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  • ¿SE PUEDE RESTAURAR LA CONFIANZA EN LA SUPREMA CORTE?

    ¿SE PUEDE RESTAURAR LA CONFIANZA EN LA SUPREMA CORTE?

    La semana pasada, la Corte Suprema de los Estados Unidos se volvió objeto de crítica después que declarara que los ex presidentes gozaran de inmunidad por sus acciones oficiales, lo que significaría un triunfo para el ex presidente Donald Trump en su esfuerzo por evitar ser enjuiciado por delitos graves, incluyendo sus intentos de subvertir su derrota en las elecciones del 2020. No obstante, Sonia Sotomayor, jueza asociada de la Corte Suprema, redactó un disenso vehemente, al que se sumaron sus colegas liberales, en el que califico el fallo como “una marcada expansión del poder presidencial”, no sólo para Trump, sino para que todos los presidentes puedan sentirse más libres de abusar de su poder. Para ello, Sotomayor cito el histórico fallo de la Corte Suprema en favor de la detención de las personas estadounidenses de ascendencia japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial ordenada por el presidente Franklin Delano Roosevelt, como una medida de seguridad nacional tomada en medio de la emergencia tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. 

    Por esto, la cadena televisiva CBS elaboró un reportaje en el que le preguntó a la población lo siguiente ¿Se puede restaurar la confianza de los estadounidenses en la Corte Suprema? La mayoría de los estadounidenses no estuvieron de acuerdo con las decisiones de la corte sobre el aborto, las donaciones ilimitadas de campañas y el fallo a favor del ex mandatario, quien buscara de nuevo llegar a la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales de noviembre de este año.Más aún, el reportaje reveló que existen conflictos de interés entre los miembros de la corte, por ejemplo, el juez asociado Clarence Thomas es particularmente cercano a los millonarios conservadores involucrado en las decisiones del Poder Judicial estadounidense, al grado de aceptar obsequios de más de 4 millones de dólares. 

    A pesar de firmar un código de ética profesional, no existe un mecanismo para la aplicación de la sección 455, del título 28 del Código de Estados Unidos en el que establece que “cualquier magistrado o juez de los Estados Unidos deberá inhabilitarse en cualquier procedimiento en el que razonablemente pueda cuestionarse su imparcialidad”. Además, requeriría que ambos partidos (el demócrata y el republicano) en el Congreso trabajen juntos para llevar a cabo acciones para la restauración de la confianza de la corte. Sin embargo, eso es algo imposible de lograr. Por consiguiente, los jueces de la Corte Suprema creen que es un derecho incuestionable recibir regalos millonarios de las elites. 

    Para el caso judicial mexicano, podemos plantear la siguiente pregunta ¿Se puede restaurar la confianza de los mexicanos y mexicanas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)? Desde que Norma Piña Hernández en enero del 2023, se acrecentó la lejanía del Poder Judicial de la Federación (PFJ) al confrontarse con los dos poderes de la Unión al favorecer a las elites del poder económico, a la oposición y al crimen organizado. De modo que 36 millones de votos fueron suficientes para exigir una reforma al PJF “sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático”, como lo sostuvo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro en retiro de la SCJN, en el primer foro de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, organizado por la Cámara de Diputados. 

    Hay un malestar social con la corrupción que existe en jueces, magistrados y ministros. Como parte del ejercicio democrático e informativo, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP) llevó a cabo foros y asambleas en todo el país el pasado domingo 7 de junio, para impulsar la participación ciudadana y así difundir masivamente la reforma judicial para que la población tenga argumentos y refute sus mitos. 

    Lo que se busca es democratizar la justicia, no querer apoderarse de ella, como lo dicen ciertas voces deleznables afines a la derecha, que siguen sin asimilar la derrota y buscan arrebatar todo lo que se gano en las elecciones del 2 de junio. La independencia de la Suprema Corte exige legitimación social, es decir, confianza popular en su aparato judicial y en la honradez de los jueces que son los intérpretes de las normas jurídicas. De lo contrario, la gente perdería su confianza en los tribunales y se desmoronaría el tejido de Estado de Derecho. “No sabremos cómo va a funcionar la reforma hasta que esté realmente este operando…Y si una vez que esté operando, nos damos cuenta que la gente se siente más representada, más cercana, con una mejor justicia, pues creo que ahí se habrá ganado la apuesta” fue lo que sostuvo el ministro Zaldívar en una reciente charla para El Chamuco Tv con los moneros José Hernández y Rafael Pineda Rapé. La reforma implica una reestructuración interna, con el fin de asegurar que tengamos un aparato judicial que funcione con eficiencia, austeridad y transparencia y dotar de legitimidad a los impartidores de justicia de nuestro país.

