Etiqueta: Violencia

  • Noche violenta en Guanajuato deja 9 muertos; gobierno de Libia Dennise rebasado

    Noche violenta en Guanajuato deja 9 muertos; gobierno de Libia Dennise rebasado

    Dos ataques armados en Salamanca y San Luis de la Paz dejaron además cinco heridos, en hechos que reflejan el descontrol de la violencia en el estado.

    La violencia volvió a sacudir a Guanajuato, donde una sola noche dejó un saldo de nueve personas asesinadas y cinco lesionadas en los municipios de Salamanca y San Luis de la Paz, sin que hasta el momento haya una respuesta contundente del gobierno estatal encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, cuya estrategia de seguridad ha sido ampliamente cuestionada por su falta de resultados.

    En Salamanca, un ataque armado en la comunidad de San Juan de Razo dejó cinco muertos, entre ellos dos adolescentes, además de dos personas heridas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad municipal, las víctimas fueron trasladadas a un hospital, mientras corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo que, sin embargo, no logró evitar la masacre.

    El gobierno municipal, encabezado por el morenista Julio César Ernesto Prieto, informó que colaborará con la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales para esclarecer los hechos. No obstante, habitantes de la zona señalan que la presencia de autoridades llega tarde y la violencia ya se ha vuelto recurrente en la región.

    Horas antes, en San Luis de la Paz, otro ataque armado en un expendio de bebidas alcohólicas en la comunidad de Puerto Blanco dejó cuatro personas muertas y tres heridas, generando nuevamente la movilización de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales.

    La escalada de violencia exhibe una crisis de seguridad que se ha profundizado en Guanajuato, donde los hechos de alto impacto se han vuelto constantes. La administración de Libia Dennise enfrenta críticas por la falta de una estrategia efectiva, mientras los ataques armados continúan extendiéndose sin control en distintas regiones del estado.

    Pese a la presencia de fuerzas federales y estatales, los resultados siguen siendo limitados, lo que ha encendido la preocupación de la población ante lo que ya se percibe como una pérdida de control institucional frente al crimen organizado.

  • Denuncian detención de Luis Olivares, activista que exhibió operativo de Rojo de la Vega

    Denuncian detención de Luis Olivares, activista que exhibió operativo de Rojo de la Vega

    Organizaciones civiles exigen una investigación inmediata y denuncian presuntas violaciones a derechos humanos tras la captura de un defensor que documentó acciones contra comerciantes en la Zona Rosa.

    La polémica por el operativo encabezado por Alessandra Rojo de la Vega en la Zona Rosa continúa creciendo. Diversos colectivos y organizaciones civiles denunciaron la presunta detención arbitraria del activista y defensor de derechos humanos Luis Fernando Luna Olivares, quien días antes documentó y cuestionó públicamente las acciones realizadas por la Alcaldía Cuauhtémoc contra comerciantes de la zona.

    De acuerdo con la abogada Diana Guerrero, representante legal del activista, Luna Olivares fue detenido el pasado martes por elementos de la Policía de Investigación (PDI) cuando salía de su domicilio. La defensora aseguró que durante la intervención no se presentó ninguna orden judicial y que los agentes le habrían advertido que se había “metido con alguien muy pesado”, antes de trasladarlo a instalaciones de la Fiscalía capitalina.

    La defensa también denunció inconsistencias en la versión oficial. Mientras las autoridades sostienen que el activista fue interceptado tras mostrar una supuesta actitud sospechosa y que portaba una sustancia ilícita, la abogada afirmó que existen registros fotográficos que muestran la presencia de agentes vigilando el domicilio desde horas antes de la detención. Según su versión, el operativo ya estaba preparado y no fue resultado de una revisión fortuita.

    El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos debido a las denuncias realizadas por el propio activista. Durante su asistencia legal, Luna Olivares aseguró que fue presionado para entregar el PIN de su teléfono celular, además de denunciar golpes, lesiones y la imposibilidad de comunicarse con su familia durante varias horas. Estos señalamientos han encendido alertas sobre posibles abusos de autoridad.

