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Etiqueta: Violencia

  • Blindar alcaldía Benito Juárez fracasa: millones sin usar e inseguridad avanza

    Blindar alcaldía Benito Juárez fracasa: millones sin usar e inseguridad avanza

    Con un aumento presupuestal de 7.5% para 2026, la administración panista de Luis Mendoza arrastra señalamientos por dejar sin ejercer más 101 millones de pesos en programas clave y 77 millones destinados a seguridad, mientras vecinos denuncian aumento de robos y la alcaldía enfrenta casos de violencia que han impactado a la comunidad.

    La administración de Luis Mendoza arrancó 2026 con más presupuesto, pero también con incremento de abandono; aunque la alcaldía Benito Juárez recibió un aumento de recursos, millones de pesos quedaron sin utilizar en áreas fundamentales como seguridad, servicios públicos e infraestructura urbana.

     Luis Mendoza presume “eficiencia”  y estrategias de seguridad, pero las cifras dicen otra cosas: dinero guardado mientras el acumulamiento de problemas en las calles van en aumento.

    La mayor contradicción se hace presente en el tema de seguridad, puesto que la alcaldía dejó pendientes 77 millones de pesos que debieron ser destinados a programas gubernamentales y protección, a pesar de que Mendoza insistió en promover “Blindar BJ 360” como un modelo “exitoso”. 

    ¿La realidad? Para muchos de los vecinos es diferente: robos en parques, robos de autopartes y un alza en la percepción de inseguridad que afecta a una de las zonas presumidas por el PAN.

    Uno de los casos que terminó por exhibir el fracaso de esa supuesta estrategia de seguridad fue el feminicidio de Edith Guadalupe, joven encontrada sin vida tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo en la colonia Nonoalco; un crimen que, dejó ver la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres en esa alcaldía. 

    ¿Y los recursos? Se han sumando el abandono en otros sectores básicos; recursos sin ejercer en cuanto a infraestructura, deporte, cultura y protección civil, hasta atención animal, reflejando que la administración es lenta y están fuera y lejos de atender las necesidades reales de la ciudadanía. 

    Luis Mendoza prometió continuidad y orden, pero ha exhibido su distancia entre el discurso oficial y la vida diaria de los vecinos. Cuando el dinero no llega a donde se necesita y la violencia e inseguridad avanza, el supuesto “gobierno” del blanquiazul se derrumba. 

  • Calles vacías y arrestos, el costo del toque de queda en Ecuador

    Más de 120 personas fueron arrestadas en la primera noche de restricciones en Ecuador, donde el gobierno ha intensificado el toque de queda en varias provincias para contener la violencia del crimen organizado.

    El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, incluyó en sus estrategias de seguridad un despliegue militar y policial que ha generado inconformidad entre ciudadanos y  comerciantes por sus efectos económicos y su limitada eficacia percibida frente a la inseguridad. Durante la primera jornada, detuvieron a más de 100 personas por incumplir la restricción de movilidad. 

    La estrategia de Noboa limita la circulación durante seis horas a partir de las 23 horas en nueve provincias. Entre las zonas afectadas se encuentran Guayaquil, Quito, una de las áreas más afectadas por la violencia. 

    La mayoría de los arrestos, de acuerdo con autoridades policiales, se derivó del incumplimiento directo del toque de queda. Más de 50 elementos de seguridad, entre policías  y militares, fueron desplegados en las calles para reforzar la vigilancia y contener la actividad delictiva. 

    Sin embargo, la estrategia generó criterios entre la población, especialmente en zonas afectadas por el crimen, pues comerciantes y  residentes señalaron que las medidas han impactado en la economía local sin lograr detener de fondo la violencia, donde bandas criminales disputan territorios y actividades ilícitas como control de droga, extorsión así como respaldo de cárteles internacionales,  en uno de los países más golpeados por  cada 100 mil homicidios en la región durante 2025.

  • Enrique Galindo desea gobernar SLP bajo un expediente polémico

    Enrique Galindo desea gobernar SLP bajo un expediente polémico

    El actual alcalde de San Luis Potosí ha buscado proyectarse como opción rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí, pero su historial en seguridad pública y los señalamientos por abusos y manejo irregular lo persiguen.

    Enrique Galindo Ceballos intenta dar paso político a uno de sus grandes “deseos”: aspiración al poder en San Luis Potosí, pero su pasado no es un asunto fácil de omitir. Su nombre está vinculado a hechos que quedaron marcados por la violencia, dudas y acusaciones que nunca se disolvieron del todo.

    Durante su paso al frente de la Policía Federal, en la gestión de Enrique Peña Nieto, quedó marcada por operativos que derivaron en tragedias. El caso de Tanhuato sigue siendo uno de los más señalados, un acto que se presentó como enfrentamiento, pero que posteriormente se convirtió en un hecho con ejecuciones y manipulación de evidencia.