    VÍNCULOS

    Programa El Chamuco Tv, Charla con Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la SCJN, subido el domingo 7 de julio del 2024.

    Reportaje de CBS Sunday Morning Can Americans’ trust in the Supreme Court be restored?

  • Ministros de la Suprema Corte prepararían duro golpe contra el pueblo de México y analizan anular hasta 11 Reformas de AMLO

    Ministros de la Suprema Corte prepararían duro golpe contra el pueblo de México y analizan anular hasta 11 Reformas de AMLO

    Se ha informado que al menos tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han propuesto a sus colegas anular hasta 11 Reformas del Presidente Andrés Manuel López Obrador aprobadas el 28 de abril del año pasado, en una sesión que la derecha ha tratado de desacreditar. 

    Los cuatro proyectos fueron difundidos anticipadamente ayer para discusión y decisión en el Pleno de la Corte a partir del 9 de abril.

    Es de recordar que esta no sería la primera vez que la Suprema Corte viola la autonomía de los Poderes y anula reformas previamente aprobadas en el Congreso de la Unión, ya que en 2023 se canceló la Reforma Electoral también conocida como Plan B. 

    Entre las reformas que se buscan anular y que afectarían al pueblo, están la que permite que las Fuerzas Armadas operen aerolíneas, aeropuertos y vías férreas por tiempo indefinido. 

    Las reformas que planean ser anuladas son:

    • Leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil
    • Extinción del Insabi y la creación del IMSS-Bienestar
    • Nueva Ley del Conahcyt
    • Cambios a ley Minera
    • Extinción de FInanciera Rural
    • Adscripción de Unidades de la SFP y compactación de contralorías.
    • Cambios en Sedena para control del espacio aéreo
    • Asignaciones ferroviarias indefinidas a militares
    • Reglas de créditos a burócratas
    • Ley de Bienes Nacionales sobre venta y manejo de bienes nacionales
    • Control de precursores químicos

    Además, la reforma que extinguió al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y lo reemplazó con el IMSS-Bienestar; la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación y los cambios a la Ley Minera impugnados por cientos de empresas del sector, entre otras.

    Estos intentos de invalidar las Reformas fueron presentados por los ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos–Farjat, Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo Rebolledo.

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  • La SCJN debería dar el ejemplo de respeto a la Constitución, pero hace lo contrario al impedir que la ministra Lenia Batres se baje el sueldo

    La SCJN debería dar el ejemplo de respeto a la Constitución, pero hace lo contrario al impedir que la ministra Lenia Batres se baje el sueldo

    Durante su conferencia matutina de este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le impidió a la ministra Lenia Batres se bajara el sueldo y se inscribiera al ISSSTE en vez de usar el costoso seguro privado del Poder Judicial.

    AMLO mencionó que la SCJN da un mal ejemplo, ya que el máximo tribunal del país debería aplicar la Constitución y el respeto a los derechos, en referencia a que se estableció que ningún funcionario público deberá ganar más que el líder del Ejecutivo en turno, en este caso, Andrés Manuel.

    “Es una violación a la Constitución, no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque es el órgano superior del poder judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución”.

    Mencionó AMLO

    Sobre la ministra Lenia Batres, el primer mandatario recomendó que entregue los excedentes de su salario a la Tesorería de la Federación, ya que esa acción no se le puede negar, mientras que también le aconsejó ir ella misma a darse de alta en el ISSSTE ante la negativa de la Corte.

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  • Es una vergüenza: AMLO sobre el ministro Javier Laynez y su decisión de nos entregar dinero de fideicomisos a los afectados de Guerrero

    Es una vergüenza: AMLO sobre el ministro Javier Laynez y su decisión de nos entregar dinero de fideicomisos a los afectados de Guerrero

    Durante la conferencia matutina de este lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “vergüenza” que el Poder Judicial no quiera entregar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos para ayudar a los damnificados tras el paso del huracán Otis.

