Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los fiscales estatales sí cuentan con fuero; lo que incluye a Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, por lo que la Fiscalía está impedida para proceder penalmente en su contra
La Primera Sala del alto tribunal aprobó el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso declarar fundada la controversia constitucional que promovió el Congreso de Morelos e invalidar la resolución de la Cámara de Diputados, por medio del cual declaró que el fiscal morelense no gozaba de fuero constitucional.
A pesar de que Uriel Carmona cuenta con fuero, ha sido señalado de haber incurrido presuntamente en diferentes delitos de distintas índoles.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo denunció ante la FGR en marzo de 2021, debido a que lo acusó de realizar supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según información de la UIF, el funcionario de Morelos, habría cometido dichas faltas a la ley por sus nexos con grupos delictivos implicados con el tráfico de drogas.
Al respecto, un informe filtrado de la Secretaría de Marina señala que Uriel Carmona Gándara, estaría vinculado con el grupo criminal que es conocido como “Los Rojos”.
Además, a finales del 2022, la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusó que el fiscal de Morelos incurrió en encubrimiento en el feminicidio de Ariadna Fernanda.
Una nota de Reporte Índigo dio a conocer que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)visten lujosas togas que cuestan miles de pesos del erario público, las cuales se mandan a hacer desde hace 28 años en la misma sastrería.
El periodista Daniel Flores de dicho medio informó que estas tienen un valor entre 12 y 23 mil pesos cada una, con el argumento de que la toga representa un símbolo de seriedad y máximo respeto a los ministros.
Más de 200 mil pesos mexicanos se destinaron en 2020 para otorgar estas prendas a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Bossa y Margarita Ríos Farjat.
El desglose de la adquisición señala que el alto tribunal destino el recurso público para costear seis togas para los tres ministros del Pleno de la SCJN para sesiones ordinarias, las cuales tuvieron un valor de 23 mil 500 pesos cada una, es decir, 141 mil pesos en total.
Según datos oficiales obtenidos por medio de solicitudes de información que se hicieron en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Corte erogó 70 mil 500 pesos para la compra de tres togas más que utilizarían en eventos especiales o sesiones extraordinarias.
Cabe señalar que los ministros ocupan su cargo por 15 años y la Corte tiene dos salas, compuestas por cinco ministros cada una, que sesiona una vez a la semana.
La ley dice que los ministros tienen derecho a tres togas magisteriales cada uno, una vez iniciados sus periodos dentro del Máximo Tribunal Constitucional, estas pueden ser renovadas cuando estos lo soliciten, no necesariamente puede ser por deterioro o antigüedad.
La Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, así como la Dirección de Recursos Materiales de la SCJN indican que el otorgamiento de uniformes y vestimenta está sujeto al presupuesto autorizado por el alto tribunal, así como al Manual de Percepciones de la Corte, expedido cada año.
En su reportaje, Daniel Flores expuso que gracias a un decreto presidencial expedido hace más de 80 años, la SCJN quedó obligada a la adquisición de esta indumentaria. En donde se estableció que esta deberá ser de seda mate negra, con cuello, vueltas y puños del mismo color.
La investigación de Flores señala que de acuerdo con archivos históricos de la Corte, de 1995 a 2019 se han comprado 53 togas para los integrantes del Pleno, que sesionan los lunes, martes y jueves, a las 11:00 de la mañana.
Tomando en cuenta dicho periodo, la Corte ha gastado 773 mil 783 pesos solo para esa prenda de vestir. La cantidad no incluye los birretes, pues estos tienen un precio de mil 500 pesos cada uno.
El taller es todo lo contrario a la elegancia
Daniel Flores relató que las togas se mandan a confeccionar en un taller de la colonia Roma, en un edificio deteriorado y del cual los vecinos desconocen del giro o más bien se niegan a hablar de él. Este no cuenta con un sitio web y la única manera de comunicarse es a través de un número telefonico.
No han sido pocas las veces en las que se ha debatido si existen o no vinculos entre la justicia y la política, sobre todo ahora en esta época que se caracteriza, desde algunos sectores jurídicos, como la «era de los jueces».
