El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé aplicar una multa por 21.6 millones de pesos al partido Morena, debido a “irregularidades” en el reporte de gastos vinculados a bardas, espectaculares y otras formas de propaganda utilizadas durante las campañas federales de 2024.
El ajuste surge luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara al INE revisar nuevamente el expediente relacionado con los gastos de precampaña, específicamente para candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados.
Aunque en un inicio se consideró que Morena no había informado sobre esos gastos, el nuevo análisis identificó que sí se presentaron reportes, pero por vías distintas a las establecidas en los mecanismos de fiscalización del instituto, lo que dificultó su revisión en tiempo real.
El proyecto que será discutido por el Consejo General del INE contempla dossanciones económicas. La primerapasaría de 4.4 millones a 3.4 millones de pesos, y la segunda, de 18.2 a 18.1 millones. En ambos casos, se señala que hubo omisiones en el registro de propaganda como mantas, carteleras y pinta de bardas.
De acuerdo con el INE, el motivo principal de la sanción es el uso de canales no habilitados para informar sobre los gastos, lo cual limita la capacidad de fiscalización. El ajuste final reduce apenas un millón de pesos respecto a la multa original.
En el documento también se menciona que, por tratarse del partido con mayor capacidad económica en el sistema político, se propone aplicar una sanción equivalente al 150% del monto involucrado. La multa se cubriría con la reducción del 25% de su ministración mensual.
El INE aclaró que sancionar este tipo de omisiones no es una cuestión política, sino un ejercicio técnico y legal para hacer valer los principios de transparencia, legalidad y equidad electoral establecidos por la ley.
La votación del Consejo General está programada para este lunes. Con ello, el órgano electoral busca cerrar el proceso de revisión ordenado por el Tribunal Electoral.
Aunque los resultados aún no son definitivos, la elección judicial del pasado 1 de junio ya enfrenta una lluvia de impugnaciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido 179 medios de defensa legal en contra del proceso, Dejando ver la inconformidad que han manifestado algunos, tanto candidaturas como organizaciones ciudadanas.
El pasado jueves 19 de junio, se sumó una más: colectivos como Poder Ciudadano, Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Laboratorio Electoral presentaron una solicitud formal para anular toda la elección judicial. ¿El argumento? Ellos hablan de violación a principios constitucionales y una serie de prácticas que, aseguran, pusieron en duda la equidad del proceso.
Gabriela Sterling, presidenta de Poder Ciudadano, afirmó que el proceso estuvo “plagado de vicios e irregularidades”, al señalar desde la falta de reglas claras para evaluar a los aspirantes, hasta la supuesta intromisión de actores políticos y el uso de recursos públicos. Incluso aseguró que hubo casos de acarreo, induccióndel voto y urnas embarazadas.
La presidenta del colectivo trajo aliados a su crítica. Cinco consejeros del INE votaron en contra de declarar válida la elección por considerar que no se garantizó la transparencia esperada en un proceso de esta magnitud.
El Instituto Nacional Electoral, por su parte, reconoció que no validó los resultados de 818 casillas, que representanapenas el 0.97% del total, pero equivalen a más de 3.7 millones de votos. Aunque oficialmente estas mesas fueron descartadas, el porqué de su exclusión aún debe documentarse ante el TEPJF.
Mientras tanto, el INE solo ha concluido el cómputo en cuatro de las seis elecciones que estaban en juego. La entrega de constancias y la declaración de elegibilidad de los futuros jueces y magistrados, las más numerosas, sigue en pausa, a la espera de una revisión detallada de cada expediente.
Desde la trinchera de estos colectivos, lanzaron su exigencia: elecciones limpias, transparentes y con consecuencias para quienes, de comprobarse, “hayan roto las reglas”.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) deberá cumplir con los requisitos internos establecidos por las autoridades electorales para mantener su registro como partido político local en la Ciudad de México, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desconociera la legitimidad de su dirigencia en la capital.