    La controversia ocurre apenas un día después del enfrentamiento registrado en la calle Génova, donde comerciantes de la asociación PRODIANA acusaron a la alcaldía de romper el diálogo y desplegar un operativo acompañado de elementos de seguridad. Luna Olivares había difundido fotografías y videos de esos hechos, además de publicar mensajes críticos contra la estrategia de reordenamiento impulsada por Rojo de la Vega, a la que calificó como una forma de “limpieza social”.

    Ante estos acontecimientos, colectivos ciudadanos exigieron la liberación inmediata de Luis Fernando Luna Olivares, una investigación independiente sobre la actuación de las autoridades involucradas y garantías para la seguridad del activista y su familia. El caso suma un nuevo capítulo a la creciente polémica que rodea la gestión de la alcaldesa de Cuauhtémoc y reabre el debate sobre el respeto a la libertad de expresión y la protesta social en la Ciudad de México.

  • Maru Campos llama “gobierno de la muerte” a la 4T, mientras aumentan críticas por violencia en Chihuahua

    Maru Campos llama “gobierno de la muerte” a la 4T, mientras aumentan críticas por violencia en Chihuahua

    La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, desató una nueva confrontación política al calificar al Gobierno federal como un “gobierno de la muerte”, mientras opositores le reprochan que su propio estado enfrenta una severa crisis de inseguridad y fue el estado con más violencia en 2025,

    La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, elevó el tono de su confrontación con el Gobierno federal al asegurar que la administración de Morena es un “gobierno de la muerte”, al argumentar que la violencia, las desapariciones y los asesinatos de autoridades municipales reflejan el fracaso de la estrategia de seguridad nacional. La mandataria sostuvo que “son los hechos, no los dichos”, al referirse a los casos de madres buscadoras y alcaldes asesinados en distintas entidades del país.

    Sin embargo, sus declaraciones detonaron una fuerte respuesta de la población, quienes calificaron sus señalamientos como “hipócritas” y le recordaron que Chihuahua figura entre las entidades con mayores índices de homicidios del país. Además, cuestionaron las ausencias públicas de la mandataria y señalaron que mientras critica a la Federación, la violencia continúa golpeando a su propio estado, donde durante los últimos días se registraron múltiples homicidios.

    La polémica se produce en un momento especialmente complicado para Campos, quien también enfrenta cuestionamientos por otros frentes, entre ellos las investigaciones relacionadas con la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense y recientes revelaciones sobre su declaración patrimonial. Sus críticos sostienen que la gobernadora busca trasladar el debate hacia la confrontación política con el Gobierno federal, mientras persisten las exigencias para que responda por la situación de seguridad y los problemas internos de su administración.

  • Violencia rebasa a Noboa: Ecuador prolonga estado de excepción y amplía poderes de las fuerzas de seguridad

    Violencia rebasa a Noboa: Ecuador prolonga estado de excepción y amplía poderes de las fuerzas de seguridad

    El gobierno ecuatoriano mantendrá durante 60 días más las medidas extraordinarias en diez provincias, incluyendo allanamientos sin orden judicial y revisión de correspondencia para combatir a grupos criminales.

    La crisis de seguridad que enfrenta Ecuador sigue sin dar tregua. Ante la persistencia de los altos niveles de violencia vinculados al crimen organizado, el presidente Daniel Noboa decidió extender por otros 60 días el estado de excepción en diez provincias y tres localidades del país, una medida que evidencia que la estrategia gubernamental aún no logra contener la escalada delictiva.

    Mediante un decreto ejecutivo, el mandatario justificó la ampliación de las restricciones por la existencia de una “grave conmoción interna”. La medida abarcará las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones de La Maná, Las Naves y La Troncal, considerados puntos críticos por la actividad de grupos criminales.

    Entre las facultades extraordinarias otorgadas a las fuerzas de seguridad destaca la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, lo que permitirá realizar allanamientos sin los procedimientos ordinarios cuando existan indicios razonables de que en un inmueble se esconden integrantes de organizaciones delictivas, armas, explosivos, drogas u otros objetos relacionados con actividades ilícitas.

    El decreto también suspende temporalmente la inviolabilidad de la correspondencia, otorgando a las autoridades mayores capacidades para revisar comunicaciones y obtener información que les permita prevenir ataques o desarticular operaciones criminales. Aunque el gobierno sostiene que estas acciones son necesarias para enfrentar la emergencia, sectores defensores de derechos civiles han advertido sobre los riesgos que implican este tipo de restricciones a las libertades fundamentales.