Ciertamente, la actividad judicial se ha incrementado en los últimos años. Sin exagerar, puede decirse que todo ha de pasar por el filtro de los tribunales. Aspecto por el cuál se genera el debate.
Hoy, no basta con que una ley se apruebe en el Congreso por una mayoría ni tampoco ganar ampliamente en las urnas. Tanto para una cosa, como para la otra, es necesaria la presencia del poder judicial.
Pero más allá de estos casos que ya han alcanzado gran demanda, la justicia ordinaria también se relaciona con la cuestión política.
Muchos casos existen y se debaten en la literatura jurídica que se han tomado de la misma práctica; lugar donde poco o nada se debate más allá de las audiencias.
Por ejemplo, el mítico caso de Riggs vs Palmer, tras el cual está en disputa una herencia y donde uno de los argumentos de los jueces que fallaron en contra de Palmer fue respecto a qué mensaje se daría, desde el tribunal, a los ciudadanos si se permitiera que reclame la herencia.
Casos como ese obligan a cuestionar el por qué el poder judicial mexicano sigue en negación respecto a la relación entre justicia y política, ya que el mensaje parece ser el mismo: «si se tiene dinero o poder…».
Así las cosas, se sabe que no son pocos los casos en que políticos, empresarios o personajes famosos se salen con la suya ante actos judiciales. Gozan de libertad o tienen licencia para seguir violando la ley.
Por todo, si una de las cosas que se pretende es la estructuración del poder judicial, uno de los puntos importantes es empezar a tener la capacidad de visualizar la relación entre la justicia y la política. Que ya no sea tabú, por ejemplo, que los jueces digan sus afinidades políticas o que se empiece a aceptar que las decisiones judiciales tienen un impacto importante en la sociedad.
Este martes, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno de México, ofreció su informe de Cero Impunidad, en donde además de informar sobre las detenciones más destacadas, expuso a varios jueces corruptos que han beneficiado a presuntos delincuentes.
El juez Álvaro Niño Cruz dejó en libertad a 3 mexicanos y un guatemalteco, los cuales fueron detenidos el pasado 2 de noviembre de 2022 al sur de las costas de Huatulco y que transportaban 600 kilogramos de cocaína.
Sin embargo, 4 días más tarde, el juez Niño Cruz, de Coyotepec, Estado de México, que ya está acusado ante la Judicatura Federal por casos de impunidad, sobreseyó el procedimiento, al calificarlo de ilegal porque ocurrió fuera de la zona económica exclusiva.
Tras estos “argumentos”, el juez ordenó la libertad de los detenidos y el 23 de febrero de este 2023, el Tribunal Colegiado de Apelaciones del 13 Distrito confirmó por unidad de votos la deliberación del Juez Niño Cruz para dejar en libertad de los 4 detenidos
El juez Marco Antonio Vera Aguilar igualmente fue expuesto, ya que decretó la ilegal detención de 5 personas aseguradas el 29 de noviembre de 2022 en costas de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, que viajaban con combustible del cual no pudieron comprobar su legal procedencia.
El “impartidor de justicia” aseguró que la Secretaría de Marina, que llevó a cabo la detención, no cuenta con las facultades en materia de Seguridad Pública para poner a disposición a personal ante el Ministerio Público.
Lo que más llama la atención, es que el juez no solo ordenó la libertad de los 5 detenidos, sino que se instruyó la devolución de la embarcación y hasta del combustible, pese a que se desconoce de donde lo obtuvieron.
El día de hoy 6 de julio, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, Adán Augusto López Hernández, asistió al municipio de Martínez de la Torre en el estado de Veracruz. En donde tuvo una cálida bienvenida y contestó una breve entrevista.
Cuestionaron al aspirante a candidato presidencial acerca de la falta de transparencia de los sueldos y gastos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respondió que se trata de una institución que está podrida por dentro, que se debe implementar una Reforma para la mejora del poder público y aseguró que en caso de que gane la Presidencia, comenzará una nuevaetapa en la que habrá justicia.