    AMLO mencionó que previamente, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, le envió una carta donde aseguró que tales recursos serían entregados, sin embargo ahora no quieren hacerlo.

    “Miren la vergüenza del Poder Judicial de que no quieren aportar 15 mil millones de un fideicomiso que es para garantizarles esos privilegios, que no lo quieran aportar a los damnificados de Acapulco”

    “Pero que además, primero la presidenta del Poder Judicial, esto tiene que ver con la dignidad, me haya enviado una carta diciéndome que veía bien nuestra propuesta de que ese dinero se utilizara para apoyar a los damnificados de Acapulco”.

    AMLO no dejó pasar la oportunidad para mencionar al ministro Javier Laynez, que la semana pasada suspendió la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y al cual calificó como “el más tenaz de los defensores de causas que tiene que ver con la corrupción”.

    “Y luego empiezan los amparos al grado de que el señor Laynez, que está ahora como el más tenaz de los defensores de causas que tiene que ver con la corrupción, ahora dice que ese fideicomiso es de ellos”.

    “Ministro de la Corte, juez y parte, porque fue una decisión del Poder Legislativo, de un poder autónomo, de la Cámara de Diputados que tiene la facultad exclusiva de acuerdo con la Constitución de aprobar el presupuesto y de manera cretina, dicen no, y el señor Laynez, aquí aprovecho, acaba de resolver que es legal la venta, la distribución de los vapeadores, que está probado que son dañinos a la salud”

  • El magistrado de la SCJN, Javier Laynez, suspende extinción de fideicomisos que se destinarían para ayudar a la gente de Acapulto

    El magistrado de la SCJN, Javier Laynez, suspende extinción de fideicomisos que se destinarían para ayudar a la gente de Acapulto

    A través de estrados judiciales se ha dado a conocer la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez, de suspender por ahora la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). 

    El integrante del mismo PJF y simpatizante de la derecha, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que presentaron los partidos de oposición para que no se eliminen los millonarios fideicomisos.

    Con esta decisión del ministro Laynez, el dinero de los fideicomisos que se destinarían al pueblo de Acapulco y Coyuca de Benítez en Guerrero, ahora solo podrán ser usados para sus fines creados: el goce de la elite del Poder Judicial.  

    Cabe recordar que el Presidente Andrés Manuel López propuso que el dinero de los fideicomisos se usará para los afectados de Guerrero tras el paso de Otis, sin embargo y por unanimidad se desechó la petición de AMLO.  

    Igualmente la Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, dijo estar a favor de la propuesta del Gobierno de México, sin embargo sus pares optaron ir en sentido contrario en lo que no se sabe si fue una estrategia de Piña o una rebelión al interior del tercer Poder.  

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  • Una vez más, detienen distribución de libros de texto en Chihuahua

    Una vez más, detienen distribución de libros de texto en Chihuahua

    En Chihuahua una vez más pararon la distribución de libros de texto de la SEP gracias a que una jueza otorgó una suspensión provisional en respuesta al amparo presentado por un padre de familia.

    La jueza Tercera de Distrito concedió otorgar este recurso hasta que la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) verifique que se cumplió con los procesos constitucionales y legales para la creación de este material. 

    La resolución se dio el pasado viernes, sin embargo, se publicó hasta este lunes en donde señala que mientras las autoridades hacen este proceso de verificación, se podrán utilizar los libros de la SEP del ciclo escolar pasado.

    El juicio de amparo 1724/2023 comenzó en agosto y la suspensión fue concedida tras la ampliación de la demanda promovida por Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez. 

    Como medida cautelar, el recurso solicitó detener la impresión y distribución de libros que no cuenten con planes y programas vigentes.

    Por lo anterior, se cancelará la distribución de los libros de texto a pesar de que los ministros de la Suprema Corte desechará una controversia constitucional. 

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  • Suprema Corte ordena al Senado designar dos comisionados del INAI

    Suprema Corte ordena al Senado designar dos comisionados del INAI

    El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) podrá sesionar con menos de cinco miembros hasta que el Senado designe a dos de los tres comisionados faltantes, según lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    Con ocho votos a favor y dos en contra, el Pleno aprobó la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien señaló que el Senado de la República incurrió en una omisión al no nombrar nuevos comisionados para cubrir los cargos que dejaron vacantes Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas.