    Otra de las medidas incluidas en la disposición presidencial es la posibilidad de requisar temporalmente bienes y servicios en las zonas bajo estado de excepción. El gobierno aseguró que cualquier recurso utilizado por las autoridades deberá ser devuelto una vez concluido el periodo extraordinario, aunque la decisión amplía significativamente el margen de actuación estatal en territorios afectados por la violencia.

    La nueva extensión del estado de excepción refleja la magnitud del desafío que enfrenta la administración de Daniel Noboa. Pese a los operativos militares y policiales desplegados en los últimos meses, la inseguridad continúa golpeando a Ecuador, obligando al gobierno a recurrir nuevamente a medidas extraordinarias para intentar recuperar el control en regiones dominadas por la delincuencia organizada.

  • Crimen de lesa humanidad: violencia, desapariciones y el sexenio de Calderón

    Crimen de lesa humanidad: violencia, desapariciones y el sexenio de Calderón

    Los crímenes de lesa humanidad son actos de asesinatos, tortura, desparaciones forzadas, cometidos de manera sistemática contra la población civil; bajo ese concepto, las acusaciones contra Felipe Calderón por la estrategia de seguridad de su sexenio siguen generando cuestionamientos. 

    Los crímenes de lesa humanidad son delitos graves reconocidos por el derecho internacional. Se tratan de actos como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura o violencia sistemática comentidos contra la ciudadanía. Se consideran conductas que afectan a miles de personas y terminan por agraviar a toda la humanidad.

    Un claro ejemplo de ello es el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón. Diversas organizaciones, académicos y colectivos han emitido denuncias para que sea investigado por las consecuencias de la llamada Guerra contra el Narcotráfico.

    Los señalamientos sostienen que la estrategia militar implementada durante su gobierno dio pauta a una escalada de violencia sin precedentes que golpeó principalmente a la población civil.

    Durante su sexenio, México registró un aumento del 150%, de acuerdo a información del INEGI, en homicidios dolosos, desapariciones y denuncias por abusos. Es decir, la tasa de homicidios se triplicó a pocos días de que Calderón asumiera el poder en diciembre de 2006.

    Lo que el panista había presentado como una estrategia para “recuperar la seguridad” terminó siendo, para millones de mexicanos, una etapa marcada por el miedo y el derramamiento de sangre. Su despliegue militar no logró devolver la paz al país, al contrario, sólo agravó la crisis. 

    Familias enteras quedaron atrapadas entre enfrentamientos, operativos y acciones de grupos criminales, mientras el gobierno presumía una estrategia que cada vez acumulaba más víctimas y menos resultados. 

    Las acusaciones se reforzaron tras la condena de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, uno de los hombres más cercanos a Calderón en materia de “seguridad”. Con ello se reforzó la sospecha de posibles nexos entre altos funcionarios y organizaciones criminales, poniendo bajo la lupa decisiones que marcaron al país durante años. 

    El expresidente no puede deslindarse del legado de violencia que dejó su administración, sumándose el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez Chihuahua, volviéndose un hecho notorio en el sexenio de su antecesor blanquiazul Vicente Fox.

    El saldo de la guerra de Calderón sigue pesando sobre miles de familias y es la marca que distingue al PAN. Cuando un gobierno deja a un lado las muertes y el miedo que provocaron sus administraciones para querer ponerse la capa de “defensores de la soberanía”, la historia termina pasando factura.

  • PAN denuncia a AMLO, pero evita hablar de sus propios personajes cuestionados

    PAN denuncia a AMLO, pero evita hablar de sus propios personajes cuestionados

    El Partido Acción Nacional denunció al expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional por la estrategia de seguridad de su gobierno, pero la ofensiva reabre cuestionamientos sobre los perfiles polémicos y los escándalos que han marcado al propio partido. 

    El PAN emitió una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabiliza por la crisis de violencia registrada durante su gobierno. La dirigencia panista aseguró que la estrategia de seguridad aplicada entre 2018 y 2024 permitió el “fortalecimiento de grupos criminales” y dejó una crisis de seguridad en el país.