📹#Vídeo | @adan_augusto es recibido en Veracruz, indica que la SCJN es una institución qué está podrida por dentro y reiteró que el año entrante habrá una reforma al Poder Judicial pic.twitter.com/VUyjfi29Kt
Asimismo, el licenciado contestó una pregunta sobre la violación del artículo 127 de la Constitución Mexicana que indica que ningún funcionario puede tener un sueldo superior al del Presidente de la República, expuso que los ministros solo están ahí para defender sus intereses particulares.
“Como se creen los dueños de la justicia, los dueños del derecho, entonces violan la Constitución a su libre albedrío.”
Contestó
No quiso realizar ningún llamado a los ministros de la SCJN ya que indicó que “no entienden” y aseguró que habrá una Reforma al Poder Judicial.
En relación con lo anterior, el anterior Secretario de Gobernación, tuvo un encuentro ciudadano en donde platicó con los pobladores del municipio de Martínez de la Torre sobre el derecho a la pensión del Bienestar para adultos mayores.
🔴#ÚltimaHora⚡| 📹#Vídeo | Desde Martínez de la Torre, Veracruz, @adan_augusto López Hernández platicó con los pobladores como es que la 4T ha velado por los adultos mayores y su derecho a la pensión del Bienestar. pic.twitter.com/g2cGzOO2CP
Recordó como era el procedimiento para la entrega del apoyo económico y como actúo el Presidente de México en la pandemia pues para no arriesgar a los adultos mayores ya que no podían salir, hizo un pago por adelantado de todo un año de la pensión.
El medio Polemon reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a revelar detalles de los 283 vehículos que poseen.
En una nota publicada por Yulissa Camacho Mora, el medio informó que un ciudadano a través de la solicitud 330030523000316, pidió que se revelara la cantidad de vehículos blindados con que cuenta el máximo tribunal, así como su costo.
El Comité de Transparencia de la SCJN contestó al ciudadano argumentando que no puede proporcionar estos datos por razones de seguridad, informó el medio.
“La divulgación de la información pondría en riesgo directamente la integridad y seguridad de quien resguarda el bien de mérito, lo que implica un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio de los bienes jurídicos protegidos, que son la vida y seguridad de personas“, le respondió la Corte al ciudadano.
Asimismo, la Dirección de Recursos Materiales de la Corte contestó que:
“La publicidad de datos vinculados con la adquisición, incluyendo el contrato y el proveedor, así como las características específicas de los vehículos, incluyendo el modelo, año y si se trata de camionetas o vehículos compactos, también revela las estrategias que se adoptan para preservar la integridad física de los titulares de este alto tribunal, porque su divulgación propicia que se pueda ubicar a la persona servidora pública, lo que implica un riesgo real, demostrable e identificable para su integridad, manifestó la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte“.
En cuanto a los vehículos, la Corte le informó al medio que 124 de ellos y que posee en propiedad otros 159, algunos con valor superior a 969 mil pesos.
“Entre los vehículos que el Comité de Transparencia del máximo tribunal aseguró tener se encuentra una camioneta Dodge Charger de 969 mil 203 pesos, modelo 2022, y otras dos, modelo 2020, de 769 mil 474 pesos cada una. Además de 10 Prius que fueron adquiridos en 2019, con un valor de 319 mil 615 pesos cada uno, y otra Charger, del mismo año, de 680 mil 900 pesos“, se puede leer en el artículo.
Este miércoles, entre porras, música y gritos habitantes de Veracruz recibieron al aspirante a Coordinador en Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, en donde presidió una Asamblea Informativa para anunciar que el próximo año se buscará aplicar una reforma para terminar con la corrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
🔴#ÚltimaHora⚡| 📹#Vídeo | "Estamos contigo Adán ¡Y muy agusto!": pobladores de Tuxpan, Veracruz ya decidieron y expresan su respaldo a López Hernández. pic.twitter.com/AKAvwcX47X
“Por lealtad al pueblo de México, el próximo año habrá reforma para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ya basta de tanta impunidad en este país; la justicia se vende al mejor postor”, manifestó Adán Augusto López Hernández entre aplausos.
