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Etiqueta: Tribunal de Disciplina Judicial

  • Funcionario público sancionado por robo de nómina

    Funcionario público sancionado por robo de nómina

    Un coordinador técnico administrativo del Poder Judicial fue inhabilitado por tres años tras sustraer el salario de un compañero.

    El Tribunal de Disciplina Judicial ha hecho un llamado claro: quien traiciona la confianza en el servicio público enfrentará consecuencias. Así lo afirmó el magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina. Este mensaje cobra importancia tras la reciente sanción a un funcionario que robó el salario de un compañero.

    El caso se originó en un juzgado federal, donde un coordinador técnico administrativo cambió de manera indebida la CLABE interbancaria de su colega. Este acto no solo fue una falta de ética, sino también un abuso de sus funciones. La suma robada fue recuperada por otras personas que, tras recibirla, la entregaron al funcionario sancionado.

    La investigación comenzó el 7 de abril de 2025. Durante el proceso, se aplicaron protocolos y pruebas técnicas. Estas medidas permitieron identificar al responsable del cambio irregular en la CLABE. Además, se demostró que el salario del compañero afectado terminó en cuentas bancarias de terceros.

    En la sesión del 19 de mayo de 2026, la Comisión de Disciplina determinó la responsabilidad del coordinador. Por esta razón, decidió imponer una inhabilitación de tres años. Esta sanción le impide desempeñar cualquier cargo en el servicio público durante ese tiempo.

    El magistrado León Tovar reafirmó su compromiso de actuar con firmeza y rápida en casos de corrupción. Para él, mantener la integridad en el Poder Judicial es primordial. La disciplina y la justicia son principios que no se deben negociar.

  • TDJ presenta parámetros para evaluar jueces y magistrados elegidos por voto popular en CDMX

    TDJ presenta parámetros para evaluar jueces y magistrados elegidos por voto popular en CDMX

    El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México presentó los parámetros bajo los cuales serán evaluados los jueces y magistrados elegidos por voto popular. 

    El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México tiene por objeto la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales, así como la evaluación y seguimiento del desempeño de las personas magistradas y juzgadoras.

    El Tribunal de Disciplina Judicial deberá llevar a cabo la evaluación de 132 nuevas personas juzgadoras electas por voto popular, quienes deberán acreditar los estándares establecidos para permanecer en el cargo.

    El Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial inició el primer proceso de evaluación a los 840 jueces y magistrados electos por voto popular el año pasado, quienes en una primera fase fueron sometidos a un examen teórico – práctico.

    La evaluación deriva del mandato de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, de las leyes secundarias, con el propósito de fortalecer la profesionalización de quienes imparten justicia, asegurar la calidad del desempeño judicial y mejorar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

    El examen teórico – práctico realizado a personas juzgadoras electas consiste en visitas presenciales, evaluación por objetivos, análisis del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, análisis de indicadores de rendimiento, revisión de las sentencias emitidas, encuestas de satisfacción a usuarios del sistema de justicia y a los servidores públicos que se encuentren dentro del órgano jurisdiccional.

    El Tribunal de Disciplina Judicial aclaró que el mecanismo no interfiere en la independencia judicial ni en el contenido de las resoluciones, ya que su finalidad es evaluar el desempeño profesional y el cumplimiento de responsabilidades institucionales.

    Durante su primer año de funciones, los jueces y magistrados están sujetos a la evaluación de su desempeño por el Tribunal de Disciplina, quien según el resultado puede ordenar medidas correctivas; si no se cumplen o no resultan satisfactorias, impondrá una suspensión de hasta un año o, en casos más graves, la destitución definitiva del funcionario.

    Las decisiones del Tribunal serán definitivas e inatacables, lo que significa que no podrán ser apeladas ni impugnadas y tampoco se podrá interponer amparo contra sus resoluciones.

    El Acuerdo General 6/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2026, establece las bases para la creación, organización y funcionamiento del órgano encargado de evaluar el desempeño judicial.

