La reforma plantea sanciones severas y un nuevo artículo constitucional para blindar la soberanía en tareas de seguridad e inteligencia.
El grupo parlamentario de Morena alista una reforma constitucional para castigar a funcionarios que autoricen o toleren la operación de agentes extranjeros en México sin permiso del Ejecutivo federal. La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados, propone destitución, inhabilitación y sanciones económicas para quienes incurran en estas prácticas.
Impulsada por el diputado Juan Carlos Varela Domínguez, la propuesta surge tras la polémica por la presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, y busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten interpretaciones laxas en materia de cooperación internacional en seguridad.
El proyecto contempla la creación de un Artículo 5 Bis, que establece la prohibición expresa a autoridades estatales, municipales y titulares de ejecutivos locales de firmar acuerdos o permitir la intervención operativa de gobiernos o agencias extranjeras en territorio nacional.
Además, la iniciativa tipifica estas conductas como una amenaza a la seguridad nacional, elevándolas a faltas administrativas graves. Las sanciones incluirían la remoción inmediata del cargo, la inhabilitación para ejercer funciones públicas y penalizaciones económicas.
El documento también precisa que cualquier colaboración internacional en materia de seguridad, inteligencia o investigación deberá ser autorizada, coordinada y supervisada exclusivamente por el Ejecutivo federal, con el fin de garantizar el control del Estado mexicano sobre su territorio.
