El presidente de ADECEM exige respetar los permisos ya otorgados a Gas y Petroquímica de Occidente, cuya planta de fertilizantes en Topolobampo lleva 80% de avance.
Julio César Silvas Inzunza no se anduvo con rodeos. El presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) lanzó este martes una advertencia directa: detener la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo mandaría una señal peligrosa a quienes piensan invertir en Sinaloa.
“Todo inversionista, en cualquier parte del mundo, lo primero que busca es certeza jurídica. Cuando esa certeza no existe, o se le violenta, pues obviamente ahuyenta la inversión”, dijo el líder empresarial.
La planta concentra hoy la atención de grupos ambientalistas que presionan para frenarla. Frente a eso, Silvas Inzunza recordó que GPO tramitó y obtuvo todos los permisos, licencias y concesiones que exige la ley federal. Incluso la Semarnat, señaló, ha enviado personal a la zona para supervisar el cumplimiento de la normativa.
Para el dirigente, cancelar un proyecto con 80% de avance y con respaldo legal no tiene justificación. En todo caso, propone sentarse a buscar soluciones técnicas concretas.
“Si el problema es la descarga de aguas, pues se resuelve con un tubo. Hay que ver la manera de que el proyecto avance, no la forma de detenerlo y acabar con esa inversión”, planteó.
Más allá del debate ambiental, Silvas Inzunza puso el acento en lo que esta planta significa para los agricultores sinaloenses. Producir fertilizantes localmente bajaría sus costos de forma considerable, ya que hoy los precios son muy elevados. A eso se suman los empleos directos y el impulso al desarrollo inmobiliario que genera la obra.
El líder empresarial también ubicó el proyecto en un contexto más amplio: la planta de GPO forma parte del polígono del Plan México, una estrategia federal orientada a detonar desarrollo económico en la región. Por eso, insistió, no se trata de un proyecto aislado, sino de un ancla que arrastra beneficios para toda la zona.
“Tenemos que garantizar que hay un Estado de derecho”, cerró Silvas Inzunza.
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