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Etiqueta: Violencia

  • Suman cinco alcaldes asesinados durante el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca

    Suman cinco alcaldes asesinados durante el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca

    Las cifras reflejan una escalada de violencia contra autoridades municipales, líderes sociales e indígenas; además, se contabilizan más de 3 mil muertes violentas desde diciembre de 2022.

    La violencia en Oaxaca continúa dejando una profunda huella durante la administración del gobernador Salomón Jara Cruz. De acuerdo con cifras oficiales, cinco presidentes municipales en funciones, ocho exalcaldes, nueve líderes sindicales y 21 activistas, defensores indígenas y representantes comunitarios han sido asesinados entre diciembre de 2022 y julio de 2026. A ello se suman más de 3 mil muertes violentas, con al menos 310 mujeres y 2 mil 800 hombres privados de la vida en ese periodo.

    Entre los alcaldes asesinados destacan Joaquín Martínez López, de Chahuites; Román Ruiz Bohórquez, de Candelaria Loxicha; Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec; Lilia García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas; y Joel Bravo Martínez, edil de San Miguel Amatitlán, cuyo homicidio fue reportado en junio de este año. La serie de ataques contra autoridades municipales ha encendido las alertas sobre las condiciones de seguridad en distintas regiones del estado.

    La violencia también ha alcanzado a exfuncionarios municipales. En los últimos cuatro años fueron asesinados ocho exediles, entre ellos Manuel Guzmán Carrasco, Roberto Salinas Santiago, Javier Cruz Jiménez, Erasmo Rodolfo Medina Ruiz, Silvestre Vázquez Sánchez, Francisco Fidel Gijón Vázquez, Carlos Orocio Cruz y Pedro Martínez Barroso, este último ultimado el pasado 13 de julio.

    A este panorama se agregan los homicidios de nueve dirigentes sindicales y 21 activistas, defensores del territorio, líderes indígenas y representantes comunitarios, varios de ellos vinculados a organizaciones sociales y comunidades originarias. Entre las víctimas figuran defensores de derechos humanos, integrantes del movimiento triqui y representantes comunales que perdieron la vida en distintos ataques ocurridos entre 2023 y 2026.

    Las cifras oficiales también muestran la dimensión de la violencia generalizada en Oaxaca. Durante la actual administración estatal se han registrado entre 70 y 80 homicidios mensuales, lo que arroja un saldo de más de 3 mil personas asesinadas. Este contexto mantiene bajo escrutinio la estrategia de seguridad en la entidad, mientras diversos sectores continúan exigiendo acciones para frenar la violencia que afecta tanto a autoridades como a líderes sociales y a la población.

  • Argentinos agreden a aficionados de Inglaterra en Miami

    Argentinos agreden a aficionados de Inglaterra en Miami

    Videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de hinchas argentinos iniciando agresiones dentro y fuera del estadio tras la clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026.

    La previa del Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026 quedó marcada por la violencia luego de que aficionados argentinos protagonizaran dos incidentes contra seguidores ingleses en Miami, donde la selección de los Three Lions derrotó a Noruega para avanzar a las semifinales.

    El primer altercado ocurrió en las tribunas del Miami Stadium, donde, de acuerdo con videos que se viralizaron en redes sociales, hinchas con camisetas de Argentina iniciaron una pelea contra aficionados ingleses durante la segunda mitad del encuentro. La situación obligó a la intervención de personal de seguridad y de la policía, que retiró a varios de los involucrados.

    Horas más tarde se registró un segundo episodio fuera del estadio. En videos compartidos por asistentes se observa cómo un grupo de aficionados argentinos fue a buscar a seguidores de Inglaterra que celebraban la victoria sobre Noruega en calles de Miami y comenzó a agredirlos físicamente, provocando momentos de tensión que también requirieron la presencia de las autoridades.

    Los incidentes han generado críticas en redes sociales, donde usuarios reprocharon la actitud de los grupos de aficionados argentinos por trasladar la histórica rivalidad futbolística al terreno de la violencia. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre sanciones derivadas de estos hechos.

    La FIFA mantiene una política de cero tolerancia frente a la violencia en los estadios y sus alrededores, por lo que los responsables podrían enfrentar desde la expulsión de los recintos hasta la prohibición de asistir a futuros partidos del torneo. Los hechos incrementan la preocupación por la seguridad de cara a la semifinal entre Argentina e Inglaterra, uno de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo.

    Hasta ahora, ni la FIFA ni las autoridades de Miami han emitido un posicionamiento oficial sobre los incidentes, aunque las imágenes continúan circulando ampliamente y alimentan el debate sobre el comportamiento de algunos sectores de la afición argentina.

