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Por Luis Piña

En el ámbito de la política internacional, la casualidad es un concepto inexistente. Los acontecimientos rara vez se explican de forma aislada; casi siempre responden a maniobras de mayor envergadura negociadas lejos del escrutinio público.

Bajo esta premisa debe interpretarse la reciente agresión de Estados Unidos contra Venezuela. No se trata de un evento fortuito, sino de un movimiento estratégico dentro de un reacomodo geopolítico que se disputa simultáneamente en múltiples tableros.

El bombardeo a territorio venezolano constituye un punto de quiebre histórico. Y eso hay que decirlo en voz alta. ¿Y sabe por qué? Porque en pleno siglo XXI, no es habitual —y mucho menos aceptable— que una potencia ataque abiertamente a una nación latinoamericana.

Lamentablemente, la región tiene un largo historial de intervenciones, y lo ocurrido revive una memoria colectiva que se pretendía superada: la de América Latina utilizada como campo de presión y demostración de fuerza cuando los intereses estratégicos de Washington se ven comprometidos. Y este es el caso.

Resulta (espeluznantemente) revelador que este episodio coincida con los esfuerzos de Estados Unidos por mediar en una salida negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Las recientes conversaciones de Donald Trump con Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, hasta donde podemos ahondar, sugieren un intento por acercar posturas en un conflicto que ha reconfigurado el mapa energético y militar de Europa. A primera vista, la situación parece contradictoria —¿diálogo en Europa mientras caen bombas en América Latina?—, pero la incoherencia desaparece al analizar el trasfondo.

Rusia ha sido taxativa en sus exigencias para cesar las hostilidades: la neutralidad de Ucrania fuera de la OTAN y el reconocimiento de los territorios ocupados, regiones ricas en gas y petróleo. No nos hagamos los desentendidos.

El control de estos recursos es vital para consolidar la hegemonía rusa frente a Occidente.

Y es aquí donde Venezuela se vuelve una pieza clave de la ecuación. Caracas y Moscú mantienen una alianza estratégica fundamentada en la cooperación militar y energética; Venezuela ha sido un socio logístico fundamental para Rusia, especialmente bajo el peso de las sanciones internacionales.

Por lo tanto, ejercer presión militar sobre el país caribeño no solo tiene un impacto regional, sino que envía un mensaje duro y directo al Kremlin: sus aliados estratégicos son vulnerables.

Y suerte una pregunta: ¿Washington podría estar dispuesto a consentir un acuerdo donde Ucrania ceda territorio a cambio de contener la influencia rusa en otras latitudes?

En este esquema de “paz compensatoria”, Venezuela se convierte en moneda de cambio y en una advertencia sobre los límites del margen de maniobra de Moscú fuera de sus fronteras inmediatas.

Estas negociaciones de alta (y canibalesca) política no se anuncian en conferencias de prensa ni se firman ante las cámaras; se decifran en la sincronía de las decisiones y en los silencios diplomáticos. Por ello, resulta ingenuo considerar el ataque a Venezuela como un hecho desconectado de la guerra en Ucrania o de la disputa energética mundial.

Lo preocupante es que, una vez más, América Latina sea reducida a un escenario secundario para disputas ajenas. Las consecuencias, sin embargo, son devastadoras y tangibles: la desestabilización regional y el sufrimiento de la población civil.

La historia es implacable al demostrar que, cuando las potencias negocian, rara vez consideran el bienestar de los pueblos que quedan atrapados en el fuego cruzado.

Si el mundo avanza hacia una paz pactada en Europa, sería una ironía sangrienta que esta se cimente sobre nuevas hostilidades en el Sur Global. No hay coherencia en un orden internacional que promueve la diplomacia en un continente mientras normaliza el uso de la fuerza en otro. Al final, ninguna paz es auténtica si se edifica sobre la violencia selectiva y el sacrificio de las naciones de siempre. Y eso lo sabe perfectamente la administración de Donald Trump.