    La sentencia ordena al Senado que durante el actual periodo de sesiones lleve a cabo la designación de dos comisionados. En el caso del tercer comisionado faltante, se debe esperar porque existe un juicio de amparo promovido por Ana Yadira Alarcón Márquez, quien fue designada comisionada por los senadores, tras la vacante que dejó Oscar Mauricio Guerra Ford.

    “…existe una facultad de ejercicio obligatorio a su cargo (del Senado) para nombrar a las y los comisionados del INAI y aunque no se prevea un plazo para su ejercicio, se ha excedido lo que se considera un plazo razonable”, expresó el ministro Alcántara Carrancá, quien elaboró un nuevo proyecto, luego de que el pasado 13 de julio se ordenó el returno, tras desechar la propuesta de la ministra Loretta Ortiz Ahfl.

    Alcántara enfatizó que pasaron 342 días respecto de las vacantes creadas en 2022 a raíz de las renuncias de los comisionados Monterrey Chepov y Guerra Ford.

    “…dicho plazo por sí solo excede cualquier plazo razonable, por un lado, supera el plazo de referencia de los 60 días que se otorgan de forma improrrogable el Senado para cubrir las vacantes del INAI en los supuestos de que ésta se genere por una razón distinta a la conclusión del período de un comisionado o de una comisionada”, apuntó.

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  • La reforma judicial profunda, única posibilidad para combatir a jueces, magistrados y ministros

    La reforma judicial profunda, única posibilidad para combatir a jueces, magistrados y ministros

    La suprema corte de justicia es el máximo órgano judicial de nuestro país, encargado de velar por el respeto a la Constitución y los derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, se ha visto envuelta en numerosos escándalos de corrupción, violación de derechos humanos, cohecho y violación a la Constitución que ponen en duda su imparcialidad, transparencia y eficacia.

    LA SUPREMA CORTE ES “DE INJUSTICIA” Y SE ENCUENTRA ACTUALMENTE REPROBADA.  Sus mayores desencuentros son:

    – La liberación de narcotraficantes y delincuentes de alto perfil, a cambio de sobornos o por presiones políticas.

    – La manipulación de expedientes y sentencias, para favorecer o perjudicar a determinados grupos políticos, empresarios o delincuentes.

    – La falta de rendición de cuentas y fiscalización, que permite el enriquecimiento ilícito y el abuso de poder de algunos jueces, magistrados y ministros.

    – La injerencia de intereses externos, como partidos políticos, empresarios o grupos de poder y delincuenciales, que buscan influir en las decisiones judiciales.

    – La violación flagrante de la Constitución, por parte de los Ministros que deberían defenderla.

    Estas situaciones generan una profunda desconfianza en la ciudadanía, que ve cómo la justicia se convierte en un instrumento al servicio de unos pocos (políticos de derecha, empresarios corruptos, narcotraficantes y grupos delincuenciales en general), que fomenta la impunidad y perpetua la criminalidad. Por eso, es necesario exigir una reforma integral del poder judicial y de la suprema corte de justicia, que garantice su independencia e imparcialidad, integridad moral y profesionalismo jurídico.

    Solo así podremos recuperar la credibilidad y la legitimidad de nuestro sistema judicial, y fortalecer nuestra democracia. Este es el llamado que el movimiento de regeneración nacional hace a todos los ciudadanos, al convocarlos a llevar a cabo el “Plan C”, que consiste en votar de manera masiva por MORENA para tener mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y poder llevar a cabo una “reforma Judicial profunda”.

    La propuesta de Morena para reformar el poder judicial y la suprema corte de justicia es un proyecto que busca fortalecer la independencia, la transparencia y la eficiencia de estos órganos del Estado. El objetivo es garantizar el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción.

    Entre los principales puntos de la propuesta se encuentran:

    – Ampliar el periodo del presidente de la suprema corte de justicia de cuatro a seis años, con posibilidad de reelección por una sola vez.

    – Crear una sala especializada en materia anticorrupción dentro de la suprema corte, integrada por cinco ministros designados por el Senado.