La resolución, aprobada en sesión urgente, derivó de una sentencia de la Sala Superior del TEPJF, en la cual se invalidó la representación de Nora Arias Contreras y Guillermo Domínguez Barrón como presidenta y secretario de gobierno y asuntos legislativos, respectivamente, de la entonces Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la capital del país.
Aunque la Sala Superior ratificó el registro del PRD como partido político local, con base en la resolución IECM/RS-CG-23/2024 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), emitida en octubre de 2024, precisó que la legitimidad para dicho acto correspondía a Karla López Celis, Sergio Iván Galindo Hernández y otros integrantes reconocidos de la dirección estatal.
“Se desconocen todos los actos posteriores suscritos por quienes se ostentaron indebidamente como presidenta y secretario del partido”, señala el fallo, por lo que ahora el cumplimiento de los requisitos internos y la acreditación de los actos recaerá únicamente en la dirigencia validada por el tribunal.
En caso de no cumplir, el PRD perdería su registro como partido local en la capital, aun cuando alcanzó apenas el 3 % de los votos en el proceso electoral 2024, lo que originalmente le habría permitido conservar su presencia en algunas entidades.
Cabe recordar que el PRD perdió su registro nacional en septiembre de 2024, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara que no logró ni el mínimo legal de votación del 3 % en las elecciones federales del 2 de junio donde su candidata, Xóchitl Gálvez, perdió ante la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde entonces, el debilitado partido de “izquierda” pero aliado del PAN, dejó de contar con los derechos, recursos y prerrogativas que la ley otorga a los institutos políticos nacionales, limitándose únicamente a los espacios y beneficios transitorios vigentes hasta el cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum, celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permite a los gobiernos y funcionarios públicos promover la elección judicial del próximo 1 de junio, en la que el pueblo votará por ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial de la Federación.
Durante la mañanera del pueblo, la mandataria sostuvo que la decisión del Tribunal Electoral abre la puerta para que se difunda abiertamente la información sobre este histórico ejercicio de participación democrática:
“Ya podemos hablar: el 1 de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros de la Suprema Corte. Ya vamos a poder informar nuevamente”, expresó.
Sheinbaum enfatizó que este fallo permitirá difundir los detalles sobre cómo será la jornada electoral, las características de las boletas y los mecanismos de votación: “Ya podemos explicar cómo son las boletas, cómo puede votar la gente”, señaló.
Además, informó que se retomará la difusión del material informativo aprobado por el Tribunal Electoral, tanto en medios tradicionales como en redes sociales, con el propósito de invitar a la ciudadanía a participar: “Ahorita que terminemos de preguntar vamos a volver a pasar el spot que permitió el Tribunal que pudiera pasar por televisión y redes sociales, invitando a participar”, añadió.
La decisión de la Sala Superior del TEPJF se dio tras analizar un acuerdo que establecía al Instituto Nacional Electoral (INE) como único responsable de promocionar los comicios judiciales. Sin embargo, por mayoría de votos, el Tribunal determinó que los gobiernos y servidores públicos también pueden promover este proceso, con el argumento de evitar una “elección silenciosa”.
Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes respaldaron que otras instituciones públicas puedan participar en la difusión, al considerar que la restricción total limitaría el derecho a la información de la ciudadanía.
Por el contrario, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez expresaron preocupación por una posible afectación al principio de imparcialidad si se permite a los integrantes de los tres Poderes de la Unión promover el proceso judicial.
Con este fallo, el Gobierno Federal podrá reforzar sus campañas informativas para promover la elección directa de integrantes del Poder Judicial, una de las reformas centrales impulsadas desde el movimiento de la Cuarta Transformación.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está listo para autorizar a gobiernos y servidores públicos promover el voto en la elección judicial. Sin embargo, esta difusión enfrentará limitaciones significativas y no podrá centrarse en candidaturas específicas.