    A ello se suma lo ocurrido en Nochixtlán, donde un operativo realizado para desalojar una protesta terminó con víctimas mortales y decenas de heridos. Aunque las cifras oficiales intentaron disminuir la magnitud, organismos civiles señalaron que la violencia fue mayor. El entonces mando policial no pudo deslindarse del resultado.

    El mismo patrón se repitió en Apatzingán, donde la intervención de fuerzas federales fue cuestionada por el uso excesivo de la fuerza. Testimonios y reportes apuntaron a abusos que contradecían la versión oficial. Fue parte de un contexto que terminó por debilitar su permanencia en el cargo. 

    Su salida de la Policía Federal fue bajo presiones y cuestionamientos, en un intento de dar paso a investigaciones tras recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, queriendo hablar de “transparencia” cuando el daño ya estaba hecho.

    Actualmente, como alcalde, las críticas no han desaparecido. Se suman señalamientos recientes sobre el manejo de su administración municipal, como falta de agua, incumplimiento de pagos millonarios y la adjudicación de contratos cuestionables. Con ese historial, su “deseo” por gobernar San Luis Potosí parte de una serie de pendientes sin resolver.

  • Violencia sacude campaña presidencial en Colombia

    Violencia sacude campaña presidencial en Colombia

    Una ola de ataques armados en Colombia, con decenas de víctimas en el Cauca, tensiona la campaña presidencial y coloca la seguridad como el tema central del debate político.

    La campaña presidencial en Colombia arrancó bajo una fuerte presión de violencia, marcada por un atentado reciente en el departamento del Cauca que dejó decenas de muertos y heridos. Estos hechos no son aislados, sino parte de una escalada de ataques en regiones donde operan grupos armados ilegales, particularmente disidencias de las FARC, que han intensificado sus acciones frente a operativos del Estado.

    El suroccidente del país se ha convertido en un punto crítico, donde confluyen economías ilícitas, rutas estratégicas y una débil presencia estatal. En este contexto, los grupos armados buscan demostrar capacidad de control territorial y generar miedo en la población, utilizando métodos como explosivos y drones, lo que incrementa el impacto sobre civiles e infraestructura.

    La violencia también tiene un efecto directo en el escenario electoral. Analistas advierten que estos picos de ataques suelen coincidir con periodos de elecciones, con el objetivo de influir en el ambiente político, presionar al Estado y alterar las condiciones de campaña. Como resultado, la seguridad se posiciona como la principal preocupación ciudadana, favoreciendo discursos de mano dura.

    Además del impacto inmediato, la crisis refleja un problema estructural: el fortalecimiento de grupos armados y el debilitamiento del control estatal en varias regiones. Esto plantea un doble desafío para Colombia: contener la violencia y garantizar elecciones libres y seguras, evitando que la inseguridad derive en una crisis de confianza en las instituciones democráticas.

    Con información de DW.

  • Chihuahua vive bajo miedo: violencia manda y Maru Campos guarda silencio

    Chihuahua vive bajo miedo: violencia manda y Maru Campos guarda silencio

    El asesinato de una líder ganadera de manera pública exhibe una realidad que las autoridades estatales no logran frenar: la inseguridad en Chihuahua se eleva sin freno. Entre ataques, silencio y falta de información oficial, crece la indignación por una gobernante que se ausenta ante ataques y crisis. 

    El asesinato de Lina Alejandra Rodríguez no es un hecho que debe de pasar por desapercibido, puesto que es el reflejo más frío y brutal de un estado donde la violencia se ha vuelto cotidiana.  Una mujer, quien fungía como secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), fue atacada en un negocio, en un acto duro que evidencia la vulnerabilidad incluso en espacios públicos, ¿Qué tan grave deben de ser los hechos, para que hasta los representantes-líderes esté a salvo?

    Mientras tanto, el gobierno encabezado por Maru Campos ha preferido guardar silencio ante el hecho. No hay cifras oficiales completas, no hay comunicado, no hay respuestas contundentes. La ausencia de información tras un ataque de esta magnitud refuerza la percepción de abandono institucional.

    Cabe recordar que Chihuahua arrastra desde hace tiempo una crisis de seguridad que actualmente se desborda: enfrentamientos, bloqueos y la constante presencia de grupos criminales que han logrado expandirse hasta convertirse en algo normal en el día a día. La violencia ya no sólo se mide en el miedo, si no también en homicidios.

    Robos, extorsiones y secuestros, forman parte de una lista de delitos que los chihuahuenses identifican como prioritarios, pero que no encuentran respuesta efectiva. La inseguridad se mezcla con deficiencias en servicios públicos, creando un entorno de abandono el cual empeora la crisis.

