La gobernadora de Chihuahua enfrenta cuestionamientos tras la detención de su exfiscal por presunta traición a la patria, mientras testimonios y peritajes federales apuntan a la participación de agentes estadounidenses armados en un operativo contra un narcolaboratorio.
La gobernadora panista Maru Campos responsabilizó al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y a otros funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) por actuar sin informarle sobre un operativo que habría involucrado a agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En entrevista con Latinus, calificó lo ocurrido como una “caja de Pandora” y afirmó que esa actuación “no se puede perdonar”.
Campos sostuvo que el caso la colocó en una confrontación con el Gobierno federal y con la presidenta de México, pese a que, aseguró, antes no había tenido problemas con ella. También cuestionó si otras acciones pudieron realizarse sin su conocimiento y señaló que las investigaciones de la FGE y la Fiscalía General de la República (FGR) están próximas a concluir.
El escándalo se relaciona con un operativo del 19 de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, donde autoridades estatales desmantelaron un presunto narcolaboratorio. La FGR acusa a Jáuregui de presunta traición a la patria por irregularidades relacionadas con el despliegue. Aunque fue detenido, un juez le permitió enfrentar el proceso en libertad, con medidas cautelares, entre ellas presentarse periódicamente y entregar su pasaporte y visa estadounidense.
La defensa del exfiscal y su familia acusaron a la gobernadora de traicionarlo. Su abogado, Luis Villegas Montes, cuestionó la actuación de Campos, mientras que Angélica Moreno, esposa de Jáuregui, calificó como una “aberración” la conducta de la mandataria.
De acuerdo con testimonios y peritajes integrados a la investigación federal, agentes estadounidenses habrían participado armados en desplazamientos tácticos durante el operativo. Un dictamen de criminalística señaló que no se encontró documentación que justificara legalmente la intervención; además, registros de vehículos y videovigilancia apuntarían a la presencia de los extranjeros en instalaciones oficiales. La Sedena, por su parte, afirmó que solo brindó seguridad periférica a petición de la fiscalía estatal. Las responsabilidades de los involucrados deberán determinarse en el proceso judicial.
