Mario Alberto Ávila, ex candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, enfrenta acusaciones de corrupción en Pemex. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que está prófugo.
Durante la conferencia de prensa del 12 de agosto, Sheinbaum mencionó que Ávila fue señalado por el Departamento de Justicia de EE.UU. por presuntamente sobornar a funcionarios de Pemex.
El fiscal Alejandro Gertz explicó que Ávila busca suspender el proceso judicial, ofreciendo pagar una reparación del daño en varios plazos.
Ávila y otro empresario, Ramón Alexandro Rovirosa, están acusados de conspirar para sobornar a funcionarios de Pemex con al menos 150 mil dólares. Los sobornos incluyeron artículos de lujo y pagos en efectivo.
Ambos enfrentan cargos por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Si son declarados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada cargo.
Dos empresarios mexicanos, entre ellos el abogado tabasqueño Ramón Alexandro Rovirosa, fueron acusados en Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos multimillonarios entre 2019 y 2021. Rovirosa, exoperador legal de Omar Vargas, está señalado por usar una red de empresas fantasma con sede en Tabasco, replicando un esquema de corrupción que se remonta al sexenio de Vicente Fox.
De acuerdo con Milenio, la Fiscalía estadounidense detalla que Rovirosa y su socio, Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística en Pemex Exploración y Producción (PEP), operaron desde Texas a través de seis empresas mexicanas, entre ellas Tubular Technology SA de CV y Energy On Shore Services SA de CV, para manipular licitaciones y contratos por más de 30 millones de pesos.
Las investigaciones revelan que ambos sobornaron a funcionarios clave de Pemex, incluyendo a un auditor interno y coordinadores de procuración, ofreciendo desde bolsos de lujo hasta millones de pesos para favorecer auditorías y asegurar pagos pendientes. Estos sobornos permitieron la reducción de multas y la asignación fraudulenta de contratos en mantenimiento de ductos, carreteras, plataformas y servicios de integridad mecánica.
Rovirosa fue arrestado en Texas el 10 de agosto y se declaró no culpable de cuatro cargos por corrupción en el extranjero, enfrentando hasta cinco años de prisión por cada uno. Ávila continúa prófugo. La investigación está a cargo del FBI y el Departamento de Seguridad Interna (HSI), con apoyo federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) catearon la madrugada de este lunes una propiedad en la exclusiva zona “Lomas del Castillo” en Campeche, vinculada al excandidato panista a la gubernatura, Mario “Á”, acusado por Estados Unidos de participar en un esquema de sobornos millonarios en Pemex.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., Mario “Á” y el empresario Ramón Alejandro Roviroza Martínez habrían pagado 150 mil dólares a funcionarios de Petróleos Mexicanos y PEP entre 2019 y 2021 para manipular licitaciones y obtener contratos por millones de dólares.
El operativo federal, que comenzó a la medianoche y terminó a las 2:00 de la mañana, incluyó el aseguramiento de bolsas negras con documentos y objetos. En el despliegue participaron elementos de la FGR, GN y la Fiscalía General del Estado de Campeche.
Actualmente, la vivienda es habitada por el empresario José G.G.P., mientras que Mario “Á” reside en Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a 2 mil 378 de sus propios funcionarios por delitos como permitir la fuga de detenidos, abuso de autoridad, tortura y alteraciones en dictámenes periciales. Las irregularidades fueron detectadas entre 2019 y mayo de 2025, tras mil 476 vistas penales tramitadas por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI).
Las investigaciones alcanzan a ministerios públicos, policías federales ministeriales, fiscales en jefe, peritos, delegados y personal administrativo. A pesar de la magnitud de los casos, sólo se han judicializado 10 carpetas en lo que va de 2025, mientras que este año se han elaborado 61 vistas.
Las vistas derivan de inspecciones y evaluaciones técnico-jurídicas que detectan omisiones graves. La más común: no realizar diligencias necesarias para esclarecer delitos. Aunque la FEAI puede imponer sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución, no existen registros públicos de castigos aplicados.
