El Perro tuitazo de este martes es de Eva Prianti y menciona como es que la derecha ha reaccionado violentamente al enterarse que habrá una movilización pacífica a fuera de la Suprema Corte, donde se exigirá la renuncia de la ministra presidenta, Norma Piña Hernández.
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En Veracruz, diputados locales de Morena, Verde Ecologista y del Trabajo, convocaron a una movilización por la defensa de la “soberanía del pueblo” ante el actuar de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este sábado 20 de mayo a las 12:00 horas, luego de que anularán el Plan B de la Reforma Electoral.
Los legisladores calificaron como “absurdo” que se anule el paquete de reformas, porque se aprobaron por dispensar la lectura.
“Un argumento que ellas y ellos saben que es débil y absurdo ¿Deberían ser inválidas todas las reformas de la historia aprobadas con dispensa de lectura? Recordemos que la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos y su Reglamento, permiten esa dispensa”.
Asimismo, los diputados precisaron que con el actuar de la SCJN se puede confirmar la parcialidad del Poder Judicial en México, quienes están traicionando su juramento de velar por la ley.
“Desde el Congreso del Estado de Veracruz convocamos a una concentración pacífica frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pino Suarez 2, Colonia, Centro, al lado de Palacio Nacional, el sábado 20 de mayo a las 12.00 horas”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que si existe un Plan C de la Reforma Electoral luego de que la SCJN suspendiera el Plan B el pasado viernes 24 de marzo.
AMLO detalló que el Plan C ya existe, y que esta se trata de que en las siguientes elecciones no se dará ningún voto a los conservadores, además precisó que dicho plan ya fue implementado en 2018.
“Nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una autentica democracia y no oligarquía… hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el plan C, ya lo han aplicado en el 18, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema del país y hemos avanzado muchísimo”.
Luego de que ciudadanos realizaran un plantón pacífico a las afueras de la SCJN como presión para que la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, renuncie al cargo, señalando que opera para la derecha y no en beneficio del pueblo, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, adelantó la ministra solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), asistencia de la Guardia Nacional para que resguarden el recinto del Poder Judicial.
López Hernández adelantó que la relación del Gobierno de México con la Suprema Corte es institucional, misma vía por la que la presidenta solicitó ayuda de la Guardia Nacional, petición que será tratada de la misma manera.
“Ahora mismo podría comentarles que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha propósito de un anuncio que se ha hecho los últimos días, las últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida o terminaría en la SCJN, ha solicitado por vía oficial institucional, mediante un oficio a Rosa Icela Rodríguez, que se proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones”.
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Tras darse a conocer el fallo a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para validar el proyecto de un ministro de declarar inconstitucional la primera parte del Plan B de la reforma electoral, el secretario de Gobernación, Adán Augusto expresó que la Corte continúa protegiendo los intereses de particulares.
A través de redes sociales, el titular de las relaciones interiores del país dijo que los mexicanos buscaban recuperar la confianza de las instituciones, pero con la decisión de la SCJN solo demostraron que protegerán intereses de particulares y no del pueblo.
“El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”, escribió a través de twitter.
Asimismo, añadió que la única manera era implementar el Plan C en las urnas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que si existe un Plan C de la Reforma Electoral luego de que la SCJN suspendiera el Plan B el pasado viernes 24 de marzo.
AMLO detalló que el Plan C ya existe, y que esta se trata de que en las siguientes elecciones no se dará ningún voto a los conservadores, además precisó que dicho plan ya fue implementado en 2018.
“Nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una autentica democracia y no oligarquía… hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el plan C, ya lo han aplicado en el 18, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema del país y hemos avanzado muchísimo”.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dijo “NO” a la primera parte del Plan B electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, en el que afirmó existieron claras violaciones durante el proceso legislativo que aprobó las reformas electorales de AMLO, obtuvo 9 votos a favor, los que fueron suficientes para ser validado.
Los ministros que votaron a favor fueron: Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Arturo Zaldívar, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Mena, Luis María Aguilar Morales y la presidenta del pleno, Norma Piña Hernández.
En contra, solo votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
El argumento de la Corte fue que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo con el cual fue aprobado en el Congreso de la Unión el primer decreto de la reciente reforma electoral.
De invalidarse el Plan B, el Máximo Tribunal estaría sustituyendo al Congreso
Al respecto del tema y a unas horas de que la Suprema Corte discutiera el proyecto que invalida la primera parte del Plan B en materia electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) advirtió que, en caso de invalidarlo, el Máximo Tribunal estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.
A través de un comunicado, la Consejería acusó que el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima “de la verdadera justicia de fondo”, con lo que se viola el artículo 17 constitucional.
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Este domingo 7 de mayo la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el plan B de la Reforma Electoral, el cual fue aprobado en diciembre de 2022, estaría “sustituyendo al Congreso de la Unión” y violando la división de poderes.