  • Vinculan a proceso al violento alcalde panista de Metepec; seguirá en el cargo

    Vinculan a proceso al violento alcalde panista de Metepec; seguirá en el cargo

    Una jueza determinó que existen elementos para continuar el proceso penal contra Fernando Flores, quien presuntamente utilizó escoltas y recursos públicos para irrumpir en un club deportivo.

    El alcalde de Metepec, Fernando Flores, fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso de autoridad, luego de que una jueza del Estado de México considerara que existen elementos suficientes para continuar la investigación por los hechos ocurridos el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción. Pese al proceso judicial, el edil confirmó que permanecerá al frente del Ayuntamiento.

    Al término de la audiencia celebrada en Almoloya de Juárez, el presidente municipal rechazó solicitar licencia y aseguró que seguirá desempeñando sus funciones. “Sigo siendo alcalde”, afirmó. Más tarde, a través de sus redes sociales, sostuvo que respetará la resolución judicial y ejercerá su derecho a la defensa, al tiempo que reiteró su compromiso con la administración municipal.

    De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio Público, el caso se originó tras un conflicto familiar en el Club Deportivo La Asunción. Según la investigación, Fernando Flores acudió al lugar acompañado por escoltas de la Policía Municipal y presuntamente se identificó como autoridad para ingresar al inmueble. El juzgado señaló que existen indicios de que el alcalde ordenó a dos de sus elementos abrir la puerta, utilizando recursos humanos y materiales del Ayuntamiento.

    Como parte de la resolución, la jueza concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, que concluirá el 3 de septiembre. Asimismo, determinó que el alcalde enfrentará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir con las medidas cautelares previamente impuestas, entre ellas no acercarse al lugar de los hechos y presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares.

    La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, sino que la autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal. En los próximos meses, la Fiscalía y la defensa presentarán nuevas pruebas para determinar la responsabilidad del alcalde de Metepec en los hechos que se le imputan.

  • Detienen a exfuncionario de Samuel García acusado de violencia vicaria

    Detienen a exfuncionario de Samuel García acusado de violencia vicaria

    El ex director del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León fue capturado en Hidalgo por una denuncia de presunta violación. Además, enfrenta señalamientos por violencia vicaria, luego de que su ex esposa lo acusara de impedirle ver a sus hijos durante casi dos años, pese a contar con una resolución judicial a su favor. 

    Un exfuncionario del Gobierno de Nuevo León fue detenido en Hidalgo tras ser señalado por el presunto delito de violación en agravio de su exesposa. La captura ocurrió en el municipio de Tehuetlán y ahora enfrenta un proceso penal mientras permanece recluido en el penal de Jaltocan.

    De acuerdo con la denuncia, la víctima aseguró que la agresión sexual occurió durante unas vacaciones en Hidalgo en el verano de 2024. La mujer afirmó que ese episodio fue el motivo que la llevó a solicitar el divorcio, además de denunciar una serie de agresiones que, según su testimonio, continuaron después de la separación.

    El exdirector del Instituto de la Defensoría Pública, Héctor Viniegra Hernández, también es investigado por presunta violencia vicaria. La denuncia sostiene que, tras la ruptura, el acusado se llevó a sus dos hijos menores con el pretexto de unas vacaciones y desde entonces le impidió convivir con ellos, pese a que un juez familiar le otorgó la custodia.

    La mujer denunció además que durante casi dos años buscó apoyo de las autoridades de Nuevo León para recuperar a los menores, pero acusó que la carpeta de investigación desapareció de la Fiscalía estatal. También aseguró que intentó obtener audiencia con el gobernador Samuel García y otros altos funcionarios sin recibir respuesta.

    Tras hacerse públicas las acusaciones, el ex servidor público fue separado de su cargo, aunque la víctima señaló que posteriormente aún participó en actividades oficiales. Ahora será un juez en Hidalgo quien determine su situación jurídica mientras continúan las investigaciones por los delitos que se le imputan. 

  • Morena respalda denuncia contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex: “ningún agresor tendrá impunidad”

    Morena respalda denuncia contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex: “ningún agresor tendrá impunidad”

    La dirigencia nacional morenista respaldó a María Felicia Jiménez tras denunciar presunta violencia intrafamiliar y aseguró que el caso será atendido sin privilegios ni protección política.

    La dirigencia nacional de Morena manifestó su respaldo a María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, luego de que denunciara presuntos actos de violencia intrafamiliar. El partido guinda sostuvo que el caso debe investigarse con apego a la ley y reiteró que en la Cuarta Transformación no habrá espacio para la impunidad, independientemente del cargo o influencia de los involucrados.