    Sin embargo, la postura de los blanquiazules ha provocado cuestionamientos por la evidente contradicción que representa. Mientras acusa a otros de presuntos vínculos con el crimen organizado y buscan ser “defensores de la legalidad”, el partido carga con figuras que han estado rodeadas de escándalos, investigaciones y severos señalamientos públicos.

    Entre esos nombres aparece la traidora a la patria Maru Campos, quien permitió la intervención de agentes de la CIA para llevar a cabo operativos en Chihuahua; también destaca Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrentó acusaciones y procesos judiciales más polémicos del panismo reciente, y ni hablar de la administración del expresidente Felipe Calderón, donde se desató la ola de violencia más alta que haya tenido México, por mencionar algunos. Pese a ello, Acción Nacional parece olvidar esos antecedentes cuando se trata de señalar a sus adversarios.

    La denuncia presentada ante la CPI sostiene que las autoridades mexicanas no tienen condiciones para investigar el caso debido a la influencia política de Morena. Bajo ese argumento, el PAN busca que instancias internacionales revisen las decisiones tomadas durante el sexenio de López Obrador y determinen posibles responsabilidades.

    El dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero, sostuvo que mantendrá su postura crítica frente al gobierno morenista, bajo el argumento de que son portavoces de millones de personas. 

    Las acusaciones revivieron el debate sobre la autoridad moral del propio Acción Nacional para encabezar este tipo de señalamientos. Durante gobiernos emanados de este partido, México enfrentó episodios de violencia, corrupción y crisis de seguridad que dejaron una marca en distintas regiones del país.

    Lo que queda claro es que el PAN intenta ser victima pero evitar mirar hacia atrás. Antes de hacer denuncias y señalamientos, tendrían que explicar el cuestionamiento que varios de sus dirigentes enfrentan y que aún así siguen perteneciendo a su partido. 

  • Prófugo que quemó a su esposa en CDMX es detenido en Monterrey

    Prófugo que quemó a su esposa en CDMX es detenido en Monterrey

    Tras permanecer dos años prófugo de la justicia, Agustín Rodolfo “N” fue capturado por la Policía de Monterrey tras una revisión de rutina. El detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente en la Ciudad de México por los delitos de violación y violencia familiar, tras agredir brutalmente a su pareja.

    Elementos de la Policía de Monterrey lograron la captura de un sujeto que era buscado de forma urgente por las autoridades de la Ciudad de México, luego de pasar más de dos años evadiendo la ley tras perpetrar una agresión brutal en contra de su esposa.

    El detenido fue identificado como Agustín Rodolfo C., de 33 años de edad, quien intentaba pasar desapercibido en el norte del país trabajando como taquero. La detención ocurrió en el Centro de Monterrey cuando oficiales lo abordaron por una falta administrativa y, al verificar sus datos, descubrieron la orden de aprehensión vigente.

    Las investigaciones señalan que el sujeto huyó de la CDMX para evitar pagar por los delitos de violación y violencia familiar. El caso más grave ocurrió cuando presuntamente le roció alcohol a su esposa, identificada como Karina, y le prendió fuego con un cerillo, causándole heridas de extrema gravedad. El presunto agresor ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para proceder con su traslado a la capital.

  • Proceso usa IA para mancillar bandera de México con crimen organizado

    Proceso usa IA para mancillar bandera de México con crimen organizado

    Por: Frank Alvarado

    La imagen generada con inteligencia artificial muestra a presuntos narcotraficantes sosteniendo el lábaro patrio frente a Palacio Nacional.

    La revista Proceso dio una bofetada a la labor periodística al presentar su portada del mes de junio, en donde en una imagen, elaborada mediante inteligencia artificial, se observa a presuntos integrantes del crimen organizado sosteniendo la bandera de México frente a Palacio Nacional, bajo el título “Control Criminal”, una forma donde mancillar al lábaro patrio de nuestro país.

    La imagen no corresponde a un hecho real, y además de que puede inducir a interpretaciones engañosas, mantiene una narrativa con simbolismos violentos, en donde el símbolo de México está en manos de figuras encapuchadas y armadas, asociadas al narcotráfico.