Mañana miércoles se votará en sesión pública un proyecto del magistrado Felipe de la Mata. Este documento sugiere modificar los criterios de equidad establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 29 de marzo. Según el INE, la promoción del voto es responsabilidad exclusiva de este órgano.
Con la nueva propuesta, los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) podrán participar en la difusión de información relacionada con la contienda federal. Sin embargo, no podrán hacer lo mismo en relación a la renovación del poder judicial en las entidades.
Los poderes locales tampoco podrán pronunciarse sobre las elecciones federales. El proyecto de De la Mata destaca que toda promoción debe ser imparcial y con carácter institucional. No se permitirá la propaganda personalizada ni la mención de partidos políticos o candidaturas.
Los mensajes deben ser “didácticos” y se centrarán en explicar el proceso de votación. En ningún caso se podrán mostrar nombres o imágenes de candidatos. Además, cualquier promoción en internet deberá evitar mencionar el Poder que la emite.
Las autoridades deberán informar al INE sobre la publicidad correspondiente a cada Poder de la Unión o de las entidades federativas. Si los responsables de la promoción son candidatos, no podrán participar en esta difusión institucional.
El INE será la única autoridad que podrá utilizar su logo para estos fines. Los servidores públicos podrán promover la elección judicial en redes sociales. Los legisladores podrán hacerlo en otros medios, siempre que no usen recursos públicos ni muestren sesgo a favor de alguna candidatura.
El INE podrá celebrar convenios para que realice actividades de promoción en colaboración con otras autoridades. Este miércoles, la Sala Superior del TEPJF votará los proyectos de los magistrados, siendo De la Mata el encargado de analizar la mayoría de las 39 impugnaciones.
Las impugnaciones incluyen casos de la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobiernos de varios estados. La resolución mayoritaria buscará acumular las demandas y modificar el acuerdo del INE.
El INE argumenta que tiene la autoridad exclusiva para promover el voto y la participación ciudadana. En contraste, los inconformes creen que la limitación es injustificada y que el INE ha interpretado erróneamente la ley electoral.
Cualquier intento por debilitar o someter al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implica un ataque al orden legal y a nuestra democracia, y es algo que no se va a permitir, advirtió la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien sostuvo que de cara a la elección extraordinaria de personas juzgadoras, este órgano jurisdiccional revertirá los intentos por debilitar sus competencias, su estabilidad y fortaleza mediante sus sentencias debidamente fundadas y motivadas.
Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó lo sostenido por el TEPJF en el sentido de que el juicio de amparo no procede en materia electoral, y aclaró que el Tribunal Electoral en ningún momento revocó suspensiones dictadas por jueces de distrito, sino que aplicó el artículo 41 constitucional, que establece que no proceden las suspensiones, y por lo tanto no es posible frenar un proceso electoral democrático.
Tras subrayar que “el proceso electoral va y llegará a buen puerto”, la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que dentro del marco de cambios estructurales y procedimentales del sistema democrático, este Tribunal continuará vigilando el cumplimiento de las normas para resolver los litigios que se le presenten con estricto apego a derecho. Siendo garantes de la Constitución, lo somos también de la democracia, refirió.
En sesión solemne, con motivo de la presentación del Informe de Labores 2023-2024 de la Sala Regional Ciudad de México (SRCDMX) del TEPJF, afirmó que la ciudadanía debe tener la certeza de que cuenta con un Tribunal Electoral fuerte y que se sustenta en los principios y valores establecidos en la Constitución; que continuará la defensa de su autonomía, independencia y competencias, además de que sabrá defender los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera afirmó que es momento de que todas las instituciones del Estado trabajen en armonía, cada una en su esfera de competencia, a fin de consolidar un sistema judicial equitativo y sensible a las demandas de la sociedad. Agregó que el TEPJF dará en esta elección judicial de 2025 las mismas garantías de legalidad y certeza jurídica, tal como lo hizo en el 2024.