    Durante una conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que la organización rechaza cualquier forma de violencia, especialmente aquella ejercida contra las mujeres. La dirigente destacó la importancia de que las víctimas denuncien y aseguró que contarán con el respaldo de las instituciones y del gobierno federal para acceder a la justicia.

    Montiel subrayó que quedaron atrás los tiempos en los que funcionarios o personajes cercanos al poder podían evadir responsabilidades. En ese sentido, sostuvo que las autoridades deberán actuar conforme a derecho y garantizar que el proceso se lleve a cabo sin privilegios. Asimismo, expresó su confianza en que la denunciante recibirá protección y acompañamiento institucional durante el desarrollo del caso.

    La líder morenista también cuestionó el posicionamiento público emitido por Víctor Rodríguez, en el que pidió una investigación objetiva y el respeto a la presunción de inocencia. Para Morena, los señalamientos deben esclarecerse mediante las instancias correspondientes, priorizando siempre la protección de la víctima y el acceso a la justicia.

    Por su parte, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y exsecretaria de las Mujeres, reconoció la valentía de María Felicia Jiménez por hacer pública la denuncia y destacó la rápida reacción de las instituciones encargadas de atender estos casos. También informó que se prevé una reunión con autoridades especializadas para dar seguimiento a la situación.

    Finalmente, Hernández llamó a todas las fuerzas políticas y a la sociedad a impulsar un cambio cultural que contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres. Reiteró que las víctimas no están solas y enfatizó que cualquier agresor, sin importar su posición o trayectoria, debe enfrentar consecuencias legales. “No sólo debe haber una sanción social, sino también justicia”, concluyó.

  • Muere niño durante robo de vehículo en Chile; gobierno de Kast sumido en crisis de seguridad

    Muere niño durante robo de vehículo en Chile; gobierno de Kast sumido en crisis de seguridad

    El asesinato de un menor durante un violento robo expone el colapso de la estrategia de seguridad del gobierno ultraderechista, mientras crecen las demandas de militarización y endurecimiento penal.

    La inseguridad en Chile volvió a sacudir a la opinión pública tras la muerte de un niño de 12 años durante una violenta “encerrona” en el municipio de San Bernardo, al sur de Santiago. El menor viajaba con su padre y su tía cuando delincuentes interceptaron el vehículo para robarlo, en un hecho que terminó en tragedia.

    De acuerdo con los reportes, la familia fue obligada a descender del automóvil, pero el menor quedó atrapado entre el cinturón de seguridad y la vía, siendo arrastrado por los asaltantes durante aproximadamente tres kilómetros antes de ser abandonado. Horas más tarde, autoridades informaron la detención de tres presuntos responsables, dos de ellos adolescentes.

    El crimen provocó una ola de indignación en un país donde la percepción de inseguridad se ha convertido en la principal preocupación ciudadana. Casos como este reavivan el debate sobre el aumento de la violencia y el avance del crimen organizado, fenómeno que sectores políticos reconocen como fuera de control.

    El impacto político fue inmediato. A solo meses de iniciado su mandato, el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, que basó su campaña en el combate frontal a la delincuencia, enfrenta crecientes críticas por lo que ya se califica como un fracaso en su estrategia de seguridad. La respuesta oficial no logró contener el malestar social.

    El propio ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reconoció el alcance de la crisis al admitir que “el Estado falló” en su deber de garantizar la integridad de las personas. Sin embargo, su declaración contrastó con la exigencia de justicia y la promesa de mano dura contra los responsables del crimen.

    En paralelo, autoridades locales como el alcalde de San Bernardo, Christopher White, exigieron la intervención del Ejército en tareas de patrullaje urbano, argumentando que la policía ha sido rebasada. La propuesta ha sido respaldada por sectores oficialistas y de oposición, reflejando la presión política ante el deterioro de la seguridad.

    Mientras tanto, en el Congreso se impulsa endurecer las leyes, incluida la reducción de la edad de imputabilidad penal a los 12 años. No obstante, expertos advierten que estas medidas no frenan la criminalidad y podrían profundizar el problema al exponer a menores a entornos carcelarios vinculados al crimen organizado.

    El caso del menor asesinado en San Bernardo se suma a otros episodios similares ocurridos en años recientes y evidencia un escenario donde la violencia urbana sigue escalando sin respuestas estructurales claras, mientras el gobierno de Kast enfrenta crecientes cuestionamientos por su incapacidad para contener la crisis.