  • Suspenden a juez federal por favorecer a empresa y ordenar desbloqueo irregular de cuentas bancarias

    Suspenden a juez federal por favorecer a empresa y ordenar desbloqueo irregular de cuentas bancarias

    El Tribunal de Disciplina Judicial determinó que la permanencia del juzgador podría afectar la impartición de justicia tras detectar posibles actos de parcialidad en un amparo relacionado con más de 320 millones de pesos.

    El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendió de manera temporal a un juez federal tras detectar posibles irregularidades y falta de imparcialidad al favorecer a una empresa que buscaba descongelar cuentas bancarias aseguradas por más de 320 millones de pesos.

    De acuerdo con la resolución, los magistrados consideraron que la permanencia del juzgador podría provocar una afectación grave en la impartición de justicia, al generar dudas sobre su actuación profesional y su neutralidad en el proceso. La suspensión permanecerá vigente mientras concluye la investigación administrativa para determinar si se aplican sanciones disciplinarias.

    Las indagatorias señalan que una empresa particular promovió un juicio de amparo contra un Juzgado Civil de la Ciudad de México, luego de que sus cuentas fueran aseguradas como garantía por un adeudo superior a 320 millones de pesos, derivado de un contrato de adquisición de insumos con una secretaría del Gobierno federal.

    El Órgano Investigador del TDJ detectó que el juez denunciado habría actuado con parcialidad al conceder una suspensión provisional que ordenaba levantar el aseguramiento de todas las cuentas bancarias de la empresa, permitiéndole disponer libremente de los recursos mientras se resolvía el litigio.

    Posteriormente, un Tribunal Colegiado corrigió la determinación, instruyendo que el desbloqueo solo aplicara sobre el excedente de la garantía del contrato, con el objetivo de evitar daños irreparables a la parte afectada. Sin embargo, el juez volvió a conceder una suspensión definitiva que liberaba nuevamente la totalidad de las cuentas, lo que encendió las alertas dentro del órgano disciplinario.

    Además, el expediente revela que el juzgador retrasó el trámite de una queja presentada contra la ampliación de la demanda de amparo, provocando que el recurso quedara sin efecto al dictarse sentencia antes de que fuera resuelto. Por ello, el Tribunal de Disciplina Judicial ordenó continuar con la investigación, que podría derivar en un procedimiento administrativo y posibles sanciones contra el juez federal.

  • Sancionan a juez que favoreció a Cabeza de Vaca; un año inhabilitado por faltas graves

    Sancionan a juez que favoreció a Cabeza de Vaca; un año inhabilitado por faltas graves

    El Tribunal de Disciplina Judicial determinó que el juzgador incurrió en irregularidades sistemáticas al otorgar suspensiones que evitaron la detención del exgobernador de Tamaulipas.

    La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) inhabilitó por un año al juez federal Fernando “A”, tras acreditar faltas graves en el ejercicio de su función jurisdiccional relacionadas con resoluciones que beneficiaron al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

    De acuerdo con el organismo, el procedimiento derivó de una queja presentada en abril de 2024 por un diputado federal, en la que se denunciaron actos y omisiones que afectaron la administración de justicia. La Comisión concluyó que el juez emitió resoluciones en contravención expresa de la ley e ignoró constancias esenciales dentro de los expedientes.

    El presidente de la Comisión, Rufino H. León Tovar, precisó que la sanción no responde a un criterio jurisdiccional, sino a la emisión de fallos contrarios al marco legal. Entre las irregularidades se encuentra la concesión de una suspensión definitiva con efectos restitutorios para que una autoridad municipal expidiera una constancia de residencia sin verificar requisitos legales.

    Asimismo, el juez otorgó suspensiones provisionales y definitivas para impedir la separación del cargo de un Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en Tamaulipas y frenar procedimientos administrativos en su contra. En otro amparo, concedió protección contra una orden de aprehensión y evitó que se suspendieran derechos político-electorales del quejoso o se le considerara prófugo.

    El TDJ determinó que las conductas no fueron hechos aislados, sino actuaciones sistemáticas con errores inexcusables, incluso en desacato a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), impactando otros procesos jurisdiccionales.