Abogados penalistas y expertos en justicia advierten que la falta de profesionalismo en la FGR daña tanto a víctimas como a personas investigadas. El penalista Owen Landeros considera que el Ministerio Público opera con excesiva discrecionalidad, mientras que la investigadora Yadira García llama a reforzar la supervisión y combatir la corrupción en las fiscalías.
La procuración de justicia quedó fuera de la reforma al Poder Judicial de 2024, y para especialistas, eso perpetúa las fallas que minan la credibilidad del sistema penal en México.
A cuatro meses de dejar la presidencia, Enrique Peña Nieto otorgó un contrato millonario a una empresa ligada al empresario israelí Uri Ansbacher, quien recientemente confesó haber sobornado al exmandatario para vender el software espía Pegasus. La compañía beneficiada, Air Cap SA de CV, fue declarada empresa fantasma por el SAT en abril de 2025 y aún así recibió pagos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El contrato, por 4.2 millones de dólares, fue firmado el 31 de julio de 2018, cuando AMLO ya había ganado la elección. Air Cap acumuló adjudicaciones por casi mil millones de pesos entre 2017 y 2020, tanto con el gobierno federal como con el Estado de México. En 2021, una investigación internacional reveló que la empresa fue parte de la red usada para triangular la venta de Pegasus a dependencias mexicanas.
A pesar de los señalamientos, el gobierno de AMLO mantuvo a Air Cap en su padrón de contratistas y la Sedena incluso le envió invitaciones para cotizar servicios entre 2019 y 2020. La deuda por el contrato firmado al final del sexenio peñista se terminó de pagar hasta 2020, según documentos oficiales obtenidos por MCCI.
La empresa también recibió 784 millones de pesos en contratos del gobierno de Alfredo del Mazo, primo de Peña, para sistemas de videovigilancia, bloqueadores de señal y brazaletes electrónicos. Del Mazo, expulsado del PRI en 2024, fue señalado en su momento por ocultar una cuenta en Andorra con 1.5 millones de euros.
Los domicilios registrados por Air Cap van desde oficinas virtuales hasta departamentos en Iztapalapa y Tepito, lo que refuerza su perfil como empresa fachada. Aun así, logró colarse a contratos clave en seguridad nacional, con adjudicaciones directas bajo el argumento de confidencialidad.
En Israel, la disputa legal entre Ansbacher y su socio Avishay Neriah destapó el presunto pago de 25 millones de dólares a Peña Nieto. Aunque el expresidente lo ha negado públicamente, la FGR ya abrió una carpeta de investigación. Mientras tanto, Air Cap se mantiene como símbolo de la impunidad en los negocios con el Estado.
El software espía Pegasus, adquirido en 2011 durante el sexenio de Felipe Calderón con el fin de combatir a los cárteles, terminó siendo utilizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para vigilar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y hasta políticos. Aunque se justificó como una herramienta de inteligencia contra el crimen organizado, en realidad se empleó en tareas de espionaje interno.
México pagó más de 60 millones de dólares por el spyware desarrollado por la empresa israelí NSO Group, capaz de tomar control total de un teléfono móvil. Citizen Lab y otras organizaciones revelaron en 2017 que Pegasus se usó para vigilar a personas como el doctor Simón Barquera, el director de El Poder del Consumidor, y hasta a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Investigaciones posteriores destaparon que el gobierno de Peña Nieto espió a más de 15 mil personas, incluidos sus opositores políticos como Andrés Manuel López Obrador, y a periodistas que investigaban el narcotráfico como Ismael Bojórquez, Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) documentó también intentos de hackeo contra abogados y activistas sociales.
La Fiscalía General de la República inició en julio una carpeta de investigación luego de que se revelara en medios israelíes que Peña Nieto habría recibido 25 millones de dólares en sobornos para concretar la compra del software. El expresidente negó las acusaciones y las calificó como infundadas y dolosas.