    – Establecer un sistema de carrera judicial que incentive el mérito, la profesionalización y la evaluación periódica de los jueces y magistrados.

    – Crear un consejo de evaluación judicial que supervise el desempeño y la conducta de los integrantes del poder judicial.

    – Reformar el consejo de la judicatura federal para que tenga una mayor representación de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de la sociedad civil.

    – Desaparecer los Fideicomisos que preservan los privilegios, instaurando la austeridad republicana “No puede existir poder judicial rico con pueblo pobre”.

    La iniciativa de reforma al Poder Judicial, que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre del próximo año, plantea reducir fideicomisos y sueldos, además de eliminar los privilegios de ministros, jueces y magistrados, con el objetivo de generar recursos en beneficio de las y los mexicanos.

    La propuesta que, está respaldada por Morena, ha generado opiniones positivas entre los diferentes actores políticos y sociales, excepto de la oposición, por obvias razones; ya que es este sector de derecha es el que se ve mayormente beneficiado por los delictivos actos del poder judicial en su conjunto. Algunos la consideran necesaria para modernizar y democratizar el poder judicial, mientras que, en la oposición la ven como una amenaza a la división y el equilibrio de poderes. Lo cierto es que se trata de una iniciativa que requiere un amplio debate y consenso para su aprobación y aplicación o un voto masivo por parte de la ciudadanía para darle el poder a morena, para que, sin tener que negociar con la derecha radical, que dicho sea de paso, jamás estarán de acuerdo en perder sus privilegios corruptos y corruptores, pueda aprobar una reforma constitucional.

    “Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas”, adelantó el presidente.

    Señaló que la política de austeridad y cero corrupción del Gobierno de la Cuarta Transformación ha permitido financiar más obras con recursos públicos, sin contratar deuda y sobre todo, distribuir el ingreso público con justicia a la población más necesitada.

    Andrés Manuel López Obrador ha señalado 40 privilegios que mantienen altos funcionarios del Poder Judicial, que se pagan con el erario público y contradicen a la Ley Federal de Austeridad Republicana y a la Constitución:

    • Sueldos de más de 297 mil pesos mensuales, superiores al que percibe el presidente de la República (un salario integrado de más de $700,000.00).
    • Aguinaldos de alrededor de 586 mil pesos, que representan 40 días de sueldo.
    • Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y familia nuclear por 30 millones de pesos en adelante.
    • Primas vacacionales por 95 mil pesos, que significan diez días de sueldo.
    • Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos anuales.
    • Un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar alimentos a la carta y bebidas alcohólicas.
    • Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno.
    • Presupuesto de cinco millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal.
    • Dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de seis millones de pesos, que se renuevan cada dos años.
    • Pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año.
    • Apoyo para gasolina por 22 mil pesos mensuales.
    • Apoyo ilimitado para el pago de peajes en autopista.
    • Seguro de separación individualizado de aproximadamente 20 millones de pesos al final de 15 años de servicio.
    • Reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo cuando se retiran.
    • Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por 20 mil millones de pesos, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida.

    No es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético“, dijo el presidente de México.

    La corrupción del poder judicial en México es un problema grave que afecta a la seguridad, la democracia y el desarrollo del país. Los grupos de delincuencia organizada se aprovechan de esta situación para obtener impunidad, influencia y recursos ilícitos.

    La corrupción judicial en México está a tope, el uso indebido de la función judicial por parte de jueces, magistrados, ministros de la suprema corte, fiscales y otros funcionarios para obtener beneficios personales o favorecer intereses ajenos al derecho está en su peor época. Esta práctica puede adoptar diversas formas, como el soborno, el tráfico de influencias, la extorsión, el nepotismo, el prevaricato o la manipulación de expedientes.

    Los grupos de delincuencia organizada, como los cárteles de la droga, las bandas de secuestradores o los guachicoleros, recurren a la corrupción judicial para evadir la justicia, controlar territorios, intimidar a la población, expandir sus negocios ilícitos, censurar al presidente y hasta ganar elecciones. Algunos ejemplos de cómo beneficia la corrupción judicial a estos grupos son:

    – La impunidad: Los delincuentes están comprando a los jueces y fiscales para que no los investiguen, no los procesen o los condenen mínimamente por sus crímenes. Esto les permite seguir operando sin temor a las consecuencias legales.

