¿Puede un decreto impedir que la violencia que circula en internet termine cruzando la puerta de una escuela? En Torreón, la pregunta dejó de ser abstracta. El 1 de octubre, dos hermanos de 18 años y exalumnos de una secundaria atacaron a personal educativo y estudiantes. Una subdirectora murió y cuatro personas resultaron heridas. Las autoridades señalaron que una línea de investigación apunta a la exposición de los presuntos agresores a foros y comunidades digitales que glorifican ataques escolares. La investigación deberá esclarecer los hechos; la tragedia ya obliga a examinar el vínculo entre violencia, entornos digitales y prevención.
Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo interinstitucional coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal e integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Centro Nacional de Inteligencia, instituciones académicas como la UNAM y el IPN, y especialistas. Su objetivo es preparar un decreto para que las plataformas detecten, reporten y retiren oportunamente contenidos que inciten directamente a la violencia. La presidenta también anunció el fortalecimiento de ABC de las emociones, buzones confidenciales en escuelas y acciones para involucrar a madres y padres. Harfuch añadió que el CNI reforzaría el monitoreo de redes, mensajería y foros para identificar amenazas concretas y posibles llamados a la violencia. Según lo informado, el grupo comenzaría a trabajar la semana siguiente; no se precisó una periodicidad para evaluar el decreto.
La propuesta presidencial busca reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a mensajes que exaltan ataques o convocan a agredir, y acelerar la respuesta ante amenazas identificables. Europa ofrece evidencia de que la regulación puede ayudar, aunque no resolver el problema por sí sola. En Alemania, un estudio sobre la ley NetzDG encontró una reducción de publicaciones de odio y un descenso en ciertos delitos de odio contra personas refugiadas. En la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales combina obligaciones para las plataformas con el derecho de los usuarios a apelar decisiones de moderación. Cerca de 50 millones de decisiones fueron revertidas tras reclamaciones internas. El aprendizaje es doble: las reglas pueden limitar la circulación de contenidos dañinos, pero deben permitir corregir retiros injustificados.
Trasladar esos modelos a México exige cautela. Una definición ambigua de “incitación a la violencia” podría llevar a las plataformas a retirar críticas, sátiras o expresiones que no constituyen amenazas. Además, empresas globales como Meta, TikTok, X y Google operan con algoritmos y protocolos que suelen aplicarse en distintos países. Una regulación nacional puede tener un alcance limitado para modificar sistemas diseñados a escala mundial. Por eso, como complemento de la iniciativa presidencial, propondría que México impulse acuerdos con países de América Latina: una posición regional podría dar mayor fuerza a la solicitud de adaptar las respuestas de las plataformas a los riesgos locales.
La moderación en plataformas abiertas tampoco elimina todos los canales de circulación. Si se retiran publicaciones de redes sociales, parte del contenido podría trasladarse a grupos privados de Telegram o WhatsApp. En estos servicios, el cifrado de extremo a extremo dificulta que la propia plataforma revise el contenido de los mensajes; aplicar ahí el mismo tipo de detección plantearía riesgos para la privacidad. La respuesta no puede ser una vigilancia generalizada. Como complemento, propondría informes públicos cada seis meses sobre reportes, retiros, tiempos de respuesta y apelaciones, además de una revisión de resultados después de 18 meses. También propongo canales prioritarios de alerta para autoridades educativas, fiscalías y especialistas. Conviene fortalecer la detección de amenazas concretas, con protocolos y supervisión que protejan derechos, y valorar reformas legales con sanciones proporcionales y vías independientes de apelación.
Nada de esto sustituye el trabajo cotidiano en hogares y escuelas. Los buzones confidenciales y ABC de las emociones solo serán útiles si hay personal preparado para escuchar y atender lo que reciben; las familias necesitan orientación para conversar sobre lo que sus hijas e hijos encuentran en línea. La regulación presidencial puede ser el primer paso. Para que se convierta en una política eficaz, propongo complementarla con evaluación pública, cooperación regional y prevención cercana a los jóvenes. La tecnología puede retirar una publicación; evitar la tragedia exige que, antes, alguien reconozca la señal y sepa qué hacer.
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