    ¿Existe realmente una estrategia de seguridad? La falta de resultados claros ha debilitado la confianza ciudadana mientras hechos violentos continúan marcando las prioridades del Estado. 

    El caso de Lina Alejandra también enciende las alertas desde otro ángulo, puesto que la violencia contra mujeres ahora es también dentro de espacios laborales . No sólo se trata de un crimen más, sino de un golpe directo a la participación femenina dentro de un sector productivo que anteriormente era sólo presenciado “tradicionalmente” por hombres.

    Es así como Chihuahua y Maru Campos enfrentan una situación crítica de gobernabilidad en materia de seguridad. Cada nuevo hecho violento seguirá confirmando un estado donde la autoridad no logra imponer orden.

  • Partido de América vs Toluca termina en golpes y expulsiones

    Partido de América vs Toluca termina en golpes y expulsiones

    Helinho protagonizó la agresión al golpear a Zendejas y encarar a un aficionado tras su expulsión, desatando caos en cancha y túneles.

    El triunfo del América 2-1 sobre Toluca en el Estadio Azteca quedó opacado por una pelea campal que incluyó agresiones, empujones y tensión hasta los vestidores. El incidente estalló tras la expulsión del brasileño Helinho, quien perdió el control en los minutos finales.

    La jugada clave ocurrió cuando Helinho cometió una falta sin balón que le costó la tarjeta roja. Al abandonar la cancha, fue encarado por Alejandro Zendejas, a quien respondió con una cachetada, encendiendo la bronca entre jugadores de ambos equipos.

    El conflicto escaló rápidamente. Elementos del cuerpo arbitral y seguridad intentaron contener la situación, pero el enfrentamiento se trasladó a la zona de bancas y posteriormente al túnel. Jugadores como Henry Martín se involucraron en los empujones mientras los reclamos subían de tono.

    En los videos difundidos en redes sociales se observa a futbolistas y miembros del staff intercambiando golpes y provocaciones, mientras el técnico de Toluca, Antonio Mohamed, también realizó gestos obscenos hacia el banquillo rival, aumentando la tensión.

    La polémica no terminó ahí. En el túnel, Helinho encaró a un aficionado que lo provocó con señas, respondiendo con golpes al vidrio, en medio de gritos y empujones. La seguridad intervino para evitar que la situación escalara aún más.

    El árbitro César Ramos Palazuelos ya reportó los hechos, mientras la FMF analiza posibles sanciones que podrían incluir suspensiones y multas. Hasta el momento, ni América ni Toluca han fijado postura oficial tras un partido que dejó más polémica que futbol.

  • Libia Denisse revictimiza a Cecilia García, buscadora asesinada, y evade disculpa

    Libia Denisse revictimiza a Cecilia García, buscadora asesinada, y evade disculpa

    Por Nathael Pérez

    La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, enfrenta críticas por desconocer a Cecilia García como integrante de un colectivo de búsqueda, pese a que activistas lo desmintieron. El caso exhibe revictimización, falta de rectificación y una crisis de desapariciones que sigue sin resolverse en el estado.

    La polémica estalló tras declaraciones de la gobernadora el pasado 8 de abril en Irapuato, donde afirmó que Cecilia García, joven de 28 años asesinada tras ser secuestrada, “no tenía la calidad de buscadora”. Aunque intentó matizar que el hecho seguía siendo lamentable, sus palabras fueron interpretadas como un intento de restar legitimidad a la víctima, en un contexto donde los colectivos de búsqueda enfrentan riesgos constantes.

    En respuesta, la plataforma “Desaparecidxs Guanajuato” y activistas como Alma Lilia Tapia desmintieron categóricamente a la mandataria, asegurando que Cecilia formaba parte activa del colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” desde hace más de cuatro años. Incluso, recordaron que participó recientemente en la marcha del 8 de marzo y en diversas búsquedas, lo que desmiente de manera contundente la versión ‘oficial’. Las declaraciones no solo son falsas y revictimizan a quien ya no puede defenderse.

    La falta de una disculpa pública ha agravado el conflicto, y aunque la Procuraduría de Derechos Humanos estatal sugirió que hubo una rectificación, los colectivos lo desmintieron nuevamente: “no ha habido retractación, disculpa o aclaración”, reclamaron. De igual manera advirtieron además que difundir información no verídica pone en riesgo a todo el grupo, minimiza la trayectoria de la víctima y refleja una preocupante desconexión del gobierno con la realidad que enfrentan las familias.

    Cabe recordar que Guanajuato se mantiene bajo alertas internacionales por violencia contra defensores, con al menos 18 acciones urgentes abiertas ante la ONU y señalamientos de la CIDH por el alto riesgo que enfrentan los colectivos de búsqueda. A pesar de que el gobierno presume una reducción del 2% en desapariciones, las cifras históricas y los asesinatos de buscadores evidencian una crisis estructural que está muy lejos de resolverse.

