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No han sido pocas las veces en las que se ha debatido si existen o no vinculos entre la justicia y la política, sobre todo ahora en esta época que se caracteriza, desde algunos sectores jurídicos, como la «era de los jueces».

Ciertamente, la actividad judicial se ha incrementado en los últimos años. Sin exagerar, puede decirse que todo ha de pasar por el filtro de los tribunales. Aspecto por el cuál se genera el debate.

Hoy, no basta con que una ley se apruebe en el Congreso por una mayoría ni tampoco ganar ampliamente en las urnas. Tanto para una cosa, como para la otra, es necesaria la presencia del poder judicial.

Pero más allá de estos casos que ya han alcanzado gran demanda, la justicia ordinaria también se relaciona con la cuestión política.

Muchos casos existen y se debaten en la literatura jurídica que se han tomado de la misma práctica; lugar donde poco o nada se debate más allá de las audiencias.

Por ejemplo, el mítico caso de Riggs vs Palmer, tras el cual está en disputa una herencia y donde uno de los argumentos de los jueces que fallaron en contra de Palmer fue respecto a qué mensaje se daría, desde el tribunal, a los ciudadanos si se permitiera que reclame la herencia. 

Casos como ese obligan a cuestionar el por qué el poder judicial mexicano sigue en negación respecto a la relación entre justicia y política, ya que el mensaje parece ser el mismo: «si se tiene dinero o poder…».

Así las cosas, se sabe que no son pocos los casos en que políticos, empresarios o personajes famosos se salen con la suya ante actos judiciales. Gozan de libertad o tienen licencia para seguir violando la ley.

Por todo, si una de las cosas que se pretende es la estructuración del poder judicial, uno de los puntos importantes es empezar a tener la capacidad de visualizar la relación entre la justicia y la política. Que ya no sea tabú, por ejemplo, que los jueces digan sus afinidades políticas o que se empiece a aceptar que las decisiones judiciales tienen un impacto importante en la sociedad.

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Mucho ya se ha hablado sobre los altos salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Incluso se ha llegado a abordar su constitucionalidad, pero más allá de ese detalle, lo que habría que evaluar es la justicia social de este rubro.

No muy lejana es esta la razón del por qué algunos ciudadanos han protestado en las instalaciones del máximo tribunal. Ciertamente, no ven reflejados los valores de justicia social que ellos defienden y creen en definitiva.

Uno de esos valores aún perdura en la consciencia de los ciudadanos y que el actual presidente de México, en un acto de congruencia, exclamó y cuestionó el por qué hay un gobierno rico, cuando la gran mayoría de la gente es pobre.

Casi de inmediato, desde diciembre de 2018, se reveló que algunos ministros tenían un salario por arriba de los $600 mil pesos mensuales. Increiblemente, era un dato que muchos desconocían, lo cual dio pauta a empezar a visualizar qué ocurré en el poder judicial y cómo funciona.

Hoy, el poder judicial, pricipalmente la SCJN, es cuestionado en sus decisiones y se le exige justicia social. Liberar cuentas de algunos políticos (o familiares cercanos a ellos) no es algo que se entienda de ese modo, por ejemplo.

Antes bien, da sensación que existe una severa corrupción en sus filas. No hace poco, en el estado de Veracruz, se vinculó a proceso a una juez por su especial forma de llevar un caso delicado.

Ante estos embates ciudadanos, el poder judicial federal ha encabezado, muy sutilmente, una defensa con algunos eventos sobre ética judicial y temas afines. Han invidado incluso a juristas reconocidos a esas actividades, quienes responden a algunas dudas ciudadanas que están sobre la mesa.

No obstante, todo esto se ve opacado cuando se cuestiona sobre la justicia social. Ciertamente, los jueces no se deben a lo que la gente demande, ya que su labor es ponderar lo que se ha expuesto durante el juicio; tienen un valor institucional. Sin embargo, esto no significa que sus sentencias deben ser totalmente ajenas a los valores e intereses de justicia social. Tal es el caso de sus altos salarios.

Así las cosas, no serían los ciudadanos quienes demanden a los ministros de la SCJN que reduzcan sus altos salarios, sino que los mismos ministros sean los que rechacen su alta nómina, como acto congruente a una nación que no ve esto con buenos ojos.

Entonces, lejos de esperar justificaciones de por qué los ministros deben tener la nómina que tienen, se debería explicar por qué sí debe valer lo que está en la constitución. Mas no valerse de un transitorio para seguir validando algo que, a los ojos de un ciudadano, no es justicia social.

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