    La resolución establece que el juez queda inhabilitado por un año para ocupar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales. León Tovar subrayó que estas acciones lesionan la confianza pública en el Poder Judicial y advirtió que no habrá impunidad ni privilegios cuando se transgreda la ley.

  • Arranca evaluación nacional a jueces electos del Poder Judicial

    Arranca evaluación nacional a jueces electos del Poder Judicial

    Los jueces y magistrados electos en junio pasado enfrentarán exámenes teórico-prácticos y revisiones de desempeño, en un proceso que busca medir capacidad, eficiencia y abatimiento de rezago judicial.

    A partir del lunes 9 de febrero, inicia la evaluación formal de jueces y magistrados electos en junio de 2025, un proceso que pretende medir su desempeño real en la impartición de justicia, tras poco más de cuatro meses en funciones. La revisión estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, con exámenes diseñados por el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.

    El procedimiento incluye un examen teórico-práctico, que se aplicará desde las 10:00 horas, y evaluará conocimientos jurídicos, resolución de casos y manejo del rezago de expedientes, uno de los principales problemas estructurales del sistema judicial. Los juzgadores evaluados asumieron el cargo el 17 de septiembre de 2025, luego de ser asignados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) a sus respectivos órganos jurisdiccionales.

    Para quienes ya ejercían como jueces o magistrados antes del proceso electoral del 1 de junio, la evaluación será distinta. En estos casos se aplicará una revisión de seguimiento regular, acompañada de visitas presenciales o digitales, que también incluirán a secretarios de acuerdos y actuarios, como parte de los controles permanentes de desempeño.

    Las autoridades judiciales informaron que el contenido de la prueba permanecerá bajo resguardo, con el objetivo de evitar filtraciones o ventajas indebidas para personas cercanas a quienes tengan acceso a la información. La intención, aseguran, es garantizar imparcialidad y equidad en el proceso.

    En caso de que algunos juzgadores no obtengan calificaciones aprobatorias, la evaluación no implicará sanciones inmediatas. Servirá, en primer término, para detectar áreas de capacitación, diseñar cursos específicos y ofrecer una segunda oportunidad de evaluación, reforzando la profesionalización del nuevo Poder Judicial.

    Este ejercicio marca un precedente clave tras la elección judicial, al poner a prueba si el cambio en el mecanismo de designación se traduce en mejor desempeño, mayor eficiencia y una justicia más cercana a la ciudadanía.

  • PJF castiga acoso y violencia laboral: suspenden, inhabilitan y destituyen a 16 funcionarios en CDMX

    PJF castiga acoso y violencia laboral: suspenden, inhabilitan y destituyen a 16 funcionarios en CDMX

    El Tribunal de Disciplina Judicial acreditó conductas misóginas, acoso sexual y abuso de poder dentro de la Unidad de Notificadores de Tribunales Colegiados.

    El Poder Judicial de la Federación (PJF) sancionó a 16 funcionarios adscritos a la Ciudad de México por violencia laboral y acoso, tras una investigación encabezada por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) a través de su Comisión de Disciplina. Entre los responsables se encuentran dos jefes de la Unidad de Notificadores y 14 auxiliares de actuarios de la Unidad de Notificadores Común de Tribunales Colegiados de Circuito.

    De acuerdo con el TDJ, 13 servidores públicos recibieron suspensiones de entre 30 y 90 días, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por periodos que van de tres meses a un año. En tanto, otros tres funcionarios fueron destituidos por causas previstas en la ley, derivadas de la gravedad de las conductas acreditadas.

    El magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, afirmó que en el PJF “no hay intocables” y que se aplicará todo el peso de la ley, sin importar el cargo de quienes infrinjan la norma. La resolución se sustentó en pruebas documentales y testimoniales presentadas por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

    Durante la sesión, se acreditó que los sancionados ejercían de forma reiterada violencia laboral contra personal subordinado y compañeros, mediante lenguaje altisonante, amenazas, intimidaciones y comportamientos agresivos. El expediente también contiene constancias de conductas misóginas y de connotación sexual no consentida, incluyendo contacto físico indebido, que vulneraron la esfera íntima de las víctimas.