  • Noche violenta en Guanajuato deja 9 muertos; gobierno de Libia Dennise rebasado

    Noche violenta en Guanajuato deja 9 muertos; gobierno de Libia Dennise rebasado

    Dos ataques armados en Salamanca y San Luis de la Paz dejaron además cinco heridos, en hechos que reflejan el descontrol de la violencia en el estado.

    La violencia volvió a sacudir a Guanajuato, donde una sola noche dejó un saldo de nueve personas asesinadas y cinco lesionadas en los municipios de Salamanca y San Luis de la Paz, sin que hasta el momento haya una respuesta contundente del gobierno estatal encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, cuya estrategia de seguridad ha sido ampliamente cuestionada por su falta de resultados.

    En Salamanca, un ataque armado en la comunidad de San Juan de Razo dejó cinco muertos, entre ellos dos adolescentes, además de dos personas heridas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad municipal, las víctimas fueron trasladadas a un hospital, mientras corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo que, sin embargo, no logró evitar la masacre.

    El gobierno municipal, encabezado por el morenista Julio César Ernesto Prieto, informó que colaborará con la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales para esclarecer los hechos. No obstante, habitantes de la zona señalan que la presencia de autoridades llega tarde y la violencia ya se ha vuelto recurrente en la región.

    Horas antes, en San Luis de la Paz, otro ataque armado en un expendio de bebidas alcohólicas en la comunidad de Puerto Blanco dejó cuatro personas muertas y tres heridas, generando nuevamente la movilización de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales.

    La escalada de violencia exhibe una crisis de seguridad que se ha profundizado en Guanajuato, donde los hechos de alto impacto se han vuelto constantes. La administración de Libia Dennise enfrenta críticas por la falta de una estrategia efectiva, mientras los ataques armados continúan extendiéndose sin control en distintas regiones del estado.

    Pese a la presencia de fuerzas federales y estatales, los resultados siguen siendo limitados, lo que ha encendido la preocupación de la población ante lo que ya se percibe como una pérdida de control institucional frente al crimen organizado.

  • Denuncian detención de Luis Olivares, activista que exhibió operativo de Rojo de la Vega

    Denuncian detención de Luis Olivares, activista que exhibió operativo de Rojo de la Vega

    Organizaciones civiles exigen una investigación inmediata y denuncian presuntas violaciones a derechos humanos tras la captura de un defensor que documentó acciones contra comerciantes en la Zona Rosa.

    La polémica por el operativo encabezado por Alessandra Rojo de la Vega en la Zona Rosa continúa creciendo. Diversos colectivos y organizaciones civiles denunciaron la presunta detención arbitraria del activista y defensor de derechos humanos Luis Fernando Luna Olivares, quien días antes documentó y cuestionó públicamente las acciones realizadas por la Alcaldía Cuauhtémoc contra comerciantes de la zona.

    De acuerdo con la abogada Diana Guerrero, representante legal del activista, Luna Olivares fue detenido el pasado martes por elementos de la Policía de Investigación (PDI) cuando salía de su domicilio. La defensora aseguró que durante la intervención no se presentó ninguna orden judicial y que los agentes le habrían advertido que se había “metido con alguien muy pesado”, antes de trasladarlo a instalaciones de la Fiscalía capitalina.

    La defensa también denunció inconsistencias en la versión oficial. Mientras las autoridades sostienen que el activista fue interceptado tras mostrar una supuesta actitud sospechosa y que portaba una sustancia ilícita, la abogada afirmó que existen registros fotográficos que muestran la presencia de agentes vigilando el domicilio desde horas antes de la detención. Según su versión, el operativo ya estaba preparado y no fue resultado de una revisión fortuita.

    El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos debido a las denuncias realizadas por el propio activista. Durante su asistencia legal, Luna Olivares aseguró que fue presionado para entregar el PIN de su teléfono celular, además de denunciar golpes, lesiones y la imposibilidad de comunicarse con su familia durante varias horas. Estos señalamientos han encendido alertas sobre posibles abusos de autoridad.

    La controversia ocurre apenas un día después del enfrentamiento registrado en la calle Génova, donde comerciantes de la asociación PRODIANA acusaron a la alcaldía de romper el diálogo y desplegar un operativo acompañado de elementos de seguridad. Luna Olivares había difundido fotografías y videos de esos hechos, además de publicar mensajes críticos contra la estrategia de reordenamiento impulsada por Rojo de la Vega, a la que calificó como una forma de “limpieza social”.