“El principio de división de poderes prohíbe a la SCJN establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso de la Unión”, expuso en un comunicado.
La CJEF solicitó que se resuelvan las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), sin embargo, dichas peticiones fueron rechazadas por la Suprema Corte.
“En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, el ministro instructor propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022 (Plan B)”.
El ministro Alberto Pérez Dayán propuso anular el decreto que reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas ya que consideraba que no se estaban cumpliendo algunas formalidades durante el proceso legislativo.
Ante esto, la Presidencia precisó que todo lo mencionado es falso, además de que acusa que el ministro no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, con lo cual no examina los argumentos de todas las partes y no da cumplimiento a un artículo constitucional y a otro de la Ley Reglamentaria.
Por último se le hizo un “llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”.
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los “dados están cargados” contra el Plan B de la Reforma Electoral, puesto que espera será rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
López Obrador señaló que el Plan B de la Reforma Electoral difícilmente avanzará porque la mayoría de los ministros de la Suprema Corte pertenecen al “conservadurismo”.
“Están al servicio del supremo poder conservador”, expresó.
López Obrador, dijo que eso no va a impedir que el pueblo siga impulsando la transformación de México.
Cabe destacar qué, el lunes próximo la SCJN se pronunciará respecto al Plan B, en el cual se propone modificar la operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE).
De ser rechazado el Proceso Electoral Federal Concurrente 2023-2024 se realizaría con la normatividad actual.
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Este miércoles 3 de mayo el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, mediante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), solicito de manera formal a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no abordar este jueves la impugnación sobre la primera parte del ‘Plan B’ electoral, el cual plantea invalidar reformas realizadas por la mayoría de Morena.
En cambio, la Presidencia solicitó que el máximo tribunal resuelva de forma inmediata la constitucionalidad o no del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) desde el pasado el 11 de mayo de 2018, reforma que fue respaldada por el PRI y PAN en su momento.
Bajo esta connotación, el gobierno federal solicitó al alto tribunal resolver primero dicho tema, ya que lleva cinco años pendiente.
“Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018”, se lee en un comunicado.
Asimismo, la Consejería detalló que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y el PAN, causando los cuestionamientos de la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, pues consideraban que existían vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son constitucionales.
Sin embargo, reprochó, que al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 29/2023, contra el ‘Plan B’.
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Hasta el momento, Santiago Creel no ha firmado los decretos aprobados la noche del viernes y madrugada del sábado de 20 reformas legislativas por los senadores en el patio de la vieja casona de Xicoténcatl por que lo que Legisladores de Morena acusaron al presidente de la Cámara de Diputados.
La firma de Creel es necesaria para que los decretos de las 20 reformas puedan ser enviados al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y puedan tener efecto legal.
Por tanto, el senador de Morena, César Cravioto, exhortó al diputado Santiago Creel, a que “no partidice” su función como presidente de la Cámara de Diputados y firme los proyectos que fueron aprobados al final del periodo de sesiones, para que se puedan enviar al Ejecutivo Federal para su promulgación.
Sabemos que no votaron a favor en la Cámara de Diputados; sabemos que no quisieron (los de oposición) ni siquiera votarlas en la Cámara de Senadores, pero su función debe ser institucional”, dijo Cravioto.
El legislador recordó que la oposición anunció que presentará recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que calificó como “una gran aliada de la derecha”; sin embargo, reiteró que Creel Miranda debe firmar los documentos, porque de lo contrario tampoco podrán ser impugnadas las reformas.
La oposición ha señalado que buscará impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 18 de las 20 formas aprobadas, excepto la que desaparece al Instituto de Salud del Bienestar, y la relativa a la Ley 3 de 3, para que deudores de pensiones alimentarias no puedan ocupar cargos públicos.
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A través de un comunicado, el Gobierno de México acusó de irresponsable a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por filtrar una sentencia en la que propone invalidar la Primera Parte del ‘Plan B’ de la Reforma Electoral aprobada por el Legislativo en diciembre del año pasado.
“Ayer lunes 1° de mayo de 2023 se dio a conocer en un portal digital de noticias, como “exclusiva”, que el ministro Alberto Pérez Dayán presentará ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de sentencia en el que, supuestamente, propone invalidar la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022”, dice el comunicado.
En dicho documento, también se mencionó que “el actuar de la SCJN no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, por lo cual se viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”.
El principal punto que señalan es que de conformidad con el acuerdo general 18/2006, “los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada”.
La filtración de la información fue catalogada por el Gobierno como “una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia”. Además, con una serie de preguntas, cuestionó las intenciones de la Corte.
Al finalizar, el Gobierno de México expresó que espera que la SCJN “inicie, de oficio, la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales”.
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