    Asimismo, se comprobó acoso laboral sistemático, como grabaciones, fotografías, seguimiento y vigilancia sin consentimiento, incluso hacia un superior jerárquico. En un caso específico, se acreditó acoso sexual reiterado, con comentarios y acercamientos físicos no consentidos, generando un entorno laboral hostil. También se documentó el uso indebido de personas externas para realizar notificaciones, desacato a órdenes y la asistencia al trabajo en condiciones inaceptables para el servicio público.

  • Juez federal de Guerrero es inhabilitado por usar a la Guardia Nacional en un pleito personal

    Juez federal de Guerrero es inhabilitado por usar a la Guardia Nacional en un pleito personal

    El Tribunal de Disciplina Judicial confirmó que el juzgador desvió recursos del Estado, incurrió en acoso sexual y hostigamiento laboral, y utilizó personal armado para cobrar una deuda privada.

    El Tribunal de Disciplina Judicial determinó la inhabilitación por un año de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero, tras comprobarse graves faltas administrativas, entre ellas acoso sexual, hostigamiento laboral y el uso indebido de recursos públicos, incluyendo personal del Ejército y la Guardia Nacional, para resolver un conflicto de carácter privado.

    De acuerdo con la resolución, el 21 de septiembre de 2022 el juez solicitó la compañía de una oficial judicial, una unidad blindada oficial y dos elementos armados, sin informarles el objetivo del traslado. El convoy se dirigió a un domicilio particular, donde el juzgador intentó recuperar un vehículo que, según su versión, había intercambiado con un integrante de la Secretaría de Marina a cambio de dinero que no le fue entregado.

    En el lugar, el juez encaró a dos mujeres, familiares del marino, exigiendo la entrega del automóvil y solicitando incluso una grúa, pese a no contar con orden judicial. La presencia de personal armado provocó el rechazo de vecinos del condominio, quienes cuestionaron la legalidad del operativo y exigieron el retiro inmediato.

    La tensión aumentó cuando, por instrucciones del juzgador, uno de sus acompañantes realizó llamadas que derivaron en la llegada de tres camionetas de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, con varios agentes, agravando el conflicto. La disputa concluyó solo después de que el padre del marino confirmara una transferencia bancaria, verificada por el propio juez, quien entonces ordenó la retirada del personal y los vehículos oficiales.

    Además del incidente, el Tribunal acreditó acoso sexual contra una subordinada y hostigamiento laboral contra dos colaboradores. El presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, subrayó que cualquier abuso de poder será sancionado, reiterando el compromiso institucional de erradicar la corrupción y proteger la integridad del sistema judicial.

  • Revocación para jueces

    Revocación para jueces

    La ministra Lenia Batres propone que la ciudadanía pueda revocar a jueces, magistrados y ministros por bajo desempeño, como medida de vigilancia y transparencia.

    La ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama, presentó la idea durante una entrevista con El Debate, pues aseguró que la nueva Corte debe sentir la vigilancia de la ciudadanía para dar resultados.

    Batres propone incorporar un mecanismo de revocación de mandato para corregir casos de bajo desempeño sin llegar a la destitución o a la inhabilitación. No es suficiente la buena voluntad, nunca. La transparencia y la vigilancia, que los juzgadores se sepan vigilados, afirmó.

    Batres pidió observar el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial. Señaló que aún falta ver si ese órgano cumple su tarea de supervisión. Por tanto, planteó analizar ajustes a la reforma judicial para fortalecer esa vigilancia.

    La ministra celebró que la Corte se formó con ministros electos por la ciudadanía, ya que asegura, esta medida reduce la politización y acerca al Poder Judicial a las preocupaciones sociales. “La Corte vive una etapa inédita”, comentó.

    Batres añadió que la Corte resuelve hoy casos que datan de 2008 a 2011, sobre todo asuntos de créditos fiscales. Además, la eliminación de dos Salas aumentó la carga de trabajo, lo que ha obligado a sesiones más largas y a debates más intensos.