    Ante estos acontecimientos, colectivos ciudadanos exigieron la liberación inmediata de Luis Fernando Luna Olivares, una investigación independiente sobre la actuación de las autoridades involucradas y garantías para la seguridad del activista y su familia. El caso suma un nuevo capítulo a la creciente polémica que rodea la gestión de la alcaldesa de Cuauhtémoc y reabre el debate sobre el respeto a la libertad de expresión y la protesta social en la Ciudad de México.

  • Maru Campos llama “gobierno de la muerte” a la 4T, mientras aumentan críticas por violencia en Chihuahua

    Maru Campos llama “gobierno de la muerte” a la 4T, mientras aumentan críticas por violencia en Chihuahua

    La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, desató una nueva confrontación política al calificar al Gobierno federal como un “gobierno de la muerte”, mientras opositores le reprochan que su propio estado enfrenta una severa crisis de inseguridad y fue el estado con más violencia en 2025,

    La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, elevó el tono de su confrontación con el Gobierno federal al asegurar que la administración de Morena es un “gobierno de la muerte”, al argumentar que la violencia, las desapariciones y los asesinatos de autoridades municipales reflejan el fracaso de la estrategia de seguridad nacional. La mandataria sostuvo que “son los hechos, no los dichos”, al referirse a los casos de madres buscadoras y alcaldes asesinados en distintas entidades del país.

    Sin embargo, sus declaraciones detonaron una fuerte respuesta de la población, quienes calificaron sus señalamientos como “hipócritas” y le recordaron que Chihuahua figura entre las entidades con mayores índices de homicidios del país. Además, cuestionaron las ausencias públicas de la mandataria y señalaron que mientras critica a la Federación, la violencia continúa golpeando a su propio estado, donde durante los últimos días se registraron múltiples homicidios.

    La polémica se produce en un momento especialmente complicado para Campos, quien también enfrenta cuestionamientos por otros frentes, entre ellos las investigaciones relacionadas con la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense y recientes revelaciones sobre su declaración patrimonial. Sus críticos sostienen que la gobernadora busca trasladar el debate hacia la confrontación política con el Gobierno federal, mientras persisten las exigencias para que responda por la situación de seguridad y los problemas internos de su administración.

  • Violencia rebasa a Noboa: Ecuador prolonga estado de excepción y amplía poderes de las fuerzas de seguridad

    Violencia rebasa a Noboa: Ecuador prolonga estado de excepción y amplía poderes de las fuerzas de seguridad

    El gobierno ecuatoriano mantendrá durante 60 días más las medidas extraordinarias en diez provincias, incluyendo allanamientos sin orden judicial y revisión de correspondencia para combatir a grupos criminales.

    La crisis de seguridad que enfrenta Ecuador sigue sin dar tregua. Ante la persistencia de los altos niveles de violencia vinculados al crimen organizado, el presidente Daniel Noboa decidió extender por otros 60 días el estado de excepción en diez provincias y tres localidades del país, una medida que evidencia que la estrategia gubernamental aún no logra contener la escalada delictiva.

    Mediante un decreto ejecutivo, el mandatario justificó la ampliación de las restricciones por la existencia de una “grave conmoción interna”. La medida abarcará las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones de La Maná, Las Naves y La Troncal, considerados puntos críticos por la actividad de grupos criminales.

    Entre las facultades extraordinarias otorgadas a las fuerzas de seguridad destaca la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, lo que permitirá realizar allanamientos sin los procedimientos ordinarios cuando existan indicios razonables de que en un inmueble se esconden integrantes de organizaciones delictivas, armas, explosivos, drogas u otros objetos relacionados con actividades ilícitas.

    El decreto también suspende temporalmente la inviolabilidad de la correspondencia, otorgando a las autoridades mayores capacidades para revisar comunicaciones y obtener información que les permita prevenir ataques o desarticular operaciones criminales. Aunque el gobierno sostiene que estas acciones son necesarias para enfrentar la emergencia, sectores defensores de derechos civiles han advertido sobre los riesgos que implican este tipo de restricciones a las libertades fundamentales.

    Otra de las medidas incluidas en la disposición presidencial es la posibilidad de requisar temporalmente bienes y servicios en las zonas bajo estado de excepción. El gobierno aseguró que cualquier recurso utilizado por las autoridades deberá ser devuelto una vez concluido el periodo extraordinario, aunque la decisión amplía significativamente el margen de actuación estatal en territorios afectados por la violencia.

    La nueva extensión del estado de excepción refleja la magnitud del desafío que enfrenta la administración de Daniel Noboa. Pese a los operativos militares y policiales desplegados en los últimos meses, la inseguridad continúa golpeando a Ecuador, obligando al gobierno a recurrir nuevamente a medidas extraordinarias para intentar recuperar el control en regiones dominadas por la delincuencia organizada.