fiscalía se debió de aplicar la legislación federal, por “la magnitud y consecuencias del hecho delictivo”.
Se considera que el amparo que se está recurriendo no analizó correctamente la jurisdicción federal que era indudablemente aplicable desde un principio, en este caso; ya que no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que, de conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, correspondía, por su magnitud y consecuencias, a las autoridades federales conocer de ese delito, como así ocurrió.
Indicó la FGR en una tarjeta informativa.
El organismo autónomo federal, indicó que el asesinato del entonces aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, “afectó gravemente a la democracia de México; al proceso electoral para la Presidencia de la República; así como al avance en materia de participación ciudadana; que quedaron gravemente lastimados en todo el país”.
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Asimismo, la FGR señaló que el Tribunal Colegiado omitió escuchar a las víctimas indirectas, dejando en estado de indefensión a las víctimas, al Estado mexicano y sus instituciones.
La FGR sostuvo que la apertura del caso desde su origen, “da lugar a que, desde el mismo origen, se analicen y se valoren todas las pruebas que existen en favor de todas las víctimas ya señaladas”.
Cabe recordar que, el 22 de diciembre de 1994 le fue dictada la sentencia de 45 años de prisión a Mario Aburto por el asesinato del Luis Donaldo Colosio, sin embargo un Tribunal Colegiado encontró insistencias, como la aplicación del Código Penal Federal, que de acuerdo con los criterios del juez, se debió de aplicar el Código Penal de Baja California, ya que en esa entidad sucedieron los hechos.