    Más que un error aislado, lo ocurrido con Cecilia García exhibe un patrón preocupante: la autoridades, en lugar de respaldar a las víctimas, terminan cuestionándolas o minimizando su papel. 

    En un estado marcado por la violencia y las desapariciones, las palabras de Libia Denisse resultan profundamente irresponsables e insensibles.

    Con información de Jesús Patiño para Periódico AM.

  • Desmantela FGJ red que engaña con falsas ofertas de empleo en el Centro Histórico

    Desmantela FGJ red que engaña con falsas ofertas de empleo en el Centro Histórico

    Una investigación de la Fiscalía capitalina reveló el modo de operación de una presunta banda que engañaba a mujeres con falsas ofertas de trabajo en redes sociales para citarlas en la zona centro de la Ciudad de México, donde eran víctimas de robo y agresiones sexuales.

    La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga a un grupo delictivo relacionado con al menos diez casos de violación y robo contra mujeres en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con las indagatorias, las víctimas eran contactadas a través de redes sociales con supuestas ofertas de trabajo.

    Las autoridades detectaron que los agresores utilizaban un mismo patrón: publicaban vacantes falsas, ganándose la confianza de las mujeres para citarlas en distintos puntos de la zona centro de la capital. Una vez en el lugar, las despojaban de sus pertenencias y en algunos casos se registraron agresiones sexuales. 

    Como parte de las investigaciones, fue detenido Raúl “N”, señalado por uno de los ataques ocurridos en septiembre de 2021 en el Centro Histórico y en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Las indagatorias apuntaron a que el grupo estaría integrado por más personas y vinculado a otros hechos similares que  siguen bajo revisión.

  • Silvano Aureoles: señalado por corrupción, violencia y nexos con el crimen organizado

    Silvano Aureoles: señalado por corrupción, violencia y nexos con el crimen organizado

    El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es señalado como prófugo de la justicia desde abril de 2026, con órdenes de aprehensión por desvío de miles de millones de pesos y violaciones graves a derechos humanos. Autoridades lo vinculan con el crimen organizado y lo acusan de haber dejado un estado marcado por la violencia. 

    En abril de 2026, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó de 2015 a 2021 bajo el partido extinto PRD, es considerado prófugo de la justicia. El fiscal Carlos Torres Piña aseguró que el exmandatario habría escapado del país tras evadir un operativo a inicios de marzo en Jalisco, presuntamente con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más violentos del país. 

    Las acusaciones no son menores, puesto que Aureoles enfrenta dos órdenes por delitos que incluyen desvío de recursos por más de 3 mil 400 millones de pesos, así como tortura, homicidio y abusos de autoridad. Estos señalamientos lo ponen en el centro de la corrupción y violencia política en la historia de Michoacán. 

    Uno de los hechos más oscuros de su administración ocurrió el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua. Cerca de 200 policías estatales irrumpieron en la localidad, dejando un saldo de cuatro comuneros muertos, decenas de heridos así como múltiples denuncias de torura, calificiandolo por la CNDH como una violación grave, evidenciado el uso de la fuerza bajo el mando de Aureoles.

    La FGR sostiene que durante su sexenio se le atribuyó un desvío de recursos públicos que provocaron daños patrimoniales superiores a los 3 mil millones de pesos. Entre 2015 y 2021 se asignaron contratos millonarios de manera directa a la empresa Inmobiliaria DYF. con sobreprecios en la renta y la compra de siete cuarteles de seguridad pública. 

    La Auditoría Superior de la Federación documentó que el gobierno de Michoacán no pudo justificar más de 28 mil 588 millones de pesos en auditorías llevadas a cabo entre 2016 y 2021, una cifra que exhibe el tamaño del desfalco.

    La violencia se intensificó en el estado, los informes de seguridad coincidieron en que durante la gestión de Aureoles los grupos criminales como el CJNG y “Los Viagras” tomaron fuerza y ampliaron su presencia territorial en distintas partes de Michoacán, en especial en Tierra Caliente.

    Diversas versiones apuntan a posibles vínculos del exgobernador con figuras del crimen organizado como César Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”. Se ha señalado que Aureoles también sostuvo reuniones con líderes del grupo “Los Correa”.

    Tras dejar su cargo en septiembre de 2021, las investigaciones en su contra se acumularon. Actualmente, con señalamientos de corrupción multimillonaria, violencia y colusión con el crimen organizado, la figura de Silvano Aureoles, no solo enfrenta a la justicia, sino que simboliza un sexenio marcado por  el avance del poder criminal en Michoacán.