En este mismo contexto, sostuvo que las pensiones para los adultos mayores continuarán y que cualquiera que llegue a la presidencia deberá darles continuidad, pues se trata de una obligación constitucional.
Asimismo, indicó que que la pensión, que actualmente se les da de 4 mil 800 pesos bimestrales, aumentará a 6 mil a partir de enero del próximo año.
También señaló que devolvió 5 millones de pesos que Morena le había entregado para viáticos; “devolví ese dinero a la tesorería de la Federación, para que se invierta en la ampliación, equipamiento y mejora de dos centros de salud, uno en Guerrero y otro en Huayacocotla”.
Durante la asamblea, aprovechó la ocasión y se dirigió a los trabajadores petroleros para decirles que ahora, con los cambios que se han registrado en el país, en su sindicato gozan de elecciones libres y democráticas.
Incluso, habló sobre la falta de difusión que aseguró sufrir de parte de Televisa y de Latinus sobre sus actividades y dijo que se trata de un tema que no es de su interés.
Habitantes de Veracruz expresaron su apoyo al tabasqueño
Durante su visita, los habitantes de la entidad expresaron su apoyo al tabasqueño, asegurando que López Hernández debe continuar con la transformación del país, ya que ha demostrado que es honesto como el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es seguro que va a continuar con la transformación, con la 4T, el licenciado Adán Augusto nos ha dado muestras de que él va por un buen camino también”, dijeron.
📹 #Video | "Es seguro que va a continuar con la transformación, con la 4T, el licenciado @adan_augusto nos ha dado muestras de que él va por un buen camino también", expresaron algunos habitantes de Tampico sobre el tabasqueño. pic.twitter.com/WGQ7n1v8Cy
Mucho ya se ha hablado sobre los altos salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Incluso se ha llegado a abordar su constitucionalidad, pero más allá de ese detalle, lo que habría que evaluar es la justicia social de este rubro.
No muy lejana es esta la razón del por qué algunos ciudadanos han protestado en las instalaciones del máximo tribunal. Ciertamente, no ven reflejados los valores de justicia social que ellos defienden y creen en definitiva.
Uno de esos valores aún perdura en la consciencia de los ciudadanos y que el actual presidente de México, en un acto de congruencia, exclamó y cuestionó el por qué hay un gobierno rico, cuando la gran mayoría de la gente es pobre.
Casi de inmediato, desde diciembre de 2018, se reveló que algunos ministros tenían un salario por arriba de los $600 mil pesos mensuales. Increiblemente, era un dato que muchos desconocían, lo cual dio pauta a empezar a visualizar qué ocurré en el poder judicial y cómo funciona.
Hoy, el poder judicial, pricipalmente la SCJN, es cuestionado en sus decisiones y se le exige justicia social. Liberar cuentas de algunos políticos (o familiares cercanos a ellos) no es algo que se entienda de ese modo, por ejemplo.
Antes bien, da sensación que existe una severa corrupción en sus filas. No hace poco, en el estado de Veracruz, se vinculó a proceso a una juez por su especial forma de llevar un caso delicado.
Ante estos embates ciudadanos, el poder judicial federal ha encabezado, muy sutilmente, una defensa con algunos eventos sobre ética judicial y temas afines. Han invidado incluso a juristas reconocidos a esas actividades, quienes responden a algunas dudas ciudadanas que están sobre la mesa.
No obstante, todo esto se ve opacado cuando se cuestiona sobre la justicia social. Ciertamente, los jueces no se deben a lo que la gente demande, ya que su labor es ponderar lo que se ha expuesto durante el juicio; tienen un valor institucional. Sin embargo, esto no significa que sus sentencias deben ser totalmente ajenas a los valores e intereses de justicia social. Tal es el caso de sus altos salarios.