Aseveró que el TEPJF siempre ha tenido claros los límites de su competencia y se ha centrado y concentrado solo en lo que le corresponde, que es proteger el derecho al voto, de libre asociación y afiliación, y otros derechos fundamentales ligados a la democracia, como la libertad de expresión, nada más.
Por ello, Fuentes Barrera aclaró que el Tribunal Electoral no ejerció una competencia extralegal ni revocó suspensiones de jueces de distrito. Sólo se protegió lo que establece la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Una elección no puede suspenderse, agregó.
En ese sentido, dijo que no quebranta el Estado de derecho quien observa la Constitución, y eso hizo el TEPJF ante una reforma que ya está firme y una elección que debe suceder. Añadió que desde el Tribunal Electoral se continuará garantizando la certeza jurídica del proceso electoral, sin importar los intentos de deslegitimar su labor, pues el texto constitucional es claro y el compromiso con la democracia es absoluto, resaltó.
Al rendir el Informe de Labores 2023-2024, la magistrada presidenta de la SRCDMX, María Guadalupe Silva Rojas, destacó la importancia de que esta instancia jurisdiccional del TEPJF se consolide como un pilar de la democracia mexicana y una guardiana del Estado de derecho, además de que continúe garantizando de manera reflexiva e innovadora los derechos político-electorales de la ciudadanía en la cuarta circunscripción plurinominal.
Destacó que del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024, la Sala Regional recibió 3 mil 525 medios de impugnación, de los cuales resolvió 3 mil 413 en un plazo promedio de 15 días. Solo 567 resoluciones fueron recurridas ante la Sala Superior, la cual confirmó las sentencias de la SRCDMX en 98.77 por ciento de los casos.
La SRCDMX resuelve los juicios electorales de la cuarta circunscripción, que abarca los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, destacó la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como un paso clave hacia la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. En su conferencia matutina, la mandataria expresó que el fallo confirma que “en materia electoral no hay suspensiones”, lo que, en su opinión, despeja el camino para la histórica votación del 1 de junio de 2025.
Sheinbaum consideró que el pronunciamiento de la Corte fue “muy interesante”, pues devuelve a los jueces de amparo la facultad de otorgar suspensiones, pero deja claro que estas no aplican en asuntos electorales. Además, celebró que el fallo reconozca que las sanciones impuestas previamente a algunos servidores públicos no proceden.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein dijo que la resolución de la @SCJN del 13 de febrero "fue muy interesante" porque "regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones", además,… pic.twitter.com/QkgZgtNKtE
La resolución de la SCJN surge tras la solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que buscaba que al menos cuatro de los diez ministros se excusaran de votar un proyecto relacionado con la elección de 2025. Sin embargo, la Corte determinó que la petición era improcedente, permitiendo así que todos los ministros participaran en la discusión.
🚨#ÚLTIMAHORA | La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que les guste o no, LA REFORMA AL PODER JUDICIAL VA. La reforma YA PASÓ. Incluso la Corte reconoció que fue un tema ELECTORAL.
En sus declaraciones, Sheinbaum insistió en la trascendencia del proceso electoral que se avecina, asegurando que “por primera vez en México y quizá en el mundo, vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros”. Subrayó también que el Tribunal de Disciplina será clave en este cambio y llamó a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones de junio.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este jueves que es improcedente la solicitud del Tribunal Electoral para que la ministra presidenta Norma Piña y los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se excusaran de participar en la sesión sobre la elección judicial.
Esta resolución impacta e interfiere directamente en los asuntos del TEPJF y daña el proceso electoral que pretende poner al centro la voz popular. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hizo público un proyecto de sentencia en el que ordena a todas las instancias involucradas, incluido el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE), a acatar las suspensiones definitivas relacionadas con la elección.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | Por mayoría de seis votos a tres, el pleno de la @SCJN desechó la petición del @TEPJF_informa para que Norma Piña y secuaces se excusaran de participar en el debate sobre los amparos contra la reforma judicial. pic.twitter.com/tI89F1l2Q1
El debate en la SCJN mostró posturas encontradas entre los ministros. Margarita Ríos Farjat, quien llegó al máximo tribunal propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, votó en contra de la solicitud del Tribunal Electoral, alineándose con la mayoría.