    Con ello, la revista que en su momento fue el pináculo del periodismo y ahora sólo es una sombra de ello, estaría atentando con REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES. Tal es el caso del Artículo 21: “Cuando se pretenda el uso, la reproducción, la transmisión o retransmisión de la Bandera Nacional en medios impresos, digitales, audiovisuales o en cualquier otra forma, que se encuentre relacionada con la manifestación de violencias se negará el uso solicitado”.

    Una composición que resulta ofensiva al significado histórico y cívico de la bandera nacional. Más allá de la crítica política o de seguridad que la publicación pretende transmitir, la decisión editorial ha sido cuestionada por banalizar y desvirtuar el valor de los emblemas patrios.

    Además está el uso de inteligencia artificial en el periodismo, que exige estándares de transparencia rigurosos, ya que Organismos internacionales y códigos de ética periodística han advertido que las imágenes generadas digitalmente deben identificarse con claridad para evitar confusiones entre hechos verificables y representaciones ficticias, con respeto y ética con la audiencia.

    La libertad editorial permite la crítica al poder y a las instituciones, pero esa facultad conlleva la obligación de actuar con rigor, contexto y respeto hacia los elementos que representan a toda la nación. Por ello, la portada de Proceso es contraria a los principios de ética periodística y al respeto debido a los símbolos patrios.

  • Guanajuato registra violencia sin precedentes en mayo 2026

    Guanajuato registra violencia sin precedentes en mayo 2026

    La gobernadora Libia Dennise García repite cifras de reducción de homicidios mientras mayo dejó una niña de 7 años baleada, una masacre en el centro de Salamanca y a una madre buscadora asesinada junto a su hija el Día de las Madres. El estado sigue siendo el más violento de México.

    Las autoridades estatales presumen una reducción del 68% en homicidios desde febrero de 2025 hasta mayo de 2026. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo la repite ante cada micrófono, ante cada cámara, ante cada pregunta. Lo que no repite es que Guanajuato sigue siendo el estado más violento de México, y mayo de 2026 así lo confirmó.

    Durante la primera semana del mes, el estado encabezó las cifras nacionales de homicidios con 32 asesinatos registrados, más que cualquier otra entidad del país. En la tercera semana repitió el primer lugar con 25 muertes violentas, con un pico de seis homicidios en un solo día. Y para cerrar el mes: una niña de siete años muerta por una bala que no iba para ella, una masacre de cinco personas en pleno centro de Salamanca, un padre y su hijo ejecutados mientras vendían carnitas un domingo por la mañana, y un hombre asesinado dentro de una barbería en León.

    “Justicia para Valentina”: la bala que partió a Irapuato en dos

    El martes 26 de mayo, a las cuatro de la tarde, en la colonia 18 de Agosto de Irapuato, un grupo armado persiguió a un hombre que logró escapar. Los disparos no lo alcanzaron a él, sino a Valentina, de siete años, que estaba ahí, en su colonia, disfrutando de la tarde. Cuatro días después, su familia la enterró el día que habría sido su cumpleaños número ocho.

    La reacción de la gobernadora ante el caso fue predecible: promesas de justicia, acompañamiento a la familia, énfasis en la reducción del 68% de los homicidios. “La tarea no está acabada”, fue lo único que se le ocurrió agregar.

    El Día de las Madres más cruel: ejecutaron a una buscadora y a su hija

    El 9 de mayo golpeó con una crueldad que Guanajuato debería llevar como marca permanente de vergüenza.

    Horas antes de la marcha del Día de las Madres, Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui Acosta fueron interceptadas en su motocicleta en Salamanca. Hombres armados dispararon a corta distancia, y ambas murieron ahí, en la calle, en la esquina de Estado de México y Estado de Durango, en la colonia 18 de Marzo.

    Ambas eran integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, y buscaban a su hijo y hermano, Miguel Ángel, desaparecido en febrero de 2024, a quien encontraron en una fosa clandestina. Siguieron en el colectivo para acompañar a otras familias que aún buscaban, un gesto de solidaridad que les costó la vida.

    Cabe recalcar que este es el tercer asesinato de mujeres buscadoras del mismo colectivo en lo que va de 2026, y el gobierno de Libia Dennise no ha presentado una sola respuesta contundente, ni detenciones, ni desmantelamiento de las estructuras criminales que terminan con la vida de quienes hacen el trabajo que el Estado debería hacer.