    La ministra recordó que detrás de cada fallo hay personas afectadas, por lo que pidió que la sociedad mantenga la atención y la participación. A su juicio, la transparencia crea confianza y mejora la justicia.

  • PJF garantiza defensa de los derechos de las mujeres

    PJF garantiza defensa de los derechos de las mujeres

    El Tribunal de Disciplina Judicial promete aplicar la ley con rigor ante cualquier afectación a los derechos femeninos, al conmemorar el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres.

    El Poder Judicial de la Federación (PJF) se comprometió a proteger los derechos de las mujeres y a actuar con firmeza ante cualquier violación. La Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, hizo esta declaración durante el conversatorio “Justicia libre de violencia: el compromiso institucional con la igualdad”.

    Este evento se enmarca en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres y el comienzo de los 16 Días de Activismo. Maya García enfatizó que no hay espacio para actitudes que perjudiquen a las mujeres dentro del PJF. Aseguró que cualquier infractor enfrentará consecuencia enérgicas según la ley.

    La Magistrada también mencionó la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre la violencia de género. Expresó su apoyo a las mujeres que viven en el temor diario debido a situaciones de riesgo. “Los tribunales son un recurso esencial para hacer justicia”, afirmó.

    Indira Isabel García Pérez, moderadora del evento, reafirmó que el Poder Judicial luchará incansablemente contra la violencia hacia las mujeres. Reconoció el alarmante aumento en los asesinatos de mujeres y niñas. Al mismo tiempo, se comprometió a que se seguirán protocolos internacionales para su prevención.

    Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, reconoció el papel crítico del PJF en la garantía de igualdad y en la lucha contra la discriminación hacia las mujeres.

    Claudia Ivette García Flores, periodista y analista política, abordó la responsabilidad de los medios. Destacó la importancia de una cobertura informativa que evite la revictimización. Este enfoque es esencial para alentar a las mujeres a denunciar.

    Georgina Yemara López Hernández, académica, propuso que este es un momento clave para reflexionar sobre las políticas públicas con perspectiva de género.

    Antes de concluir el evento, la Magistrada Celia Maya García, acompañada de otros magistrados, iluminó el edificio del TDJ en color naranja. Esta acción simboliza esperanza y el compromiso del tribunal para erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Con ello, se suma a una campaña internacional, reafirmando así su dedicación a la igualdad y la justicia sin violencia.

  • Suspenden a jueza por irregularidades en juicio de amparo

    Suspenden a jueza por irregularidades en juicio de amparo

    El Tribunal de Disciplina Judicial suspende temporalmente a una jueza del Estado de México por posibles faltas en el caso de Florian Tudor, acusado de fraude.

    El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación ha tomado una decisión radical. Ha suspendido temporalmente a una jueza federal del Estado de México debido a presuntas irregularidades en su manejo de un caso de amparo. Este caso involucra a Florian Tudor, acusado de liderar una banda dedicada al fraude a través de la clonación de tarjetas en centros turísticos.

    La suspensión fue solicitada por el titular del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Se alegó que la actuación de la jueza entorpecía los procedimientos de extradición y otorgaba beneficios cuestionables a Tudor. La denuncia mencionó que, en un juicio de amparo, la jueza debía limitar la suspensión específicamente a la orden de extradición, sin extenderla a otros beneficios.

    Sin embargo, la jueza actuó de manera contraria, al fijar el lugar de reclusión para Tudor. Esta decisión transgredió responsabilidades que, según la ley, corresponden a las autoridades penitenciarias. Estas autoridades son las encargadas de garantizar la seguridad y gobernabilidad en los centros de reclusión.

    Durante una sesión privada reciente, el TDJ, presidido por el magistrado Rufino H. León Tovar, decidió suspender a la funcionaria judicial hasta que se concluya la investigación. León Tovar enfatizó que no se tolerarán conductas que afecten la administración de justicia y que ponen en riesgo el Estado de derecho. La situación destaca la importancia de mantener la integridad en el sistema judicial.