En contraste, las ministras del pueblo, Lenia Batres y Loreta Ortiz, también propuestas por el exmandatario, apoyaron la petición de excusar a los cuatro ministros que pretenden obstaculizar la democratización del Poder Judicial.
En una postura firme sobre la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) carece de competencia y facultades para intervenir en disputas entre jueces y magistrados en materia electoral. Destacaron que la Constitución establece que las sentencias del TEPJF son inatacables, reafirmando su carácter de última instancia.
Durante una conferencia de prensa, Soto Fregoso lamentó la existencia de un presunto proyecto atribuido al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en el cual se describe la situación del Tribunal Electoral como una “gran tragedia” y con un tono que, según la magistrada, está escrito con “lágrimas y dolor”.
“El tribunal está juzgando con apego a lo que gramaticalmente dice la Constitución”, enfatizó Soto Fregoso, subrayando la legalidad de las resoluciones aprobadas por mayoría dentro del órgano electoral.
Asimismo, informó que a las 9:47 de la mañana de este lunes, el TEPJF envió su respuesta a la SCJN, y solicitó que los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek, Norma Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes han hecho comentarios sobre el tema en medios de comunicación, se excusen de votar el próximo 13 de febrero.
Esta declaración refuerza la defensa de la autonomía del TEPJF frente a posibles intentos de intervención por parte de la Ministra Norma Piña y su séquito de ministros conservadores que llevan meses intentando sabotear no solo el proceso electoral judicial, sino la voluntad de decenas de millones de mexicanos que votaron por las reformas de la Cuarta Transformación.
Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), invitó a sus compañeros a no ceder ante las presiones ni dejarse llevar por “olas políticas”.
También advirtió que en su posición no deben temer a las críticas ni los ataques mediáticos, pues su propósito principal es el de defender la democracia y garantizar su ejercicio por parte de todo el Pueblo de México.
Juzguemos a base del derecho; defendamos nuestra competencia jurisdiccional y no atendamos olas políticas”, solicitó la magistrada Soto.
Estas determinantes palabras las pronunció durante el informe de labores de la Sala Regional de Guadalajara. En donde también aseguró que su papel no es el de favorecer a ningún interés político en lo que se refiere al proceso rumbo a la Elección Judicial 2025, y puso como prueba las confrontaciones que han tenido al interior del tribunal.
Buscamos, sí, la interpretación más favorable al justiciable”, refiriéndose a todas y todos quienes están interesados en participar en la elección de personas juzgadoras que se llevará a cabo en México el próximo mes de junio.
También aprovechó para reiterar su rechazo a la intervención del juez de amparo que pretendía impedir el proceso de selección de candidaturas y por supuesto a todos aquellos que igualmente han sugerido que sea la SCJN quien tome una decisión con el único objetivo de retrasar todo.
El reconocimiento de nuestras facultades no es una cuestión de interpretación discrecional, no es eso, es un mandato constitucional y convencional. Negar o menoscabar esta competencia o intentar vulnerarla, así como nuestra independencia, eso será absolutamente rechazado por este Tribunal”, sentenció la magistrada Soto.
En el evento al que acudieron magistrados de salas regionales y sus colegas de la Sala Superior, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, puntualizó que los momentos que se están viviendo actualmente son definitorios y que su única preocupación, la del TEPJF, es mantener el rumbo.
El trabajo que realiza esta Sala es fundamental para consolidar la equidad en los procesos democráticos y para proteger los derechos de las personas que depositan su confianza en las salas que integramos el TEPJF”, finalizó.
