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Esta semana se eligió a Norma Piña para presidir tanto al máximo tribunal del país como al consejo de la judicatura federal. Tras esto, se ha señalado que esta decisión significa un retroceso para la SCJN. 

Y respecto a lo que aquí se sostendrá, parece que dicha afirmación es correcta. Sin embargo, el enfoque que se expresará aquí es un tanto distinto a lo que se ya se ha aludido por distintas personas en medios, pues no alude la idea acerca de la justicia de la ministra, sino cómo su llegada a la presidencia afecta la democratización de la SCJN y, en general, al PJF.

Pero, primero que nada, debe explicarse a qué se alude con esto de «democratizar» al PJF, pues se puede prestar a confusión con la autonomía judicial o, peor aún, con un proceso de selección de jueces vía popular.

Por consiguiente, «democratizar» al PJF consiste en hacer más amigable lo que se decide en los tribunales para aquellos que no tienen conocimientos jurídicos especializados. Dicho con otras palabras, significa acercar el poder judicial a los ciudadanos.

Esta acción la estaba llevando a cabo Arturo Zaldívar, tanto por sus comentarios en redes (vía Twitter) o vídeos (vía TikTok). E independientemente si lo hacía bien o mal, se le puede reconocer su intento de dar a conocer a los ciudadanos qué hace y cuán importante es la SCJN. 

Sin embargo, la nueva presidente no cuenta con ningún medio para acercarse a la gente. Tal es así que los periodistas (y demás personas) recién investigan quién es Norma Piña y cómo se ha pronunciado sobre diversos asuntos importantes que han llegado a la SCJN.

Si se recuerda, aún sigue siendo llamativo cómo la gran mayoría de la gente ignoraba cuáles son los sueldos de los ministros de la SCJN. Y eso es resultado de cuán ajeno es el poder judicial para la gente.

En ese sentido, claro que se puede hablar de un retroceso en la SCJN. Por lo mismo, Rabasa tenía razón cuando aseguraba que la gran mayoría de los ciudadanos ignora qué es o qué hace el poder judicial, por lo que pensar en elegir a los jueces por vía sufragio resulta una pésima idea, siempre y cuando esas sean las condiciones. 

Por lo mismo, resulta más del conocimiento público quiénes son los actores políticos del país, pero poco o casi nada saben acerca de los jueces (de sus jueces). 

Y eso resulta un poco contradictorio. Mientras en Estados Unidos y gran parte de Europa, como mencionó Dworkin, se vive la «era de los jueces», en México, parece que se vive otra realidad.

Se podría hablar, principalmente, de cómo la independencia judicial es algo incierto, además de otros puntos importantes, como: corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, etc. Aunque todos estos son tema de otro análisis.

Pero, lo que sí no se puede negar es, precisamente, cómo el poder judicial poco ha hecho para informar a los ciudadanos sobre su función en un estado constitucional, como se supone es México.

Pues, como mencionó Alexy: «las decisiones judiciales son pronunciadas en nombre del pueblo». Por tanto, ¿cómo puede el poder judicial cumplir tal función si se mantiene al margen? 

No se está en la era de los jueces autómatas, sino en la que los jueces toman auténticas decisiones, como diría Larenz. 

Por todo, la temática del poder judicial sigue siendo una materia pendiente, pero no de esta administración pública federal, sino desde hace bastante tiempo. 

Por lo pronto, ojalá se tomen algunas acciones y se mantengan otras para que el poder judicial y la SCJN no sean tan ajenas al conocimiento ciudadano, ya que los tribunales son clave no solo para la democracia, sino para un correcto estado de derecho.

Los Reporteros Mx

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