El fiscal Alejandro Gertz Manero informó que México pedirá formalmente información al gobierno de Israel sobre la presunta transacción, con el objetivo de judicializar la investigación y determinar si existieron delitos en la compra y uso de Pegasus.
Aunque el caso fue expuesto desde 2017, aún no hay responsables sancionados. El escándalo ha reabierto el debate sobre los límites del poder en la vigilancia digital y la protección de los derechos humanos frente a tecnologías intrusivas.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Esta acción surge tras denuncias de empresarios israelíes sobre un presunto soborno.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confirmó que investigan la denuncia relacionada con contratos para el software Pegasus. Gertz Manero indicó que la FGR solicitará formalmente la colaboración del gobierno de Israel.
El fiscal enfatizó la importancia de contar con pruebas claras para avanzar en el caso. También recordó que denuncias anteriores contra Peña Nieto no se consolidaron por falta de pruebas.
Peña Nieto desmintió haber recibido 25 millones de dólares de los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher. A través de sus redes sociales, el exmandatario calificó las acusaciones de “totalmente falsas” y sin fundamento.
Un reciente artículo del diario israelí The Marker reveló detalles sobre las negociaciones entre los empresarios y Peña Nieto. El reportaje destaca cómo estos acuerdos facilitaron operaciones comerciales entre Israel y México relacionadas con el software de ciberseguridad.
La FGR espera avanzar más rápidamente en este caso, dada la gravedad de las acusaciones y la relevancia del tema.
El caso Pegasus vuelve a estar en el centro de la conversación nacional, luego de revelarse en un juicio en Israel que empresarios vinculados al software espía habrían pagado hasta 25 millones de dólares en sobornos para facilitar su entrada a México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las acusaciones, que ya han sido negadas por el expresidente, abren nuevamente el debate sobre el uso de tecnologías de vigilancia.
Las revelaciones se dan justo en el arranque del nuevo gobierno federal y en medio del análisis del paquete de reformas en seguridad impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque las iniciativas buscan fortalecer las capacidades del Estado en la investigación de delitos, diversas organizaciones de la sociedad civil han llamado a establecer mecanismos claros de supervisión y control.
Durante una reciente conferencia, la presidenta Sheinbaum expresó sorpresa ante lo publicado por medios internacionales, y respaldó que Peña Nieto haya dado su versión. No obstante, colectivos como Artículo 19, R3D y SocialTIC han solicitado una investigación independiente y transparente sobre la adquisición y el uso de Pegasus en administraciones anteriores.
El software fue utilizado durante el sexenio de Peña Nieto para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas y figuras de oposición. También existen registros de su uso en los primeros meses del sexenio de López Obrador, pese a declaraciones oficiales que aseguraban lo contrario.
Las reformas en discusión prevén la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, la integración de bases de datos públicas y privadas, y el uso de datos biométricos en documentos oficiales. El gobierno federal ha reiterado que cualquier intervención requerirá autorización judicial.
Organizaciones civiles señalan que es fundamental establecer garantías suficientes para evitar abusos. Si bien reconocen la necesidad de herramientas para combatir el crimen, advierten que el respeto a los derechos humanos y la privacidad debe estar en el centro de toda política de seguridad.
El caso Pegasus deja una lección importante: la tecnología debe estar al servicio de la justicia, no de la persecución. Por ello, expertos y defensores piden que el Estado mexicano avance con transparencia, legalidad y rendición de cuentas en el uso de estas herramientas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “medio tremendo” lo revelado por el diario israelí The Marker, que acusa a Enrique Peña Nieto de recibir 25 millones de dólares en sobornos para facilitar contratos con el software Pegasus durante su sexenio.
En conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que el exmandatario ya negó las acusaciones, y recordó que el escándalo surgió de un juicio entre empresarios israelíes con disputas mercantiles por negocios hechos en México.
“Es un juicio en Israel, entre dos personas que hicieron negocio en México, y en ese juicio salió esta información”, apuntó. Peña Nieto ha negado categóricamente haber recibido sobornos o haber intervenido en la asignación de contratos durante su administración.