    La influencia: Los delincuentes han infiltrado o cooptado a los funcionarios judiciales para que actúen en su favor o en contra de sus rivales o enemigos. Esto les permite obtener ventajas políticas, económicas y sociales.

    Los recursos ilícitos: Los delincuentes obtienen dinero, bienes o servicios de los funcionarios judiciales a cambio de favores o protección. Esto les permite incrementar su poder y su riqueza.

    La corrupción judicial no solo beneficia a los grupos de delincuencia organizada, sino que, también perjudica a la sociedad en su conjunto. Algunas consecuencias inmediatas de la corrupción judicial son:

    La inseguridad: La corrupción judicial genera un clima de violencia, impunidad e injusticia que afecta a la vida y los derechos de las personas. Además, fomenta la desconfianza y el descontento social hacia las instituciones.

    La democracia: La corrupción judicial debilita el Estado de derecho, el principio de separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que garantizan el funcionamiento democrático. Además, erosiona la legitimidad y la credibilidad de las autoridades.

    El desarrollo: La corrupción judicial obstaculiza el crecimiento económico, el bienestar social y el progreso humano. Además, desvía recursos públicos que podrían destinarse a sectores prioritarios como la educación, la salud o la infraestructura.

    La corrupción judicial es un desafío que requiere una respuesta urgente y decidida de los mexicanos. Solo así podremos garantizar una justicia pronta, imparcial y efectiva que contribuya a la paz, la democracia y el desarrollo de México.

  • Morena buscará una nueva reforma electoral tras invalidez del Plan B

    Morena buscará una nueva reforma electoral tras invalidez del Plan B

    Este jueves 22 de junio, el coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez, condenó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que decidió invalidar en su totalidad el Plan B impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

    Asimismo, el morenista dio a conocer que a partir del mes de septiembre su grupo parlamentario buscará una nueva reforma electoral.

    “La SCJN estrictamente se fue a la parte del procedimiento, es decir a la forma y no al fondo”, criticó.}

    “Nuevamente la SCJN aplica de manera facciosa la interpretación legislativa. Aplica un criterio para ya no entrar al fondo del asunto y en un brochazo decir que el procedimiento estuvo viciado, nosotros no compartimos esa visión, nosotros vamos a insistir en esa reforma electoral que el pueblo de México nos ha pedido y nos ha exigido en las plazas públicas, en las cabeceras municipales y en las 32 entidades federativas“.

    Finalmente, Eduardo Ramírez afirmó que en el 2024 deben volverán a “jugar” con las actuales leyes electorales. Al declarar la invalidez del plan b, subsiste la norma jurídica que guio los procesos electorales de 2021 y 2018, es decir vuelven a estar vigentes leyes electorales de 2014.

    “Buscaremos un mejor momento para allanar mejores consensos a partir del primero de septiembre y pueda tener efectos para el año 2027, no vamos a quitar el dedo del renglón, seguiremos actuando con mucha responsabilidad”, anotó el senador Ramírez.

    Mantente informado en: Los Reporteros MX

  • Adán Augusto urge a limpiar el Poder Judicial y aseguró que la ineficiencia deja gran parte de los delitos sin castigo

    Adán Augusto urge a limpiar el Poder Judicial y aseguró que la ineficiencia deja gran parte de los delitos sin castigo

    Durante la comparecencia de los titulares del Gabinete de Seguridad ante la Comisión Bicamaral de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, el titular de la Segob, Adán Augusto enfatizó que se debe limpiar al Poder Judicial.

    “Para funcionar correctamente solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia, pues es el inicio con esta primera comparecencia de una retroalimentación que permita apuntalar las labores de seguridad no solo de la fuerza armada permanente sino de todas las instituciones de seguridad”, enfatizó durante su intervención.

    Del Poder Judicial agregó que este deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo.

    “No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente”, remarcó. Y asimismo, aseguró que las entidades federativas deben ser evaluadas en todos los aspectos.

    “Las entidades federativas también deberán ser evaluadas sobre todo en capacitación y equipamiento podemos tener diferencias que además son válidas como lo hemos repetido en otras ocasiones la tarea de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública está desprovista de todo calificativo político por lo que estamos ciertos de que este diálogo nos llevará a buen puerto y mejores resultados”, aseguró.

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