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Por mucho tiempo, se ha pensado que los cambios en la rectoría del país dependen mucho de quién ostenta el poder. Por tanto, lo lógico es promover acciones para razonar el voto, así como candidatos con ciertas cualidades.

No obstante, estos esfuerzos no han generado lo esperado, no solo porque las medidas para tener mejores elecciones y candidatos han fracasado, pues aún hay personas que dan su voto a quienes les resultan atractivos físicamente, porque han tenido una trayectoria fuera del ámbito político (como actores, deportistas, cantantes, etc.) o porque se les prometen cosas que están fuera de su competencia, entre otras cuestiones.

Ahora bien, la noción y el surgimiento del estado constitucional lo cambió todo. Esto significa que la clave ya no se encuentra en el ámbito puramente político, sino en el judicial. 

Con la reforma constitucional de 1994/1995 se dio un paso importante, lo que convirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la institución más relevante e importante en el estado de derecho.

Se instauró el modelo de estado constitucional propiamente, ya que el poder judicial sería el encargado de valorar la constitucionalidad de los actos y omisiones de los otros dos poderes. Si esto no hubiera pasado, por ejemplo, el llamado «Plan B de AMLO» (reforma electoral) no tendría porqué la SCJN analizar su constitucionalidad, es decir, valorar si dicha reforma es conducente. 

Así las cosas, ya no es suficiente que los Congresos aprueben sus proyectos, sino que también es necesario sean aprobados por la SCJN (al menos los proyectos que no generen tanta controversia).

Sin embargo, estas cuestiones no han llegado propiamente al sector social, de ahí que no sean visibles los problemas que puede acarrear el modelo del estado constitucional. 

Así las cosas, la politización del poder judicial ha sido un fenómeno constante en México. Esto significa que los jueces poco a poco ya no son jueces, sino políticos. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León es José Arturo Salinas Garza, un personaje que, al día de su designación, carecía de experiencia en impartición de justicia, solo tenía una carrera política.

En ese sentido, que los políticos ahora sean jueces, lo que provoca es que los criterios judiciales tomen otra forma, como lo fue la jurisprudencia por contradicción con registro 2019978, aprobada por la Segunda Sala de la SCJN y propuesta por Eduardo Medina Mora, la cual considera que sea inconstitucional la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar cuentas, a no ser por una excepción. 

Apegado a la teoría de la jurisprudencia, esto significó que mientras en Estados Unidos se condenaba a Genaro García Luna, en México se le descongelaban las cuentas a su esposa.

Por tanto, esto debería ser indicio suficiente para tener en el radar al poder judicial. Ya decía Emilio Rabasa que «la gente poco sabe acerca del poder judicial». Por ejemplo, quienes son los jueces de los tribunales, es algo que se desconoce incluso por quienes conforman la comunidad jurídica.

Y esa es la clave del estado constitucional, por ende, mucho debería preocupar que en México no exista una carrera judicial como tal, pues su carencia facilita el acceso a la judicatura.

Entonces, más que preocuparse en exceso sobre quienes pueden ostentar el poder, también se debe tener en escrutinio al poder judicial. De otra forma, las sospechas no cesarían, como ocurre ahora con Norma Piña, actual ministra presidente de la SCJN, a quien se le tacha de peñista (al ser elegida en el periodo de Enrique Peña Nieto).

Por todo, actualmente, dejar fuera de la ecuación al poder judicial en los tiempos del estado constitucional, puede pagarse muy caro. Ya decía Dworkin: «vivimos en la era de los jueces».

Ahora con la conmemoración del 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se celebró en el Teatro de la República en Querétaro, uno de los temas importantes ha sido la independencia judicial; un discurso de la ministra Norma Piña, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, hay unas cuantas objeciones a este discurso, de las cuales aquí se señalarán dos, principalmente porque se detallan dos realidades que escapan a la lectura de la ministra.

Por ejemplo, en su discurso señaló que “una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esa garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia”.

Aunque a primera no hay nada incorrecto, es necesario aclarar que la independencia de la que se habla, no es una independencia para todo el poder judicial, sino únicamente para el federal.

Ciertamente, por años se ha sostenido que los ministros de la SCJN están al servicio del ejecutivo federal, pues se debe a él su propuesta ante el senado para ganarse un puesto.

Actualmente, de la ministra Norma Piña, al ser propuesta por Peña Nieto, se le vincula con el expresidente. Se da a entender que aún le rinde cuentas. Pero bien, eso es un tema que aquí no incumbe.

Pero el problema de la independencia judicial es más profundo; es un problema que por años no se ha querido afrontar como tal. 

Nuestra constitución, por ejemplo, en su artículo 133 y recientemente en su artículo 1, dan pautas para que todos los jueces puedan aplicar un control constitucional difuso, como ocurre en Estados Unidos.

Sin embargo, ha sido la SCJN la principal en negar esa facultad a todos los jueces en México. Cabe mencionar que el artículo 133 de nuestra constitución es una copia directa de un artículo de la constitución estadounidense.

Por tanto ¿cómo es posible que nuestro sistema judicial sea tan distinto al estadounidense? No puede haber independencia judicial si la misma SCJN no permite ni reconoce una independencia a todos los jueces en México, sino solo a unos cuantos.

Otra cosa que hay que señalar, son los límites de las decisiones que se toman en la SCJN. Por ejemplo, acorde al discurso de la ministra, menciona que «la judicatura independiente es pilar de nuestra democracia». 

Sin embargo, ha sido la misma SCJN la que ha intentado violar la soberanía de diversas entidades federativas, tras considerar la inconstitucionalidad de ciertas normas generales.

Por esta misma razón, R. Dworkin, jurista estadounidense, indicó que vivimos en la era de los jueces, pero que habría que tener cuidado con qué tanta libertad se les puede reconocer.

En este caso, si se deja que la SCJN sea la que decida sobre los contenidos normativos, entonces no es un pilar para la democracia, sino todo lo contrario.

Dworkin objeta con tres argumentos: principio de irretroactividad; principio de división de poderes y principio de democracia.

Para el primero, se refiere más a una cuestión de aplicación; para el segundo, se refiere a que la división de poderes solo reconoce la facultad de crear y modificar el derecho al poder legislativo; y el último, se refiere a que las leyes se crean por los representantes de los ciudadanos, los cuales han sido elegidos mediante un proceso electoral democrático. Pero los ministros, no son elegidos por los ciudadanos.

Por todo, la independencia judicial no debe sobrepasar la soberanía de un estado ni tampoco solo reconocerse a unos cuantos. Por supuesto, se debe profundizar más sobre este asunto. Un buen comienzo es empezar a contemplar el «activismo judicial».