Así las cosas, no serían los ciudadanos quienes demanden a los ministros de la SCJN que reduzcan sus altos salarios, sino que los mismos ministros sean los que rechacen su alta nómina, como acto congruente a una nación que no ve esto con buenos ojos.
Entonces, lejos de esperar justificaciones de por qué los ministros deben tener la nómina que tienen, se debería explicar por qué sí debe valer lo que está en la constitución. Mas no valerse de un transitorio para seguir validando algo que, a los ojos de un ciudadano, no es justicia social.
Este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la respuesta que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la carta que se envió mediante la Secretaría de Gobernación respecto a los altos sueldos de magistrados y jueces, la cual calificó de “leguleya”.
AMLO pidió mostrar en las pantallas del Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el Artículo 127 de la Constitución, para mostrar que ningún funcionario puede ganar más que el líder de Ejecutivo federal y demostŕo que el Poder Judicial viola tal ley.
“Están ganando de cuatro a cinco veces más que yo. Su sueldo y remuneración. Incluidas compensaciones y todo”, explicó el primer mandatario y mostró algunos de los lujos de los que gozan los ministros y ministras.
#ConferenciaPresidente | El presidente de México, @lopezobrador_ “Era de esperarse una respuesta así, leguleya”, luego de que la Corte respondió a la @SEGOB_mx , que en 2019 se bajaron el sueldo. Señaló que los ministros violan la Constitución porque ganan más que él. pic.twitter.com/E8tz7hPAH7
López Obrador enumeró algunas de las prestaciones de las que gozan los elementos del llamado tercer poder y que claramente son pagadas con dinero del erario.
Los magistrados cuentan con seguro de gastos médicos por 30 millones de pesos en adelante, disponen de $188,099 al año para compra de medicamentos, seguro de separación individualizado de aproximadamente 20 mdp al final de 15 años de servicio, apoyos para gasolina por 22 mil pesos mensuales y viáticos para vuelos, hospedaje y comidas, entre muchos otros lujos.
Ante la respuesta de la SCJN, AMLO mencionó que solo queda presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución para reformar al Poder Judicial, tal y como ya había anunciado hace algunas semanas.
Finalmente Andrés Manuel informó que en 2022 la Presidencia ejerció 550 mdp, mientras que en el último año de Peña Nieto a presidencia ejerció 3,600 mdp, además, destacó que la SCJN no ha disminuido sus gastos ostentosos ni los salarios de los ministros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a la misiva que envió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, donde solicitó aclarar si cumplen con el artículo 127 de la Constitución, el cual establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República.
En un escrito de la Secretaría General de Acuerdo de la SCJN, dirigido a la titular de la Segob, Luisa María Alcalde Luján, el máximo tribunal señala que “las percepciones que reciben los ministros no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros poderes”.
No obstante la Ley Orgánica de la APF no constituye fundamento legal para que la @SEGOB_mx requiera información a #LaCorte. Por decisión colegiada se dio respuesta a la solicitud sobre las acciones emprendidas para dar cumplimiento al art. 127 constitucional. pic.twitter.com/RKC7i8jS2C
La carta, también precisa que a partir de 2019, la SCJN tomó por su cuenta la decisión de recortar en un 25% las percepciones de sus ministros.
Adicionalmente, el Pleno de Ministros determinó que el salario presidencial, como parámetro para medir la percepción de todos los funcionarios públicos, debe tomar en cuenta otros beneficios que percibe el Jefe del Ejecutivo Federal, tales como alimentación, transporte, alojamiento, menaje, servicios de seguridad y salud, entre otros, cuando resolvió las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018.
Finalmente, la SCJN destaca que las percepciones de los ministros se publican anualmente en el DOF, donde se determinó que para el 2023 su salario mensual será de 206 mil 948 pesos menos impuestos.
El Manual de Percepciones de los Servidores Públicos, también disponible en el DOF, establece que el Presidente de la República percibe un salario mensual de 157 000 658 pesos, menos impuestos.
La carta fue publicada a través de redes sociales, donde además se añadió que la “Ley Orgánica de la APF no constituye fundamento legal para que la Segob requiera información a la Corte”.