    Salamanca, el municipio que no descansa

    El 29 de mayo, cinco personas fueron asesinadas en un ataque en la zona centro de Salamanca, dos más resultaron heridas y una fue secuestrada. Era la decimocuarta semana del año con hechos de alto impacto en ese municipio, que para el 30 de mayo ya acumulaba 123 homicidios solo en 2026.

    Salamanca lleva años siendo el epicentro de la disputa territorial entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG. El Índice de Paz México 2026 lo colocó, junto a otros cinco municipios de Guanajuato, en el Top 20 nacional de mayor tasa de homicidio doloso.

    Los números que el gobierno no presume

    Mientras la gobernadora habla de reducción del 68%, las familias guanajuatenses destinan casi una quinta parte de sus ingresos a pagar el costo de vivir en un estado en guerra. Desde 2018 hasta abril de 2026, las cifras de personas desaparecidas en el estado pasaron de 621 a más de 5 mil 600. 

    La respuesta de la gobernadora: insuficiente

    Ante todo lo anterior, Libia Dennise García ha respondido con el manual de siempre: cifras de reducción, declaraciones de intención y frases que ya se escucharon bajo gobernadores anteriores. “La tarea no está acabada.” “No habrá impunidad.” “Irapuato es prioridad operativa.” Tal parece que la brecha entre el discurso y la realidad seguirá siendo tan amplia, y tan letal, como siempre.

  • Libia Denisse gasta millones de dinero público mientras violencia aumenta en Guanajuato

    Libia Denisse gasta millones de dinero público mientras violencia aumenta en Guanajuato

    La gobernadora panista gastó más de 12 millones de pesos para dar su primer informe, entre espectáculos, souvenirs y “antojitos”, mientras Guanajuato sigue atrapado en las redes de la inseguridad y los homicidios.

    La gobernadora panista de Guanajuato, Libia Denisse García, se preocupó más por montar un festival político que por enfrentar la crisis de violencia que afecta todos los días al estado. En el evento de aquél marzo del 2025, donde rindió su primer informe de gobierno, terminó convertido en un despliegue de propaganda y entretenimiento financiado con recursos públicos.

    El gasto total del informe, según datos de transparencia, superó los 12 millones de pesos, convirtiéndose en el más caro entre los gobernadores del país que transparentaron sus gastos. El gobierno blanquiazul organizó cuatro eventos de gran magnitud con escenarios, pantallas, iluminación, banquetes y espectáculos en distintos municipios donde gobierna Acción Nacional en Guanajuato.

    Dentro de los gastos incluyó miles de souvenirs con logos oficiales, como sombrillas, gorras hasta “discos voladores”. Además, el gobierno estatal imprimió revistas, carteles y propaganda masiva para esparcir en las calles y medios locales con la imagen de Denisse, gastando más de 300 mil pesos. 

    Y para no quedarse atrás, a ello se sumaron spots en televisión, anuncios de radio y publicidad digital financiada con recursos públicos, destinando la cantidad de 480 mil pesos para ello. 

    Mientras las masacres, desapariciones y ataques armados siguen marcando la vida cotidiana en la entidad, Denisse destina más dinero para ofrecer un paquete de un banquete de calidad sólo a unos cuantos, gastando 375 mil pesos en cada plato. 

    Ahora, la gobernadora ya prepara otra agenda de gasto utilizando como pretexto el Mundial 2026. A pesar de que Guanajuato ni siquiera será sede oficial del torneo, la panista pretende organizar eventos deportivos y actividades bajo el argumento de que “el medio tiempo” se vivirá en la entidad por su cercanía con las otras ciudades que sí serán sedes mundialistas. 

    Las familias viven entre la violencia y la incertidumbre: la percepción de inseguridad del estado es alta, puesto que según información del INEGI, el 85% de la población, en su mayoría adulta, considera que Guanajuato es un lugar inseguro para vivir. 

    El mensaje de la administración panista es devastador: la prioridad del PAN es la promoción política con eventos, espectáculos y propaganda millonaria, aunque el estado siga ardiendo y atrapado en la inseguridad.