La denunciante asegura que existen pruebas periciales, incluida una muestra de ADN, pero el proceso permanece estancado desde 2024 por aplazamientos y presuntas irregularidades judiciales.
Una mujer identificada como Clara Yesenia, presunta víctima de abuso sexual, denunció a la jueza de control Marbella Doporto Orozco, adscrita al juzgado penal oral de primera instancia de Chetumal, Quintana Roo, por haber diferido en 17 ocasiones la audiencia inicial para imputar al presunto responsable. La denunciante sostiene que los constantes aplazamientos han impedido que el caso avance, pese a que la carpeta de investigación fue abierta desde 2024.
De acuerdo con su testimonio, la víctima afirma contar con pruebas suficientes, entre ellas una muestra de ADN que, asegura, acreditaría la agresión sexual. Sin embargo, dos años después de los hechos, la audiencia inicial sigue sin celebrarse. Ante esta situación, presentó un recurso de revocación, que fue admitido parcialmente, además de interponer quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales —asegura— no han tenido respuesta. También analiza acudir al Tribunal de Disciplina Judicial.
Clara Yesenia denunció que el proceso ha estado marcado por una serie de prácticas dilatorias. Señaló que el imputado ha cambiado y reincorporado a su abogado, alegado enfermedades en varias ocasiones y argumentado la incapacidad de su defensa para asistir a las audiencias. A ello se suman, según la denunciante, omisiones atribuibles al propio juzgado, como la falta de notificación al acusado, audiencias canceladas por conflictos de agenda, cambios de fiscales y periodos sin un Ministerio Público asignado al expediente.
La mujer sostuvo que estas irregularidades constituyen un caso de violencia institucional, ya que, lejos de garantizar el acceso a la justicia, el sistema ha prolongado innecesariamente el proceso. También rechazó versiones que indicaban que había sido drogada el día de la agresión, al señalar que los estudios médicos practicados en el Hospital General de Chetumal descartaron la presencia de sustancias en su organismo. Añadió que los exámenes médicos sí confirmaron indicios de abuso sexual y recordó que el presunto agresor incluso la llamó por teléfono mientras permanecía hospitalizada para negar los hechos.
La denunciante explicó que buscó apoyo a través del programa “La Voz del Pueblo”, encabezado por la gobernadora Mara Lezama, pero aseguró que, aunque fue contactada por representantes de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ninguna dependencia ofreció una solución concreta. Además, criticó que la jueza ordenara a su defensa abstenerse de difundir información del caso en redes sociales, mientras la propia Fiscalía suele hacer públicos los nombres de personas investigadas.
Con información de Patricia Vázquez para La Jornada.
